PGN - GRAVE VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - En persona protegida

GRAVE VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-En persona protegida NULIDAD EN PROCESO DISCIPLINARIO-Sólo es procedente cuando se afecta el debido proceso y el derecho a la defensa/NULIDAD EN PROCESO DISCIPLINARIO-Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial Es preciso recordar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido reiterativas en señalar que solamente podrían dar lugar a la nulidad de la actuación disciplinaria aquellas irregularidades que afectan sustancialmente el debido proceso, ya sea porque se transgrede la ritualidad o solemnidad que demanda un acto para su eficacia o porque se vulnera el derecho de defensa en cualquiera de sus formas. Lo anterior significa que en algunas oportunidades se presentan actuaciones disciplinarias que no obstante haberse producido sin un ceñimiento estricto o apegado a la ley, no alcanzan a configurar causal de nulidad, al no tener la suficiente fuerza como para afectar la eficacia de la actuación o, en forma sustancial, el derecho de defensa como parte integral del debido proceso. Acorde con lo expuesto y de conformidad con los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación, especialmente el previsto en el numeral 5° del artículo 310 de la Ley 600 de 2000, norma aplicable en virtud del principio de integración normativa consagrado en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, la nulidad sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. DICTÁMEN PERICIAL-En el presente caso fue suficientemente conocido en su

oportunidad procesal por parte de los sujetos procesales Sobre el particular, observa la Sala que el dictamen pericial al que se refiere el recurrente, fue suficientemente conocido en su oportunidad procesal por parte de los sujetos procesales, pues haciendo parte de las diligencias que fueron trasladadas del proceso penal, fue elemento medular dentro del auto de cargos, para deducir la posible responsabilidad de los disciplinados, tal como se advierte en los numerales 3.9.19 y 3.13. de dicha pieza probatoria (). RECURSO DE APELACIÓN-Otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados De otra parte, necesario resulta advertir que conforme a lo previsto en el Parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados, pero también aquellos que resultan inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, amén de que la decisión de segunda instancia actúa como complemento de la de primera. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la conducta irregular endilgada se predica en relación con la muerte no solo de…, sino también de…, la Sala Disciplinaria no puede pasar por alto un aspecto que no fue tenido en cuenta por el fallador de primera instancia, pero que resulta relevante en punto de la responsabilidad de los disciplinados, como lo es el protocolo de necropsia del último de los mencionados,… Radicado No. 161-5597

GRAVE VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Se

configura con la ejecución del homicidio en persona protegida Acorde con lo considerado en esta providencia, el disciplinado…, con su comportamiento incurrió en la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 48.7 de la Ley 734 de 2002, que prevé: «Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario» La grave violación al derecho internacional humanitario, se configura con la ejecución del homicidio en persona protegida, conducta prohibida en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra que dispone:… En el caso que nos ocupa es claro que los señores … y …, bien sea como miembros activos de las autodefensas o como recién desmovilizados de las mismas, necesariamente gozaban de la protección brindada por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, complementado por el artículo 4 del Protocolo II adicional a los mismos, bajo el entendido de que estando en poder de los miembros del Ejército Nacional no podían ser ejecutados en estado de indefensión, hecho este último que se desprende de la evidencia probatoria que demuestra que en su contra se hicieron disparos a corta distancia. En otras palabras podríamos decir que los disparos que se les realizaron a corta distancia, es decir, a menos de un metro entre la boca de fuego del arma y el sitio de impacto, elimina la posibilidad de que hubieran sido dados de baja en combate en forma legítima y evidencia que estuvieron a merced de la voluntad de los disciplinados, esto es, bajo su poder, pues no de otra manera se explicaría el desenlace fatal de sus vidas en las condiciones antes anotadas y el hecho de que a esa distancia, si hipotéticamente

