PGN - NORMAS PROCESALES - Son de orden público según regulación legal

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Contra el ex contralor de Santander (e), como presunto responsable de la condena impuesta a la entidad, por irregularidades en la solicitud de renuncia y aceptación de la misma una servidora pública CONSEJO DE ESTADO-Competente para conocer de las acciones de repetición ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco constitucional Conforme a lo enunciado en el artículo 90 de la Constitución Política, encuentra esta Delegada que mientras la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico tiene su sustento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, el fundamento jurídico de la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado, no es otro que el de garantizar el patrimonio económico estatal, el cual, debe ser objeto de protección integral con el propósito de lograr y asegurar la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, toda persona que ostente un cargo público, está expuesto y debe soportar el trámite de un proceso de repetición en su contra, teniendo la oportunidad de controvertirlo y efectuar su defensa. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Definición legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos esenciales para su procedencia Por lo anterior la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de una condena judicial, de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; ii) que el pago se haya realizado; iii) la calidad de la demandada como agente o ex agente del Estado y iv) la culpa grave o el dolo.

NORMAS PROCESALES-Son de orden público según regulación legal En cuanto al aspecto procesal se debe señalar que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, establece que las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, por lo cual respecto a aquél aspecto dentro de la acción de repetición que nos ocupa, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001.

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Exp No (47535) 11001032600020130008500

CONCEPTO No. 090 / 2021

Bogotá D.C, 01 de octubre de 2021

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente Doctora: MARÍA ADRIANA MARÍN.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-26-000-2013-00085-00 (47535) Medio de control Acción de repetición - Única instancia Ley 1437 de 2011

ACTOR: DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEMANDADO: MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ Sentido del concepto: NEGAR las pretensiones de la demanda // Concurren los elementos objetivos para declarar la prosperidad de las pretensiones invocadas // NO Se configuró la conducta dolosa del ex funcionario, establecido en el artículo 63 del Condigo Civil, norma

aplicable al presente, por cuanto existen dudas en cuanto a la actuación del funcionario // Principio de presunción de inocencia no fue desvirtuado // La acción de repetición busca recuperar la erogación económica como consecuencia de condenas por acciones u omisiones de los servidores públicos // No se cumplió suficientemente con la carga probatoria por parte de la entidad demandante. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. Para lo cual, se presenta el siguiente concepto:

I. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda - Hechos. El DEPARTAMENTO DE SANTANDER mediante escrito presentado el día 27 de septiembre de 2012 interpuso demanda contentiva del medio de control de repetición contra MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ, quien se desempeñó como Contralor Departamental de Santander (e), como presunto responsable de la condena impuesta a la 2 JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 entidad accionante por el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 16 de

junio de 20111, con base en los siguientes: Como hechos de la demanda, se indica que el Doctor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, como Contralor Departamental de Santander - Encargado, solicitó la renuncia de unos funcionarios de la planta de personal de la Contraloría; por lo cual el 31 de Julio de 2001, mediante Resolución No. 0554, aceptó la renuncia de la señora Ana Felicia Linares Garrido quien venía prestando sus servicios a la Contraloría Departamental de Santander desde el día 1 de febrero de 1995 al 30 de julio de 2001, como profesional especializado código 335 grado 2, con nombramiento en propiedad. La Resolución emitida por el Contralor Encargado, no estuvo motivada y en su contenido, no se mencionó la procedencia de los recursos de ley, entendiéndose de esta manera agotada la vía gubernativa. La renuncia que motivó la emisión de la Resolución No. 0554 fue presentada bajo presión o bajo vicios del consentimiento, lo que hace que la conducta del Doctor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, se enmarque en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 en lo referente a la desviación de poder que realizó al momento de solicitarle la renuncia a los funcionarios de la Contraloría Departamental de Santander, en este caso a la señora Ana Felicia Linares Garrido. En consecuencia de la conducta del señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ en el año 2001 la señora Ana Felicia Linares Garrido, inicia Acción de Nulidad y

