PGN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Beneficio de auditoría

Concepto N° 053 Bogotá D.C., 7 de marzo de 2003

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejera Ponente Dra. MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA Referencia: 2500023270002000149001

Radicado: 13575

Asunto: Impuesto Renta -Beneficio de auditoríaActor: FLUOR COLOMBIA LIMITED De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 numeral 7 de la Constitución Política; en los artículos 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente

Alegato de Conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de abril de 1998, la sociedad FLUOR COLOMBIA LIMITED presentó su declaración de renta correspondiente al período gravable 1996, en la que señaló un impuesto neto de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA

Y CINCO MIL PESOS ($53’685.000).

2. El Congreso de la República expidió la Ley 488 de 1998, la cual contiene en su artículo 11 la siguiente disposición: Expediente 13575 2 “El término de firmeza para las declaraciones privadas del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente a los años gravable de 1996 y 1997, que sean corregidas para incrementar por lo menos en un treinta por ciento (30%) el

impuesto neto de renta liquidado por el contribuyente, será de cuatro meses contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, siempre y cuando la totalidad de los valores a cargo de los impuestos, sanciones e intereses, sean cancelados dentro de la misma oportunidad, e independiente de que sobre las mismas exista auto de inspección tributaria o contable, emplazamiento para corregir o requerimiento especial. Para efectos de lo anterior, el término para corregir y pagar las declaraciones vence una vez transcurridos los cuatro meses señalados”.

3. La Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, envía a la sociedad el Oficio N° 00-31-048-1220 del 1º de marzo de 1999, en el cual le sugiere que se acoja al beneficio de auditoría y que corrija la declaración de renta del período 1997.

4. Con el fin de acogerse a ese beneficio, el 28 de abril de 1999, es decir, dentro de la oportunidad legal, la sociedad procedió a corregir la mencionada declaración, corrección en la que cumplió los requisitos que la anterior norma indica; en efecto, la sociedad incrementó el impuesto neto en un 30%

(inicialmente había liquidado la cantidad de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($53’685.000) y en la corrección señaló la cantidad de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($70’856.000) y canceló el valor a su cargo con las retenciones que se le habían practicado por DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES

QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($239’515.000), con el saldo a favor del período anterior y en estas condiciones, resultó en la corrección un saldo a favor

de NOVECIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

PESO S ($902’334.000).

5. En escrito de 5 de mayo de 1999, la sociedad respondió el mencionado Oficio en el que expresa y demuestra a la Administración, que cumplió todos los requisitos que la ley señala para tener derecho a ese beneficio.

Expediente 13575 3

6. La Administración profirió el Auto de Archivo N° 310631999000939 del 12 de noviembre de 1999, en el cual ordena archivar el expediente que contiene la petición de la sociedad de acogerse al beneficio de auditoría, porque la sociedad no presentó la corrección dentro del término que establece el artículo 589 del Estatuto Tributario, el cual expresa que para corregir las declaraciones tributarias en el sentido de disminuir el saldo a cargo o aumentar el saldo a favor, se elevará solicitud a la Administración de Impuestos correspondiente, dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración.

7. La sociedad por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción que establece el artículo 85 del C. C. A., acudió al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y solicitó a esta Corporación que decretara la nulidad del Auto de Archivo N° 310631999000939 del 12 de noviembre de 1999 y que declarara que aquélla “tiene derecho al beneficio de auditoría ....”.

La demandante señaló como disposiciones violadas los artículos 29, 83, 84, 91,

95, 209, 338 y 363 de la Constitución Política; 111 de la Ley 488 de 1998; 3, 35, 44, 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo; 10 de la Ley 153 de 1887; 589, 683 y 815 del Estatuto Tributario; 684, 688, 31, 35 del Decreto 1265 de 1999; 12 y 14 del Decreto 433 de 1999. En relación con la decisión de no reconocerle el beneficio de auditoría, la demandante advirtió que esa decisión viola el artículo 111 de la Ley 488 de 1998, porque la sociedad cumplió los requisitos que este precepto establece y por lo tanto, no podía la Administración para rechazar ese derecho, alegar que la interesada no presentó la corrección dentro del término que señala otra disposición legal.

8. El Tribunal admitió la demanda y después de cumplir los demás trámites pertinentes, dictó la sentencia de fecha 6 de junio de 2002, que fue apelada por el apoderado de la sociedad, en la que denegó las súplicas de la demanda.

Expediente 13575 4 El Tribunal fundamentó su decisión, en una circunstancia que la Administración no adujo en el acto acusado como motivo para justificar el rechazo del derecho al beneficio de auditoría, que desconocía la demandante y que por desconocerla, no cuestionó ni ejerció contra la misma el derecho de defensa. Ese “motivo” es el siguiente: El artículo 6 del Decreto 433 de 1999, dispone: “Requisitos para tener derecho al beneficio de auditoría para contribuyentes

que han declarado el impuesto de renta de los años gravables de 1996 y

1997. Para la procedencia del beneficio consagrado en el inciso primero del artículo 111 (transitorio) de la Ley 488 de 1988, el contribuyente deberá cumplir los siguientes requisitos a más tardar el 28 de abril de 1999: “a) Presentar con el lleno de los requisitos formales establecidos en el Estatuto Tributario para considerarla debidamente presentada, la declaración de corrección del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 1996 y/o 1997, aumentando por lo menos en un treinta por ciento (30%), el impuesto neto de renta determinado en la declaración objeto de corrección. “b) Liquidar en la declaración de corrección la correspondiente sanción de corrección. “c) Cancelar los valores por impuestos, sanciones e intereses que resulten a cargo en la declaración de corrección. “d) Informar a la administración de impuestos y aduanas nacionales que le corresponda, enviando fotocopia de la declaración de corrección y prueba del pago de la totalidad de los valores a cargo...”.

