TA CHO - Auto 27001-33-33-004-2002-00968-01 (28-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiocho (28) mayo de dos mil veinticinco (2025).

Interlocutorio Nº 357

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ASUNTO: CONFIRMA AUTO QUE NEGÓ MEDIDA

CAUTELAR.

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA .

Corresponde a esta Sala, resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el interlocutorio Nº 1444 del 5 de noviembre de 2019, por medio del cual, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, negó la medida cautelar de embargo solicitada, a fin de que la ejecutada cumpliera las obligaciones impuestas a su cargo.

ANTECEDENTES

La solicitud de medida cautelar de embargo

Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, negó la medida cautelar de embargo solicitada, a fin de que la ejecutada cumpliera las obligaciones impuestas a su cargo.

ANTECEDENTES

La solicitud de medida cautelar de embargo

El 07 de noviembre de 2018, la suscrita apoderada de la parte ejecutante, presentó memorial mediante el cual solicitó lo siguiente:

“ (…)REFERENCIA: 27001333300420020096801

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(…)”

La providencia objeto de recurso

En atención a la solicitud presentada por la parte ejecutante, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, a través de auto de fecha 5 de noviembre de 2019, resolvió:

“PRIMERO: NIEGUESE la medida cautelar de embargo solicitada por la parte ejecutante, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído (…)”

Lo anterior, al considerar que son inembargables: i. los recursos del sistema general de participaciones, ii. Los del sistema general de regalías, iii. las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios, y iv. Las sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes

específica para el gasto social de los Municipios, y iv. Las sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el respons able tributario correspondiente.

(…)

Aunado a lo anterior, advirtió el despacho que en el presente asunto el apoderado de la parte ejecutante en la medida de embrago, se limitó a solicitar de manera general el embargo y retención de los dineros que posee el ente ejecutado en diferentes entidades bancarias de la ciudad de Quibdó, incumpliendo la exigencia legal prevista en el inciso final del artíc ulo 83 del C.G.P.

El recurso de apelación y trámite

Dentro del término legalmente establecido, el apoderado de la parte ejecutante presentó recurso de apelación contra la providencia antes señalada, indicando: “Es así como finalmente, me permitoREFERENCIA: 27001333300420020096801

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clarificar a su Honorable Despacho, que según lo manifestado con antelación, lo que se pretende con la solicitud del decreto de la medida cautelar en las diferentes entidades bancarias, es, que se tenga en cuenta la excepción

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clarificar a su Honorable Despacho, que según lo manifestado con antelación, lo que se pretende con la solicitud del decreto de la medida cautelar en las diferentes entidades bancarias, es, que se tenga en cuenta la excepción a la regla general de inembargabilidad señalada al interior del presente escrito, en lo concerniente a "el caso en que existieran títulos emanados del Estado que reconocieran una obligación clara, expresa y exigible" y adicional a lo anterior, que se tenga en cuenta los recursos propios con los que cuenta el Municipio de Bajo Baudó – Chocó, con el fin de que la acción ejecutiva no se torne ilusoria.

En referencia a la identificación de los bienes a embargar, aun siendo de nuestro querer suministrar la información requerida, como se expuso con anterioridad, ello no es permitido por la Superintendencia Financiera pues lo que la misma busca es conservar la reserva bancaria de sus clientes que, para el caso en concreta, sería el Municipio de Bajo Baudó – Chocó.

Por lo anterior, se deberá oficiar a las Entidades Bancarias para que sea la misma entidad quien proceda con el embargo según las cuentas que el Municipio posea en cualquier Entidad financiera o revele por mandato judicial que cuentas posee el Municipio y si son o no, de carácter embargable”.

Por lo anterior, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho, la siguiente: REVOQUESE el auto que niega la medida cautelar de activos bancarios de propiedad del ejecutado dentro del proceso y en su lugar proceda a ordenar el decreto del embargo sobre los dineros depositados en cuentas de ahorro, corrientes, Certificado de Depósitos a Término (CDT'S) y cualquier otro activo bancario de propiedad de la Entidad ejecu tada en los

ordenar el decreto del embargo sobre los dineros depositados en cuentas de ahorro, corrientes, Certificado de Depósitos a Término (CDT'S) y cualquier otro activo bancario de propiedad de la Entidad ejecu tada en los establecimientos bancarios señalados en la petición inicial".

