PGN - ACCION POPULAR - Lo que se eliminó fue el incentivo no las costas

CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Reconocimiento y pago CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Definición El motivo de inconformidad del apelante con la decisión de primera instancia está en la negativa del a-quo de reconocer en su favor las costas; sostiene que la decisión resulta contraria a lo que sobre el punto ha señalado la Corte Constitucional y desconoce que para efectos de adelantar la acción incurrió en costos que no tiene por qué asumirlos, tales costos comprenden el tiempo invertido para atender el proceso; los anexos; los desplazamientos al lugar accionado y a los despachos judiciales; la toma de fotografías; fotocopias; los costos de la constancia de publicación en la emisora Red Sonora, todo lo cual resultaba necesario para la prosperidad de la acción. A su vez, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, ha señalado que las costas han de ser «entendidas como aquella porción de los gastos del proceso cuyo pago corresponde a las partes que en él intervienen, es necesario advertir que, salvo estipulación en contrario, se reconocen en favor de la parte vencedora…». ACCIÓN POPULAR-Lo que se eliminó fue el incentivo no las costas/CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Se podrá obtener siempre se den los supuestos legales Ahora bien, el incentivo que tenía consagrado el legislador en favor del actor de la acción popular que salía avante en su pretensión de protección de los derechos que por vía de esta acción se defienden fue objeto de derogatoria expresa por medio de la Ley 1425 de 2010, disposición que fue objeto de control por la H. Corte Constitucional …De lo señalado en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, quiere esta Delegada

destacar lo siguiente: Que lo único que suprimió el legislador fue el incentivo más no las costas o la posibilidad de reclamar los daños a los que legítimamente se tenga lugar. que la supresión del incentivo no es el problema, per se; lo es sólo, en tanto su supresión implique que no existe forma de compensar al actor los costos en los que haya incurrido. No reconocer los costos que debió asumir una persona por defender los intereses o derechos colectivos, implicaría imponer a las personas un costo a su patrimonio, como requisito para la defensa de los intereses públicos. Esto desincentivaría el uso de la acción popular, al imponer en las personas no la gratuidad sino la imposición de una carga. no es cierto que en el actual orden legal vigente, la supresión del incentivo haya implicado que el monto de los costos de la defensa de los derechos no puedan ser calculados, reconocidos y ordenados judicialmente. existen medios legales alternativos que permiten judicialmente compensar los costos que haya asumido la persona que haya defendido los intereses y los derechos colectivos. Además de lo anterior, esta Delegada considera que el no reconocimiento de las costas en procesos de esta naturaleza, constituye una negación del contenido del artículo 38 de la Ley 472 de 1998. Esta norma que es la que ha de ser considerado para los efectos del reconocimiento de las costas, no la disposición del Código Contencioso Administrativo como lo hizo el a-quo, permite efectivamente condenar en costas y ordenar el reconocimiento y pago de estos emolumentos, siguiendo la regla sentada por la jurisprudencia, en favor del vencedor de la

contienda litigiosa.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Ahora bien, cuando la contienda se resuelve en favor de la demandada o accionada, cuando resulta desfavorable al demandante, es decir a la persona natural o jurídica que haya optado por esta vía para la protección de los derechos que se pueden preservar por medio de esta acción, el juez podrá condenarla siempre se den los supuestos señalados en la disposiciones, vale decir, i) cuando la acción presentada sea temeraria, o, ii) cuando sea de mala fe. Así las cosas, considera esta Delegada que en el asunto en examen resulta procedente atender a las reclamaciones del actor en su impugnación y que se orientan a obtener el reconocimiento y pago de las costas, por lo mismo considera que la sentencia de primera de acción en lo que respecta con la negativa a condenar en costas ha de ser revocada y en su defecto se ha de disponer que se acceda a la pretensión y se disponga el adelantamiento del trámite correspondiente. Con fundamento en lo anteriormente señalado esta agencia del Ministerio Público, de manera respetuosa le solicita a la H. Sección que revoque el numeral séptimo de la sentencia que es objeto de impugnación, en cuanto se dispuso que no se condenaba en costas, en su defecto se acceda a la pretensión del impugnante y se ordene la condena

en costas, el reconocimiento y su pago.-

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. junio 14 de 2013 Concepto No. 052 Señores Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