Restablecimiento del Derecho contra la Contraloría Departamental de Santander, para que se declarara la nulidad de la Resolución No. 0554 del 31 de Julio de 2001, la cual correspondió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga, radicada con el número 68001-23-31-000-2001-03377-01, despacho que profirió fallo de primera instancia el 25 de Julio de 2008, en donde denegó las pretensiones de la demanda y ordenó el archivo de la misma. La apoderada de la señora Linares Garrido apeló el fallo y la Magistrada Ponente Francy del Pilar Pinilla Pedraza, del Tribunal Administrativo de Santander, mediante Sentencia de 3 1 Folio 62 a 74 del cuaderno principal. JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 Segunda Instancia, de fecha 16 de Junio de 2011, revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de la Resolución No. 0554 del 31 de Julio de 2001, expedida por la Contraloría Departamental de Santander y el reintegro de la señora Ana Felicia Linares Garrido al cargo que ocupaba u otro de igual o superior jerarquía de la planta de personal de la Gobernación de Santander, decisión que tomo argumentando lo siguiente: "Apreciada la prueba testimonial y documental en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana

critica, que la Sala llega a la convicción de que la renuncia presentada por la actora ANA FELICIA UNARES no fue resultado de su voluntad libre y espontánea sino que lo hizo presionada en la forma ya descrita y por el funcionario antes indicado... " De acuerdo al análisis de las pruebas, el Tribunal Administrativo de Santander, advirtió la conducta dolosa expresada por el Contralor Encargado, PINTO HERNANDEZ, frente al despido injustificado de la señora Linares Garrido, en virtud de la decisión en comento adoptada por el Tribunal y en virtud del artículo 3 de la Ley 1416 de 2010, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER debió asumir el pago de la condena hecha a la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, y para dar cumplimiento, el 28 de Marzo de 2012, mediante Resolución No. 4103 de 2012, se ordenó el pago de conformidad con la condena impuesta en la sentencia del Tribunal en sentencia del 16 de junio de 2011 a la Doctora Eisa Briggitti Vera Villareal, quien actúa en representación de la señora Ana Felicia Linares Garrido. El DEPARTAMENTO DE SANTANDER canceló la suma de $446.031.925, el 30 de marzo de 2012, mediante Comprobante de Egreso No. 00000002181, con Orden de Pago No. 000000001313, a la Doctora Eisa Briggitti Vera Villareal, apoderada de la señora Ana Felicia Linares Garrido, para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Santander. El 10 de abril de 2012, se notificó personalmente la Doctora Eisa Briggitti Vera

Villareal, de la Resolución 4103 de 2012, en donde se reconoce el pago de la Sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, dineros que fueron consignados en su cuenta personal número 736-00137-1 del BBVA, desde el 30 de Marzo de 2012. Frente a los presupuestos fijados en el artículo 90 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 142 del Código4Contencioso Administrativo (Ley 1437 de JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 2011), de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 678 de 2001, y el Comité para la Defensa Judicial del Departamento de Santander, decidió iniciar la presente Acción de Repetición, mediante Acta No. 12 del 29 de Junio de 2012.

Expone el escrito petitorio que: “En este caso en concreto, el Señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, quien en su cargo de Contralor Encargado del Departamento de Santander, solicitó la renuncia de varios funcionarios de la Contraloría y su vez expidió las Resoluciones aceptando la renuncia sin motivación alguna y mostrando así un claro desvío de poder.

Dicha conducta se enmarca en los presupuestos del dolo que consagra la Ley 678 de 2001 en su artículo 5º, dándose el numeral 1 que trata del obrar con desviación de poder.

En ese orden de ideas, es claro que la conducta del Señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, excedió el ejercicio de sus funciones al generar la Resolución 000554 del 31 de Julio de 2001, con ello dieron lugar al fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, que condeno a la Contraloría Departamental de Santander obligando al DEPARTAMENTO DE SANTANDER a efectuar el pago a favor de la Señora ANA FELICIA LINARES, constituyendo un daño patrimonial al Departamento, lo que configura los requisitos de procedibilidad de la acción de Repetición, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 en concordancia con el artículo 142 del Código Contencioso Administrativo, y la ley 678 de 2001, según los cuales para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los siguientes requisitos: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a un particular. En consecuencia de la conducta del Doctor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ el Departamento debió resarcir los daños causados a la señora ANA FELICIA LINARES por haber expedido la Resolución 000554 del 31 de Julio de 2001, sin motivación alguna aceptándole la renuncia. b) Que la entidad haya pagado a la víctima la suma determinada en la sentencia condenatoria. Este requisito se cumple porque el Departamento de Santander canceló la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 446.031.925), el 30 de Marzo de 2012, mediante

Comprobante de Egreso No. 00000002181, con Orden de Pago No. 000000001313, a la Doctora Eisa Briggitti Vera Villareal, apoderada de la señora ANA FELICIA LINARES GARRIDO, para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Santander. c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular, que ejerza funciones públicas. La conducta del señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, en ejercicio del cargo de Contralor Encargado del Departamento de Santander, se enmarca dentro de los presupuestos fijados por la ley 678 de 2001 en la medida en que en el ejercicio de sus funciones no observaron la prudencia, diligencia y el deber objetivo de5cuidado que por razón de la naturaleza de su JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 cargo le era exigible, consecuencia de dicha conducta genero una condena que debió ser pagada por el Departamento de Santander, generando con ello un daño al patrimonio estatal.” 1.2. Pretensiones. Mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2012 ante el Consejo de Estado, el extremo demandante interpuso demanda, en ejercicio del medio de control de repetición, en contra del señor MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ, con el fin de que se

efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe tal como obra en el expediente): “PRETENSIONES: PRIMERA. Que se declare responsable al Señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, de los perjuicios ocasionados al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por la condena administrativa en contra de la CONTRALOR IA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER emitida por Tribunal Administrativo de Santander, al resolver la apelación interpuesta en el Juzgado Once del Circuito Administrativo de Bucaramanga, en fallo del 16 de Junio de 2011, donde se declaró la nulidad de la Resolución número 000554 del 31 de Julio del 2001, y el restablecimiento del Derecho de la

Señora ANA FELICIA LINARES GARRIDO.

SEGUNDA. Que se condene al Señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ a cancelar la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($446.031.925), a favor del DEPARTAMENTO DE SANTANDER; suma de dinero que pagó esta Entidad a ANA FELICIA LINARES GARRIDO, a través de su apoderada la Doctora Eisa Briggitti Vera Villareal, para hacer efectiva la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. TERCERA. Que se condene al Señor MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ, a cancelar intereses comerciales a favor del Departamento de Santander - Gobernación de Santander, desde el 31 de Marzo de 2012, hasta que se haga efectivo el pago total de la sanción.

CUARTA. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor.” 1.3. Contestación de la demanda. A través de escrito radicado de fecha 22 de abril de 2015, el demandado presentó oposición a las pretensiones fundado su defensa en los siguientes argumentos: Que la Resolución No 0554 del 31 de Julio de 2001 no requería ser motivada, simplemente aceptarle la renuncia. Que el cargo ocupado por la Demandante es de 6 JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 aquellos empleos de Libre Nombramiento y Remoción, de conformidad a los criterios definidos por la Ley 909 de 2004 y la aceptación de la renuncia por escrito de la Accionante se debió al poder de discrecionalidad que se otorgan a los Nominadores. Que el poder discrecional está sometido a normas inviolables como las reglas de derecho preexistentes en cabeza del órgano o funcionario Nominador competente para adoptar la decisión en cumplimiento de los deberes de la Entidad que dirigía a fin de proteger sus bienes y cumplir las funciones para las cuales fue creada. Que el empleo de Profesional Especializado código 335 grado 2, cumple con el criterio de los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la

adopción de políticas o directrices, por lo tanto al tomar posesión en el empleo mencionado conocía con precisión que éste correspondía al nivel directivo y su vinculación, permanencia y remoción obedece a la facultad de discrecionalidad del nominador. Que el Accionado no ejerció presión alguna contra la Accionante, ya que él no solicitó la Renuncia de la Demandante, ella la presentó en forma escrita y libre de todo apremio. Y que para que se configure la desviación de poder es necesario que quien la alegue aporte al proceso los elementos directos o indirectos que demuestren el interés particular y malintencionado que movió al funcionario al expedir el acto, pero en este caso la Accionante no solo no plantea cuales fueron los motivos torcidos, sino que tampoco allega prueba alguna que así lo permita deducir. Que tampoco existe prueba de haberla presionado a renunciar, por el contrario existe un indicio de que dicha presión nunca existió y es el hecho de que la renuncia estuvo en el Despacho del Contralor durante casi un mes sin resolver, tiempo en el cual pudo ser retirada por quien la presentó. Que nunca se presionó la renuncia, por lo tanto no existió dolo ni culpa grave, y sin ellos no procede la Acción de Repetición. Que el demandado en ejercicio de la potestad de discrecionalidad y como nominador encargado, mediante la Resolución No. 000554 de julio 31 de 2001 aceptó la renuncia de la actora, que previamente había pasado por escrito; pero que resulta falso, y sin prueba alguna, los rumores de que la desvinculación era por hechos contrarios a

