PGN - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - Limitantes del lugar de trabajo

PROCURADURIA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Alegato No. 194 Bogotá, D. C., 5 de junio de 2003 Doctor

TARSICIO CACERES TORO

CONSEJERO PONENTE

H. CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF : Expediente No. 3890 - 2001.

ACCION: NULIDAD

ACTOR : CONRADO BELTRÁN ROBAYO

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ANTECEDENTES El señor CONRADO BELTRÁN ROBAYO, actuando en nombre propio y en uso de la acción consagrada en el Art. 84 del C. C. A., demandó la nulidad de la Resolución No. 0133 de febrero 27 de 2001, dictada por el Director General del Instituto de Medicina Legal, que convocó a elección del representante de los empleados en el Comité de Capacitación, en cuanto consagró como requisitos, para postularse para integrar ese comité, “Laborar en Bogotá ” y “ No haber sido sancionado disciplinariamente durante dos ( 2 ) años anteriores a la fecha de elección ” . El actor aseveró que, tales requisitos de postulación violan los artículos 2, 13, 25, 26, 29 y 40 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley 200 de 1995. 2 El libelo manifestó que, la exigencia de “ Laborar en Bogotá ” discrimina de manera desconsiderada a los funcionarios del instituto que laboran fuera de la sede de Bogotá, ya que desconoce a quienes trabajan fuera de esta sede, dando un trato que viola el

principio constitucional de la igualdad ante la ley, y a gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Esta discriminación ignora que nuestro Estado es una democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad ( Art. 12° de la C. P.), pues no cabe en un Estado democrático dejar el derecho de postulación solo a quienes están cerca exclusivamente de las altas esferas o en las capitales, porque un representante de los trabajadores no puede ser solo de los que laboran en Bogotá. El demandante añadió que, el requisito de no haber sido sancionado disciplinariamente durante los dos últimos años anteriores a la fecha de la elección, no se encuentra dentro de las sanciones impuestas a las funcionarios condenados en un proceso disciplinario o penal . Las Leyes 200 y 190 de 1995, en ningún momento refieren como sanción principal o accesoria la pérdida de los derechos civiles tal como lo indica el literal d) del Artículo . Segundo de la Res. 0133 de 2001 acusado. Además, este segundo requisito inventa una sanción que viola el Art. 29 de la C. P., según el cual “ nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes “ y desconoce el principio de legalidad contenido en el artículo 1° del Código Penal . 3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada del Instituto de Medicina Legal pidió desestimar las pretensiones de la demanda, asegurando que los apartes

demandados de la Resolución No. 0133 de 2001 no contradicen ningún postulado legal o constitucional y gozan de plena legalidad, siendo expedida esa resolución por funcionario competente y eran de obligatorio cumplimiento, conforme a la Ley 617 de 2000. Dicha profesional añadió que, el requisito de “ laborar en la ciudad de Bogotá ” se dictó conforme a la potestad reglamentaria conferida por el Decreto 261 de 2000 y acatando los Arts. 91 y 92 de la Ley 617 de 2000, que ordenaron la racionalización del gasto público, es decir, esa exigencia se estableció para ahorrar el eventual gatos de desplazamiento y alojamiento de un funcionario que laborara fuera de Bogotá, pues no toda desigualdad “ constituye necesariamente una discriminación, pues la igualdad se viola si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable ”. La misma apoderada, respecto del requisito de no haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los dos años anteriores a la elección, afirmó que, tal exigencia se estableció para salvaguardar los intereses de los trabajadores, dado que produce beneplácito el saberse representado por alguien que posee una conducta recta, honesta, transparente e intachable y, por ello, tal requisito no implica sanción, interdicción, inhabilidad o pérdida de derechos civiles, como predica el actor . 4 CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO 1ª. Se demanda el Artículo Segundo de la Resolución No. 0133 de 2001, en cuanto estableció como requisitos para postularse como candidato a representante de los trabajadores del Instituto de

Medicina Legal, en el Comité de capacitación, el “laborar en la ciudad de Bogotá” y no haber sido sancionado disciplinariamente durante los 2 años anteriores a la elección. 2ª. El actor refiere que esos requisitos son discriminatorios para los trabajadores de ese Instituto que laboran fuera de Bogotá y crean una sanción disciplinaria inexistente en la ley disciplinaria. Por su parte, el Instituto demandado asegura que esos requisitos se establecieron para ahorrarle erogaciones a esa entidad, en cumplimiento de la racionalización del gasto, ordenada por los Arts. 91 y 92 de la Ley 617 de 2000 y para salvaguardar los intereses de los trabajadores, dándoles la posibilidad de ser representados por personas honestas, rectas y transparentes . 3ª. Para esta Agencia Fiscal, las limitantes de lugar de trabajo y ausencia de toda clase de antecedentes disciplinarios, para postularse en la elección para representantes de los trabajadores de todo el país, en el Comité de Capacitación, desconoce el mandato de varias normas constitucionales, cuales son : 3.1. El Art. 13 de la Constitución Política, según el cual : “ Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 5 “ El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. “ El Estado protegerá especialmente a aquellas personas