E. S. D.  Referencia: Expediente número: 17001 23 31 000 2010 00457 01  Actor: Gerardo Osorio Zuluaga  Asunto: Impugnación de la providencia de 19 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado especial señalado en el proveído calendado el 8 de mayo de la anualidad cursante, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES Esta delegada omitirá hacer referencia detallada de los mismos, dado que el debate jurídico que se propone en el recurso de apelación no cuestiona la decisión de primera instancia, conforme a la cual se accede en lo sustancial a las pretensiones de la parte actora que se encaminaron a obtener la protección del espacio público, tampoco lo referido con la negativa de reconocer el incentivo

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co económico, sino solo en lo que atañe con la negativa de reconocer las costas del proceso, lo cual se dispuso en el numeral séptimo de la forma siguiente: «SEPTIMO: Sin costas» Consideraciones del Tribunal para denegar el reconocimiento del incentivo El a-quo consideró que en el asunto, no obstante la prosperidad de la acción, no había lugar al reconocimiento de las costas y por ello no condenó con fundamento en el siguiente razonamiento: «No se hará especial condena en costas, porque de acuerdo con los términos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, no se observa temeridad o mala fe en las actuaciones de las partes y porque las mismas se limitaron a ejercer sus derechos de contradicción y defensa » Recurso de apelación El apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia y su inconformidad se manifiesta en relación con la negativa del reconocimiento del pago de las costas en las que incurrió para llevar a delante la acción, lo cual comprende los gastos en los cuales incurrió para soportar su acción y los cuales materializa en el tiempo invertido para atender el proceso; los anexos, los desplazamientos al lugar accionado y a los despachos judiciales; la toma de fotografías, fotocopias, los costos de la constancia de publicación en la emisora Red Sonora, todo lo cual resultaba necesario para la prosperidad de la acción; por ello y con fundamento en apartes de la sentencia de

la H. Corte Constitucional C-630 de 2011, solicita revoque parcialmente la decisión de primera instancia y solicita del ad-quem se ordene el reconocimiento y pago de los gastos procesales llamadas también agencias en derecho.

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Procede este Despacho a emitir el concepto de rigor en la presente acción popular.

El motivo de inconformidad del apelante con la decisión de primera instancia está en la negativa del a-quo de reconocer en su favor las costas; sostiene que la decisión resulta contraria a lo que sobre el punto ha señalado la Corte Constitucional y desconoce que para efectos de adelantar la acción incurrió en costos que no tiene por qué asumirlos, tales costos comprenden el tiempo invertido para atender el proceso; los anexos; los desplazamientos al lugar accionado y a los despachos judiciales; la toma de fotografías; fotocopias; los costos de la constancia de publicación en la emisora Red Sonora, todo lo cual resultaba necesario para la prosperidad de la acción. Las costas como lo ha señalado la Corte Constitucional, « […] pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica comprende, por una parte las expensas, es decir, todos

aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.), y, de otro lado, las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, los cuales –vale la pena precisarlo – se decretan a favor de la parte y n de su representante judicial. Aunque las agencias en derecho representación una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus derechos, es el juez quien de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393 – 3 del Código de Procedimiento Civil. (…) Dicha condena no corresponde necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado» 1 Señaló igualmente que se puede considera por tal, «aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, están conformadas por dos rubros distintos: las 1 Corte Constitucional – Magistrado ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz - Sentencia C – 539 de julio 28 de 1999.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos

surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, pero distintos al pago de apoderados. El artículo 393-2 del C.P.C. señala como expensas los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, y hace referencia genérica a todos los gastos surgidos en el curso de aquel. Por su parte, las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra ésta y aquella. Empero, lo anterior no significa que en todos los procesos judiciales deban liquidarse costas, pues como lo señaló esta Corporación en la Sentencia C037 de 1996, "será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales". 2 A su vez, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, ha señalado que las costas han de ser «entendidas como aquella porción de los gastos del proceso cuyo pago corresponde a las partes que en él intervienen, es necesario advertir que, salvo estipulación en contrario, se reconocen en favor de la

parte vencedora…». Ahora bien, el incentivo que tenía consagrado el legislador en favor del actor de la acción popular que salía avante en su pretensión de protección de los derechos que por vía de esta acción se defienden fue objeto de derogatoria expresa por medio de la Ley 1425 de 2010, disposición que fue objeto de control por la H. Corte Constitucional, que al declarar su conformidad con el ordenamiento superior en su sentencia, cuyos apartes se citan a continuación, dejó señalado lo siguiente: «10.5. Como se sugirió, podría objetarse, en gracia de discusión, que la decisión que adopta la Corte Constitucional en la presente ocasión es 2 Sentencia C-089/02 Referencia: expediente D-3629 Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 199 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, que modificó el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.