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 los contemplados en la citada Resolución. Que la discrecionalidad, ajena a la noción del capricho del nominador, le permitía apreciar la circunstancia de hecho y las de oportunidad y conveniencia que rodean la toma de la decisión, concediéndole la posibilidad de actuar o de no hacerlo, o de escoger el contenido de su determinación, siempre dentro de las finalidades generales inherentes a la función pública y las particulares implícitas en la norma que autoriza la decisión discrecional. Que el Accionado haciendo uso de la discrecionalidad hubiese podido declara insubsistente a la Demandada, sin necesidad de que hubiese mediado su renuncia. Que no existió dolo ni culpa grave dado que ni el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga ni el Tribunal Administrativo de Santander, en sus fallos no hacen alusión a que hubiera existido o se hubiera probado. Que además no existe prueba de habérsele solicitado la renuncia por parte del nominador, la demanda y sus testigos dicen que el que la solicitó fue el secretario general, no el Contralor, y él nunca fue llamado a declarar, luego no existió la prueba. Señala la contestación de la demanda que la Actora fue vinculado sin concurso público,

sin selección objetiva, por mera discrecionalidad de la entidad nominadora, y por lo cual la situación del nombrado provisionalmente se asemeja a la de los designados para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción, porque en ambos casos el nombramiento se efectúa en ejercicio del poder discrecional del nominador de escoger en beneficio del servicio a quien tenga las condiciones de idoneidad para desempeñar la funciona y por lo tanto su retiro a su vez debe estar precedido de razones objetivas plenamente justificadas en el interés general. Que no existe prueba alguna que permita inferir que frente a la Resolución No. 0564 del 31 de Julio de 2001, se haya configurado alguna de las causales previstas en el artículo 84 del Código Contenciosos Administrativo, frente a las normas invocadas como vulneradas pues no se ha demostrado la desviación de poder, ni la vulneración de derechos de carrera. Por lo cual se debe considera que en tratándose de decisiones discrecionales como la Resolución acusada y bajo circunstancias como el buen desempeño del servicio, no generan por si solas fuero alguno de estabilidad y no 8 JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 pueden limitar la potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador y si bien lo normal es el cumplimiento del deber por parte de la funcionaria, por ello cuando se

adopta una medida de tal naturaleza, se presume inspirada en razones del buen servicio y el acto que la contenga lleva implícita la presunción de legalidad. Que las provisionalidades en carrera administrativa, para época en que se produjo el Acto Administrativo, está contemplada en la Ley 443 de 1998 y sus Decretos complementarios, por lo cual el Decreto 2504 de 1998, define el nombramiento en provisionalidad de la siguiente manera: " Entiéndase por nombramiento provisional aquel que se hace para proveer, de manera transitoria, un empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito, así en el respectivo acto administrativo no se indique la clase de nombramiento de que se tarta." Que por lo anterior las Entidades del Estado se encuentran facultadas por la ley para modificar su planta de personal en aras de conseguir los principios rectores de Administración Publica consagrados en la Constitución Política en su artículo 209. Que sobre la garantía de estabilidad laboral que también cobija a quien ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, la Corte, con fundamento en la Constitución, ha decantado Jurisprudencia que indica que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier momento a esta clase de servidores no contraria la Carta, pues su estabilidad es precaria en atención a la naturaleza de las labores que cumplen, ya que requieren siempre de la plena confianza del nominador. Señala la parte demandada que en relación a los presupuestos exigidos en con la culpa grave o el dolo en la conducta del Demandado, la prosperidad de la Acción de Repetición requiere que la Entidad pública Demandante acredite el cumplimiento de los requisitos

previstos en la Constitución Política, y desarrollados por la ley y la jurisprudencia, carga probatoria que la Entidad Demandante no cumplió a cabalidad en este caso. Que por lo anterior, como corolario de su escrito defensivo señala que se opone a todas las pretensiones expresadas en el escrito de la demanda. 1.4. Audiencia Inicial. 9 JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 El 19 de septiembre de 2014, se admitió la demanda por el Consejo de Estado y llevo a cabo audiencia inicial el día 09 de marzo de 2018 a la cual comparecieron los extremos procesales y el Ministerio Público en desarrollo de aquella se procedió así:  Se verificó el cumplimiento de los requisitos para que los defensores de confianza ejercieran la defensa técnica de los extremos procesales, al respecto se dejó constancia que aquéllos cumplían con los requisitos de ley, y se les reconoció personería jurídica para actuar en defensa de los interés de sus representados. Decisión frente a la cual no se realizó ningún reproche por los intervinientes.  Saneamiento. Estimó el director del proceso que una vez examinado lo que se ha actuado hasta este momento y advertido que el trámite se ajusta a las disposiciones legales que rigen este tipo de asuntos, artículos 171 a 178 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se configuró vicio procesal alguno que pueda afectar la validez de lo actuado. Decisión frente a la cual no se realizó ningún reproche por los intervinientes.  Excepciones. Señaló el Consejo de Estado que en el término de traslado de la demanda, la parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo que propuso como excepción la que denominó como inepta demanda, porque, a su juicio, el libelo se fundaba en apreciaciones personales y conclusiones subjetivas; no cumplía con los requisitos formales exigidos en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 y no existía prueba del pago dentro del proceso. Al respecto, el Departamento de Santander se opuso oportunamente a la prosperidad de la excepción de inepta demanda, asegurando que en la demanda se encontraba debidamente sustentada en hechos probados en el proceso condenatorio, de ahí que no fuera de recibo que se hubiera fundado en apreciaciones de tipo personal o subjetivo, pues para ello fueron allegadas las respectivas piezas procesales del expediente de nulidad y restablecimiento del 10 JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 derecho; recalcó que no era dable declarar como probada la excepción de inepta

