PGN - INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA CONTRA DOCENTE POR ACTO SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS - Ac

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA CONTRA DOCENTE POR ACTO SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS-Actos de tocamiento de orden libidinoso cometidos contra su voluntad y bajo engaño psicológico en Natagaima (Tolima) DISTINCIÓN ENTRE DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL-El ilícito disciplinario tiene que ver con deberes funcionales, gestión administrativa y cumplimiento de fines, no pretende protección de bienes jurídicos El derecho disciplinario no pretende la protección de bienes jurídicos como tal, como si lo hace el derecho penal, por lo cual el ilícito disciplinario tiene que ver con los deberes funcionales, con la gestión de la administración, con el cumplimiento de unos fines y cometidos de la entidad en particular, en este caso de la Secretaría de Educación Departamental del Tolima, y aparece incontrastable que la conducta del disciplinado afectó el deber funcional que le asistía como educador/formador del grupo de infantes puestos a su cuidado, especialmente en relación con el menor XXX, por lo tanto, la conducta investigada es antijurídica, pues con ella se afectó el deber funcional que tenía el implicado sin justificación alguna, por tanto, su comportamiento se enmarcó dentro de las normas legales como constitutivos de falta disciplinaria, conforme lo establece el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, adecuándose a la descripción típica prevista en el artículo 209 del Código Penal, modificada por el artículo 5 de la Ley 1236 de 2008, descrito como actos sexuales con menor de 14 años Aunado a esto, se aclara por el a-quo, que para adecuar una conducta en el tipo disciplinario

previsto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, lo único que debe verificar en el campo del derecho penal es que el comportamiento que se reprocha esté previsto como conducta punible y que la misma sea sancionable a título de dolo ACTOS SEXUALES CON MENOR DE EDAD-Condición docente valió para ganarse confianza No queda duda que el acusado…, incurrió en la falta disciplinaria imputada, siendo la misma de mayor connotación y gravedad, pues el encartado se valió de su investidura de servidor público y, en especial, la de docente, para cometer los actos sexuales abusivos en contra de su alumno, estando por el contrario, obligado a tener un comportamiento acorde con la labor desempeñada, la cual tenía que ser decorosa y respetuosa, pues la Ley General de Educación en el artículo 5º numeral 1º y artículo 2º, profesa como uno de los derechos de los alumnos, el de ser tratados con consideración, respeto, aprecio y justicia, teniendo los profesores y directivos el deber ético-moral de evitar comportamientos que causen mal ejemplo y atenten o vulneren la dignidad humana, por lo que aquellas que hacen parte del grupo escolar tienen la obligación de garantizar a los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo profesado por el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole DISTINCIÓN ENTRE DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL-Proceso disciplinario juzga comportamiento frente a normas administrativas de carácter ético

DISTINCIÓN ENTRE DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL-Ley

disciplinaria tiene como finalidad la prevención y buena marcha de la gestión pública DISTINCIÓN ENTRE DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL-Control disciplinario a conductas que afecten o pongan en peligro el cumplimiento de los fines y funciones del Estado DERECHO DISCIPLINARIO-Pretende garantizar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos Dependencia Procuraduría Primera Delegada Vigilancia

Administrativa Radicación: IUS 2012-161777 - IUC D 2012-86-518301

Disciplinado: CARLOS GUTIÉRREZ RICAURTE Entidad: Docente Institución Educativa La Palma Alta del Municipio de Natagaima -Tolima Quejosa: De oficio Fecha Queja: 10 de abril de 2012

Fecha Hechos: 9 de septiembre de 20110

Asunto Fallo de segunda instancia Bogotá, D.C., 05 de octubre de 2017 Se encuentra al Despacho el radicado IUS 2012-161777 - IUC D 2012-86518301, seguido a través de procedimiento ordinario, para decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido por la Procuraduría Regional del Tolima, el 12 de agosto de 2016, mediante el cual se sancionó al señor CARLOS GUTIÉRREZ RICAURTE, en su condición de Docente de la Institución Educativa La Palma Alta del Municipio de Natagaima –Tolima con Destitución e Inhabilidad General por el término de