En ese sentido, el a quo m ediante auto 565 de fecha 7 de septiembre de 2020, concedió el referido recurso de apelación.

CONSIDERACIONES La competencia

De conformidad con lo previsto en el literal h) del numeral 2º del artículo 125 de la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 de 2021, esta Corporación es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la provi dencia mediante la cual, el Juez de primera instancia negó el decreto de medida cautelar solicitada.

Del título ejecutivo

El título lo constituye el acta de liquidación bilateral No 1706 -27-0016-0-97, suscrita entre las partes procesales por la suma de OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. ($ 8.085.139.00)

4.El problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la medida cautelar de embargo solicitada por la parte ejecutante cumple o no con los requisitos legales y jurisprudenciales para ser decretada?

Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el decreto de la medida cautelar de embargo, por cuanto en la solicitud se omitió precisar con claridad la medida cautelar solicitada, pues no basta con expresar que se solicitan medidas de embargo respecto a cuentas

La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el decreto de la medida cautelar de embargo, por cuanto en la solicitud se omitió precisar con claridad la medida cautelar solicitada, pues no basta con expresar que se solicitan medidas de embargo respecto a cuentas bancarias de propiedad de la entidad ejecutada, sin especificar la ciudad donde debe notificarse a la entidad financiera, respecto a la cual se solicita la medida.

El Marco normativo y Jurisprudencial aplicable

Generalidades de las medidas cautelares de embargo en los procesos ejecutivos

El título IX de la ley 1437 de 2011 consagró lo relacionado a los procesos ejecutivos. En el artículo 298 ídem modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto al procedimiento de los procesos de dicha naturaleza derivados de sentencias, previó lo siguiente:REFERENCIA: 27001333300420020096801

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“(…) Artículo 298. Procedimiento: Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexi dad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.

o magistrado competente, según el factor de conexi dad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.

Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitra l en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales.

Si la ejecución se inicia con título derivado de conc iliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código. (…)”.

Parágrafo. Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

Respecto a la procedencia y trámite de las medidas cautelares de embargo, el artículo 599 de la Ley 1564 de 2012, previó lo siguiente:

“(…) Artículo 599. Embargo y secuestro: Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

(…)

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los

podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

(…)

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aqu el crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.

En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite menciona do, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento . La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.

establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.

La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público.

Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad podrá reclamarse también por el asegurado o beneficia rio directamente ante la aseguradora, de acuerdo con las normas del Código de Comercio.REFERENCIA: 27001333300420020096801

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PARÁGRAFO. El ejecutado podrá solicitar que, de la relación de bienes de su propiedad e ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se embarguen otros, salvo cuando el embargo se funde en garantía real. El juez, previo traslado al ejecutante por dos (2) días, accederá a la solicitud siempre que sean suficientes, con sujeción a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores. (…)”.

La disposición legal transcrita, faculta al ejecutado que proponga excepciones de mérito para

a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores. (…)”.

La disposición legal transcrita, faculta al ejecutado que proponga excepciones de mérito para solicitar que se disponga prestar caución al demandante hasta por el 10% del valor actual de la ejecución con el objeto de garantizar los eventu ales perjuicios que se le cause, so pena de su levantamiento.

Palmariamente el artículo 602 de la misma codificación, prevé la posibilidad de que el ejecutado realice una consignación en aras de impedir o levantar el embargo o secuestro decretado, así:

“(…) El ejecutado podrá evitar que se practiquen embargos y secuestros solicitados por el ejecutante o solicitar el levantamiento de los practicados, si presta caución por el valor actual de la ejecución aumentada en un cincuenta por ciento (50%). Cuando existiere embargo de remanente o los bienes desembargados fueren perseguidos en otro proceso, deberán ponerse a disposición de este o del proceso en que se decretó aquel. (…)”.

Así pues, es claro para la Sala que a los procesos ejecutivos le son aplicables las reglas propias de las normas civiles establecidas en el código General del Proceso, por lo que, el Juez podrá ordenar al ejecutado prestar la caución correspondiente.

El Principio de inembargabilidad frente a bienes del Estado

El principio de inembargabilidad busca proteger los dineros del Estado para asegurar de esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del interés general. Es una garantía que permite proteger los recursos financieros para el cumplimiento de las finalidades propias de un Estado social y democrático de derecho.

el postulado de prevalencia del interés general. Es una garantía que permite proteger los recursos financieros para el cumplimiento de las finalidades propias de un Estado social y democrático de derecho.