hubiesen agredido en forma armada a los militares, estos no hubiesen sufrido ningún tipo de lesión. FINES DEL ESTADO-Conforme al artículo 2 de la Constitución Política Recordemos que conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política, son fines del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma Carta Política y, que además, las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-Se fundamenta en la salvaguarda Se precisa igualmente que la garantía de la función pública se fundamenta en la salvaguarda, por parte del sujeto disciplinable, de los principios que la gobiernan, a los cuales se suscribe el cumplimiento de sus deberes y demás exigencias constitucionales y legales. Por lo tanto, el quebrantamiento sustancial de esos deberes que se originan del ejercicio de la función pública, sin justificación alguna, sea por acción o por omisión, comporta el ilícito disciplinario, tal y como sucede en el presente caso, pues el disciplinado …, dada su relación especial de sujeción con el Estado, en contravía de la prohibición de ejecutar actos atentatorios contra la vida, en contravía de su obligación de dar estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales que prohíben este tipo de conductas, contrariando en general los fines esenciales del Estado, incurrió en la

conducta irregular imputada, lo cual le acarrea una consecuencia jurídica negativa, que no es otra que la sanción de tipo disciplinario que debe ser impuesta por la autoridad competente, para el efecto, la Procuraduría General de la Nación. 2 Radicado No. 161-5597 CULPABILIDAD-A título de dolo Conforme a las consideraciones realizadas a lo largo de la providencia, la conducta desplegada por el disciplinado …, no admite una modalidad de culpabilidad distinta a la del dolo, pues a pesar de conocer su deber funcional de protección del derecho a la vida, establecido especialmente en el artículo 2° de la Constitución Política, optó de manera consciente, libre y voluntaria en disparar, junto con los demás disciplinados, su arma de dotación oficial en contra de la humanidad de los señores … y …, a quienes les cercenaron la vida, sin justificación alguna, pues no obstante que éstos o eran miembros de las autodefensas o días antes se acababan de desmovilizar de las mismas, optaron por darles muerte en estado de indefensión, argumentando que habían sido dados de baja en desarrollo de un enfrentamiento armado, lo cual no pasó de ser una coartada con la cual se pretendía justificar su conducta. El hecho de que los hoy occisos pertenecieran o hubiesen pertenecido a las autodefensas, amén de que pudieran estar ejecutando actividades delincuenciales, no les daba el aval a los disciplinados para darles muerte, pues en las condiciones en que sucedieron los hechos, estaban protegidos por las normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente por el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra.

FUERZA PÚBLICA-Formación que tienen en relación con el deber de protección del derecho a la vida La formación que tienen los miembros de la Fuerza Pública en relación con el deber de protección del derecho a la vida, aunado a tratar de justificar su conducta con una teoría que se demostró no tiene recibo probatorio alguno, permite deducir válidamente el conocimiento que tenían los disciplinados no solo de la ilicitud de su actuar, sino también de que necesariamente ello les acarrearía las respectivas consecuencias negativas jurídicas, tanto de tipo penal como disciplinario y, a pesar de ello, fue su voluntad asumirlas. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Destitución e inhabilidad general Teniendo en cuenta que con la conducta desplegada por el sargento segundo …, se ha afectado el derecho fundamental primario y esencial para la vigencia de los demás derechos, como lo es el derecho a la vida; que igualmente con la misma se causó un grave daño social que se evidencia en la pérdida de credibilidad en el actuar de los miembros de la fuerza pública; así como también que la conducta ha sido cometida a título de dolo, (numeral 1, literales g), h), e i) del artículo 47 de la Ley 734 de 2002), la sanción impuesta por el a-quo consistente en destitución e inhabilidad general por el término de veinte (20) años, se confirmará. 3 Radicado No. 161-5597

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014) Aprobado en Acta de Sala No. 39

Radicación No: 161-5597 (008-143106-2006)

Disciplinados: Capitán Giovanni Pérez Delgado y otros

Cargo: Miembros del Ejército Nacional –

Gaula Altántico Quejoso: Ana Cecilia Pestana Roqueme Fecha queja: 17 de abril de 2006

Fecha hechos: 22 de marzo de 2006

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dra. MARIA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ En virtud del recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por el apoderado del sargento segundo PEDRO VICENTE CEBALLOS OROZCO, revisa la Sala Disciplinaria la decisión del 30 de abril de 2012, mediante la cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de veinte (20) años, al haberlo hallado responsable del cargo formulado.

