PGN - IUR 39160

CONTROVERSIAS C0NTRACTUALES-Para declarar incumplimiento de contrato entre ECONTACT COL SA y ETB S.A ESP, que se ordene entre otras que dinero reconocido en sentencia que pone fin al proceso devengue intereses moratorios CADUCIDAD-Su término en controversias contractuales será de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento según regulación legal CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-No se debe declarar en el sub examine de acuerdo con los principios pro actione pro damato y pro homine …Previsto lo anterior, a juicio del Ministerio Público no se debería declarar la caducidad de la acción, en vista que los anteriores elementos deben ser objeto de interpretación, y de acuerdo con los principios pro actione pro damato y pro homine dicha interpretación favorable al acceso de la administración de justicia. En efecto, analizados los argumentos del demandado, se evidencia que éstos persiguen una interpretación restrictiva del antecedente de unificación precitado y del artículo 164 del C.P.A.C.A., al insinuarse que la aplicación de éstos se limitaba a los contratos regidos por el estatuto general de contratación. Pero esta lectura puede desestimarse al verificarse que, ni la sentencia de unificación ni el artículo 164 del C.PA.C.A. hicieron distinciones en el alcance de las reglas establecidas con referencia a la tipología o régimen contractual (exceptuados o no de la Ley 80), por el contrario, recayeron sobre toda controversia que se conociera a través del medio de control controversias contractuales. RÉGIMEN JURÍDICO-Aplicable a contratos suscritos por prestadores de servicios

públicos y su interpretación según jurisprudencia del Consejo de Estado RÉGIMEN JURÍDICO-De contratos celebrados por ETB según regulación legal VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO-No se demostró que haya configuración de esta en el sub lite …A juicio del Ministerio Público, contrario a lo argüido por el demandado no se configuró una violación al debido proceso y nuevamente al alegarse dicha violación el demandado lo hace en violación de la lealtad procesal y lo hace con violación principio general del derecho de “nemo auditur propiam turpitudinem allegans” (Nadie puede alegar su propia culpa). Por un lado, revisado el escrito que elevó como contestación a la demanda solicitó la exhibición de las resoluciones mencionadas en la demanda, la cual fue decretada en audiencia del 18 de agosto de 2021, con lo cual se observa el decreto de las referidas pruebas. Ahora con relación a la oportunidad de examinar los referidos documentos, por parte de este Agente del Ministerio Público fue posible examinar las decisiones administrativas que configuraron las multas contra la ETB, con excepción de la actuación administrativa, dentro de la cual se profirió la Resolución 54226 de 31 de julio de 2018. En todo caso, de considerarse que existió una irregularidad en el decreto y práctica de las pruebas, como por ejemplo la falta de decreto de las referidas pruebas documentales, debió proponerlo como un incidente de nulidad fundado en la causal 5 del artículo 133 C.G.P., sin embargo, al no haberlo alegado en forma oportuna resulta saneada

en los términos del artículo 135 y 136 ejusdem.

PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTA 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA

Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 1 ENTIDAD ESTATAL-Tiene el deber de hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el lapso de 2 años independientemente del plazo de ejecución del contrato Así, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, el Estado no tiene que acudir directamente a la aseguradora, pues a la administración le basta proferir un acto administrativo que declare el incumplimiento contractual, el cual será constitutivo del siniestro y hace efectivas las consecuencias jurídicas del mismo. Así, para ser amparado dicho siniestro, debió haber acaecido en la vigencia del amparo de la póliza, y su posterior declaración debe realizarse por la entidad dentro de los dos años de que trata el artículo 1081 del C.Co., esto es, computados desde la ocurrencia del hecho (incumplimiento o caducidad) de los cuales los actos administrativos que los declaran son constitutivos del siniestro, de este modo, la entidad estatal deberá hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el término de 2 años de notificados los anteriores actos administrativos, con independencia que se haya agotado el plazo de ejecución del contrato . PRESCRIPCIÓN-De acción derivada del contrato de seguros, según jurisprudencia del Consejo de Estado PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTA 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710

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CONCEPTO N°150 /2023

Bogotá D. C., 09 de octubre de 2023. Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor NICOLÁS YEPES CORRALES

E. S. D.

Referencia: (70.184) 25000-23-36-000-2021-00034-01

Medio de control: Controversias Contractuales

Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.