Quince (15) años. PLIEGO DE CARGOS Mediante providencia del 15 de marzo de 2016, la Procuraduría Regional del Tolima, formuló pliego de cargos al señor CARLOS GUTIÉRREZ RICAURTE, porque: “Usted en su condición de docente de la Institución Educativa "la Palma Alta del municipio de Natagaima Tolima, el nueve (9) de Septiembre del año 2011 dentro de la casa de habitación de la señora YYY YYY abuela del menor XXX, ubicada en la vereda la Palma del Municipio de Natagaima; al parecer realizó actos abusivos sexuales al menor XXX, consistentes en tocamientos en sus partes íntimas (pene), así como caricias y besos en todo su cuerpo, conducta con la cual posiblemente puede estar incurso en falta disciplinaria” (fl. 312 vuelto). Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado, entre otras, las siguientes: Artículo 209 de la ley 599 de 2000 (Código Penal), modificado por la Ley 1236/2008 en su artículo 5: “Artículo 209. "Actos Sexuales con menor de 14 años. El que realizare actos sexuales diverso del acceso camal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años." Ley 1098 de 2006: "Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o

conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona." "Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos." "Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e

interdependientes." Ley 734 de 2002: "Articulo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 1.Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo (...)". FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Para el operador disciplinario de primera instancia, la conducta imputada se realizó y, por ende constituyó falta, ya que de acuerdo con la entrevista rendida por el menor XXX ante la psicóloga de la Comisaria de Familia de Natagaima, se estableció la ocurrencia de los actos de tocamiento de orden libidinoso cometidos contra su voluntad por parte del profesor CARLOS GUTIERREZ RICAURTE, al expresar: "Que conoce al profesor Carlos Gutiérrez Ricaurte desde el año 20102011, que el profesor lo invitaba a salir, lo llevaba a piscina, a su casa. Que le decía que se quitara la ropa y se le montaba encima, pero el casi no se dejaba, el profesor le decía que le hiciera duro hacia arriba y el niño le hacia abajo, no le hacía caso. Argumenta que el profesor a veces no se desnudaba, que solo se sacaba el pene, yo con ropa, y él con la cremallera abajo, y el profesor le decía que eso no era violación, que era un secreto y un entrenamiento: le decía que le iba a comprar unos zapatos, ropa, y que lo levaría a Neiva a comprarle

ropa. Manifiesta que el profesor lo besaba y le decía que re apara darle energía, que eso lo hizo 2 veces, una en la casa del profesor y otra en la casa suya (la del niño). Por ultimo agrega que la primera vez fue en mi casa, y me hizo bajar los pantalones hasta la rodilla". (fl. 395). De esta manera, es evidente que el profesor engañaba al menor psicológicamente para que se dejara manosear y tocar sus partes íntimas, comportamiento que produjo en el menor rechazo y aislamiento hasta el punto de no querer estudiar más en la institución educativa la Palma Alta, lo que generó que su abuela YYY YYY no lo volviera a mandar a estudiar, lo que conllevó la pérdida de ese año lectivo, debiendo ser matriculado en el puebloMunicipio de Natagaima para continuar sus estudios. Así, la conducta desplegada por el investigado CARLOS GUTIERREZ RICAURTE atentó contra la moral, buenas costumbres y el derecho de los menores a ser tratados de manera digna y a ser protegidos contra toda forma de abuso sexual. Debido a lo acontecido, la abuela del menor YYY YYY, el 10 de febrero de 2012, denunció penalmente al docente ante la Comisaria de Familia del Municipio de Natagaima, en la que señaló: “Vivo en la vereda la Palma, tengo un nieto de nombre XXX, de 9 años edad, que estudia en la escuela Maria Auxiliadora de esta ciudad, y el motivo de haberlo trasladado fue porque tuvo un problema con el profesor CARLOS