Los también hallados responsables y sancionados disciplinariamente a través de la misma decisión, esto es, el capitán GIOVANNI PÉREZ DELGADO y el sargento viceprimero GERSON ALBERTO GALVIS CALDERÓN, no hicieron uso del recurso de apelación. ANTECEDENTES PROCESALES En queja instaurada el 17 de abril de 2006, ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla, la señora ANA CECILIA PESTANA ROQUEME cuenta que el 22 de marzo de 2006, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, su marido FIDEL ANTONIO HERNÁNDEZ ROSARIO, salió de la ciudad de Barranquilla con destino al municipio de Baranoa a realizar una diligencia personal, movilizándose en una

moto turística de color rojo, acompañado del conductor PEDRO JUAN HERNÁNDEZ, quienes fueron interceptados en plena carretera por el grupo Gaula de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, el cual procedió a darles muerte en forma injustificada, a la par que a su marido le hurtó algunas pertenencias. Agrega que el grupo Gaula tildó a su marido de extorsionista, solo porque le encontraron un carné de desmovilizado, e hicieron un montaje, poniéndoles revólveres y diciendo que habían sido muertos en un enfrentamiento (folio 5 cuad. Original 1). Mediante auto del 23 de mayo de 2006, la Procuraduría Provincial de Barranquilla ordenó remitir la queja y sus anexos, por competencia, a la Procuraduría Delegada 4 Radicado No. 161-5597 Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, Despacho que en auto del 13 de septiembre de 2006, dispuso adelantar la respectiva indagación preliminar bajo el radicado de la referencia, acumulándose a ésta, según lo ordenado en auto del 20 de febrero de 2008, la indagación que por los mismos hechos venía adelantando la Procuraduría Regional del Atlántico bajo el número 071-17597 (folios 10, 11, 36, 52 del cuad. Original 1). En auto del 28 de abril de 2008, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, al evaluar la indagación preliminar, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los miembros del Ejército Nacional

adscritos al Gaula del Atlántico, capitán GIOVANNI PÉREZ DELGADO, Sargento Viceprimero GERSON ALBERTO GALVIS CALDERÓN, sargento segundo PEDRO VICENTE CEBALLOS OROZCO y soldado profesional BOLÍVAR SANDOVAL, servidores públicos a quienes, excepto el último de los nombrados, en auto del 9 de noviembre de 2009, se les formuló cargos por haber incurrido posiblemente en la falta disciplinaria contenida en el artículo 48.7 de la Ley 734 de 2002, al haber presuntamente dado muerte en forma injustificada a los señores FIDEL ANTONIO HERNÁNDEZ ROSARIO y PEDRO JUAN HERNÁNDEZ TORRES. En la misma decisión se ordenó la terminación del procedimiento seguido en contra del soldado profesional BOLÍVAR SANDOVAL, por haberse acreditado su fallecimiento (folio 92 y 269 del cuad. Original 1). Presentados los respectivos descargos, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, en auto del 23 de marzo de 2010, resolvió sobre las pruebas allí solicitadas, decisión que al haber sido recurrida, fue revisada por vía de reposición el 6 de mayo de 2010, en tanto que por vía de apelación lo hizo la Sala Disciplinaria a través de auto del 2 de diciembre de 2010 (folios 327 del cuad. Original 1; 337 y 363 del cuad. Original 2). Mediante auto del 31 de agosto de 2011, se dispuso correr traslado para alegar de conclusión, profiriéndose el fallo objeto de impugnación el 30 de abril de 2012