Demandado: Econtact Col S.A.S. y otro Honorable Magistrado: En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación, y con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000, dentro del término del traslado previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, procedo a rendir concepto en el proceso de controversias

contractuales de la referencia1 así:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

En las pretensiones de la demanda, se deprecó: “(…) PRIMERA. DECLÁRESE que ECONTACT COL S.A. INCUMPLIÓ el contrato No. 4600013525 de 2014 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB SA ESP en lo que se refiere a las obligaciones de atención al usuario, contenidas en los capítulos III y V de las condiciones de invitación No. 10243484 del contrato No. 4600013525 de 2014. SEGUNDA. Como consecuencia de la pretensión primera CONDÉNESE a

ECONTACT COL SAS y a MAPFRE, en su condición de garante de la citada sociedad, por el incumplimiento de las obligaciones concernientes con el pago de las multas que tuvo que asumir la EMPRESA DE 1 Art. 247. L. 1437 de 2011. Modificado art. 67. L. 2080 de 2021. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)

6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia. (…)”.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 3 TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. frente a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por hechos ocurridos durante la ejecución del contrato No. 4600013525 de 2014, imputables a EMERGIA, por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.275.268.956).

TERCERA. CONDÉNESE igualmente a ECONTACT COL SAS y a MAPFRE, en su condición de garante de la citada sociedad, a pagar a favor de la EMPRESA OE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP., el valor de las multas que ésta

llegare a asumir por conductas u omisiones imputables a la sociedad demandada, durante la vigencia del contrato determinado, mientras se tramita el presente proceso judicial. CUARTA. ORDÉNESE que las cantidades líquidas de dinero reconocidas en la sentencia que ponga fin al proceso se actualicen tomando como base el Índice de Precios al Consumidor - IPC. QUINTA. ORDÉNESE que las cantidades líquidas de dinero reconocidas en la sentencia que ponga fin al proceso devenguen intereses moratorios a partir de la ejecutoría de la respectiva sentencia, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 192 del CPACA. SEXTA. CÓNDÉNESE en costas y agencias del derecho a la parte demandada. (…)” Como fundamento fáctico de la demanda se expuso que en noviembre de 2014, la ETB emitió las Condiciones de Invitación No. 10243484 con el propósito de recibir propuestas para la contratación de servicios telefónicos y virtuales, que incluían canales de atención al cliente y ventas reactivas, para productos y servicios LTE y convergentes. En consecuencia, el 10 de enero de 2014, la Etb celebró el Contrato No. 4600013525 con la empresa Emergia, con un valor de $31.110.551.991,00 y una duración de 1 año y 6 meses. La ejecución del contrato concluyó el 30 de abril de 2017, respaldada por la emisión de la Póliza No. 2201314000151 de Mapfre para garantizar su cumplimiento. Durante la ejecución del contrato, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante

SIC) inició procedimientos sancionatorios contra la ETB, argumentando que los servicios prestados por Emergia – absorbida por Econtacthabían sido inadecuados. Como consecuencia de estos procedimientos, la ETB tuvo que pagar un total de 10 multas, las cuales Emergia se negó a reembolsar a la contratante. Finalmente, el 25 de enero de 2019, ambas partes acordaron la liquidación del contrato, y se estableció que Emergia se comprometía a asumir la responsabilidad de todas las multas impuestas por las entidades de control durante los 5 años posteriores a la firma de dicho acuerdo. 1.2. CONTESTACIONES E INTERVENCIONES. 1.2.1 ECONTACT Dentro del escrito de contestación de la demanda, a través de apoderado, propuso las excepciones de caducidad del medio de control, la existencia de prejudicialidad, la excepción de pago en relación con las resoluciones 8546 de 2019 y 43696 de 2016. Su defensa se sentó principalmente, sobre la carencia de fundamento de la demanda para imputar en lo jurídico y PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTA 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 4 en lo fáctico las multas proferidas por la SIC al incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Econtact; por último alegó que ETB no dejó salvedades en el acta de liquidación.