GUTIERREZ. El niño me contó que en el mes de septiembre del año pasado (2011), cuando me vine para el pueblo con el abuelo al médico porque estaba muy enfermo, el niño se quedó solo en la casa con el profesor, porque el profesor constantemente nos visitaba, él llegaba cuando salían de estudiar, el niño se venía de la escuela con el profesor, y como el abuelo ese día se enfermó, él aprovechó ese momento y se entraron a la casa, el profesor desnudo al niño y el también, lo besó por todo el cuerpo, y se emocionaba dándole besos hasta que desarrolló el semen encima del niño, eso fue lo que me comentó el niño, pero sería bueno que lo entrevistara una persona para ver si cuenta más cosa. Por ese motivo no lo volví a mandar a estudiar, lo saqué y lo trajeé a estudiar aquí a Natagaima” (fl. 395). De donde concluye el a-quo, los hechos narrados por el menor en la entrevista rendida ante la Psicóloga de la Comisaria de familia de Natagaima y su abuela YYY YYY son coherentes. Además de esto, en el plenario obra la copia del examen sexológico practicado al menor XXX el día 14 de febrero de 2012, por la médica forense, en el cual concluyó: "Paciente quien ingresa para estudio sexológico donde se evidencia en examen físico lesiones perianales posiblemente Condilomatosas. Presencia de lesiones Condilomatosas grado uno en región perianal. No signos ex temas de maltrato ni evidencia de penetración. No se recogen muestras por hecho

realizado más de 72 horas” (fl. 396). Examen que si bien no consignó signos externos de maltrato ni evidencia de penetración, es claro que las lesiones perianales condiloma tosas grado uno en la región perianal fueron causadas al menor producto de los actos abusivos sexuales de que fue víctima por parte del docente Carlos Gutiérrez Ricaurte. Docente que además, no solo estaba siendo investigado penalmente por los hechos aquí imputados, sino por las Fiscalías 1° y 47 Seccional del Guamo Tolima, procesos Nos.733196000481201200034; 34836000470201200048 y 080016008768201100158 por el delito de Actos abusivos sexuales con menor de 14 años. Falta disciplinaria que fue calificada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 734 de 2002, como gravísima a título de dolo, conforme a lo consagrado en el numeral 10 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que establece "Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo". Ello si se tiene en cuenta que el disciplinado ostentando la calidad de docente de la institución Educativa "La Palma Alta" del Municipio de Natagaima Tolima, en razón y con ocasión de su cargo incurrió en un ilícito sustancial al vulnerar los deberes funcionales, o sea quebranto de las normas subjetivas que determinan a dicho servidor a actuar conforme a derecho. En cuanto a los argumentos de la defensa, el encartado rechazar el haber

realizado conducta alguna en contra del menor XXX, alegando entre otras circunstancias, que todo obedeció a chismes de parte de sus enemigos los cuales querían desparecerlo para que no hablara respecto a unos hechos macabros que segaron la vida de un estudiante. Adujo que sostuvo un romance con la madre del niño XXX desde el año 2010, que eran amantes, siendo lo único malo el haberse enamorado de la mujer que creyó que sería para toda la vida, y que por lo enamorado que estaba no se daba cuenta que haciendo brujería, lo que obedeció al seguro de vida que tenía por la suma de $30.000.000, y que su amante le sugirió que lo pusiera en $70.000.000, y que afiliara a sus dos hijos ZZZ ZZZ y XXX. Señaló que XXX quería una moto que costaba $5.700.000, Y que su hermano ZZZ ZZZ le pedía un caballo de carreras o de paso; que después le pidieron$1.500.000 para un computador y $3000.000 para una moto, y que como no les cumplió sus caprichos, entonces le armaron el complot y lo acusaron de la falta que hoy se le está imputando. Por su parte, la defensora de oficio del Investigado, a través de escrito de fecha 12 de mayo de 2016 presentó los descargos, indicando que los argumentos por los cuales se imputaron los cargos no son conducentes a demostrar la ocurrencia de los elementos exigidos por el ordenamiento jurídico, para poder determinar una falta disciplinaria, pues si bien hay pruebas fehacientes de que los menores sufrieron un abuso sexual, no se ha logrado demostrar que esa

conducta la cometió su defendido, o sea, que no se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia, ya que según la Jurisprudencia de la Corte Constitucional entre otras las Sentencias C-2891/12 y T-969/2009: “la Jurisdicción Penal Colombiana establece que hasta que un Juez de la Republica no se pronuncie a través de un fallo condenatorio, no se puede hablar de la comisión de una conducta ilegal, por lo que la Procuraduría no puede predicar la comisión de un ilícito como causal para constituir una conducta como gravísima que conlleve a una eventual falta disciplinaria, si se tiene en cuenta que en este caso lo previsto en el numeral 10 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, en su tenor literal, prevé que son faltas gravísimas realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo; de donde se tiene que en efecto si hay una conducta típica consagrada en la ley penal como como delito sancionable a título de Dilo, como son los actos sexuales con menores de 14 años. Pero que existe la inconsistencia en cuanto a la parte de realizarla subjetivamente, porque no existe evidencia alguna contra su defendido de que hubiese sido el que cometió dicha conducta” (fl. 399 vuelto). Fue así, como el aquo, hace varias precisiones, entre ellas, que el señor CARLOS GUTIERREZ RICAURTE al momento de la ocurrencia de los hechos investigados tenía la condición de servidor público de donde nace el vínculo