(folios 473 y 515 del cuad. Original 2). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En providencia proferida el 30 de abril de 2012, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos declaró responsables de los cargos formulados a los señores, capitán GIOVANNI PÉREZ DELGADO, sargento viceprimero GERSON ALBERTO GALVIS CALDERÓN y sargento segundo PEDRO VICENTE CEBALLOS OROZCO, a quienes les impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de veinte (20) años, al tenor, especialmente, de los siguientes argumentos (folio 515 del cuad. Original No. 2): Señala que se encuentra probado que el 22 de marzo de 2006, en desarrollo de la Misión Táctica No. 27 “Malasia”, los disciplinados, miembros del Gaula Atlántico de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en la vía Baranoa – Usiacurí (Atlántico), dieron muerte a los señores FIDEL ANTONIO HERNÁNDEZ ROSARIO y PEDRO JUAN HERNÁNDEZ TORRES, a quienes de acuerdo con el informe de operaciones suscrito en la misma fecha, les fue incautado dos revólveres calibre 38, cinco cartuchos del mismo calibre, 7 vainillas percutidas, dos celulares y una motocicleta. 5 Radicado No. 161-5597 Precisa que los disciplinados aceptaron en sus versiones libres haber disparado sus armas de fuego en contra de los hoy occisos, configurándose una coautoría impropia, en la que todos prestaron una contribución objetiva a la consecución del

resultado. Desvirtúa la probabilidad de que hayan sido dados de baja en combate, como quiera que el dictamen forense arrojó resultado positivo para residuos de disparo en la camiseta que portaba FIDEL HERNÁNDEZ, habiéndose determinado que tres de los cinco orificios de entrada hallados en la prenda, fueron hechos a una distancia inferior a un metro, lo que descarta igualmente que los occisos hayan sido quienes iniciaran el ataque armado. Aclara el por qué no coincide la numeración de los orificios descritos en la prenda de vestir, con la numeración consignada en el protocolo de necropsia de FIDEL

HERNÁNDEZ.

Refiere que el protocolo de necropsia No. 00265 correspondiente al mencionado HERNÁNDEZ, refiere respecto de sus heridas, un orificio de entrada que presenta ahumamiento, situación que evidencia que el disparo fue realizado a corta distancia, esto es, aproximadamente a 20 centímetros. Advierte que “del conjunto de pruebas que se describen y que fueron ponderadas de manera integral para la decisión de cargos disciplinarios, se concluye que no obstante tenerse información directa de las señoras ANA CECILIA PESTAÑA (sic) ROQUEME y ESTHER TORRES DE HERNÁNDEZ esposa y madre de los señores FIDEL ANTONIO HERNÁNDEZ ROSARIO y PEDRO JUAN HERNÁNDEZ TORRES respectivamente, en el sentido que ellos se habían desmovilizado días anteriores a los hechos, además de la existencia de una denuncia penal por extorsión por parte del señor JORGE LUIS PARRA MEDINA, y

del hecho de haberse hallado en su poder armas y munición que arrojaron resultado positivo en el informe balístico respectivo, sin que se haya establecido plenamente que ellos las hubiesen accionado, lo cual generó al Despacho la duda respecto a si los occisos efectuaron ataque o no contra los miembros del Gaula o si por el contrario se trataba de dos personas civiles indefensas que a la luz del Derecho Internacional Humanitario gozaban de la especial protección que este complejo de instrumentos brinda a quienes no participan de las hostilidades, ello no es razón suficiente para justificar la conducta endilgada a los investigados en el auto de cargos, esto es, por incurrir en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario consagrada en el artículo 48 numeral 7 de la Ley 734 de 2002, al dar muerte a los señores FIDEL ANTONIO HERNÁNDEZ ROSARIO y PEDRO JUAN HERNÁNDEZ TORRES, cuando en el proceso disciplinario se cuenta con pruebas contundentes para endilgar responsabilidad” como lo son, el protocolo de necropsia y el estudio de balística sobre la prenda de vestir, antes referidos. Concluye en la responsabilidad de los disciplinados, a título de dolo, de la falta gravísima contenida en el artículo 48.7 de la Ley 734 de 2002, razón por la cual les impone la sanción antes citada.