Este principio se materializa en el cumplimiento de la acción pública por parte de sus diferentes órganos y conlleva la necesidad de pr oteger los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de las diferentes tareas que asume el Estado frente a la colectividad.

Entre dichas tareas y funciones se encuentra la prestación de servicios públicos como el de seguridad social del artículo 48 de la Constitución política de Colombia que prohíbe destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social a fines diferentes a ella.

En el artículo 63, a su vez se prohíbe el embargo de los bienes y rentas de las entidades públicas, así como de los bienes de uso público de propiedad de la Nación y además aquellos que determine la ley. Entre estos últimos se encuentran los bienes, las rentas y los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema de participación, regalías y los recursos de la seguridad social (artículo 594-1 Código General del Proceso).

Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (artículo 13, 228 y 229 de la Constitución Política). 1 Tienen como objeto evitar que los bi enes se sustraigan del patrimonio del deudor y asegurar, por lo tanto, la ejecución de la sentencia estimatoria.

(artículo 13, 228 y 229 de la Constitución Política). 1 Tienen como objeto evitar que los bi enes se sustraigan del patrimonio del deudor y asegurar, por lo tanto, la ejecución de la sentencia estimatoria.

1 Tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia C -490 del 4 de mayo del 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.REFERENCIA: 27001333300420020096801

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En igual sentido, el Consejo de Estado ha afirmado que las medidas cautelares: “ Buscan prevenir y precaver las contingencias que pudieren sobrevenir sobre los bienes o las personas mientras se inicia o se adelanta un proceso. En opinión de CARNELUTTI, estas medidas buscan evitar aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes puedan derivar de la duración del proceso”2.

En cuanto al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, se tiene que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades han sostenido que la medida cautelar de embargo resulta procedente siempre y cuando la acreencia est uviese contenida en una sentencia judicial o título valor o acto administrativo que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles, que no hayan sido acatadas en los términos y procedimientos fijados en los estatutos procesales aplicables.

acreencia est uviese contenida en una sentencia judicial o título valor o acto administrativo que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles, que no hayan sido acatadas en los términos y procedimientos fijados en los estatutos procesales aplicables.

En efecto, en sentencia C-546 de 1992 en la que se revisó el artículo 16 de la Ley 38 de 1989 respecto al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, la Corte Constitucional determinó que si bien dicha norma resultaba exequible, lo cierto es, que al presentarse colisión entre la protección de los recursos económicos del Estado y el amparo del derecho fundamental al pago de salarios de los trabajadores vinculados con aquel, siempre debía primar el derecho fundamental al pago de la citada remuneración.

Consideró posteriormente, el máximo Tribunal Constitucional en la sentencia C -354 de 1997 que el principio de inembargabilidad general no es absoluto, pues debe ceder “cuando se trate de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dicha sentencia”; así como ante las obligaciones contenidas en cualquiera de los modos o formas de actuación administrativas que regula la Ley.

Concluyó que los créditos a cargo del Estado, bien sea que conste en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento previsto en la norma y solo transcurrido el término para que ellos sean exigibles es posible adelantar la ejecución, con embargo de recursos del pre supuesto, en primera medida, de los destinados al pago de sentencias o conciliaciones cuando se trate de esta clase de títulos, y en segunda medida, sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

con embargo de recursos del pre supuesto, en primera medida, de los destinados al pago de sentencias o conciliaciones cuando se trate de esta clase de títulos, y en segunda medida, sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

También en las sentencias C -793 de 2002, C-566 de 2003, C-1154 de 2008 y C -539 de 2010 la Corte Constitucional reiteró su postura en cuanto al principio de inembargabilidad y sus excepciones, tesis adoptada por las diferentes secciones del Consejo de Estado en sede de tutela al revisar las decisiones de los Tribunales Administrativos del país respecto de la no aplicación de las medidas cautelares de embargo en virtud de lo consagrado en el artículo 594 del C.G.P3.

Ahora bien, en línea jurisprudencial se ha establecido cuales recursos mantienen el carácter de inembargabilidad, entre los que se resaltan : i . los recursos del sistema general de participaciones , ii. los del sistema general de regalías, iii. las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios, y iv. las sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.

