PGN - HISTORIA CLINICA - Ante su ausencia no fue posible determinar tiempo transcurrido en

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad por muerte de hijo recién nacido a causa de falla del servicio médico asistencial RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Su estudio se basa en el art. 90 de la Constitución Política RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa la culpa RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Evolución jurisprudencial del Consejo de Estado sobre títulos de imputación APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Responsabilidad patrimonial por falla médica TEORÍA DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA-Probar servicio médico deficiente que ocasiona daño antijurídico REGIMEN DE FALLA PROBADA-Se debe probar nexo causal entre falla por acto médico y el daño según Jurisprudencia del Consejo de Estado HISTORIA CLÍNICA-Ante su ausencia no fue posible determinar tiempo transcurrido entre indicación de remisión del recién nacido y su deceso …..Aunque podría llamar la atención, según la poca documentación aportada con la demanda y el dictamen pericial practicado, la cesárea que se le practicó a la señora…. tuvo como causa la desproporción céfalo pélvica, esto es, una desproporción entre la cabeza del bebé y la pelvis de la madre, para poder verificar lo apropiado o inapropiado de la atención también se requería la historia clínica, pero como se desconocen las condiciones físicas en las que ingresó la demandante el día 10 de julio de dos mil ocho 2008, la determinación de la necesidad de remitirla

a un centro médico de mayor complejidad tampoco aparece como justificada, al punto que frente a ella tampoco existe reporte de consecuencias físicas ni reclamo judicial en la presente acción. Finalmente, frente a la falta de remisión del recién nacido a una unidad de cuidado intensivo, existe constancia que el personal médico adscrito al centro asistencial sí dispuso dicha medida, pero ante la ausencia de historia clínica, tampoco es posible determinar el tiempo transcurrido entre dicha indicación y el deceso del menor, aunque el dictamen médico legal emitido por Medicina Legal sí consignó que aunque el tratamiento médico dado al menor fue el apropiado, quedó pendiente su remisión a tercer nivel a una unidad de cuidado intensivo neonatal y la aplicación del sufractante pulmonar, pero, en todo caso, no existe indicación de que haya existido mora en la remisión antes de su fallecimiento, pues no existen elementos de juicio para que emitirá dicha conclusión. 1 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080 EXPEDIENTES-No dan cuenta de falla del servicio médico que madre y menor recibieron en Centro Médico que les prestó atención/PRUEBA PERICIALVislumbró la necesidad de remisión a otro Centro Médico con mejores condiciones/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No se reúnen elementos para ser declarada a entidades demandadas/SENTENCIADebe ser confirmada en sub examine

Conforme a lo anterior, aunque se acreditó la ocurrencia del daño representado en el fallecimiento del recién nacido cuya madre oficia como demandante en el presente asunto, lo cierto es que el expediente no da cuenta de la falla del servicio médico que tanto ella como el menor recibieron en el centro médico que les prestó su atención, y aunque existe una prueba pericial que puso de presente la necesidad de remisión del recién nacido a un centro médico que contara con mejores condiciones de infraestructura, el mismo también menciona que con la historia clínica habría podido hacer una adecuada pericia, siendo el haber nacido prematuro la única posible causa que se conoce. De conformidad con las normas citadas, la jurisprudencia invocada, las pruebas allegadas y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada no se encuentran reunidos los elementos exigidos para declarar la responsabilidad de las entidades demandas, por lo cual la negación de las pretensiones que determinó el A quo parece ajustada a derecho y pasible de ser confirmada al decidir la segunda instancia. Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, se permite solicitar la confirmación de la sentencia impugnada. 2 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 8 de mayo de 2018 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B (e)

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 18-52

Acción: Reparación Directa Radicación: 520012331000201000410 01 (60289)

Actor: Alicia Cristina Rosero Demandados: Departamento del Putumayo, Ministerio de la Protección Social, municipio de Puerto

Asís, Hospital San Francisco de Asís (Putumayo) y A.R.S. Emssanar - Putumayo Honorable señora Consejera: Estando el proceso de la referencia en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda, esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal especial interviene para emitir concepto de fondo. ANTECEDENTES Demanda Por conducto de apoderado judicial, la señora ALICIA CRISTINA ROSERO ZAMBRANO, en ejercicio de la acción de reparación directa, el 13 de agosto de 2010 presentó demanda contra el Departamento del Putumayo, Ministerio de la Protección Social, municipio de Puerto Asís, Hospital San Francisco de Asís (Putumayo) y A.R.S. Emssanar - Putumayo, para que fueran declaradas administrativamente responsables por los perjuicios de orden moral y material que se produjeron por la muerte de su hijo recién nacido y, en consecuencia, que fueran condenadas al pago de los mismos.