que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan ” Tal violación es manifiesta, pues los trabajadores que laboran en sedes fuera de Bogotá tienen menos posibilidades de capacitación que aquellos que trabajan en la capital colombiana, donde las posibilidades de estudios son evidentemente mayores que en el resto del país y las políticas de capacitación, a efectuarse fuera de Bogotá, seguramente serán más realistas o ajustadas a las limitaciones de la provincia si se desarrollan con el concurso de quienes trabajan en la provincia . 3.2. El Art. 40 de la C. P. , conforme al cual “ Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control político, Para hacer efectivo este derecho puede : Elegir y ser elegido... ” . Si los trabajadores con sede fuera de Bogotá, del Instituto demandado, pueden elegir a sus representantes ante el referido Comité, no es lógico ni igualitario que no puedan postularse para llegar a ese Comité de Capacitación, pues dicha restricción menoscaba su derecho a conformar y controlar tal Comité, es decir, viola la norma transcrita inmediatamente . 3.3. El Art. 25 de la C. P. dispone que : “ El Trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado: Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ” . Al negar la postulación a ser elegido miembro del Comité de capacitación aludido a los 6

trabajadores con sede fuera de Bogotá, no se les protege su trabajo ni se les trata en condiciones dignas y justas al discriminarlos con respecto a quienes laboran en Bogotá . 3.4. El Art. 2° de la Constitución establece que “ Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...” y tales fines no se cumplen excluyendo a unos trabajadores del instituto de Medicina Legal en la postulación a ser elegido para integrar el comité susodicho . 3.5. El restringir del derecho de postulación a ser elegido miembro del Comité de Capacitación aludido a quienes hayan sido sancionados disciplinariamente – de manera genérica – implica una sanción accesoria, no prevista en el Código Disciplinario Unico vigente para esa época ( Ley 200 de 1995, Arts. 29 y 30 ) y constituye un desconocimiento del Art. 18 de esta Ley, según el cual “ En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores que determina este Código, la Constitución Política y las normas de los Códigos Penal, Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo ” . 3.5.1. El Código Penal vigente en 2001, esto es la Ley 100 de 1980, expresaba : “ Art. 1°. Legalidad. Nadie podrá ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la

ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella” 7 “ Art. 375. Aplicación extensiva de este Código. Las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código de aplicarán también a las materias penales de que tratan otras leyes o normas, siempre que estas no dispongan otra cosa. Estas normas punitivas también fueron ignoradas por el acusado literal d) del Artículo Segundo de la Res. 0133 de 2001 mencionada . 4ª. Los argumentos de defensa presentados por el Instituto demandado, en criterio de esta Agencia Fiscal, no son de recibo, pues los Arts. 91 y 92 de la Ley 617 de 2000 ( de presupuesto de 2001), aluden a los límites de gastos del nivel nacional – de viáticos, gastos de viaje y de personal – a nivel macroeconómico y no puede sostenerse que los costos de viáticos y de viaje de un trabajador con sede fuera de Bogotá, eventualmente elegido como miembro del referido Comité, implicaran el crecimiento de los rubros correspondientes – para todo el Instituto - en cuantía superior al 50% de la meta de inflación, para concurrir a las sesiones de ese Comité, pues tales normas expresan : “ ARTICULO 91. LIMITE A LOS GASTOS DEL NIVEL NACIONAL. Durante los próximo cinco (5) años, contados a partir de la publicación de la presente ley, el crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y

Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras, no podrá superar en promedio el cincuenta por ciento (50%) de la meta de inflación esperada para cada año, según las proyecciones del Banco de la República. 8 “ El rubro de viáticos y de gastos de viaje tampoco podrá superar el cincuenta por ciento (50%) de la mencionada meta de inflación. “ Se exceptúan de esta disposición los gastos para la prestación de los servicios de salud, los de las Fuerzas Armadas y los del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. “ PARAGRAFO. El límite establecido en este artículo para los gastos del nivel nacional también se aplicará para el Congreso de la República.

“ ARTICULO 92. CONTROL A GASTOS DE PERSONAL.

Durante los próximos cinco (5) años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el crecimiento anual de los gastos de personal de las Entidades Públicas Nacionales no podrá superar en promedio el noventa por ciento (90%) de la meta de inflación esperada para cada año, según las proyecciones del Banco de la República. A partir del sexto año, estos gastos no podrán crecer en términos reales ” 5.2. Igualmente, el beneplácito de los trabajadores en estar representados por ciudadanos rectos, honestos y transparentes, aducido por la parte demandada, para restringir el derecho de postulación a trabajadores sancionados disciplinariamente, no es suficiente argumento, para justificar el desconocimiento de normas constitucionales, penales y disciplinarias, pues – en abstracto – no es lícito predicar que quien ha sido sancionado disciplinariamente,

sin estar inhabilitado para ejercer funciones públicas, no es recto, honesto y transparente . 9 CONCLUSIÓN Con base en las consideraciones anteriores, la Procuraduría Segunda Delegada solicita respetuosamente a la H. Sala acoger las pretensiones de la demanda . Del H. Consejero Ponente, atentamente,

FANNY ESTHER RAMÍREZ ARAQUE

Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado