PGN - INCENTIVO - La ley lo consagró como derecho a favor de demandante de acción popular

ACCIÓN POPULAR-Amparo de derechos colectivos de goce del espacio público, seguridad pública y previsión de desastres ACCIÓN POPULAR-Incentivo a favor del demandante INCENTIVO-La ley lo consagró como derecho a favor de demandante de acción popular INCENTIVO DE LA ACCIÓN POPULARAplicación según regulación legal INCENTIVO DE LA ACCIÓN POPULAR-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional ACCIÓN POPULAR-La fijación de incentivos no contraría el principio constitucionalidad de solidaridad INCENTIVO DEL DEMANDANTE-Consideraciones a partir de la ley 1425 de 2010 INCENTIVO DEL DEMANDANTE-No se puede adquirir desde la demanda/MERA EXPECTATIVA-El derecho del accionante al incentivo se presenta cuando hay sentencia definitiva/INCENTIVO-Su derogatoria expresa prevista en ley 1425 de 2010 prevalece sobre ley 472 de 1998 que lo creó/MERA EXPECTATIVA-No constituye derecho contra ley nueva que la anule o cercene La efectividad a que se refiere la Corte para el reconocimiento del incentivo, está en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la ley 472 de 1998 que ordena al juez señalarlo en la sentencia que acoja las pretensiones. Por lo anterior, no es de recibo pretender que el incentivo se reconozca como un derecho creado desde el inicio de la acción popular, si se tiene en cuenta que la finalidad del mismo es compensar el esfuerzo del demandante con el cual se obtiene la protección de los derechos colectivos, situación que se ve reflejada en la sentencia favorable. Sin embargo, es importante precisar que la Ley 1425 del 29 de diciembre de 2010 fue

expedida para derogar expresamente los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, que consagraban el incentivo en la acción popular. En este estado, es relevante observar que la Ley 153 de 1887, al regular la validez y aplicación de la ley, impone en el artículo 2° la prevalencia de la ley posterior sobre la anterior, y en el artículo 3° establece que se estima insubsistente una disposición legal por declaración expresa de legislador, entre otras causas. Por lo tanto, la derogatoria expresa del incentivo, prevista en la Ley 1425 del 29 de diciembre de 2010, vigente a partir de su promulgación, prevalece sobre la Ley 472 de 1998 que lo había creado. Al respecto, cabe precisar que si bien el legislador consagró el incentivo como un derecho a favor del actor popular, éste no podía adquirirlo desde la demanda, atendiendo a las razones antes expuestas. Es decir, que antes de la sentencia que acogiera las pretensiones de la acción popular, el incentivo era una mera expectativa. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 1580 Piso 19 Tel.: 5878750 Ext. 11931/33 www.procuraduria.gov.co AP 20150050101 2 Observa el Ministerio Público que, en los términos del artículo 17 de la ley 153 de 1887, las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene. Así las cosas, es deber del juez tener en cuenta lo previsto por las normas legales que regulan la aplicación de la ley en el tiempo y dar estricta aplicación al mandato que impone la pérdida de vigencia de ésta, cuando el legislador expresamente la

deroga. Por lo expuesto, en el presente caso, concluye la Procuraduría Delegada que la presentación de la demanda, antes de entrar en vigencia la ley 1425 de 2010, no obliga al reconocimiento del incentivo, toda vez que éste fue derogado antes de que se tomará la decisión judicial que resolvió la acción popular. INCENTIVO DE LA ACCIÓN POPULAR-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-No proceden al no estar acreditadas dentro del proceso En el presente asunto el a quo no condenó en costas a las accionadas porque no se encuentra acreditado en el expediente cuales son las costas que se han causado ni obran los soportes de las mismas. Por tal razón, no procede la condena en costas. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-No demostró que haya entregado vía a la ANI Sostiene el Instituto Nacional de Vías, que es imposible que el Instituto cumpla con las órdenes impuestas por el a quo por cuanto el mantenimiento, la conservación y las demás obligaciones respecto de la vía en cuestión le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI quien la entregará al CONSORCIO ESTRUCTURAL SAC 4G para que realice, entre otras, las obligaciones impuestas por el a quo a INVIAS. Observa la Procuraduría Delegada que la anterior afirmación no ha sido probada por la recurrente, toda vez que no está demostrada la entrega de la vía por parte de INVIAS a la ANI. De igual manera, no es de recibo que el Instituto afirme que el consorcio realizará las obligaciones impuestas por el fallo de primera instancia a INVIAS en coordinación con el