que lo une a la administración pública, por el cual se crea una relación especial de sujeción, que permite como contrapartida, exigirle un buen comportamiento, y en caso de no observarlo, ser materia de reproche y de sanción por tal situación. Por eso, en casos como el que aquí se examina, se hace indispensable poner sobre la balanza todas las pruebas y elementos de juicio allegados, y llevar a cabo la más rigurosa y extrema valoración, conforme a los principios de la sana crítica, para hacer prevalecer los intereses de los niños y sobre todo para valorar si se ha cumplido con el deber legal de dar un real y efectivo cumplimiento de las funciones que le asistían al disciplinado CARLOS

GUITERREZ RICAURTE.

En este caso, se estableció que el docente CARLOS GUTIERREZ RICAURTE y el niño XXX, se conocían y que el menor era su alumno, ya que era su profesor del grado 3º de primaria, adicional a ello se lo llevaba regularmente en horas de la tarde al menor a jugar futbol conforme a la prueba testimonial acopiada en esta investigación, y como ya se expuso los relatos del menor y la abuela son coherentes. “es así, como de lo narrado en la entrevista por el menor, no hay asomo de duda que lo expresado responde a la verdad, se indican las circunstancias en que el abusador actúo, sin que exista elemento alguno que permita colegir que sus dichos obedecieron a manipulaciones exógenas o mal intencionadas que persiguieran un daño personal contra el infractor, tal como lo pretende hacer ver el investigado sin que ello encuentre eco probatorio en el proceso; al

manifestar en su escrito de descargos que todo ese complot en su contra, el cual se originó en virtud a que no accedió a los caprichos del menor XXX, que le había pedido una moto que costaba $5.700.000, y que su hermano ZZZ ZZZ le había pedido un caballo de carreras; y que después le pidieron $1.500.000 para un computador y $3.000.000 para una moto, y que como no accedió a ello, entonces se inventaron los hechos investigados” (fl. 401). De esta manera, para el fallador de primera instancia, no cabe duda sobre la relación que superaba el parámetro de normalidad entre profesor y alumno, y que la misma se dio a instancias del rol desempeñado por el investigado como profesor del menor de la Institución Educativa La Palma Alta del Municipio de Natagaima Tolima, lo que permite concluir que los tocamientos de los que fue víctima el menor XXX, tipifican sin duda "actos sexuales", y que por la gravedad de los hechos, el Comisario de Familia del municipio de Natagaima, soportado en el mismo material probatorio allegado a esta investigación, declaró en situación de vulnerabilidad al menor XXX de 9 años de edad, al tenor del articulo 96 y siguientes del Código de Infancia y Adolescencia, iniciando el proceso correspondiente de Apertura, Verificación y Restablecimiento de Derechos a favor del niño XXX, como se aprecia a folios 77 al 79 y 82 al 84), el cual a través de la Resolución No. NO.004 del 18 de mayo de 2012, conminó al docente Carlos Gutiérrez Ricaurte con tres salarios mínimos legales mensuales, equivalente para la época de los hechos a la suma

de un millón setecientos mil cien pesos ($1.700.100.00), por haber cometido dicho comportamiento contra su alumno menor XXX. Por todo esto, se concluye que el investigado CARLOS GUTIERREZ RICAURTE en su condición de docente, tenía el conocimiento del deber funcional que le asistía, el que consistía en brindar a todos sus educandos, incluyendo al menor XXX, formación educativa integral en condiciones de respeto por sus derechos, integridad y dignidad humana, propendiendo por la formación permanente, enseñanza y aprendizaje de sus alumnos, sin embargo, se extralimitó en sus funciones, desconoció los deberes de formación que estaban orientados a las expectativas morales que el establecimiento educativo y el conglomerado social esperan de los docentes. “Si bien es cierto que el docente CARLOS GUTRIERREZ RICAURTE, ejecutó la conducta reprochada en un lugar distante a la Institución educativa para la cual ejercía como docente, no por ello puede decirse que tal comportamiento no se realizó con ocasión o como consecuencia de la función de su cargo como docente, pues al respecto no puede olvidarse que para que este hecho se consumara, el docente se ganó la confianza del menor y de sus familiares (abuela), visitándolos, hablando frecuentemente con él en el colegio, dándole detalles, llevándolo a jugar futbol, etc., sin desconocerse entonces la autoridad que ejercía en ese momento el docente frente al menor, y que le permitía tener un contacto frecuente con el estudiante, más aún cuando para todos los alumnos el docente es la autoridad que refleja el conocimiento y en algunos