1.2.2. MAPFRE SEGUROS

Dentro del escrito de contestación de la demanda, a través de apoderado, propuso las excepciones de caducidad del medio de control, la existencia de prejudicialidad, la excepción de pago en relación con las resoluciones 8546 de 2019 y 43696 de 2016. Su defensa se fundó principalmente, sobre la exclusión de los perjuicios solicitados de la cobertura de la póliza de seguros, por fundarse en sanciones impuestas por la SIC a la ETB por infracciones al régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones. En segundo lugar, se refirió a la carencia de fundamento de la demanda para imputar en lo jurídico y en lo fáctico las multas proferidas por la SIC al incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Econtact. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 9 de septiembre de 2022 decidió: (…) PRIMERO.- DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por el extremo pasivo, en virtud de las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- DECLARAR el incumplimiento del contrato 4600013525 de 2014, por Econtact Col S.A.S. – Emergia, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO.- CONDENAR a Econtact Col S.A.S. – Emergia a pagar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB la suma de mil cuatrocientos treinta y seis millones trecientos cuarenta y nueve mil trecientos ochenta y

ocho pesos con cuarenta y ocho centavos $1.436.349.388,48, en virtud del incumplimiento contractual referido en el anterior numeral de la parte resolutiva de esta sentencia. Esta suma deberá ser asumida por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., teniendo en cuenta el valor asegurado en la póliza de cumplimiento N. 2201314000151 y las condiciones estipuladas en el contrato de seguro.(…)” Para arribar a la anterior decisión el Tribunal partió del problema jurídico consistente en: “(…) En atención a las pretensiones de la demanda y a la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar: - Si la sociedad Econtact Col S.A.S. – Emergia incumplió el contrato 4600013525 de 2014 suscrito con la ETB; - De ser así, si debe reintegrar a la ETB el valor erogado por esta en razón de multas impuestas por la SIC, con ocasión a tal incumplimiento, así como asegurar el pago de las futuras. - De determinarse una condena, si esta debe ser asumida por Mapfre, en virtud de póliza de cumplimiento 2201314000151. (…)” En lo que se refiere a la caducidad de la acción, el Tribunal consideró que la demanda se elevó en forma oportuna, el 25 de enero de 2021, cuando no se habían agotado dos años, computados desde que se suscribió el acta de liquidación del contrato No. 4600013525 de 2014 el 25 de enero de 2019 – el vencimiento del plazo contractual tuvo lugar el 30 de abril de 2017-. En este punto adujo que la fecha del sello de autenticación “solo indica que esa

firma fue confrontada con la registrada en esa notaría en la referida fecha, mas no que esta hubiera sido efectivamente suscrita el 9 de septiembre de 2019” . De manera posterior se refirió al marco jurídico general del cumplimiento del contrato estatal, y enunció los hechos que encontró probados en el plenario.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 5 A continuación, se dispuso a examinar el caso concreto, acápite donde aclaró que no se tuvo en cuenta dentro del análisis del incumplimiento el pago de las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las Resoluciones 43696 de 2016, 8546 de 2019 a ETB. Lo anterior, al evidenciarse por el Tribunal, que Emergia allegó con la contestación de la demanda certificación de pago de las referidas multas. Sin embargo, aclaró que lo relativo al pago de la multa prevista en la Resolución 19892 del 21 de marzo de 2018 – aportada en escrito de las pretensiones-, si fue tenida en cuenta al examinarse el incumplimiento. Así, identificó que se analizaron los siguientes 9 casos de multas como origen del incumplimiento: Resoluciones 490023 del 28 de febrero de 2019; 8515 de 2 de abril de 2019; 282b op0’13 de 16 de julio de 2019; 8112 de 2 de abril de 2019; 35592 de 24 de mayo