Ministerio de Transporte, cuando lo primero que se debe realizar es el estudio para establecer las adecuaciones, intervenciones, obras, modificaciones y señalización que requiera la vía a fin de garantizar el uso y goce del espacio público, lo cual si no se ha llevado a cabo menos podrían entrar a desarrollar las obras que no se han determinado. Por lo tanto, a INVIAS le corresponde ejecutar lo ordenado por el a quo, razón por la cual no procede la pretensión del Instituto recurrente consistente en declarar que le es imposible dar cumplimiento a lo ordenado por no tener competencia sobre la zona y sobre la vía objeto de discusión. SENTENCIA -De primera instancia se debe confirmar 3 AP 20150050101 Concepto 008 2016-13570 Bogotá, D.C., 25 de enero de 2016

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

E. S. D.

Consejero Ponente: Doctora MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Referencia: AP-05001233100020150050101

Asunto: Acción Popular Actor: PATRICIA ELENA BRAND GARCES De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y la Resolución 371 de 6 de octubre de 2005, expedida por el Procurador General de la Nación, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia,

esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión, dentro del trámite de la segunda instancia. ANTECEDENTES 1.- La ciudadana PATRICIA ELENA BRAND GARCES, en los términos del artículo 88 de la Carta Política y la Ley 472 de 1998, promovió ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, acción popular contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, con el propósito de que se declarara la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a acceder a los servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. 1.1.- La actora acusa a las entidades accionadas de vulnerar los derechos enunciados, habida consideración que el municipio de Santa Fe de Antioquia es atravesado por una carretera nacional, a cargo del INVIAS – MINISTERIO DE TRANSPORTE, que no tiene condiciones técnicas para la circulación peatonal de los ciudadanos residentes y visitantes del Municipio de Santa Fe de Antioquia. Expone que dicha vía atraviesa el municipio y carece de puentes peatonales, en especial en los sitios de mayor afluencia de peatones, como lo es frente a la plaza de mercado, sitio que sirve como terminal de transporte y zona de intercambio AP 20150050101 4 comercial de víveres, que es atravesada por los pasajeros en promedio de dos por

minuto, amén de que no cuentan con paradero de buses. Dice que existe un grave riesgo para la seguridad e integridad física de los transeúntes, para los discapacitados y para las personas con movilidad reducida por cuanto la variante cuenta con alto flujo vehicular e insuficiente señalización, faltan reductores de velocidad y semáforos y no existe coordinación del flujo vehicular y peatonal. Además, la vía carece de alumbrado público. 1.2.- Por lo expuesto, solicita la actora que se ordene a las entidades demandadas lo siguiente: .- Habilitar un paso peatonal ajustado a las normas del Código Nacional de Tránsito, semaforizado, con la señalización vial correspondiente, a la altura de la plaza de mercado del municipio, en la vía nacional que conduce al Urabá Antioqueño. .- Instalar señales de tránsito preventivas y reglamentarias que ilustren sobre el límite máximo de velocidad y la instalación de la señal SR-30, reglamentaria del límite máximo de velocidad en el recorrido de la vía. .- Que se ordene que los resaltos y las zonas de tránsito peatonal sean demarcados con pintura que satisfaga las especificaciones técnicas. .- La construcción de aceras y andenes en el perímetro urbano de Santa Fe de Antioquia, sobre ambos costados, en la vía nacional denominada la Variante. .- Que se ordene a las autoridades adelantar operativos de control en la zona y sancionar la inobservancia de las señales de tránsito y el exceso de velocidad en el lugar. 2.- El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 24 de junio de

2015, amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, a la seguridad pública y a la prevención de desastres técnicamente previsibles y ordenó al INVIAS, en coordinación con el Ministerio de Transporte, que dentro del término de 6 meses realice los estudios necesarios para establecer las adecuaciones, intervenciones, obras, modificaciones y señalización que requiera la vía nacional o carretera al mar, en la jurisdicción urbana del municipio de Santa Fe de Antioquia, para la zona de la variante (calle 13 Variante Juan de Dios Higuita), desde la entrada al Municipio Sector “la Y” hasta el sitio denominado la Glorieta o Riobamba, con el fin de garantizar el uso y goce del espacio público; y que, dentro de los 6 meses siguientes al recibo del respectivo estudio, acate y cumpla todas las directrices allí señaladas, para lo cual deberá realizar las apropiaciones y reservas presupuestales del caso. 3.- El apoderado judicial de la actora popular, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal, reclamando el reconocimiento del incentivo, las costas y las agencias en derecho pues considera que los gastos solo se allegan al proceso una vez se ordene la liquidación de costas y no hay duda que estas se causaron. En los términos del artículo 393 del C.P.C., no se actuó de mala fe y se accedieron a las súplicas. En tal sentido, es viable la liquidación de las agencias en derecho, conforme a las tablas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. 5 AP 20150050101 .- La derogatoria contenida en la Ley 1425, que cobija asuntos litigiosos, no se