Demandante: Jorge Luis Pabón Apicella Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Bogotá,

D.C., trece (13) de febrero de dos mil dos (2002).

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co contraria a la jurisprudencia establecida en la materia, por cuanto, en la sentencia C-459 de 2004 se sostuvo, expresamente, lo siguiente: “El incentivo económico es una manera de compensar la carga que

asume el demandante, pues de no existir sería una carga desproporcionada para quien inicia la acción.” En tal medida, se podría continuar argumentando en gracia de discusión, que en virtud de la sentencia mencionada (C-459 de 2004), no viola la Constitución una ley que fija un incentivo a favor de la persona que sea actor popular. 10.5.1. En primer lugar, advierte la Sala que el texto citado proviene de una sentencia judicial, no de una ley de la República y que, en tal medida, no puede ser interpretado como si fuera una norma legal. Se trata de una parte de la fundamentación de una decisión judicial, que debe ser leída en su contexto. La afirmación fue hecha para justificar porqué con base en una determinada regla constitucional (ratio) se decide un problema jurídico, planteado por alguien en un determinado sentido. Por tanto, tal afirmación de la Corte no puede ser dimensionada sin tener en cuenta con relación a qué problema jurídico se dijo, y con el propósito de justificar cuál argumento o análisis concreto. 10.5.2. En tal sentido, el segundo aspecto que resalta la Sala, es que se trata de dos problemas jurídicos diferentes. De hecho, el segundo presupone de alguna manera que el primero se haya planteado y resuelto previamente. En efecto, en el primer caso, la sentencia C-459 de 2004, la decisión fue con relación a si el legislador violaba la Constitución al establecer un eventual incentivo a favor de quien ejerza la acción popular. En el presente, el problema es si el legislador viola la Constitución Política al resolver derogar el incentivo que previamente había implantado mediante una ley que había sido considerada constitucional, en razón a que se estimó que la medida había

generado incentivos perversos, con considerable impacto en los recursos públicos. Incuestionablemente se trata de dos problemas jurídicos estrechamente relacionados, pero que sin duda son diferentes y ameritan, por parte del juez constitucional, la consideración de aspectos diversos. 10.5.3. Además, la regla constitucional que a juicio de la Corte estaba en juego en la sentencia C-459 de 2004, es que el pluralismo moral y ético que defiende la Constitución, implica que la solidaridad y colaboración con el Estado por parte de los individuos no puede conllevar la exigencia de gratuidad, excluir, necesariamente, que se espere recompensa o compensación. En tal sentido, advirtió que el esquema conceptual elegido por el legislador para las acciones populares combinaba “[…] el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social”; “[…] encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues, según se vio, la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber de solidaridad, el

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Congreso prevé un estímulo que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente.” 10.5.4. Por ello, antes de hacer la afirmación que se podría alegar, aparentemente, como prueba de que la Corte consideró indispensable el incentivo en el contexto de la acción popular, sostuvo que “[el] esquema de incentivar con estímulos económicos la colaboración de los ciudadanos con la justicia no es rara y su aplicación más relevante se encuentra en el derecho penal.” Se está haciendo referencia, por tanto, a incentivos de carácter económico (o de otro tipo, como estar menos tiempo privado de la libertad), que se constituyen en herramientas legales válidas, en tanto se haga por medios que no estén prohibidos, que sirven para alcanzar fines constitucionales, que se respetan las reglas propias de justicia aplicables al ámbito del beneficio ofrecido y no se haga de forma desproporcionada constitucionalmente. 10.5.5. Así, teniendo en cuenta el contexto concreto en que la decisión fue adoptada por la Sala Plena en aquella oportunidad, la Corte sostiene que de acuerdo con la sentencia C-459 de 2004, se ha de aceptar que la supresión del incentivo no es el problema, per se; lo es sólo, en tanto su supresión implique que no existe forma de compensar al actor los costos en los que