casos es visto como guía y parámetro a seguir. El docente goza de mando y jerarquía frente a sus educandos y por ello se refleja más en el grupo académico infantil, por lo que los docentes deben prestar especial atención en su comportamiento pues tienen un nivel de responsabilidad mayor que los servidores públicos, dada la influencia positiva o negativa que su actuar puede tener sobre menores de edad” (fl. 406). En lo atinente al deber funcional señalado artículo 5º del CDU, se estableció que el encartado quebrantó dicha norma sin justificación alguna, razón por la que la Procuraduría Regional del Tolima considera, que del acervo probatorio realizado de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en la forma dispuesta por el artículo 141 ejusdem, se encuentra probado el cargo imputado al investigado CARLOS GUTIERREZ RICAURTE y, por ende, existe mérito para imponer la correspondiente sanción disciplinaria. Se resalta que el derecho disciplinario no pretende la protección de bienes jurídicos como tal, como si lo hace el derecho penal, por lo cual el ilícito disciplinario tiene que ver con los deberes funcionales, con la gestión de la administración, con el cumplimiento de unos fines y cometidos de la entidad en particular, en este caso de la Secretaría de Educación Departamental del Tolima, y aparece incontrastable que la conducta del disciplinado afectó el deber funcional que le asistía como educador/formador del grupo de infantes puestos a su cuidado, especialmente en relación con el menor XXX, por lo tanto, la conducta investigada es antijurídica, pues con ella se afectó el deber funcional que tenía el implicado sin justificación alguna, por tanto, su

comportamiento se enmarcó dentro de las normas legales como constitutivos de falta disciplinaria, conforme lo establece el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, adecuándose a la descripción típica prevista en el artículo 209 del Código Penal, modificada por el artículo 5 de la Ley 1236 de 2008, descrito como actos sexuales con menor de 14 años. Aunado a esto, se aclara por el a-quo, que para adecuar una conducta en el tipo disciplinario previsto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, lo único que debe verificar en el campo del derecho penal es que el comportamiento que se reprocha esté previsto como conducta punible y que la misma sea sancionable a título de dolo. En lo que respecta naturaleza de la falta y dosificación de la sanción, los comportamientos descritos como faltas gravísimas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, enseñan que constituye falta gravísima, sancionable con destitución e inhabilidad de carácter general para desempeñar función pública. Por su parte, el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, establece las clases de sanciones que consagra la legislación para cada tipo de falta, y señala que para un comportamiento como el que ha sido comprobado para el señor CARLOS GUTIERREZ RICAURTE la sanción por imponer será la de Destitución e Inhabilidad General por el Término de Quince (15) años, la que se dosificó acudiendo al principio de proporcionalidad reseñado en el artículo 18 y a los criterios de graduación contenidos en el artículo 47 ibídem.

RECURSO DE APELACIÓN El apoderado de oficio del señor CARLOS GUTIERREZ RICAURTE, presentó recurso de apelación, solicitando la revocatoria del fallo de primera instancia, el cual fundamentó en los siguientes hechos: 1.- Que a pesar de estar probado el daño causado al menor de edad, no se demostró que se atribuible al disciplinado, quien está protegido por la presunción de inocencia. 2.- La versión del menor puede estar viciada, toda vez que el encartado expresó haber sido sobornado por la familia es este, con la entrega de bienes muebles y animales. 3.- Es la jurisdicción penal la encargada de investigar, declarar y castigar las presuntas conductas ilícitas, por tanto, hasta que un juez de la República no lo dictamine así, no se puede hablar de la comisión de una conducta ilegal, como lo hizo el a-quo. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA El parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, señala que: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación”. De esta manera, con el fin resolver la parte sustancial del recurso de apelación, se debe tener en cuenta que en el pliego de cargos se le endilgó al señor CARLOS GUTIÉRREZ RICAURTE, haber, en su calidad de docente de la Institución Educativa, realizado actos abusivos sexuales al menor XXX, consistentes en tocamientos en sus partes íntimas, así como caricias y besos en