Para desatar el problema aludido se tiene:

La prenda general del acreedor es el patrimonio del deudor, compuesto por sus bienes y derechos, activos en el concepto de patrimonio del acreedor, que al no ser dispuestos para el

2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto de 26 de marzo de 2009. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 34882.

derechos, activos en el concepto de patrimonio del acreedor, que al no ser dispuestos para el

2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto de 26 de marzo de 2009. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 34882.

3 Sentencia del 24 de octubre de 2019. Magistrada Ponente: Nubia Margoth Peña Garzon. Radicado No. 11001 -03-15-000-2019-03488-01. Actor Cooperativa de médicos especialistas del Chocó y Afines – Coomesa.REFERENCIA: 27001333300420020096801

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pago cumplido de sus obligaciones, puede ser compelido por un Juez de la República para el pago forzado con arreglo al procedimiento ejecutivo; sin embargo, antes de estudiar qué bienes de las entidades públicas puede ser embargados, y como el Legislador colombiano solo se ha detenido a definir las inembargabilid ad de dichas entidades, el problema jurídico se resuelve definiendo qué se puede embargar una vez se analice lo que no es susceptible de embargos y secuestros.

En consecuencia, los temas constitucionales de inembargabilidad pudieron incrementarse en dicho panorama, para desembocar en inembargabilidad legales, como ha venido sucediendo.

Precisamente dijo así la Corte Constitucional en su Sentencia C-1154 de 2008:

dicho panorama, para desembocar en inembargabilidad legales, como ha venido sucediendo.

Precisamente dijo así la Corte Constitucional en su Sentencia C-1154 de 2008:

“PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DEL PRESUPUESTO-No es absoluto/ Reglas de excepción

El Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada. La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias; y la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

Por manera pues, hay un nuevo criterio paradigmático para definir la inembargabilidad de los recursos del estado; para ello, no dejemos de ver:

1. En diversas oportunidades, la Corte Constitucional se había pronunciado acerca del principio de inembargabilidad de recursos públicos (de manera general), explicando que tiene sustento en la adecuada provisión, administración y manejo de los fondos necesarios para

1. En diversas oportunidades, la Corte Constitucional se había pronunciado acerca del principio de inembargabilidad de recursos públicos (de manera general), explicando que tiene sustento en la adecuada provisión, administración y manejo de los fondos necesarios para la protección de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado. La línea jurisprudencial al respecto está integrada básicamente por las Sentencias C-546 de 1992, C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-555 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, C -354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, T-1105 de 2004 y C-192 de 2005.

2. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia había fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada:

a. La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (Este criterio ha sido reiterado en diversas oportunidades, tanto en asuntos de tutela como de control abstracto de constitucionalidad 4, y apunta a la realización efectiva de derechos laborales reconocidos en sentencia judicial o en actos administrativos que así lo dispongan en forma inequívoca).

de control abstracto de constitucionalidad 4, y apunta a la realización efectiva de derechos laborales reconocidos en sentencia judicial o en actos administrativos que así lo dispongan en forma inequívoca).

b. La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias (Esta postura también ha sido reiterada de manera uniforme en la jurisprudencia constitucional5).

4 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C -013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.

5 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C -402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005, entre otras.REFERENCIA: 27001333300420020096801

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c. Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

3. Las reglas de excepción anteriormente descritas lejos de ser excluyentes son complementarias, pero mantiene plena vigencia la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación (y por virtud del Artículo 594 del C. G. del P., del Presupuesto General de las entidades territoriales).

4. Además, en el caso de la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos emanados de la administración, la posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

De lo anteriormente expuesto se colige: i. El principio de inembargabilidad no es absoluto sino relativo; ii. Procedería el embargo de los recursos del Presupuesto General únicamente para obtener la cancelación de obligaciones contenidas en la sentencia de condena impuesta por un Juzgado Administrativo, o por obligaciones laborales, o en títulos legalmente válidos que contengan una obligación clara, expresa y exigible siempre y cuando haya transcurrido el término previsto en el artículo 192 del C. de P. A. y de lo C. A.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, en providencia 6,

transcurrido el término previsto en el artículo 192 del C. de P. A. y de lo C. A.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, en providencia 6, al resolver un caso similar, donde se ejecuta una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el cual dentro del trámite del proceso ejecutivo, se negó la medida cautelar de embargo, el alto Tribunal, precisó: “Que al negarse la medida de embargo, se desconoció el precedente judicial fijado en las sentencias C-793 de 2002, C -566 de 2003, C1154 de