de 2018; 54226 de 21 de julio de 2018; 60791 de 23 de agosto de 2018; 40614 de 12 de junio de 2017; y 19892 de 21 de marzo de 2018. Las anteriores multas tuvieron su causa en sanciones por la aceleración del cobro de cuotas, indebida o inadecuada respuesta a petición, publicidad que indujo en error, no atención de recursos interpuestos y el no cumplimiento de las entregas acordadas. Para la Sala del Tribunal, el contratista incumplió las obligaciones pactadas en el contrato 4600013525, al interpretar que el objeto del referido contrato era “(…) a un desarrollo integral de la operación que garantizara la experiencia del cliente (…)” – punto donde hizo referencia a las clausulas N.5.10 a 5.18 del contrato y al numeral 5.13 de los términos de referencia del contrato-. De este modo, para la Sala la operación de Emergia no se circunscribía a la lectura de una matriz de preguntas y respuestas, sino a gestionar de manera adecuada las necesidades y expectativas de los clientes para evitar su insatisfacción, y en consecuencia evitar la interposición de denuncias ante la SIC. Dentro de los incumplimientos identificados por la Sala se evidenció, la falta de respaldos informáticos; la falta de controles de calidad sobre la información suministrada a clientes; omisión de seguimiento y escalamiento de peticiones de usuarios en lo relativo al aceleramiento de cláusulas de equipos móviles; falta de verificación respecto de información a los clientes; falta de seguimiento a la dudas de los clientes sobre publicidad que los indujo en error; la falta de escalamiento de recursos de reposición y en subsidio de apelación, entre

otros. Señaló que de conformidad al numeral 5.19 el contratista se obligó a asumir los costos o multas ocasionados debido a errores operativos o de gestión y de acciones fraudulentas, por lo cual imputó la responsabilidad al contratista por el pago de las referidas multas al estimar que se generaron por los incumplimientos de éste al objeto contractual. Por otro lado, la Sala desestimó las excepciones formuladas por las demandadas referentes a la ausencia de incumplimiento al no asumir las multas impuestas por la SIC, así como lo relativo a la falta de salvedades en el acta de liquidación. Al respecto, la Sala consideró que el contratista si dejó salvedades frente a la responsabilidad por el pago de multas provenientes por los entes de control. En lo referente a la condena contra la aseguradora MAPFRE, consideró que estaba justificada en la cobertura póliza de cumplimiento 22001314000151 de la que ETB fue el tomador afianzado Econtact Col S.A.S. Adujo, que en la última modificación de la póliza se extendió su vigencia hasta el 30 de abril de 2020, y se precisó el valor de garantía en $ 2’218.965.517, 20% del precio estimado del contrato antes del IVA. Desestimó la excepción de prescripción elevada por Mapfre, al referirse a la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual el acto PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTA 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 6 administrativo que declara el siniestro no se debe proferir necesariamente dentro de los 2

años “desde la fecha en que se conocieron los hechos materia de las resoluciones”. 1.4. LAS IMPUGNACIONES 1.4.1. IMPUGNACIÓN DE MAPFRE SEGUROS Por intermedio de apoderada judicial, solicitó que se revocara la condena impuesta contra la aseguradora MAPFRE. A su juicio, el término de prescripción de la acción de seguros no debía computarse desde que se agotó la vía gubernativa antes la SIC. Adujo el recurrente, que para computarse el término prescriptivo debía existir un acto administrativo, junto con la póliza, pero adujo que no se profirió dicho acto administrativo ni se incluyó a MAPFRE dentro del acta de liquidación bilateral. Adujo que en la póliza pactada por parte de Mapfre se pactó la exclusión de cobertura para las sanciones pecuniarias, sin que fuera objetada por ETB. De este modo objetó que el Tribunal hubiere condenado a la aseguradora, en especial, obligarla al pago directo cuando según la cláusula undécima solo era procedente el pago directo frente a imposibilidad del afianzado. Por otro lado, adujo que el objeto del contrato de Emergia se limitaba a la atención del canal telefónico y los medios virtuales, sin que el rol del contratista tuviera un alcance mayor sobre la operación de ETB. De ahí que objetara la imputación del incumplimiento contractual, por parte del Tribunal, fundada sobre el presupuesto que Emergia se había obligado a una gestión integral del relacionamiento con los clientes de la ETB.