todo su cuerpo. Hechos que acontecieron el día 9 de septiembre del año 2011 dentro de la casa de habitación de la señora YYY YYY abuela del menor XXX, ubicada en la vereda la Palma del Municipio de Natagaima. Revisada la imputación, se determina en primer lugar, que los hechos materia de investigación no acontecieron en el sitio habitual de trabajo del docente, sino en la casa de una familiar del menor de edad, circunstancia que no deshabita a este ente de control para investigar disciplinariamente, pues como lo advirtió el fallador de primera instancia, el señor GUTIÉRREZ RICAURTE, para la fecha de los acontecimientos se desempañaba como profesor de menor XXX, y fue de tal condición que se valió para ganarse la confianza, no solo del menor agredido, sino de su familia, como fue el caso de su abuela YYY YYY. En segundo lugar, la conducta se delimitó en la realización por parte del docente en actos sexuales abusivos con el menor XXX. De esta forma, la falta disciplinaria achacada se soporta en el artículo 48 numeral 1º, en concordancia con el artículo 209 del Código Penal, descrito como "Actos Sexuales con menor de 14 años”, al incurrir en la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cometida con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. Es decir, que al tener en cuenta el cargo endilgado y las normas en que se soporta, existe una plena adecuación típica, pues el menor XXX para el mes de septiembre de 2011, tenía la edad de nueve (9) años.

En este orden de ideas, se entrará a revisar aquellos hechos objeto de impugnación del fallo de primera instancia, así: 1.- Se aduje por la defensa, que si bien se demostró el daño causado al menor, no se comprobado que hubiera sido infringido por el profesor GUTIÉRREZ

RICAURTE.

Para dilucidar tal aspecto, se debe acudir a pruebas fundamentales, una la declaración de la ciudadana YYY YYY quien es abuela del menor XXX, testimonio que al ser confrontado con la entrevista de su nieto, goza de credibilidad pues entre ambos existe coincidencia en los dichos y se concatenan formando una cadena de sucesos que dan claridad sobre los hechos anteriores, concomitantes y posteriores a la conducta por la que fue sancionado el disciplinado en primera instancia. Así, se demostró que la cercanía que tenía el docente con su alumno, su interacción diaria más allá de sus labores como docente de la institución educativa y la consecuente confianza que obtuvo, no solo con el menor sino en el seno de su familia, al punto de ingresar a la casa de la abuela sin mayores restricciones. A su vez, la psicóloga de la Comisaria de Familia de Natagaima, al efectuar el análisis psicológico, recomendó que se conminara al docente CARLOS GUTIERREZ RICAURTE con el pago de una multa y que se comprometiera a no volver a causar las mismas conductas o actos abusivos con menores de edad (fl 226). Esto claramente denota que se le dio plena credibilidad a lo manifestado por

el menor XXX, amén, que no se advierte por parte de la psicóloga la existencia de hechos o conductas que pudieran poner en tela de juicio las afirmaciones del entrevistado. Sobre este aspecto, el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. España, Antonio L. Manzanero1, sostuvo que la 1 Es obvio que la memoria y la percepción son procesos cognitivos muy cercanos y que difícilmente se puede entender el uno sin el otro. Las sensaciones son el punto de partida de la percepción, y la percepción es el primer paso hacia el recuerdo. Sin sensación no hay percepción (salvo en las alucinaciones), sin percepción no hay recuerdo. O dicho de otro modo, sólo llegará a formar parte de nuestros recuerdos aquello previamente percibido, aunque, como en las alucinaciones, también hay recuerdos que no proceden de la memoria y la percepción son procesos cognitivos muy cercanos y que difícilmente se puede entender el uno sin el otro, por lo que sin percepción no hay recuerdo y del recuerdo forma parte aquello previamente percibido, por lo que la memoria procesa y almacena la información significativa. En el caso de los niños pequeños, no puede darse un matiz de certeza a sus testimonios, no solo