demanda porque no se expresó de forma precisa cuáles eran los yerros formales que padecía el libelo. Adujo que el pago sí se encontraba probado dentro del plenario, pues con la demanda se allegó la copia auténtica del comprobante de egreso, el certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal y demás documentos que probaban que la señora Ana Felicia Linares, como beneficiaria de la condena reconocida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, recibió el pago por la condena impuesta. Frente a lo cual el Consejo de Estado previo a entrar a resolver la excepción propuesta por la parte demanda, estimo necesario requerir al Departamento de Santander para que en el término improrrogable de 10 días contados a partir de la notificación, allegara, prueba material e idónea del pago efectuado a la señora Ana Felicia Linares Garrido con motivo de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia de 16 de junio de 2011. Lo anterior como parte del decreto probatorio que se surte en la etapa de audiencia inicial. Razón por la cual la diligencia fue suspendida. La audiencia fue retomada el día 8 de junio de 2018 con el siguiente desarrollo:  Excepciones. Que respecto a la excepción propuesta por la parte demandada y una vez recauda la documentación probatoria tendiente a acreditar el pago efectuado a la señora Ana Felicia Linares Garrido con motivo de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia de 16 de junio de 2011, estimó el Consejo de Estado que los documentos aportados al expediente son suficientes para demostrar el pago efectivo de la condena judicial

proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque aquellos tienen la fuerza de convicción para determinar que los movimientos financieros que se relataron en el comprobante de egreso realmente se realizaron. Que resultó claro que la entidad demandante demostró haber pagado la condena judicial que generó el ejercicio de la presente repetición en contra del señor MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ, en los términos que exige la 11 JOCASI Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp No (47535) 11001032600020130008500 ley, por lo que para el Consejo de Estado sí fue acreditado el requisito de procedibilidad, despachando desfavorablemente la excepción propuesta. Decisión frente a la cual no se realizó ningún reproche por los intervinientes.  Fijación de litigio. Realizado un análisis de los hechos expuesto en la demanda y los argumentos que al respecto realizó la parte pasiva de la Litis en su escrito de contestación, advirtiendo las coincidencias y las divergencias de cada postura, el Consejo de Estado consideró que la fijación del litigio se debe dirigir a determinar si el señor MIGUEL ÁNGEL PINTO incurrió en conducta dolosa o gravemente culposa al expedir el acto administrativo por medio del cual se le aceptó la renuncia a la señora Linares Garrido y que fue anulado por el Tribunal

Administrativo de Santander en sentencia de 16 de junio de 2011. Decisión frente a la cual no se realizó ningún reproche por los intervinientes.  Conciliación. Esta etapa fue agotada sin llegar a ningún acuerdo dado que las partes del proceso no expresaron interés al respecto.  Medidas Cautelares. En el presente asunto no existió solicitudes de medidas cautelares por resolver, ya que la presentada con la demanda se decidió de manera desfavorable a través de auto de 23 de marzo de 2017.  Pruebas. Al respeto el Consejo de Estado estimó que “Ahora bien, dado que es procedente en esta etapa el decreto de pruebas de oficio, de conformidad con el numeral 10º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho advierte la necesidad de solicitarle a la Secretaría de la Sección que oficie al Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bucaramanga para que, en un término improrrogable de 10 días, contados a partir del recibo de esta providencia, allegue, en calidad de préstamo, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 68001-23-31-000-2001-03377-01, el cual fue adelantado por la señora Ana Felicia Linares Garrida en contra del departamento de Santander, con ocasión de la resolución 554 de 21 de julio de 2001 e