puede hacer extensiva a los procesos que estaban en curso, en los que se ha dado protección al derecho colectivo en virtud de la actuación desplegada por el actor. Con la derogación de los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 no desapareció el incentivo a las acciones populares, por cuanto se mantiene vigente el artículo 34 según el cual el juez en la sentencia fijará el monto del incentivo para el actor popular. Así las cosas al juez le corresponde tasar el incentivo conforme a las diligencias y cuidados del actor. .- Las agencias en derecho están instituidas por el ordenamiento jurídico (art. 164, 392, numeral 2 del artículo 393 del C.P.C) y el Código Civil (art. 2360), como una remuneración al apoderado. .- De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 392 del C. de P. C., es procedente la condena en costas y la fijación de agencias. A su turno, el artículo 392 del C.P.C., establece la condena en costas en los procesos y en las actuaciones en que haya controversia, la cual se debe hacer en la sentencia. El consejo de Estado1 puso de presente que las disposiciones del CPC relativas a la condena en costas son aplicables a las acciones populares y que esta es procedente cuando en el proceso aparezca demostrado que el actor ha incurrido en gastos. El concepto de costas procesales comprende el de agencias en derecho y el de expensas entendidas las primeras como los gastos de apoderamiento en que ha incurrido el demandante aun cuando haya litigado personalmente y las expensas

corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo. Con respecto a la condena en costas, en la acción popular el Consejo de Estado en sentencia de 9 de junio de 20112, sostuvo que las costas constituyen la erogación económica que debe efectuar la parte vencida en un proceso judicial y están conformadas tanto por las expensas como por las agencias en derecho. 4.- El INVIAS interpuso recurso de apelación contra el fallo de 24 de junio de 2015, sustentado en los siguientes puntos: 4.1.- Imposibilidad de la entidad para dar cumplimiento a la sentencia. 1 Sentencia de 11 de septiembre de 2003, C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero 2 8001-23-15-000-2003-00933-01 AP 20150050101 6 Para la fecha actual, el INVIAS no tiene competencia sobre la zona y sobre la vía objeto de discusión. La vía objeto de la acción, corresponde en cuanto a mantenimiento, conservación y demás obligaciones a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, por ende, no está dentro del marco legal del INVIAS realizar obras o actuaciones sobre vías que no están dentro de su jurisdicción. La ANI mediante proyecto de concesión adjudicó el 30 de junio de 2015 la autopista al mar al CONSORCIO ESTRUCTURAL SAC 4G. Entonces, las obras ordenadas no son competencia del INVIAS, reposan en cabeza de la ANI y serán entregadas al CONSORCIO ESTRUCTURAL SAC 4G, quien dentro del objeto del contrato, incluye las obligaciones impuestas en la

sentencia. Se acompaña en medio magnético el APENDICE TECNICO 1 ALCANCE DE PROYECTO – AUTOPISTA MAR 1, donde se incluye en detalle cada una de las obras a realizar, incluyendo el tramo que es objeto de la presente acción popular. 4.2.- Existencia de responsabilidad del municipio de Santa Fe de Antioquia. Existe omisión al cumplimiento de los deberes por parte de dicho ente municipal, sin que pueda ser eximido del cumplimiento de sus deberes y obligaciones. La variante fue construida por el Ministerio de Obras Públicas, después fue creado el INVIAS con el objetivo de ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación. No obstante la comunidad con el beneplácito de la administración municipal, invadió las fajas de la vía y extendieron la zona urbana a la variante, construyendo a su lado una plaza y un barrio. Según la Ley 136 de 1994, dentro de las funciones de la entidad territorial está la de ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. En desarrollo de la anterior obligación, el municipio debe ordenar el desarrollo de su territorio, y por ello se debe realizar el POT de acuerdo con las necesidades y limitaciones del territorio. No previó la administración municipal que al permitir y autorizar la construcción de barrios aledaños a la vía, se estaba creando el problema que hoy aqueja a sus habitantes. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, en el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008 y el artículo 10 Decreto 2976 de