RECURSO DE APELACIÓN

6 Radicado No. 161-5597 El apoderado del sargento segundo PEDRO VICENTE CEBALLOS interpuso recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos (folio 561 del cuad. Original No. 2):

En forma por demás confusa, en relación con las armas halladas en la escena de los hechos, en poder los hoy occisos, el apelante refiere que “para el despacho persisten las dudas, al referirse como una presunción ‘al parecer los occisos tenían en su poder’; si a estas alturas del proceso, esto se tiene como una presunción, tampoco el despacho, quien tiene la carga de la prueba, demostró de donde salieron y en consecuencia quien las disparó, conforme se indica en el pliego de cargos, citado a numeral 3.9.20; con todo respeto, debo indicar, que es contradictorio que se diga que: ‘se estableció que dichas armas fueron disparadas y que las vainillas fueron percutidas por las mismas’, cuando de otra parte no se aprecia la sana crítica, si para unos eventos, se acepta que las armas fueron utilizadas y para otros, se crea la duda desfavoreciendo a los investigados”. Señala que no hay lugar a darle credibilidad a la entrevista de la señora SADY LUCÍA SALGADO SALGADO, toda vez que las entrevistas tienen valor probatorio a partir de la Ley 906 de 2004 y aun así deben acudir al juicio para su apreciación ante el juez de conocimiento, recordándose que en el proceso disciplinario las pruebas se practican conforme a la Ley 600 de 2000, luego si no existe la declaración bajo juramento, no puede ser valorada como prueba, pues se trata de un testimonio de oídas, además, dicha entrevista es abiertamente ilegal, toda vez que se allegó al proceso y se valoró sin que sus defendidos pudieran hacer uso del derecho de contradicción y defensa, debiendo ser excluida de su valoración.

Dice que se cita como testimonio creíble el rendido por la señora ROSALBA ISABEL CASTILLO VARGAS, quien adujo “que conocía desde hacía varios años a FIDEL HERNÁNDEZ y nunca supo que anduviera armado o que fuera delincuente”, desconociéndose que la misma esposa del occiso admitió que éste pertenecía a las AUC, por lo tanto, dicho testimonio no puede ser de recibo y mucho menos cuando tampoco se pudo contrainterrogar. Refiere no entender la presunta ventaja militar que se tenía frente a los occisos, si de acuerdo con el informe de la Misión Táctica “Malasia” los fallecidos ya habían recibido la extorsión y estaban abandonando el lugar y, si bien es cierto, el número de militares era mayor, se debe considerar que no todos estaban en el mismo sitio, ya que estaban dispersos en sus inmediaciones. Considera que es un desatino que el fallador de primera instancia haya dicho que no podía aceptar que los occisos hubieran iniciado los disparos y que a poco menos de un metro de distancia, no hubieran hecho blanco en sus antagónicos, por lo que descarta el enfrentamiento, pues si bien es cierto, dice el recurrente, se afirmó que los hoy fallecidos iniciaron el fuego, nunca se dijo que el ataque se hubiera iniciado a menos de un metro de distancia. Insiste en que el dictamen pericial rendido por SNEYDER GARCÍA GARCÍA y GLORIA MARISOL PERALTA COBA, presenta inconsistencias y está inconcluso, teniendo en cuenta que esta última admite en su declaración del 2 de marzo de 2011, rendida en la Seccional de Investigaciones Especiales de Barranquilla, que