haya incurrido. 10.5.6. Por tanto, ello lleva a la Sala a reiterar la distinción antes mencionada: una cosa es el monto que se recibe a título de compensación de los costos en los cuales se incurrió con ocasión de la defensa de los derechos o los intereses colectivos, y otra cosa es el monto que se recibe a título de promoción y recompensa por haber llevado adelante la defensa de tales intereses. En ambos casos se trata de montos de dineros, pero que representan cosas muy distintas. En el primer caso se trata de los costos que debió asumir una persona por defender los intereses o derechos colectivos. En tal medida, no reconocerlos, implicaría imponer a las personas un costo a su patrimonio, como requisito para la defensa de los intereses públicos. Esto desincentivaría el uso de la acción popular, al imponer en las personas no la gratuidad sino la imposición de una carga. 10.6. Para la Sala la supresión del incentivo de las acciones populares sólo podría considerarse contrario a la Constitución Política, teniendo en cuenta los cargos analizados, si se demuestra que conlleva la supresión de la posibilidad de compensar a las personas que ejerzan la acción popular en los costos en los que haya incurrido, situación que no concuerda con la realidad. Si bien es cierto que al momento de decretar el incentivo en el esquema regulatorio anterior, el juez podía incorporar los costos en los que hubiese incurrido la persona accionante, junto con el monto que se daría a título de incentivo, no es cierto que en el actual orden legal vigente, la supresión del incentivo haya implicado que el monto de los cotos de la defensa de los derechos no puedan

ser calculados, reconocidos y ordenados judicialmente. Aunque las reglas específicas que se habían diseñado para las acciones populares no están vigentes, las reglas procedimentales generales mediante

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co las cuales se pueden y deben establecer las costas de un proceso si lo están. Tales reglas son parámetro obligatorio -en tanto aplicables directamente-, o vinculante -en tanto aplicables análogamente-, para resolver la cuestión acerca de los costos en los que se incurrió por defender el interés público. No compete al juez constitucional establecer la interpretación de las normas aplicables en tales casos, ni la manera en que ello se ha de hacer dentro del orden constitucional vigente, para garantizar así el goce efectivo de los derechos que estén en juego, pero si verificar, ex ante, que existen medios legales alternativos que permiten judicialmente compensar los costos que haya asumido la persona que haya defendido los intereses y los derechos colectivos. 10.7. Es claro que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el ordenamiento puede prever incentivos de diversa índole, que promuevan el cumplimiento de deberes constitucionales o legales o que recompensen la ejecución de un acto de solidaridad o en interés público, en tanto el beneficio no sea irrazonable o desproporcionado. Es constitucionalmente admisible, que el legislador compense el esfuerzo y los recursos personales de diverso tipo,

que desarrolla el actor popular, si así lo considera adecuado para estimular un fin constitucional legítimo, tal como lo ha indicado la jurisprudencia citada. No obstante, la posibilidad de establecer tal política en modo alguno implica, prima facie, la obligación constitucional de mantenerla. 10.8. No es cierto que al no existir el incentivo individual en el contexto de las acciones populares, no se presente un atractivo para su uso y, necesariamente, la persona que esté desconociendo intereses o derechos colectivos deje de temer por el eventual control judicial que se le imponga a causa de la afectación que está generando. Tampoco es necesariamente cierto lo contrario, que al existir el incentivo, necesariamente se esté promoviendo la defensa del interés público y, por tanto, se esté controlando a quien quebrante los intereses públicos protegidos. Precisamente, una de las razones que llevó al Congreso de la República a tomar la decisión de política legislativa de suprimir el incentivo individual, fue que estaba siendo utilizado, incluso estratégicamente, con lo que se terminaba afectando el mismo bien que se había pretendido promover; la defensa de los intereses y derechos colectivos. 10.9. La normatividad derogada por la legislación objeto de examen, establecía que el incentivo económico cumplía un papel de redistribución de los recursos financieros destinados al acceso a la administración de justicia. Una de las fuentes de ingreso del Fondo, administrado por la Defensoría del Pueblo para la promoción de este tipo de acciones, son los incentivos reconocidos en las acciones populares promovidas por entidades estatales,

así como aquellos estímulos a los que renuncia el particular que ejerce dicha acción. Del mismo modo, se explicó en el mismo aparte cómo el Fondo (FDIC) tiene entre sus funciones la de financiación de las acciones populares que resulte conveniente respaldar con sus recursos, a partir de criterios como la magnitud y las características del daño, el interés social, la relevancia del bien jurídico amenazado o vulnerado y, un aspecto que la Sala considera necesario enfatizar, la situación económica de los miembros de la comunidad. La principal finalidad del incentivo individual era la de promover las acciones populares, mediante el otorgamiento de una suma a quienes las adelantaran con éxito. En tal medida, la posibilidad de que tales incentivos no se den a una