2010, los Alcaldes Municipales y demás autoridades de policía deberán proteger y conservar el espacio público representado en las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva o de exclusión definidas en la Ley 1228 de 2008, por lo tanto adelantarán los procedimientos administrativos y/o judiciales que se requieran para efectos de evitar que particulares adelanten construcciones nuevas en dichas zonas. 7 AP 20150050101 De acuerdo con el material probatorio recaudado son deberes del municipio los que se han omitido, partiendo desde la invasión de la zona por parte de la comunidad hasta el parqueo de vehículos obstruyendo el tránsito sobre el mismo. Existen obras en la misma como reductores de velocidad y puente peatonal que nos llevan a cuestionar la efectiva necesidad de los requeridos por la parte actora o si por el contrario solo se trata de reforzar medidas de prevención y control por parte del municipio. Se concluye que se construyó la variante como solución a los mismos problemas que hoy reclama la comunidad, Por lo anterior, el INVIAS construyó la variante y no es viable que la comunidad y la administración busquen nuevamente solución a los problemas y a su vez tenga que realizar actuación para mitigar la situación. 4.3. Existencia de vulneración de los derechos colectivos. Retoma los términos en que el Juzgado 26 Administrativo de Medellín había fallado la presente acción, la cual fue anulada por falta de competencia; según la cual no se demostró la vulneración de los derechos colectivos. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la presente acción popular, instaurada por la ciudadana PATRICIA ELENA

BRAND GARCES, el Tribunal Administrativo de Antioquia, amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, a la seguridad pública y a la prevención de desastres técnicamente previsibles, y ordenó a INVIAS en coordinación con el Ministerio de Transporte: (i) realizar estudios para establecer adecuaciones, intervenciones, obras, modificaciones y señalización que requiera la vía nacional “carretera al mar”, en la jurisdicción urbana del municipio de Santa Fe de Antioquia, desde la entrada al municipio Sector “la Y” hasta la Glorieta o Riobamba, que garanticen el goce del espacio público y (ii) cumplir las directrices que dicho estudio señale. Es motivo de análisis los puntos materia de apelación de la sentencia de primera instancia, formulados por la actora popular y por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en los siguientes términos: 1.- APELACION DE LA ACTORA POPULAR. 1.1.- Es del caso determinar si hay lugar al reconocimiento del incentivo a favor de la actora popular. El incentivo, objeto de estudio en el presente caso, fue establecido por la Ley 472 de 1998 en los siguientes términos: “ART. 39. Incentivos. El demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales. Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de intereses colectivos.” AP 20150050101 8 Del contenido del artículo transcrito se desprende que el legislador consagró el incentivo como un derecho a favor del demandante de la acción popular, sin

indicar el momento a partir del cual se configuraba. Al respecto, la Corte Constitucional, al examinar la exequibilidad del artículo 39 de la Ley 472 de 1998, bajo el concepto de la solidaridad, como deber a cargo del Estado y de los particulares, y el carácter público de las acciones populares, señaló que el estímulo creado en dicha norma era válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos.3 La efectividad a que se refiere la Corte para el reconocimiento del incentivo, está en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la ley 472 de 1998 que ordena al juez señalarlo en la sentencia que acoja las pretensiones. Por lo anterior, no es de recibo pretender que el incentivo se reconozca como un derecho creado desde el inicio de la acción popular, si se tiene en cuenta que la finalidad del mismo es compensar el esfuerzo del demandante con el cual se obtiene la protección de los derechos colectivos, situación que se ve reflejada en la sentencia favorable. Sin embargo, es importante precisar que la Ley 1425 del 29 de diciembre de 2010 fue expedida para derogar expresamente los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, que consagraban el incentivo en la acción popular. En este estado, es relevante observar que la Ley 153 de 1887, al regular la validez y aplicación de la ley, impone en el artículo 2° la prevalencia de la ley posterior sobre la anterior, y en el artículo 3° establece que se estima insubsistente una disposición legal por declaración expresa de legislador, entre otras causas. Por lo tanto, la derogatoria expresa del incentivo, prevista en la Ley 1425 del 29 de

diciembre de 2010, vigente a partir de su promulgación,4 prevalece sobre la Ley 472 de 1998 que lo había creado. Al respecto, cabe precisar que si bien el legislador consagró el incentivo como un derecho a favor del actor popular, éste no podía adquirirlo desde la demanda, atendiendo a las razones antes expuestas. Es decir, que antes de la sentencia que acogiera las pretensiones de la acción popular, el incentivo era una mera expectativa. Observa el Ministerio Público que, en los términos del artículo 17 de la ley 153 de 1887, las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene. Así las cosas, es deber del juez tener en cuenta lo previsto por las normas legales que regulan la aplicación de la ley en el tiempo y dar estricta aplicación al mandato que impone la pérdida de vigencia de ésta, cuando el legislador expresamente la deroga. Por lo expuesto, en el presente caso, concluye la Procuraduría Delegada que la presentación de la demanda, antes de entrar en vigencia la ley 1425 de 2010, no obliga al reconocimiento del incentivo, toda vez que éste fue derogado antes de que se tomará la decisión judicial que resolvió la acción popular. 3 Sentencia C-459 de 2004. 4 Diario oficial 47937 del 29 de diciembre de 2010. 9 AP 20150050101 Es importante observar que este punto fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado5, en la que decidió la Corporación “UNIFICAR la Jurisprudencia en relación con la derogatoria