Contestación Ministerio de la Protección Social 3 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080 La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicó que dentro de sus funciones no se encontraba la atención médica y quirúrgica de pacientes, aunque dentro de las mismas sí estaban la de señalar y vigilar la correcta prestación del servicio y determinar las políticas de salud, trabajo y riesgos profesionales. En su defensa propuso las excepciones “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “caducidad de la acción”, y “la innominada”. Secretaría de Salud Municipal de Puerto Asís La dependencia municipal se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar que la competencia para la prestación de los servicios de salud correspondía al nivel departamental, que la atención en salud se prestaba mediante unidades prestadoras de servicios en salud organizada por grados de complejidad, y que era el ente territorial el encargado de la dirección de la prestación de servicios en salud, por lo que propuso la “excepción de inexistencia de falla en el servicio por parte de la Secretaría de Salud Municipal”. Municipio de Puerto Asís En su contestación el ente territorial se opuso a la prosperidad de las pretensiones y replicó los argumentos y excepciones que su secretaría de salud expuso contra la demanda. Departamento del Putumayo, Secretaría de Salud del Departamento del Putumayo, Asociación Mutual Empresa Solidaria Emmsanar ESS, y

Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A. Por auto del 6 de noviembre de 2012 se tuvo por no contestada la demanda por parte de las mencionadas entidades. Sentencia de Primera Instancia Mediante decisión del 16 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones esgrimidas por la parte actora, tras considerar que la misma omitió acreditar que el daño del recién nacido se produjo como consecuencia de una falla del servicio médico asistencial, y que conforme a los escasos medios de prueba allegados al plenario, la equivocación en el conteo del número de semanas de gestación de la señora Rosero no impidió que recibiera el tratamiento idóneo para su patología de parto prematuro. En el mismo sentido se pronunció respecto de la obligación de remitir a la señora Rosero a un centro médico de mayor complejidad, y precisó que aunque se ordenó la remisión del recién nacido a una unidad de cuidado intensivo, la misma no se materializó por falta de disponibilidad. 4 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080 Apelación El apoderado de la parte actora indicó que, contrario a lo indicado en la decisión de primera instancia, el error en el cálculo de las semanas de embarazo de la paciente sí tuvo incidencia en el fallecimiento del recién nacido, toda vez que por tal situación no se contó con controles adecuados

para el embarazo. Señaló que la institución hospitalaria no contaba con certificados de acreditación ni de habilitación que facultaran a la misma para prestar un debido y oportuno servicio de salud, y que también existió retraso en la remisión del menor a un nivel de atención de mayor complejidad. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico ¿Se encuentra acreditada la falla del servicio médico que por la muerte de su hijo recién nacido la parte actora atribuye a las entidades demandadas? Análisis Jurídico El constituyente de 1991 estableció, en el artículo 90 de la Constitución Política, que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública, o antijurídico, si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado, del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. En cuanto a la imputación no es más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño.

Durante una época la jurisprudencia del Consejo de Estado persistió en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Para efectos probatorios, de las mismas se han construido distintos títulos de 5 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080 imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañino interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el

equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente, ha manifestado el Honorable Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; de manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. Actividad médica Inicialmente este tipo de responsabilidad estuvo orientado por un régimen subjetivo de falla probada del servicio, según el cual se exigía al demandante aportar la prueba de la falla para la prosperidad de sus pretensiones, pues, al comportar la actividad médica una obligación de medio, de la sola existencia del daño no había lugar a presumir la falla del servicio4. A partir del segundo semestre de 1992, se acogió el criterio según el cual los casos de responsabilidad por la prestación del servicio médico se juzgarían de manera general bajo un régimen subjetivo, pero con presunción de falla en el servicio. 1 Sobre el tema pueden consultarse, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado del 13 de diciembre de 1993, exp. 10807, del 3 de abril de 1997, exp. 11187 y del 28 de agosto de

2014, exp. 27709. 2 Ver fallo del Consejo de Estado del 19 de abril de 2012, exp. 21515. 3 Sobre el particular ve la Sentencia del Consejo de Estado del 2 de mayo de 2016, exp. 37072. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 1991, exp. 6253, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 14 de febrero de 1992, exp. 6477, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 26 de marzo de 1992, exp. 6255, C.P. Julio César Uribe Acosta; sentencia de 26 de marzo de 1992, exp. 6654, C.P. Daniel Suárez Hernández, entre otras. 6 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080 Posteriormente, en el año 20005, se cuestionó la aplicación generalizada de la presunción de la falla en el servicio, mediante la aplicación de la teoría de la carga dinámica de las pruebas, según la cual el juez debe establecer en cada caso concreto cuál de las partes está en mejores condiciones de probar la falla o su ausencia, pues no todos los debates sobre la prestación del servicio médico tienen implicaciones de carácter técnico o científico. Finalmente, en 2006, se abandonó definitivamente la presunción de falla en el servicio para volver al régimen general de falla probada6. Sin perjuicio de