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co persona sino a un Fondo determinado (en caso de que la acción fuera promovida por una entidad pública) no eran aspectos centrales o esenciales de la institución. En la medida que la herramienta busca promover el actuar individual, con el correspondiente estímulo en cabeza propia, la regla a favor del Fondo es tan sólo una medida de cierre que pretende resolver un caso excepcional: ¿qué pasa si el beneficio no le corresponde a un individuo sino a una entidad o institución pública? Por tanto, la Corte Constitucional considera que una medida adicional de promoción de una norma, que surge como solución para establecer qué hacer con los recursos que se generen de incentivos que no se produzcan de acuerdo con los casos promovidos por la

política (la actuación individual), no puede ser concebida como el centro de la institución legal evaluada en sede de constitucionalidad. No puede considerarse indispensable para la promoción del derecho a interponer acciones colectivas la existencia de una fuente de ingreso eventual para un Fondo que apoya y financia que se adelanten este tipo de procesos. Es una política que puede ser conveniente para tal fin, pero en modo alguno, necesaria constitucionalmente. 10.10. Finalmente, la Sala debe insistir en que por el especial diseño de la acción popular, que a favor del accionante es un derecho político fundamental, no puede ser comparada la situación de la persona que demanda con la persona demandada. Se trata de supuestos jurídicos diversos que dan lugar a protecciones diferentes. Ahora bien, el argumento de considerar que derogar el incentivo individual a favor del actor popular lo pone en desventaja y rompe el equilibrio procesal, porque deja a quien interpone la acción sin posibilidad de contar con recursos y medios para defender los derechos e intereses colectivos violados, no es aceptable. Lo único que suprimió el Congreso es el incentivo, es decir, el premio por haber defendido los derechos. En modo alguno se derogaron las costas o la posibilidad de reclamar los daños a los que legítimamente se tenga lugar. 3 De lo señalado en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, quiere esta Delegada destacar lo siguiente:  Que lo único que suprimió el legislador fue el incentivo mas no las costas o la posibilidad de reclamar los daños a los que legítimamente se tenga lugar.  que la supresión del incentivo no es el problema, per se; lo es sólo, en

tanto su supresión implique que no existe forma de compensar al actor los costos en los que haya incurrido.  No reconocer los costos que debió asumir una persona por defender los intereses o derechos colectivos, implicaría imponer a las personas un 3 Corte Constitucional - Sentencia C-630/11 - Referencia: expedientes acumulados D-8392 y D-8405 - Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1425 de 2010 ‘por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo’. Actor: Omar Alberto Franco Becerra (expediente D-8392), Óscar Eduardo Borja Santofimio y Nora Sofía Daza de Amador (expediente D-8405) Magistrada Ponente: doctora María Victoria Calle Correa - 24 de agosto de 2011.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co costo a su patrimonio, como requisito para la defensa de los intereses públicos. Esto desincentivaría el uso de la acción popular, al imponer en las personas no la gratuidad sino la imposición de una carga.  no es cierto que en el actual orden legal vigente, la supresión del incentivo haya implicado que el monto de los costos de la defensa de los derechos no puedan ser calculados, reconocidos y ordenados judicialmente.  existen medios legales alternativos que permiten judicialmente compensar los costos que haya asumido la persona que haya defendido los intereses y los derechos colectivos.

Además de lo anterior, esta Delegada considera que el no reconocimiento de las costas en procesos de esta naturaleza, constituye una negación del contenido del artículo 38 de la Ley 472 de 1998, a cuyo tenor «El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar». Esta norma que es la que ha de ser considerado para los efectos del reconocimiento de las costas, no la disposición del Código Contencioso Administrativo como lo hizo el a-quo, permite efectivamente condenar en costas y ordenar el reconocimiento y pago de estos emolumentos, siguiendo la regla sentada por la jurisprudencia, en favor del vencedor de la contienda litigiosa. Ahora bien, cuando la contienda se resuelve en favor de la demandada o accionada, cuando resulta desfavorable al demandante, es decir a la persona natural o jurídica que haya optado por esta vía para la protección de los derechos que se pueden preservar por medio de esta acción, el juez podrá condenarla siempre se den los supuestos señalados en la disposiciones, vale decir, i) cuando la acción presentada sea temeraria, o, ii) cuando sea de mala fe.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Así las cosas, considera esta Delegada que en el asunto en examen resulta proce