PGN - IUR 36431

NULIDAD ELECTORAL-Cumplimiento de la experiencia profesional relacionada para ejercer el cargo de vicerrector NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO-Por medio del cual la Rectora de la Universidad Surcolombiana, nombró al Vicerrector Administrativo de dicho ente universitario AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Límites/AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades

académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. CORTE CONSTITUCIONAL-Estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 2010 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 2018, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) auto-organización “darse sus directivas” y la de ii) auto-regulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propi o Tribunal constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o

emancipada completamente del Estado”, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia Constitución. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA-El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante/INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Argumentos de la apelación Los argumentos expuestos por los recurrentes se centran en la indebida valoración del material probatorio obrante en el expediente; puntualmente, del oficio de fecha 29 de noviembre del 2021 suscrito por la Jefe de Talento Humano (E) de la Universidad Surcolombiana, a través del cual se hizo el análisis del cumplimiento de los requisitos del actor para acceder al cargo de Vicerrector, en el que se certificó que este tiene una experiencia profesional relacionada de 10 años, 10 meses y 11 días. En particular, indican los apelantes, que el a quo, valoró parcialmente la experiencia relacionada del demandado, pues esta se allegó de manera incompleta debido a que el actor aportó únicamente 3 páginas del citado oficio, cuando en realidad el documento original consta de 4 folios, en consecuencia, aseveraron que la experiencia que acreditó el demandado previo al nombramiento censurado no fue valorada en su totalidad por parte del a quo. REVOCATORIA DE LA SENTENCIA-En razón a que en el presente caso, se

encuentra acreditado que el demandado cumplió con los requisitos establecidos para el cargo de Vicerrector Administrativo Esta Delegada del Ministerio Público solicitará REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en razón a que en el presente caso, se encuentra acreditado que el demandado cumplió con los requisitos establecidos para el cargo de Vicerrector Administrativo en la Resolución Rectoral No. 005 de 2018, "Por medio de la cual se expide el Manual de Funciones, Requisitos, Equivalencias y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana", específicamente, con el de la experiencia profesional relacionada, en la que deben acreditarse sesenta (60) meses. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 2 Bogotá D.C., 5 de agosto de 2022 Concepto No. 2022-08-NE-117 Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN No.: 41001-23-33-000-2022-00001-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL

(NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 1437 DE

2011)

DEMANDANTE: DUVÁN ANDRÉS ARBOLEDA OBREGÓN

DEMANDADO: RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO,

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD

SURCOLOMBIANA

ASUNTOS DE INTERÉS: CUMPLIMIENTO DE LA

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA PARA

EJERCER EL CARGO DE VICERRECTOR.

Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. La Rectora de la Universidad Surcolombiana, mediante Resolución No. P3417 del 29 de noviembre de 2021 nombró a RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO como Vicerrector Administrativo de dicho ente universitario, cargo de libre nombramiento y remoción. 1.1.2. El señor RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO tomó posesión del cargo de Vicerrector Administrativo, Código 060 Grado 19, de la planta global de personal de la

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Página 3 Universidad Surcolombiana, a través del acta número 292 de fecha 29 de noviembre de 2021. 1.1.3. Contra dicho acto de nombramiento, el señor DUVÁN ANDRÉS ARBOLEDA OBREGÓN presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA. 1.2. Fallo en Primera Instancia El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 2 de junio de 2022, declaró la

nulidad la Resolución No. P3417 del 29 de noviembre de 2021, por la cual la Rectora de la Universidad Surcolombiana-USCO, nombró al señor RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO como Vicerrector Administrativo Código: 0060. Grado: 19. Fijó el problema jurídico en los siguientes términos: “(…) se contrae a determinar si la Resolución P3417 de 2021 del 29 de noviembre de 2021, por medio de la cual se nombró a RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO como VICERRECTOR ADMINISTRATIVO de la Universidad Surcolombiana Código:

0060. Grado: 19, es nula, tras responder los siguientes interrogantes:  ¿Cuál es el procedimiento establecido en el régimen interno de la Universidad Surcolombiana, para la realización de nombramientos en cargos del nivel directivo, como el de Vicerrector?  Precisado lo anterior, respecto del primer cargo de nulidad propuesto, se tienen las siguientes preguntas: ¿Se incurrió en la causal de nulidad por infracción de norma superior respecto del Artículo 3 de la Resolución Rectoral N° 005 de 2018 "Por medio de la cual se expide el Manual de Funciones, Requisitos, Equivalencias y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad

Surcolombiana”? Con fundamento en los mismos supuestos fácticos antes descritos, ¿es procedente aplicar el control constitucional por vía de excepción, respecto de la referida Resolución Rectoral No. 005 de 2018, por soportarse en el Decreto 1083 de 2015

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, al presentarse una presunta contradicción en sus ámbitos de aplicación?  De otra parte, en relación con el segundo y tercer cargo de nulidad, se debe responder si: ¿se incurrió en expedición irregular del acto de nombramiento, dada la presunta falta de competencia de la Rectora del ente universitario, teniendo en cuenta, la alegada carencia de requisitos para ejercer el cargo de quien fuera nombrado? Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4  Respecto al cuarto cargo de nulidad, se debe determinar si: ¿se incurrió en desviación de poder por parte de la rectora de la Universidad Surcolombiana, al nombrar a RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO como VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Código: 0060. Grado: 19?  Finalmente, en este contexto habrá de establecerse, la configuración o no, de la causal de anulación electoral prevista en el inciso segundo del artículo 137 y la causal descrita en el numeral cinco del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.” Sostuvo como tesis que, había lugar a declarar nulo el acto de nombramiento del demandando por cuanto se configuraban los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

De forma argumentativa indicó: “En este orden, tenemos que como “experiencia relacionada acreditada:

Tiempo acreditado Modalidad de Entidad de experiencia vinculación relacionada . Contratos de prestación de servicios: -No. CPS-994-B2018 01 de noviembre al 28 de diciembre de 2018 (1 mes y 28 días. Universidad -No. CPS-049-A2019 12 meses y 29 Surcolombian 08 de enero y el 21 de días meses a junio de 2019 (5 meses, Oficina 14 días). Jurídica -No. CPS-433-B2019 02 de julio y el 7 de diciembre de 2019 (5 meses y 6 días). -No. CPS-015-A2020 08 de enero y el 20 de enero de 2020. (13 días). Así las cosas, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, observa la Sala que el tiempo de experiencia relacionada aportado por el señor RAMON EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, al momento de acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser nombrado en el cargo de Vicerrector Administrativo de la USCO, no satisface el requisito de sesenta (60) meses exigido por el artículo 3 de la Resolución Rectoral No. 005 de 2018 "Por medio de la cual se expide el Manual de Funciones, Requisitos, Equivalencias y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana". En Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 consecuencia, el señor BAUTISTA OVIEDO no cumple con este presupuesto de elegibilidad.

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que con el nombramiento de RAMON EDUARDO BAUTISTA OVIEDO se violó el ordenamiento interno del ente Universitario, pues se desconocieron los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Resolución Rectoral No. 005 de 2018, habida cuenta que el demandado solamente acreditó doce (12) meses y veintinueve (29) días de experiencia relacionada, de los sesenta (60) que exige la citada disposición normativa. Corolario de lo anterior, estima la Sala que el cargo expuesto en la demanda se encuentra probado y, en consecuencia, se impone conforme lo dispone el numeral 5 de artículo 275 del CPACA, declarar la nulidad del nombramiento del señor RAMON EDUARDO BAUTISTA OVIEDO como VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Código: 0060. Grado: 19 mediante la Resolución No. P3417 del 29 de noviembre de 2021, por medio de la cual, la Rectora profirió el respectivo nombramiento. De otra parte, en punto al cargo de falsa motivación, es menester recordar que según la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, para que este vicio de la estructura interna del acto prospere, es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: “a) Que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí

estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente”1. Conforme a lo anterior, la Sala no advierte la configuración de esta causal de nulidad, en tanto, los hechos acaecidos y los fundamentos fácticos y jurídicos expresados en el acto acusado, están en armonía con la realidad y fueron probados fehacientemente en el trámite administrativo. Por lo tanto, los cargos propuestos de expedición irregular, falsas motivaciones no están llamados a prosperar. De esta misma forma, respecto a los cargos de falta de competencia y desviación de poder, como se expusiera en antecedencia, el acto administrativo de nombramiento como Vicerrector Administrativo, se efectuó por la Rectora de la USCO, en uso de las facultades asignadas por el numeral 6 de Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994Estatuto General de la Universidad Surcolombiana2 y los Artículos 39 y 40 del Acuerdo 075 de 19943. En consecuencia, estos cargos tampoco prosperan, pues el acto fue proferido dentro de las competencias legales y estatutarias atribuidas a la Rectora y no se allegaron pruebas de la existencia de finalidades contrarias al interés público o al propósito de sus competencias legales4”. 1 Consejo de Estado. Sección Cuarta, Sentencia de 26 de julio de 2017, Radicado No. 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326). M.P. Milton Chávez García. 2 Son funciones del Rector entre otras; "(...) 6. Nombrar y remover al personal administrativo y académico de la

Universidad de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y adoptar todas las decisiones concernientes a su administración que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad (...)" 3 "Las Vicerrectorías son órganos de dirección a nivel institucional y de apoyo a las necesidades de gestión académica y administrativa" y según el Artículo 40 del Acuerdo, "Los vicerrectores serán designados por el rector y sus funciones serán definidas en el estatuto de estructura orgánica. 4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 05001-23-33-000-2013-01754-01(4450-16): “Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 1.3. Recursos de apelación El señor RAMÓN EDUARDO BAUTISTA, inconforme con la decisión de instancia, por

medio de apoderado presentó recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la decisión del Tribunal. Adujo que el a quo valoró de manera inadecuada la certificación del 29 de noviembre de 2021, expedida por la Jefe de la Oficina de Talento Humano (E) de la Universidad Surcolombiana (medio probatorio tenido en cuenta por dicha Jefatura de Talento Humano para efectuar el nombramiento de Vicerrector), pues al ser incorporada de manera fraccionada, solo se estudió parcialmente la experiencia del demandado. Agregó, que los ítems analizados no concordaban con la totalidad de la experiencia certificada, por lo que el Tribunal al darse cuenta de dicha discrepancia, debió valorar todas las pruebas allegadas al plenario, pues, lo anterior, además de vulnerar el principio de la unidad de la prueba y debido proceso probatorio, hace incongruente la sentencia apelada. También, planteó la violación de los criterios de interpretación de la experiencia profesional relacionada, por cuanto el Tribunal al evaluar la experiencia del contrato de prestación de servicios No. 167-A2011, en el que el accionado prestó sus servicios para la coordinación del proceso de mejoramiento de la comunicación y la información de la Universidad Surcolombiana, al elaborar una estrategia comunicativa e informativa con el público interno y externo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, indicó que “Para la interpretación de esta y todas las funciones asignadas al cargo, es necesario hacerlo en el marco del “propósito principal” trazado por el mismo manual de funciones, que para el caso Vicerrector Administrativo de la USCO, siendo un cargo del nivel directivo, gira

entorno a la “dirección general, formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos de la universidad en las áreas presupuestal, administrativa, financiera, contable, del recurso humano y los recursos físicos de la entidad”. En este sentido, aseveró que a partir de ese criterio o marco “Propósito Principal” realiza todo el análisis de la experiencia relacionada, sin tener en cuenta que, el citado contrato contiene la función de coordinación al igual que el cargo a proveer de la Vicerrectoría que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 Administrativa, desconociendo los criterios jurisprudenciales de interpretación respecto de la experiencia profesional relacionada Asimismo, en relación con los contratos de prestación de servicios No. 112-A2012 del 16 de enero al 15 de abril de 2012, No. 230-A2012 del 27 de abril al 26 de diciembre de 2012, No. 165-A2013 del 4 de febrero al 12 de diciembre de 2013, No. 187-A2014 del 3 de febrero al 13 de junio de 2014, cuyo objeto fue la prestación de los servicios en la Coordinación de la elaboración y diseño del Boletín Institucional USCONEXION de forma física y virtual con información de las Sedes de la Universidad Surcolombiana, el a quo concluyó que:

“Entonces al contrastar el objeto de los contratos, que se itera, está dirigido a la coordinación de la elaboración y diseño del Boletín Institucional USCONEXION, con la función No. 6 del empleo de vicerrector, que en conjunto con las demás funciones esenciales del empleo, se refiere de forma clara a “Coordinar y promover la adopción de métodos y sistemas que hagan más eficiente la gestión administrativa”, no son afines, conexos o parecidos, pues tal “coordinación” en el caso del Vicerrector, se refiere es a aquella gestión a cargo de la dependencia, es decir los asuntos financieros, presupuestales, contables, de administración del recurso humano, los recursos físicos y la adquisición de bienes y servicios y no los relacionados con la elaboración y diseño del Boletín Institucional USCONEXION de forma física y virtual”. En este orden, sostuvo que el Tribunal toma otro criterio interpretativo para determinar la experiencia profesional relacionada en el presente asunto, utilizando el “objeto de los contratos” y apartándose de las nociones jurisprudenciales de aquella. Asimismo, el a quo efectuó el análisis de los contratos de servicios: No. OP-376-B2014 del 24 de julio al 10 de diciembre de 2014. No. OP-J76-B2014 del 11 al 30 de diciembre de 2014, cuyo objeto se concreta en: Prestar servicios para desarrollar estrategias comunicativas que permitan el posicionamiento del “Proyecto Universidad Saludable” dentro y fuera de la Universidad Surcolombiana y; del cargo de Profesional Universitario, Código 2044 grado 11, adscrito a la Dirección Administrativa de Control Interno,

utilizando criterios diferentes con la similitud o analogía, con lo cual se evidencia una interpretación desmedida de la aludida experiencia relacionada del demandado. 1.3.2. El apoderado judicial de la Universidad Surcolombiana, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que solicitó se revoque la sentencia Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 recurrida con fundamento en planteamientos similares a los anteriormente mencionados, los cuales de manera sucinta corresponden a que “el A Quo NO valoró ni la hoja de vida del Demandado, tampoco las certificaciones institucionales emanadas por mi Mandante, cuando las mismas al ser objetivamente analizadas eran pruebas conducentes, pertinentes, licitas, legales y útiles para fundar una decisión; sin contar que las pruebas decretadas en el proceso judicial, formaban una unidad y por lo tanto era obligatorio apreciarlas integralmente, para establecer la verdad sobre los hechos, pues no bastaba en fundarse en una sola certificación de manera individual, (sin acudir sustancialmente a la prueba directa: Hoja de vida), si se requería la confrontación con todos los medios de prueba aportados al proceso, con el único fin de garantizar una decisión congruente, justa y que garantizara el principio de la confianza legítima, seguridad jurídica y acceso efectivo a la administración de justicia.”.

En este sentido, sostuvo que de la valoración realizada a la prueba aportada por el actor, con la cual el Tribunal estudió la experiencia del demandado, se evidencia que esta se allegó de manera incompleta; esto es, únicamente se aportaron 3 páginas, cuando en realidad el documento original consta de 4 folios, por lo tanto, la experiencia relacionada que acreditó el demandado previo al nombramiento censurado no fue objeto de valoración por parte del a quo. Por otra parte, señaló que el Tribunal hizo una indebida interpretación de la experiencia profesional relacionada, en razón a que utilizó criterios como el “Propósito Principal” del empleo del Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana y el “objeto” de las relaciones contractuales acreditadas por el demandado, para establecer el cumplimiento de la experiencia relacionada, lo cual desconoce los presupuestos estatutarios de la Universidad Surcolombiana que imponen un amplio margen de interpretación, e igualmente, no tuvo en cuenta la jurisprudencia al respecto, en la que se ha indicado que “debe ponderarse es el contenido funcional o funciones en un área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio, pues de lo contrario resulta ilógico y desproporcionado y anulan la posibilidad de acceder a un cargo público”.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

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Página 9 2.1. Problema Jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Huila, que DECLARÓ LA NULIDAD del acto administrativo por medio del cual la Rectora de la Universidad Surcolombiana, nombró a RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO como Vicerrector Administrativo de dicho ente universitario. Previo a dicho análisis, el Ministerio Público se referirá (i) a la autonomía universitaria y sus límites; y, (iii) analizará el caso en concreto a partir de los argumentos planteados en la apelación, que delimitan el ámbito de competencia del juez de segunda instancia. 2.2. La autonomía universitaria y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 19965, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. 5 M.P. Hernando Herrera Vergara Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 19936, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden

constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio7, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 19998). En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 20109 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios 6 M.P. Alejandro Martínez Caballero 7 Ver sentencia T-1010 de 2010.

8M.P. Hernando Herrera Vergara 9 M.P. María Victoria Calle Correa Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución.

Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 201810, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) auto-organización “darse sus directivas” y la de ii) auto-regulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y e