que para la demostración del nexo las partes puedan valerse de todos los medios de prueba legalmente aceptados, incluso de la prueba indiciaria, tal como tuvo oportunidad de expresarlo el Consejo de Estado en los siguientes términos: “(…) De manera reciente la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño. Se acoge dicho criterio porque además de ajustarse a la normatividad vigente (art. 90 de la Constitución y 177 del Código de Procedimiento Civil), resulta más equitativa. La presunción de la falla del servicio margina del debate probatorio asuntos muy relevantes, como el de la distinción entre los hechos que pueden calificarse como omisiones, retardos o deficiencias y los que constituyen efectos de la misma enfermedad que sufra el paciente. La presunción traslada al Estado la carga de desvirtuar una presunción que falló, en una materia tan compleja, donde el álea constituye un factor inevitable y donde el paso del tiempo y las condiciones de masa (impersonales) en las que se presta el

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2000, exp. 11878. C.P. Alier Hernández Enríquez. Esta línea se reiteró, entre otras, en sentencia de 7 de diciembre de 2004, exp. 14421, C.P. Alier Hernández Enríquez; sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 14400, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de noviembre de 2006, exp. 15201-25063, C.P. Alier Hernández Enríquez; sentencia de 30 de julio de 2008, exp. 15726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar. El consejero Enrique Gil Botero aclaró el voto en el sentido de señalar que no debe plantearse de forma definitiva el abandono de la aplicación del régimen de falla presunta del servicio. 7 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080 servicio en las instituciones públicas hacen muy compleja la demostración de todos los actos en los que éste se materializa. En efecto, no debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más

estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. (...)” Conforme a lo anterior, el Consejo de Estado7 señaló que la desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimiento técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes8. Frente al acto obstétrico, aunque en algún momento el Consejo de Estado prefirió el régimen objetivo, en la actualidad moderó dicha tesis9, orientándose en el sentido de que la responsabilidad médica, en casos como el presente, debe analizarse bajo el tamiz del régimen de la falla probada, lo que impone no sólo la obligación de probar el daño del demandante, sino, adicional e inexcusablemente, la falla por el acto médico y el nexo causal entre ésta y el daño. Caso concreto El daño en el que se sustentan las pretensiones se encuentra acreditado con el certificado de nacido vivo y el respectivo registro civil de defunción que

fueron expedidos el 10 de julio de 2008, en los que consta la muerte del menor recién nacido e hijo de la señora Alicia Cristina Rosero Sanabria, quien concurrió en procura de obtener la reparación de dicho perjuicio por considerar que se produjo por una falla en el servicio médico asistencial que 7 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B – Consejero Ponente: RAMIRO PAZOS GUERREO – Bogotá 3 de octubre de 2016 – Radicación número: 08001-23-31-000-1999-00685-01(31159)A 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 28 de septiembre de 2012, exp. 22424, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 9 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERASUBSECCION A - Consejera ponente: MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO - Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil dieciséis (2016) - Radicación número: 66001-23-31-000-2006-00159-02(36288) 8 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080 recibieron en el Hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Puerto Asís

(Putumayo). La parte actora censuró que el 28 de junio 2008, cuando acudió al centro médico asistencial descrito en precedencia existió inexactitud en el registro de las semanas de embarazo que tenía la demandante, por lo cual se optó por suministrarle nifedipina para inhibir las contracciones y evitar un parto prematuro y, además, porque se omitió remitir tanto a la madre como al recién nacido a una unidad de cuidado intensivo. Tal como se resaltó en la decisión de primera instancia, el expediente objeto de estudio carece de historia clínica completa frente a la atención que la señora Alicia Rosero recibió en su periodo de gestación y en los momentos coetáneos en los que se produjo el hecho que motiva la pretensión resarcitoria, y aunque se intentó obtener dicha documentación, ello no fue posible debido a que el Hospital San Francisco de Asís fue liquidado en el año 2009, y su historia documental remitida al archivo del departamento del Putumayo, el cual al haber sido requerido para su remisión indicó que no encontró historias clínicas en medio físico ni en la base de datos entregada por la entidad liquidadora del Hospital San Francisco de Asís, y que tampoco tenía conocimiento de dónde podrían encontrarse las mismas. Pese a lo anterior, con los documentos que se aportaron con la demanda puede advertirse que el día 28 de junio de 2008, cuando la señora Rosero Zambrano acudió al centro médico asistencial demandado, quedó consignado que contaba con 35 semanas de embarazo, cuando conforme a la fecha de la última menstruación (dato proporcionado por la paciente), tan solo tendría 32 semanas de gestación, proceder que a pesar de ser