no se hizo relación a la dispersión del disparo, debido a que el caso no llegó con el arma implicada, lo cual hubiera precisado un rango más aproximado del disparo, 7 Radicado No. 161-5597 ya que cuando el laboratorio no cuenta con el arma, solo se limita a dar unos rangos de corta o larga distancia, luego se admite que el dictamen está limitado y que ella no requirió el arma implicada para precisarlo. Advierte en relación con el mismo dictamen, que el reactivo utilizado para realizar el estudio fue el de “LUNGE”, compuesto químico obsoleto, no utilizado por los laboratorios balísticos forenses internacionales desde el año 2000, y en Colombia a partir del año 2002, cuando la Fiscalía General de la Nación expidió la resolución No. 0878 del 14 de mayo de 2002 “indicando cuales eran los reactivos que se debían utilizar, para realizar los estudios de los componentes de la pólvora deflagrada para el caso el reactivo de “GRIESS” mejorado”. Agrega que el reactivo de “LUNGE” es obsoleto, teniendo en cuenta que no es específico para utilizarlo en los estudios de la pólvora de cartuchos disparados con arma de fuego “e indistintamente, se advierte la presencia de nitritos y nitratos en diferentes compuestos, comunes en la vida cotidiana como los detergentes, los abonos, pinturas, la tierra, cosméticos, comestibles con conservantes y en los fósforos de uso común, todos estos materiales reacción (sic) positivamente y dan como resultado la presencia de nitritos y nitratos, si se utiliza el reactivo de ‘LUNGE’”, amén de que los peritos que rindieron el dictamen carecían de la

experiencia y formación para hacerlo, pues de haberla tenido sabrían que no debían utilizar dicho reactivo. Por lo tanto, considera existen dudas frente a la responsabilidad de los investigados, las cuales solicita sean resueltas a favor de su defendido. De otra parte, señala que se presenta la causal de nulidad prevista en el artículo 143, numeral tercero del CDU, esto es, la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, toda vez que en relación con el dictamen pericial No. RN-LBA254-2006, suscrito por GLORIA MARISOL PERALTA COBA y SNEYDER GARCÍA GARCÍA “que he tratado de convalidar con los testimonios de quienes lo rindieron en razón a las limitaciones y carencias que presenta, pero como a esta altura procesal no encuentra garantizado el derecho de contradicción y defensa, no puede haber convalidación de dicha prueba” por lo que solicita la nulidad de lo actuado desde el pliego de cargos, inclusive, y en su defecto se corra traslado del dictamen pericial conforme lo prevé el artículo 50 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los artículos 254 y 255 de la Ley 600 de 2000. Así mismo, dice que existe la causal de nulidad por cuanto el 4 de octubre de 2011, solicitó se decretara la nulidad del auto que cerró investigación y corrió traslado para alegar de conclusión, pero no hubo una respuesta dentro de los términos legales, pronunciándose dentro del respectivo fallo, en contravía de lo dispuesto en la sentencia del 8 de febrero de 2006 del Consejo Superior de la

Judicatura, siendo ponente el magistrado PERDOMO PERDOMO, en la que se indicó: “La decisión de la Procuraduría de diferir la solicitud de nulidad para el momento de la sentencia, pretermite el cumplimiento del término legal de cinco días previsto por el legislador en el artículo 147 de la Ley 734 de 2002 … comporta la valoración de un aspecto sustancial al estar inmersa en el fallo de fondo, corre la misma suerte de la sentencia respecto de la imposibilidad de ser recurrida a través del recurso de reposición … vedándole la posibilidad al 8 Radicado No. 161-5597 investigado de controvertir por vía de reposición una eventual negativa…” (Rad. 11001110200020050482801). Subsidiariamente solicita que de no prosperar sus anteriores pretensiones, se revise la sanción impuesta a su defendido, pero teniendo en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 47 del CDU, ejercicio que no hizo el fallador de primera instancia. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Es preciso recordar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido reiterativas en señalar que solamente podrían dar lugar a la nulidad de la actuación disciplinaria aquellas irregularidades que afectan sustancialmente el debido proceso, ya sea porque se transgrede la ritualidad o solemnidad que demanda un acto para su eficacia o porque se vulnera el derecho de defensa en cualquiera de sus formas. Lo anterior significa que en algunas oportunidades se presentan actuaciones disciplinarias que no obstante haberse producido sin un ceñimiento estricto o apegado a la ley, no alcanzan a configurar causal de nulidad, al no tener la