del incentivo económico en el marco de las acciones populares a partir de la promulgación, en diciembre de 2010, de la Ley 1425, así como en torno a la improcedencia de su reconocimiento, incluso en aquellos procesos promovidos con anterioridad a la expedición dicha Ley 1425, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión”. 1.2.- En relación con las costas, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 392 del C.P.C., procede condenar en costas objetivamente al vencido en juicio, como ya lo ha indicado el Consejo de Estado6. Sin embargo, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación; por tal razón no es de recibo el planteamiento de que solo a la hora de liquidar las costas hay lugar a allegar las pruebas de su causación. El consejo de Estado, en sentencia de 20 de noviembre de 2014, C.P. Dr. GUILLERMO VARGAS AYALA, Radicación número: 76001 23 31 000 201000954-01, retomó la siguiente posición: “[...] El estudio de estas disposiciones permite afirmar que la condena en costas es procedente en las acciones populares cuando el proceso culmina con sentencia total o parcialmente estimatoria de las pretensiones de la demanda y en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, esto es, podrá ser impuesta a la parte vencida siempre que tal decisión se justifique y

se encuentre debidamente demostrada. […]”7 En el presente asunto el a quo no condenó en costas a las accionadas porque no se encuentra acreditado en el expediente cuales son las costas que se han causado ni obran los soportes de las mismas. Por tal razón, no procede la condena en costas.

2.- APELACION INVIAS.

5 Sentencia de 3 de septiembre de 2013, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. (AP) 170013331001200901566 01 6 Sentencia de 24 de julio de 2008, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade, AP 73001233100020040157701 7 Sentencia de 15 de mayo de 2014 AP 201000609-01 AP 20150050101 10 2.1.- Sostiene el Instituto Nacional de Vías, que es imposible que el Instituto cumpla con las órdenes impuestas por el a quo por cuanto el mantenimiento, la conservación y las demás obligaciones respecto de la vía en cuestión le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI quien la entregará al CONSORCIO ESTRUCTURAL SAC 4G para que realice, entre otras, las obligaciones impuestas por el a quo a INVIAS. Observa la Procuraduría Delegada que la anterior afirmación no ha sido probada por la recurrente, toda vez que no está demostrada la entrega de la vía por parte de INVIAS a la ANI. De igual manera, no es de recibo que el Instituto afirme que el consorcio realizará las obligaciones impuestas por el fallo de primera instancia a INVIAS en coordinación con el Ministerio de Transporte, cuando lo primero que se

debe realizar es el estudio para establecer las adecuaciones, intervenciones, obras, modificaciones y señalización que requiera la vía a fin de garantizar el uso y goce del espacio público, lo cual si no se ha llevado a cabo menos podrían entrar a desarrollar las obras que no se han determinado. Por lo tanto, a INVIAS le corresponde ejecutar lo ordenado por el a quo, razón por la cual no procede la pretensión del Instituto recurrente consistente en declarar que le es imposible dar cumplimiento a lo ordenado por no tener competencia sobre la zona y sobre la vía objeto de discusión. 2.2.- No es del caso analizar la responsabilidad del municipio de Santa Fe de Antioquia por la extensión de la zona urbana del municipio a la variante y de su obligación de realizar el POT, para exonerar a las accionadas de las obligaciones impuestas en la presente acción, toda vez que no son esas las conductas acusadas de vulnerar el derecho colectivo que se tutela. 2.3.- Con la pretensión del recurrente de concluir que no existe vulneración de los derechos colectivos porque el Juzgado 26 Administrativo de Medellín así lo expuso en un fallo que se encuentra anulado, no se desvirtúan los fundamentos del Tribunal con base en los cuales tuteló los derechos que encontró vulnerados. Por lo expuesto, esta Procuraduría Delegada considera que la sentencia apelada debe ser confirmada. De los Señores Consejeros,

ALVARO JOSE MARTINEZ ROA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado