PGN - IUR 39084

REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad Patrimonial y Administrativa por perjuicios materiales y morales por privación injusta de la libertad con ocasión de presunto homicidio de alcalde de Santo Tomás (Atlántico) REPARACIÓN DIRECTA-Término de caducidad según regulación legal REPARACIÓN DIRECTA-El art 164 del CPACA consagra el término de 2 años para interponer esta acción contados a partir del día siguiente a la ocurrencia o conocimiento de la acción u omisión causante del daño …En el caso que nos ocupa, se observa que la providencia que revocó la medida de aseguramiento y declaró la preclusión de la investigación contra el señor….. fue proferida el 23 de diciembre de 2015. En consecuencia, es a partir de esa fecha que inicia el conteo de los dos años que establece la norma citada, por lo que, en principio, el vencimiento para hacer uso del referido medio de control era el 24 de diciembre de 2017. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-No operó en las presentes diligencias al interponerse la demanda dentro del término legal establecido …No obstante, obra acta de audiencia de conciliación extrajudicial de fecha 14 de marzo de 2018, tramitada ante el Procurador 15 Judicial II Administrativo de Barranquilla, donde consta que la misma fue solicitada el 19 de diciembre de 2017 y que se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio por lo tanto, el término inicial quedó suspendido hasta el 15 de marzo de 2018, fecha en la que se expidió la constancia por parte del referido Procurador Judicial y con esta, se da por cumplido el requisito de

procedibilidad para acudir ante la jurisdicción contenciosa. Como la demanda se presentó el 16 de marzo de 2018, se concluye que no operó el fenómeno de la caducidad, puesto que se interpuso dentro del término legalmente establecido, el cual fenecía el 22 del mismo mes y año. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-Para reclamar indemnización de perjuicios en el sub examine REGISTRO CIVIL-Es prueba idónea para demostrar el estado civil de una persona DEBERES DEL JUEZ-De hacer uso de facultades oficiosas para decretar pruebas tendientes a obtener registros civiles,según jurisprudencia de la Corte Constitucional DEBERES DEL JUEZ-De hacer uso de facultades oficiosas para decretar pruebas tendientes a obtener registros civiles,según

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 1 jurisprudencia del Consejo de Estado REGISTRO CIVIL-Se debe decretar como prueba de oficio en el sub lite Se reitera que, en el sub examine, la parte actora no aportó el registro civil de matrimonio, pero tampoco el juez de primera instancia realizó diligencia alguna en aras de garantizar el derecho sustancial, toda vez que no se le requirió dicha prueba a los demandantes o la justificación de la imposibilidad de obtenerla, ni se le solicitó de oficio a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo expuesto…. En consecuencia, considera este agente del Ministerio Público, que para mejor proveer, es procedente que la

Sala decrete de oficio dicha prueba en segunda instancia, en aras de garantizar el derecho sustancial y no incurrir en un defecto fáctico en la decisión. Lo anterior, como quiera que está en discusión el derecho que le asistiría a la señora… a que se le reconozcan los perjuicios que alega como cónyuge del señor…… y como consecuencia de ello, los derechos que le asisten por la misma causa, a la señora….,,madre de ésta. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADOElementos a tener en cuenta para ser demostrada esta FALLA DEL SERVICIO-De administración de justicia por su defectuoso funcionamiento PERJUICIOS MATERIALES-No procedencia de estos por lucro cesante PERJUICIOS MATERIALES-No procedencia de estos por daño emergente INDEMNIZACIÓN-Por daño a la salud no fue viable en estas diligencias RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Están demostrados los elementos configurativos de esta por parte de Fiscalía General de la Nación Los argumentos expuestos fundamentan la existencia de los elementos configurativos de la responsabilidad extracontractual por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por cuanto el material probatorio da cuenta de que la detención injusta fue la causa efectiva del daño ocasionado a los demandantes, por lo tanto, está obligada a reparar los perjuicios entre el 25 de febrero y el 24 de abril de 2015.Por lo anterior, esta agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales,

solicita a la Honorable Corporación, con el acostumbrado respeto por la independencia judicial, que en este evento se confirme la sentencia de

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 2 primera instancia proferida el 10 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se declaró responsable patrimonial y administrativamente a la entidad pública aquí demandada, por los perjuicios ocasionados a la parte activa, por el período anteriormente señalado y por las cuantías que reconoció el a quo, a menos que se compruebe el vínculo matrimonial entre la señora…..y la víctima directa, caso en el cual habría que modificar la sentencia adicionando dicho reconocimiento.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 3

CONCEPTO N° 151 /2023

Bogotá D. C., noviembre 14 de 2023 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente, doctor JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

E. S. D.

Ref: Proceso: 25000233600020190077501 (70273) Medio de control: Reparación directa

Actor: Dieb Nicolás Maloof Cuse y otros

Demandada: Fiscalía General de la Nación En mi condición de agente de la Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia1, dentro del término previsto en el numeral 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 20112, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, procedo a rendir concepto dentro del proceso de la referencia.

Síntesis: La parte demandada busca en sede de apelación que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se les exonere de toda responsabilidad administrativa y patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios que se le ocasionaron a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor DIEB NICOLÁS MALOOF CUSE, y posterior intimidación de atentar nuevamente contra su libertad, que le impuso permanecer en el exilio, por el homicidio del alcalde de Santo Tomás, Atlántico, Nelson Ricardo Mejía

Sarmiento.

1. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA Por intermedio de apoderado judicial, el señor DIEB NICOLÁS MALOOF CUSE y su grupo familiar formularon demanda de reparación directa contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se le declare patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor MALOOF CUSE, por el homicidio del alcalde de Santo Tomás,

Atlántico, Nelson Ricardo Mejía Sarmiento, en calidad de determinador, en hechos ocurridos el 29 de abril de 2004 en la ciudad de Barranquilla. 1 Competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política y 30-1 del Decreto Ley 262 de 2000. 2 Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias, artículo modificado por el artículo 67de la Ley 2080 de 2021 establece lo siguiente: “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)

6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 4 En consecuencia, se ordene a los demandados al pago de los perjuicios causados estimados en $3.441.491.794, en los siguientes términos: i) A título de perjuicios morales, para la víctima directa y parientes de primer grado de consanguinidad el equivalente a 100 SMLMV para cada uno; para las víctimas indirectas en segundo grado de consanguinidad la suma de 50 SMLMV. ii) Por perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante, la suma de $640.739.224. iii) Por perjuicios materiales, en su modalidad de daño emergente, la suma de 4 millones de pesos, por concepto de asesorías y honorarios profesionales pagados a diferentes abogados, en defensa de 7sus

derechos dentro del proceso penal. iv) Por perjuicios por daño a la salud, el equivalente a 400 SMLMV a favor de la víctima directa y su cónyuge. v) Por perjuicios por daño a la vida de relación, la suma de $1.406.235.600. 1.2 HECHOS Los hechos en que sustentaron los demandantes las anteriores pretensiones, se resumen de la siguiente manera: a) El señor Dieb Nicolás Maloof Cusse fue vinculado por el Fiscal Doce de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, al proceso penal radicado 8735, por el homicidio del doctor Nelson Ricardo Mejía Sarmiento, quien ostentaba la condición de Alcalde de Santo Tomás, Atlántico, con fundamento en el testimonio del señor José Humberto Torres Díaz, quien afirmo tener los testigos del hecho. b) Mediante Resolución del 26 de noviembre de 2013, el señor Dieb Nicolás Maloof Cusse fue llamado a rendir indagatoria, bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000, y a través de Resolución del 24 de febrero de 2015, se le impuso medida de aseguramiento, que se hizo efectiva el día siguiente, es decir, el 25 de febrero de ese mismo año. c) La sorpresiva e inesperada captura de Dieb Nicolás Maloof Cuse, le causó al momento de su notificación una descompensación hipertensiva que derivó en infarto agudo de miocardio, por lo que debió ser hospitalizado por más de dos (2) meses. d) Esta situación, también afectó a su señor padre, Ezzo Dieb Maloof

Maloof, pues el 31 de marzo de 2015 sufrió un preinfarto. e) Contra la medida de aseguramiento, se solicitó control de legalidad, conocida por el Juez Único Especializado de Barranquilla, quien lo resolvió en forma favorable, por lo que ordenó la libertad inmediata del señor Maloof.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 5 f) En forma adicional, promovió acción de tutela, que en fallo de primera instancia accedió parcialmente a sus pretensiones, revocado en sede de impugnación, para en su lugar declarar improcedente el amparo constitucional. g) La Fiscalía Doce de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió Resolución de Acusación y con ocasión de la misma, impuso nuevamente medida de aseguramiento contra el señor Dieb Nicolás Maloof, situación que le impuso salir del país y afrontar la continuidad del proceso, desde el exilio, lejos de su familia, trabajo y amigos. h) La anterior decisión fue revocada por la Fiscalía Cincuenta y Seis (56) Delegada Ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, y el 29 de diciembre de 2015 Dieb Nicolás Maloof, regresó al país, luego de aproximadamente 7 meses en el exilio. 1.3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN se opuso a la totalidad de

las pretensiones, bajo el argumento que en el sub judice no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de la Fiscalía, por cuanto dicha entidad actuó de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales. Argumentó que al resolver la situación jurídica del señor DIEB NICOLAS MALOOF CUSE, decretó en su contra la medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de extorsión, por disponer de pruebas que satisfacían los requisitos exigidos por la ley procesal penal vigente para el momento de los hechos, a saber, serios indicios de responsabilidad, y si bien se llegó a la preclusión de la investigación por parte de la segunda instancia, eso por sí solo no significa que dicha medida fuera ilegal, o que no contuviera los requisitos para su adopción. En alegatos de conclusión, advirtió que no existe un daño antijurídico, y que la privación de la libertad del señor MALOOF no devino en arbitraria ni desproporcionada, y por el contrario, fue motivada, en forma ajustada a los fines y requisitos previstos en los artículos 355, 356 y siguientes de la Ley 600 de 2000. 1.5 LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 10 de agosto de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por el período comprendido entre el 25 de febrero y el 24 de abril de 2015. Para llegar a esa decisión, en primer lugar, negó la legitimación en la

causa de los señores Shadia Habib Posada, Sonia del Socorro Posada de Habib y Jorge Eskaff Blel, como quiera que no se aportó prueba que

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 6 acreditara las condiciones en que actuaban, a saber, cónyuge, suegra y tío del señor Maloof Cuse y que, por lo tanto, los legitimara para solicitar indemnización de perjuicios. En forma posterior, la Sala hizo un recuento de las premisas normativas y los distintos momentos jurisprudenciales tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional alusivos a la responsabilidad extracontractual estatal por privación injusta de la libertad, para concluir que en pretensión indemnizatoria por este concepto, no se determina un régimen único de responsabilidad, y aplica el subjetivo y el objetivo, según las particularidades de cada caso concreto, aunque siempre se debe tomar en cuenta si la medida fue legal, razonable y proporcionada, y, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si al imputado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad. Luego del análisis probatorio, encontró que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es responsable por la privación injusta de la que fue objeto el señor DIEB NICOLÁS MALOOF CUSE, por lo que reconoció los perjuicios morales ocasionados entre el 25 de febrero y el 24 de abril

de 2015, es decir, un período total de un (1) mes y veintinueve (29) días, lo cual halló soportado en la certificación emanada del INPEC. Por el contrario, no reconoció el término de los siete (7) meses del exilio que también se alegaba como perjuicio, porque no obra prueba dentro del plenario que acredite que: i) la orden judicial de privación de la libertad se hiciera efectiva para el 30 de julio de 2015 o en fecha posterior; ii) con ocasión a la medida de aseguramiento el señor DIEB MALOOF CUSE fuera obligado por la administración de justicia a huir del país y mantenerse en el exilio. Consideró que no había nexo causal con la FISCALÍA en tanto que tal circunstancia fue su culpa exclusiva. Negó los demás reconocimientos, por cuanto no fueron acreditados: 1) Los honorarios dejados de percibir por la víctima directa como neurocirujano; 2) El pago de honorarios a los abogados que representaron al señor MALOOF CUSE en el proceso penal; 3) El daño a la salud del señor DIEB MALOFF y su señor padre, EZZO DIAB MALOOF; y 4) El daño a la vida de relación. 1.4 LA IMPUGNACIÓN 1.4.1 LOS DEMANDANTES Solicitaron que se modificara el fallo de primera instancia y se accediera a sus pretensiones primigenias, con base en los siguientes argumentos: Señalaron que si bien se supone que todos somos iguales ante la Constitución y la ley, en la práctica no lo es y en este caso, la víctima, no es cualquier ciudadano, se trata de una persona muy visible que en

torno a este hecho ocupó las primeras páginas noticiosas no solo de nuestro país sino que traspasó fronteras, además de los cargos que había desempeñado, también por ser reconocido como afín a los idearios políticos de uno de los líderes más representativos de la

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 7 política nacional, por eso cayó dentro de un juego maquiavélico en donde para la Fiscalía y quienes se confabularon en el montaje judicial que dio origen a esta demanda era un gran trofeo tan siquiera privarlo de su libertad y lo lograron, pero emergió finalmente la justicia y logró a toda costa demostrar su inocencia, recuperar su libertad, y su regreso con los suyos, pero todo con gran costo económico, moral, profesional, empresarial y comercial. Afirmaron que de una parte, se reconoce la existencia del hecho dañino antijurídico que afectó y sigue afectando a los actores, mientras que de otra parte no solo se atribuye a buena parte del tiempo en que se llevó a cabo una persecución ilegal por parte del ente hoy condenado como culpa exclusiva de la víctima. Según la a quo el señor MALOOF CUSE debió esperar que lo capturaran, lo expusieran en picota pública como ya lo habían hecho sin importar el convencimiento de la total y absoluta inocencia para con los hechos que le enrostraban, como si la libertad en el ser humano fuera lo particular y el estar en un calabozo fuera lo

general, como sí someterse a los vejámenes de la justicia y más en un centro carcelario como los de nuestro país fuese una ilusión o un cometido por alcanzar por todos los coasociados. Solicitaron que al resolver el recurso de alzada se tengan en cuenta los regímenes y la jurisprudencia sobre la evolución de la teoría de la responsabilidad del Estado, según la cual el Consejo de Estado ha implementado dos regímenes: el subjetivo y el objetivo. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga obligaciones. Alegaron que a los particulares, dadas sus capacidades, no les corresponde sufrir las consecuencias del daño del que no fueron prevenidos, porque las autoridades, aunque conocían del peligro no pudieron conjurar la amenaza. En este sentido, las víctimas de las desatenciones por parte de la administración de justicia que generen consecuencias injustificadas como en el presente caso, deben ser indemnizadas y amparadas por el Estado, pues no tienen el deber de soportar sus efectos, nótese como aquí, el daño se estructura principalmente en que el señor DIED NICOLA MALOOF CUSE fue privado de su libertad por un periodo que aunque no fue muy largo, sí fue sometido además al exilio por otro período mucho mayor, como resultado de una serie de fallas que permiten concluir que se trató de

un vil y asqueroso montaje iniciado por un particular que posa de defensor de derechos humanos, quien se alió con su sobrino que se desempeñaba como director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la fiscalía y este con los más altos dirigentes de la entidad aquí condenada, tal y como se reseñó en la demanda y como se demostró en el proceso penal que dio origen a que recurrieran a este medio de control, sin dejar de lado la gran cantidad de irregularidades cometidas por parte de la Fiscalía al imponer la medida de aseguramiento y ordenar la captura del señor MALOOF CUSE.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 8 Con respecto al material probatorio indicó que el objeto del aporte o solicitud de una prueba es el de soportar y demostrar los hechos y los dichos en que se funda en este caso una demanda, para este proceso en concreto la actuación reprochable por parte de la administración de justicia, igualmente el daño ocasionado y la relación de causalidad entre uno y otro. La práctica de las pruebas solicitadas se constituye en el presupuesto indispensable para demostrar las afirmaciones fácticas de la demanda y el carácter cierto de ellas. La doctrina se ha encargado de manifestar que en el proceso de Reparación Directa “… el objeto de la prueba está constituido por los actos y por los hechos administrativos que dentro del juicio deben verificarse o investigarse…”. Por esa razón, solicitaron en su momento que por intermedio de la secretaría de esa Corporación:

✓ Se oficiara al Dr. MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA, en su calidad de Representante Legal de la firma de Abogados MARIO IGUARÁN ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. NIT No. 900-499.5348, para que certificara cantidad, forma de pago y en cuántos contados recibió los honorarios pactados con la señora SHADIA HABIB POSADA en lo concerniente al contrato de prestación de servicios relacionados por el ejercicio de la defensa jurídica material y técnica adelantada dentro del proceso penal. ✓ Se oficiara a la entidad DISAMA MEDIC S.A.S. ubicada en la calle 80 No 46 – 44 de la ciudad de Barranquilla, solicitándole que certificara el monto de los honorarios devengados por el Dr. DIEB NICOLAS MALOOF CUSE por sus servicios como médico neuro cirujano durante el año dos mil catorce (2014). Ello, con el propósito de determinar el promedio mensual que devengó en ese año, que permitiera liquidar el detrimento patrimonial ocasionado durante el tiempo que permaneció privado de su libertad, más el tiempo que permaneció en el exilio obligado al cual fue sometido. ✓ Que se citara a declarar el Dr. GUILLERMO DE JESUS BARROS CEPEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.731.858 de Barranquilla, médico internista, quien puede ser localizado en la Carrera 49D No. 106–17 casa número 69, conjunto residencial Quinta de Bella Vista en Barranquilla. El precitado galeno fue quien estuvo al frente de la atención médica prestada al Dr. DIEB NICOLAS MALOOF

CUSE al momento de la descompensación emocional y preinfarto ocasionado por la captura que en su contra ordeno el señor fiscal 12 Dr. SERGIO GÓMEZ HERNÁNDEZ. El propósito era que se ilustrara respecto de las causas directas de la afección en la salud que sufrió el Dr. DIEB MALOOF, riesgos que debió afrontar frente a su vida, y consecuencias o efectos que ello pudo generar o generó como consecuencia directa de ese episodio. Esta solicitud de pruebas fue negada, las dos primeras por no haberse aportado constancia de que se hubiere hecho petición de estos documentos y la tercera por cuanto se encontraban acreditados con la historia clínica. Si bien no fueron aportadas pruebas sumarias que indicaran que se actuó con diligencia para obtener los documentos que se pedían sean solicitados por ese despacho, se tiene que aparece

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 9 dentro de la demanda el contrato de prestación de servicios celebrado entre la Dra. Shadia Habib Posda (Esposa del Dr. DIED MALOOF) y el Dr. IGUARAN), por lo tanto, al igual que en la prueba tres se encuentra acreditado que se celebró ese negocio jurídico y que se ejecutó. Recordó que al igual que los demás documentos, este tampoco fue tachado de falso por la contraparte. Agregó que se trata de un abogado prestante, exfiscal general de la Nación quien, además, certificó que había recibido el pago total por lo contratado, al tiempo que se sentó

una nota en la demanda donde, bajo la gravedad del juramento, se señaló la veracidad de estas afirmaciones. Respecto a los honorarios devengados por el Dr. DIEB MALOOF, aseveró que está probado que trabajaba (y sigue trabajando) en la clínica “La Misericordia” donde fue capturado y sufrió el preinfarto, habiendo sido trasladado a otra IPS de mayor nivel de complejidad. Por su profesión de neurocirujano, reconocido incluso a nivel internacional, es apenas lógico que reciba remuneración por su trabajo en los montos incluso superiores a los que le fueron certificados, verificación que se pidió de manera verbal al igual que la referente al Dr. IGUARAN, pero que por circunstancias que desconocen no fueron atendidas en oportunidad. Destaca que las pruebas obrantes son documentales, que las mismas resultan eficaces, habida cuenta que el artículo 246 del Código General del Proceso aplicable en este tipo de procesos por mandato del artículo 211 de la Ley 1437 del 2011, “la eficacia del documento, no encuentra condicionada a que obre en original o copia auténtica, ni formalidad distinta a su agregación al proceso”; si se tiene en cuenta que no fueron objeto de tacha ni oposición a su estimación probatoria en su momento procesal. Por lo que debemos predicar que lo que aparece contenido en tales documentos se ciñe a la realidad y en consecuencia respalda su dicho en la demanda y prueba tanto los daños infringidos por la entidad hoy condenada y en las proporciones que fueron indicadas. Precisó que no se puede decir, sin más miramientos, que por la culpa grave de la víctima no se reconoce su derecho a la reparación por todo

ese tiempo ausente de su entorno. Luego de explicar lo que en materia civil se entiende por culpa grave, indicó que de acuerdo con lo considerado por la a quo, el señor DIEB NICOLAS MALOOF CUSE preparó todo por cuanto actuó con culpa grave, esto es que intencionalmente y de manera premeditada, calculada, provocó intencionalmente su propia privación de la libertad y más adelante orquestó todo en procura de que se ordena dicha medida de aseguramiento y exiliarse fuera del país o huir de la justicia como lo han dicho. Ello significaría que sabía el actuar irregular de algunos miembros de la Fiscalía General de la Nación y entonces de manera calculada provocó todo este andamiaje. Manifestó que si está claro que el señor DIEB MALOOF fue privado de su libertad en su sitio de trabajo, es porque trabajaba. Si su profesión es de neurocirujano y estaba en una clínica es porque ejerce su profesión. Que no haya demostrado que por haber perdido su libertad

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 10 no pudo seguir en el desempeño su profesión, esto se cae por su propio peso, si privado de la libertad, enfermo de gravedad con una patología cardíaca y en el exilio, es de sentido común que no podía ejercer su profesión. Agregó que en el fallo también se niega el reconocimiento y el pago del perjuicio material (por el daño emergente), consolidado en la erogación de los gastos por representación judicial durante el proceso penal,

porque no obstante reconocer que está acreditado el pago, se requería aportar las facturas o sus equivalentes expedidos por los abogados, por cuanto los aportados no satisfacen los requisitos previstos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Al respecto, señaló que su apoderado no está obligado a facturar electrónicamente y en la época de los hechos tampoco lo estaba, por tanto, se expidió el paz y salvo. Así mismo se aportaron los contratos de prestación de servicios los cuales no fueron tachados de falsos. Agregó que el hecho de no haber cumplido los presupuestos del Estatuto Tributario, en todo caso, esa obligación recae sobre el abogado quien sería el defraudador al fisco por incumplimiento de las normas tributarias y el deber impositivo de agente retenedor o recaudador y en consecuencia la posible sanción recaería sobre este y no sobre el contratante, quien no está obligado a expedir ninguna factura. Así las cosas, se debe reconocer este daño material en las cuantías contenidas en los contratos con su correspondiente indexación. Afirmó que en tiempos más recientes (29 de noviembre de 2021) fue emitida otra sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado que cambia las condiciones en lo pertinente a los montos a indemnizar como daño moral. Por lo tanto, en el cálculo se debió tener en cuenta que todos los topes establecidos se podrán superar cuando se acrediten circunstancias que evidencien una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio moral sufrido por el detenido o las víctimas indirectas de la detención, las cuales podrán estar relacionadas con la

gravedad del delito por el cual el sindicado fue investigado o acusado y las circunstancias particulares afrontadas con ocasión de la detención. Ello, en atención a que el señor MALOOF CUSE cumplió su detención de manera intrahospitalaria, lo que era aún más grave, delicado y riesgoso que haberlo hecho en una cárcel, por cuanto en un hospital la soledad es aún más grande y los riesgos de adquirir otras patologías aumenta. Por lo que solicitan que sea reconocida la reparación en los montos por lo menos en las cuantías que señala la nueva jurisprudencia (300 SMLMV). En cuanto a la negativa del reconocimiento del daño a la salud, aseveraron que ninguna historia clínica y ningún médico serio podrá afirmar, con sustento científico, que las afectaciones cardíacas se originaron en la privación de la libertad, pero sí se puede colegir el resultado, la consecuencia y esta acompasarla y relacionarla en tratándose de afecciones cardiacas con las costumbres alimenticias, la ausencia de actividad física, el desarrollo de actividades laborales, todo esto reseñado en la anamnesis y es a partir de este estudio comparativo que por vía de la deducción se llega a la conclusión del factor desatante del resultado preinfarto y dadas las circunstancias

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 11 temporales, espaciales y modales es que se concluye la relación DIRECTA entre el