censurado en la demanda no parece ser la causa del fallecimiento del nacido vivo que motiva la presente acción, toda vez que en la citada fecha la fecha se ordenó reposo absoluto, se le ordenó Nifedipina por 10mg para evitar las contracciones y evitar un parto prematuro, y se lo programó consulta por ginecología en ocho (8) días. Conforme a lo anterior, si el procedimiento indicado para la semana 35 era el de tratar de inhibir las contracciones para evitar un parto prematuro, con mayor razón debía tratar de evitar dicha amenaza para la semana 32 o 33 que efectivamente habría tenido la demandante, por tanto el medicamento suministrado y las recomendaciones de reposo y control en ocho días parecen las indicadas para el cuadro clínico que presentó la paciente, sin que pueda encontrarse por dicho proceder motivo de censura dentro de las pruebas obrantes en el expediente. Aunado a lo anterior, tampoco se conoce si la señora Rosero Zambrano atendió las recomendaciones médicas, pues aunque se le programó control para los ocho días siguientes, esta acudió trece días después con una nueva amenaza de parto prematuro, esto es, el 10 de julio 2008, lo que demuestra que durante su periodo de ausencia el tratamiento indicado resultó eficaz porque incluso retrasó su regreso al centro médico asistencial. 9 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080

De otra parte, en lo que atañe a la falta de remisión de la señora ALICIA CRISTINA ROSERO ZAMBRANO y su recién nacido a una unidad de cuidado intensivo o a un centro médico de mayor complejidad, se estima que ante la falta de historia clínica no existe evidencia alguna frente a dicho requerimiento, máxime cuando entre los documentos allegados al plenario existe registro médico que determine dicha necesidad ni su incumplimiento por parte del centro médico tratante. Aunque podría llamar la atención, según la poca documentación aportada con la demanda y el dictamen pericial practicado, la cesárea que se le practicó a la señora Rosero tuvo como causa la desproporción céfalo pélvica, esto es, una desproporción entre la cabeza del bebé y la pelvis de la madre, para poder verificar lo apropiado o inapropiado de la atención también se requería la historia clínica, pero como se desconocen las condiciones físicas en las que ingresó la demandante el día 10 de julio de dos mil ocho 2008, la determinación de la necesidad de remitirla a un centro médico de mayor complejidad tampoco aparece como justificada, al punto que frente a ella tampoco existe reporte de consecuencias físicas ni reclamo judicial en la presente acción. Finalmente, frente a la falta de remisión del recién nacido a una unidad de cuidado intensivo, existe constancia que el personal médico adscrito al centro asistencial sí dispuso dicha medida, pero ante la ausencia de historia clínica, tampoco es posible determinar el tiempo transcurrido entre dicha indicación y el deceso del menor, aunque el dictamen médico legal emitido por Medicina Legal sí consignó que aunque el tratamiento médico dado al

menor fue el apropiado, quedó pendiente su remisión a tercer nivel a una unidad de cuidado intensivo neonatal y la aplicación del sufractante pulmonar, pero, en todo caso, no existe indicación de que haya existido mora en la remisión antes de su fallecimiento, pues no existen elementos de juicio para que emitirá dicha conclusión. Conforme a lo anterior, aunque se acreditó la ocurrencia del daño representado en el fallecimiento del recién nacido cuya madre oficia como demandante en el presente asunto, lo cierto es que el expediente no da cuenta de la falla del servicio médico que tanto ella como el menor recibieron en el centro médico que les prestó su atención, y aunque existe una prueba pericial que puso de presente la necesidad de remisión del recién nacido a un centro médico que contara con mejores condiciones de infraestructura, el mismo también menciona que con la historia clínica habría podido hacer una adecuada pericia, siendo el haber nacido prematuro la única posible causa que se conoce. CONCLUSIÓN De conformidad con las normas citadas, la jurisprudencia invocada, las pruebas allegadas y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada no se encuentran reunidos los elementos exigidos para declarar la responsabilidad de las entidades demandas, por lo cual la negación de las pretensiones que determinó el A 10 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080

quo parece ajustada a derecho y pasible de ser confirmada al decidir la segunda instancia. Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, se permite solicitar la confirmación de la sentencia impugnada. De la señora Consejera,

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 11 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080 12 520012331000201000410 01 (60289) 5CdeE/AMV/Llms IUS-E -2017-207804 ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12078-12079-12080