La sociedad no tiene derecho al beneficio de auditoría, ya que “para hacerse acreedor al precitado beneficio se debía presentar la declaración de corrección con el lleno de los requisitos formales para considerarla debidamente presentada y aumentar por lo menos en un 30% el impuesto neto de renta determinado en la Expediente 13575 5 declaración objeto de corrección, requisitos que no fueron observados por la contribuyente toda vez que al haberse originado con la última corrección (abril 28 de 1999) un mayor saldo a favor, la demandante no aumentó realmente el

impuesto neto de renta en la forma señalada en la norma antes transcrita, toda vez que al pretender aumentar en un 30% el impuesto neto de renta y a la vez aumentar en forma considerable el saldo a favor, no se aumenta el recaudo de impuestos, finalidad que se persigue con el beneficio de auditoría, razón por la cual al haberse corregido la declaración omitiendo el procedimiento señalado en la precitada norma, no se tipifica la firmeza de la pertinente declaración tributaria....”.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Tribunal desconoció el principio del debido proceso, porque negó el derecho de la sociedad al beneficio de auditoría, por razones que la administración no adujo en el acto acusado, para justificar la decisión que éste contiene, razones que por ser desconocidas obviamente no pudieron ser controvertidas en la demanda; como ya se dijo, el Tribunal expresó que si bien es cierto que aparentemente la sociedad incrementó en un 30% el impuesto neto de renta, también es verdad que la última corrección, de fecha 28 de abril de 1999, generó un saldo a favor, y al presentarse esta situación “no se aumenta el recaudo de impuestos, finalidad que se persigue con el beneficio de auditoría...”.

Cuando una persona decide ejercer ante la jurisdicción contencioso administrativa, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que establece el artículo 85 del C. C. A., es indudable que debe limitarse a controvertir las razones que exponen los actos acusados como fundamento de la decisión que contienen, y a cuestionar irregularidades de carácter formal, tales como la

expedición irregular, la falta de competencia de quienes profirieron los actos, etc. La sociedad, entre otras objeciones, alegó que había cumplido los requisitos que señala el artículo 111 de la Ley 488 de 1998, para tener derecho al beneficio de auditoría y que la Administración había violado esa norma porque, a pesar de admitir que la compañía sí había cumplido esos requisitos, decidió archivar el Expediente 13575 6 expediente, toda vez que la empresa incumplió una formalidad que no establece el precepto legal a través del cual instituyó dicho beneficio, sino una norma diferente que regula una situación igualmente diferente, como es el artículo 589 del E. T., norma esta que la demandante considera que también fue violada por los actos acusados. El Tribunal ha debido entonces, limitarse a examinar las objeciones de la demanda y a determinar si éstas deberían o no ser acogidas. En relación con tales objeciones, este Despacho observa: El artículo 84 de la Carta, dispone que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentadas de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. En el caso que se examina, el Tribunal exige un requisito que los artículos 111 de la Ley 488 de 1998 y 6 del Decreto Reglamentario 433 de 1999, no señalan para tener derecho al beneficio de auditoría. Las normas que se comentan exigen el cumplimiento de seis (6) requisitos: a) Que el contribuyente corrija la declaración; b) Que en esa corrección aquél incremente, por lo menos en un 30%, el impuesto neto de renta; c) Que en la

corrección, el contribuyente liquide la sanción por corrección; d) Que el contribuyente no tenga derecho a los beneficios consagrados en materia del impuesto de renta para las zonas a que se refiere la Ley Páez; e) Que la corrección sea presentada dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que empezó a regir la ley, término que vence el 28 de abril de 1999; f) Que dentro de ese término, el contribuyente cancele la totalidad de los valores a cargo, por concepto de impuestos, sanciones e intereses. La sociedad cumplió estos requisitos, y por lo tanto se hizo acreedora al beneficio que establecen aquellas normas. Expediente 13575 7 La Administración admitió que la sociedad había reunido esos requisitos, pero no accedió a reconocer el mencionado beneficio, porque la contribuyente omitió cumplir la formalidad que señala el artículo 589 del E. T., es decir, porque no presentó la corrección dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios, pero se observa que esta norma no regula ese beneficio; como ya se advirtió, éste es regulado y reglamentado por los artículos 111 de la Ley 488 de 1998 y 6 del Decreto 433 de 1999, preceptos estos que no consagran ese requisito. Estas normas, que son especiales, señalan un término diferente para la presentación de la corrección que da derecho al beneficio de auditoría, término que, se repite, fue acatado por la sociedad. Si la sociedad cumplió todas las formalidades que exigen esas normas

especiales, obviamente tiene derecho a que se le reconozca el discutido beneficio. En estas condiciones se concluye, que el Consejo de Estado debe revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda. Señores Consejeros, LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Proyectó:J.J.P.V./Revisó:L.B.S.M.