suficiente fuerza como para afectar la eficacia de la actuación o, en forma sustancial, el derecho de defensa como parte integral del debido proceso. Acorde con lo expuesto y de conformidad con los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación, especialmente el previsto en el numeral 5° del artículo 310 de la Ley 600 de 2000, norma aplicable en virtud del principio de integración normativa consagrado en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, la nulidad sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. En el caso que nos ocupa el recurrente, sin ser claro en su petición, señala que se presenta la causal de nulidad prevista en el artículo 143, numeral tercero del CDU, esto es, la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, toda vez que en relación con el dictamen pericial No. RN-LBA254-2006, suscrito por GLORIA MARISOL PERALTA COBA y SNEYDER GARCÍA GARCÍA “que he tratado de convalidar con los testimonios de quienes lo rindieron en razón a las limitaciones y carencias que presenta, pero como a esta altura procesal no se encuentra garantizado el derecho de contradicción y defensa, no puede haber convalidación de dicha prueba” por lo que solicita la nulidad de lo actuado desde el pliego de cargos, inclusive, y en su defecto se corra traslado del dictamen pericial conforme lo prevé el artículo 50 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los artículos 254 y 255 de la Ley 600 de 2000. Sobre el particular, observa la Sala que el dictamen pericial al que se refiere el

recurrente, fue suficientemente conocido en su oportunidad procesal por parte de los sujetos procesales, pues haciendo parte de las diligencias que fueron trasladadas del proceso penal, fue elemento medular dentro del auto de cargos, para deducir la posible responsabilidad de los disciplinados, tal como se advierte en los numerales 3.9.19 y 3.13. de dicha pieza probatoria (folio 269 del cuad. Original 1). 9 Radicado No. 161-5597 Es así como una vez notificado el auto de cargos, en ejercicio del derecho de contradicción y defensa a los que hace alusión el recurrente, en sus respectivos descargos, solicitó la práctica de pruebas tendientes a contrarrestar el valor probatorio que el a-quo le estaba dando a dicho dictamen, pruebas sobre las cuales se pronunció oportunamente, tanto el a-quo, en primera instancia, como el ad-quem, en segunda instancia, quedando en firme la decisión de llamar a declarar a los técnicos en balística GLORIA MARISOL PERALTA COBA y SNEYDER GARCÍA GARCÍA “para que hagan claridad frente informe (sic) técnico que consignaron el día 5 de mayo de 2006, estudio de balística RN –LBA-2542006”, finalidad de la prueba así precisada en la petición realizada por el recurrente (folios 294 y 337 del cuad. Original 1; 337 y 363 del cuad. Original 2). Si bien es cierto, no existe un auto mediante el cual se corra traslado formalmente de las piezas penales allegadas a la investigación, también lo es que ello en nada afectó el derecho de contradicción y defensa, pues precisamente por haberse

conocido plenamente el dictamen al que se refiere el recurrente, es que éste lo controvirtió a través de sus descargos, no solamente con los planteamientos allí expuestos, sino también con la solicitud de pruebas tendientes a desvirtuarlo. Lo anterior descarta cualquier asomo de irregularidad sustancial que pudiera erigirse como causal de nulidad, como también descarta la posibilidad que se pudiera acceder al traslado que reclama hoy en día el recurrente, pues en últimas, la finalidad del mismo, ya se surtió. Ahora bien, como la petición de nulidad frente al asunto del dictamen pericial no es lo suficientemente clara, pues no se desarrolla el concepto de la violación, para la Sala Disciplinaria resulta imposible hacer consideraciones adicionales a las ya expuest