1.4.2 IMPUGNACIÓN ECONTACT COL S.A.S.

Por intermedio de apoderada judicial, solicitó revocar la sentencia de primera instancia en sus numerales primero, segundo tercero y quinto, con fundamento en los siguientes cargos: Consideró que se configuró la caducidad del medio de control, pues adujo que la firma del contrato tuvo lugar el 9 de septiembre de 2019 – fecha de sello notarial-, y no el 25 de enero de 2019, así esta fuera la fecha que se indica en el documento. Adujo la apoderada que el representante legal de la firma Econtac S.A.S. solo suscribió el contrato hasta el 9 de septiembre de 2019, fecha hasta la cual considera que se perfeccionó dicha acta. Así, estimó que, de aplicarse el auto de unificación del 1 de agosto de 2019 sobre la caducidad del medio de control de controversias contractuales, no podía tenerse por fecha para iniciar el cómputo de la caducidad la suscripción de la referida acta, pues se suscribió agotados 2 años después del vencimiento del plazo contractual, el 30 de julio de 2017. De este modo se debía tener por fecha de configuración de la caducidad el 30 de julio de 2019, y no el 25 de enero de

20. A lo que agregó que el contrato de la referencia es de derecho privado y “(…) no hay habilitación para liquidación unilateral (…)”, cuestionando que la decisión de unificación se aplicara al referido contrato.

Por otro lado, adujo que la decisión de primera instancia se adoptó con violación al debido proceso, en atención a que para acreditarse el incumplimiento de Econtact S.A.S. se

valoraron las Resoluciones 4903 de 2019, 8115 de 2019, 28213 de 2019, 8112 de 2019, 35592 de 2018, 40614 de 2018, 54226 de 2018, 60791 de 2018 y 19892 de 2018 proferidas por la SIC, sin que se encuentren en el expediente -adujo que los enlaces remitían a información PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTA 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 7 incompleta-. Adujo que tampoco se deben tener por incorporados los documentos que allegados con el traslado de las excepciones de la demanda por parte de ETB, al verificarse que no hubo una petición probatoria al allegarse, ni fueron decretadas en la audiencia inicial. Por otro lado, adujo que la Resolución 19892 no podía ser objeto de valoración en el presente proceso, al ser una multa que no se había referenciado en la demanda y solo se adujo al descorrer el traslado de las excepciones, por lo cual no se podía admitir en el debate probatorio, aún de pretenderse de la demanda el pago de multas que la ETB deba asumir por las conductas del contratista, dado que ello constituye una interpretación de la demanda. Agregó, que el daño no le resultaba ni jurídica ni fácticamente imputable. Sobre la imputación jurídica precisó que el Tribunal desconoció que con sujeción al artículo 1619 del Código Civil no pueden existir obligaciones indeterminadas ni ilimitadas. De este modo, adujo

que bajo el numeral 5.19 de los términos de referencia, la obligación del contratista de asumir los costos y multas se limitaba a las causadas por errores operativos o de gestión y de acciones fraudulentas. En este punto, se refirió al artículo 1622 para establecer que las cláusulas debían interpretarse el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad, para argumentar que el objeto contractual no era otro que “Contratar el servicio de canal telefónico y virtual” , por lo cual el contratista únicamente debía gestionar las PQR que fueran recibidas “(…) pero en ningún momento adquirió la obligación de reemplazar a ETB en sus actividades propias como prestador de servicios y esa tampoco es una obligación que sea natural al contrato que suscribieron las Partes (sic).(…)”. En consecuencia, precisó que a Econtact no le competía garantizar la calidad de todos los aspectos de las relaciones de ETB con sus usuarios. En este sentido, arguyó que no le resultaba imputable el pago de las de las multas impuestas por la ETB a la SIC, por lo siguientes motivos: Frente a la falta de atención y trámite del recurso presentado por una usuaria, se refirió a la multa impuesta en la Resolución 60791 de 2018 de la SIC, de la cual afirmó que Econtact no intervino porque el caso implicó el uso de medios físicos y no virtuales -por lo cual Econtact no tuvo contacto con la petición-; Por el caso de la falta de una Sim Card a un usuario, se refirió a la Resolución 40614 de 2018, adujo que a su representante no le competía la entrega física de la Sim card, sin que la sanción tuviera origen en la respuesta dada a la petición.

De forma general se refirió a las conclusiones del Tribunal y estimó que las mismas otorgaban a las obligaciones del contrato un alcance que resultaba imposible de materializar, dado que la garantía de seguimiento y garantía del cliente resulta una obligación en exceso genérica, pues omitió que existían otros actores en la cadena de servicios ofrecidos por ETB, y que el contratista se limitaba a gestionar el canal telefónico y virtual. Por último, precisó que ETB no dejó salvedades en el acta de liquidación unilateral del contrato respecto de las sanciones concretas cuyo reembolso pretende, por ende, existe un claro impedimento para su reclamo judicial, dado que las mismas “(…) son un requisito para el posterior reclamo judicial cuando se liquida bilateralmente un contrato (…)”, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Agregó, que la anotación efectuada en el acta por parte de la ETB solo aplicaba para las multas proferidas con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación bilateral, bajo el entendido que las anteriores a la misma quedaban excluidas.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTA 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA

Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 8 2.1. PROBLEMA JURIDICO Visto el contenido de los recursos de apelación propuestos por las partes, a juicio de este Ministerio Público, le corresponde a la Sala de Subsección resolver los siguientes problemas jurídicos:

1. Deberá precisarse si sobre el presente medio de control se configuró la caducidad

del medio de control, para lo cual se deberá precisar en el plenario la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato No. 4600013525 de 2014.

2. En caso negativo, deberá analizarse si el a quo incurrió en una violación al debido proceso, al haber valorado en la decisión de primera instancia, documentos que según se indica no fueron decretados y aportados al proceso de forma regular – esto es, las resoluciones sancionatorias de la SIC-.

3. Se discute así mismo por las partes, el alcance de las obligaciones pactadas en el contrato No. 4600013525 de 2014, en especial frente a la clientela ETB. Punto que deberá precisarse, para examinar si la conducta de la demanda Econtact constituye un incumplimiento contractual, del cual sea responsable. En este punto, se tendrá que apreciar si en el acta de liquidación del contrato se dejó expresada una salvedad en relación a las multas

4.

5. Por último, de estimarse que la demandada Econtact resulta responsable en lo patrimonial por el incumplimiento del contrato No. 4600013525 de 2014, se tendrá que establecer si para la acción derivada del contrato de seguro operó la prescripción.

Para resolver los anteriores problemas, considera el suscrito que se debe exponer el marco jurídico definido, en relación a: i) la caducidad del medio de control de controversias contractuales; ii) el marco jurídico de los contratos directamente relacionados a la prestación de servicios públicos y su interpretación; iii) para resolver en el caso concreto la prosperidad de los cargos elevados por violación al debido proceso y frente a la ausencia de incumplimiento de la demanda en la ejecución del contrato No. 4600013525 de 2014.

2.2 SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA PROFERIR SENTENCIA DE FONDO. 2.2.1 La caducidad de la controversia contractual. De conformidad con el numeral 2°, literal j) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales será de dos años contados “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. Término que se computaría así para los contratos que requirieran de liquidación: 2 (…) j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente. (…)” PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTA 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 9 iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente

al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe; v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga; En el presente asunto, la sentencia de primera instancia estimó que la demanda se elevó en forma oportuna el 25 de enero de 2021, para lo cual tuvo en cuenta para el inicio del cómputo de caducidad el 25 de enero de 2019, fecha en la que juzgó que fue suscrita el acta de liquidación bilateral del contrato No. 4600013525 de 2014. Por su parte, la demandada, Econtact adujo que el cómputo de caducidad debía hacerse desde el vencimiento del plazo contractual, de tal modo que el término de caducidad se agotaba el 29 de julio de 2019, pues el acta de liquidación bilateral se suscribió hasta el 9 de septiembre de 2019. Previsto lo anterior, resulta evidente para el suscrito agente del Ministerio Público que se debate entre las partes la fecha de suscripción de la referida acta, con el objeto de precisar el alcance del auto de unificación del 01 de agosto de 2019, relativo al cómputo de caducidad, en el presente caso. En efecto, el auto de unificación del 01 de agosto de 20193 se profirió a partir de la necesidad de suplir un vacío normativo dejad