TA CHO - Auto 27001-33-33-004-2023-00211-01 (30-04-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Auto Interlocutorio No. 295

REFERENCIA: 27001333300420230021101

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE MARÍA ZOIDE OBREGÓN ÁLVAREZ

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO

ASUNTO: RESUELVE APELACIÓN DE AUTO

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA .

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación, interpuesto por el apoderado de la parte demandante, en contra del Auto interlocutorio No. 042 del 01 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante el cual declaró probada la excepción de inepta demanda y como consecuencia de ello dio por terminado el proceso.

1. Antecedentes

La demandante, a través de apoderado judicial, solicita se declare la nulidad del Oficio No 2023EE0031740 del 25 de abril de 2023, mediante el cual la Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, le solicita copia de sentencia judicial o escritura pública de liquidación de sucesión y sociedad conyugal, para proceder con la transferencia de dominio, atendiendo a que el señor Jesús Armando Bejarano Mena, falleció.

Así mismo, pide que se declare que entre la Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,

el señor Jesús Armando Bejarano Mena, falleció.

Así mismo, pide que se declare que entre la Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la demandante María Zoidé Obregón Álvarez y el extinto Jesús Bejarano Mena, se celebró una compraventa del lote de terreno, delimitado en los documentos expedidos por el entonces Instituto de Crédito Territorial – INSCREDIAL, derivada de la Escritura pública NO 270 de 1975, sin que se hubiese efectuado la tradición a nombre de los adquirientes.

A título de restablecimiento del derecho, pretende se ordene a la entidad demandada, protocolizar la Escritura pública o la expedición de Resolución de transferencia del bien inmueble a nombre de la demandante que le permita realizar el regist ro en la Oficina de Instrumentos Públicos.

Subsidiariamente, solicita se declare la pertenencia, por prescripción adquisitiva del dominio (usucapión), del bien inmueble objeto de litigio, a favor de la demandante, en razón a que cumple con los requisitos de tiempo de permanencia en posesión y además porque participó directamente en el proceso de la compraventa en mención.

2. Del auto recurrido

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, profirió el auto No 42 del 01 de febrero de 2024, mediante el cual declaró probada de oficio, la excepción de inepta demanda y como consecuencia de ello, dio por terminado el proceso, fundamentado en que el acto administrativoReferencia: 270013333004202300211 01

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento Accionante: María Zoidé Obregón Álvarez Accionado: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

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Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co

Página 2 de 9 acusado, a través del cual le era requerido a la peticionaria el aporte de document os para el estudio de su solicitud de transferencia de un bien inmueble, era un acto de trámite, el cual no era susceptible de control judicial.

Al respectó, el a quo, consideró:

“(…)

Conforme lo expuesto y analizado minuciosamente el contenido del oficio demandado en este asunto, se advierte que no contiene una decisión de la administración capaz de producir efectos jurídicos respecto de la parte demandante, toda vez que no procuró sol ucionar de fondo la petición de transferencia del bien inmueble en cabeza del causante señor JESUS ARNANDO BEJARANO MENA (Q.E.P.D.) o a nombre de aquella, en su calidad de cónyuge supérstite, pues tan sólo se limitó a informarle que debía aportar una documentación a efectos de estudiar su caso.

En ese orden de ideas, dado que el acto administrativo demandado, es un acto de trámite, lo cual no es susceptible de control judicial, es claro que, se configura la excepción de inepta demanda, pues el acto cuya invalidez se pretende, tuvo por única finalidad informarle a la actora cual era el paso a seguir para el estudio de la solicitud de transferencia de un bien inmueble.

cuya invalidez se pretende, tuvo por única finalidad informarle a la actora cual era el paso a seguir para el estudio de la solicitud de transferencia de un bien inmueble.

Ello por cuanto, el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 al referirse a las peticiones incompletas estableció que: “(…) En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administra tivo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales”

Así las cosas, el Despacho declar ará probada de oficio la excepción de inepta demanda, respecto la pretensión relacionada con la nulidad del oficio No. 2023EE0031740 del 25 de abril

Así las cosas, el Despacho declar ará probada de oficio la excepción de inepta demanda, respecto la pretensión relacionada con la nulidad del oficio No. 2023EE0031740 del 25 de abril de 2023 por medio del cual la NACIÓN-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, le informó a la demandante que debía aportar una documentación para estudiar su caso y como consecuencia de ello, se dará por terminado el presente proceso.”

3. Del recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, bajo los siguientes términos:

“(…)

1. El acto administrativo atacado tiene apariencias de ser un acto de trámite, pero en sus entrañas es un verdadero acto administrativo, ya que si bien es cierto que mediante él se solicita a la demandante para que allegue una serie de requisitos entre ellos: 1. Certificado de plano Predial Catastral-o plano individual del lote-o certificado de cabida y linderos, expedidos por la autoridad catastral competente 2. Teniendo en cuenta que el señor JESUS ARNANDO BEJARANO MENA falleció (Q.E.P.D.), favor aportar copia de sentencia judicial o escritura pública de liquidación de su sucesión y sociedad conyugal. En cuanto a este requisito, es preciso señalar que la sucesión se deberá realizar sobre los derechos que le correspondían sobre el inmueble, en razón a la adjudicación y del pago de este al ICT, no sobre la propiedad, pues precisamente el Ministerio necesita saber a quién (es) les son asignados dichos derechos-en sucesión, para poder proceder con la transferencia de dominio (…).

adjudicación y del pago de este al ICT, no sobre la propiedad, pues precisamente el Ministerio necesita saber a quién (es) les son asignados dichos derechos-en sucesión, para poder proceder con la transferencia de dominio (…).

2. Para la demandante los requisitos arriba exigidos por el MINVIVIENDA son imposibles deReferencia: 270013333004202300211 01

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Página 3 de 9 cumplir, debido a que como se ha venido refiriendo existen documentos privados de compraventa expedidos por el vendedor a nombre del causante, y del causante y la demand ante, pero el registro de instrumento público figura a nombre del IN SCREDIAL (hoy MINVIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO) y no a nombre de los compradores, siendo así, no puede la demandante cumplir con dichos requisitos debido a que el Certificado de plano Predial Catastral-o plano individual del lote-o certificado de cabida y linderos, son documentos que tiene en el vendedor INSCREDIAL, hoy MINVIVIENDA. 2. En lo que hace a la solicitud de aportar copia de sentencia judicial o escritura pública de liquidación de su sucesión y sociedad conyugal. Tampoco lo puede cumplir la demandante, pues como lo ordena el Libro Tercero, Título I, artículo 1008 del C.C., “se sucede

escritura pública de liquidación de su sucesión y sociedad conyugal. Tampoco lo puede cumplir la demandante, pues como lo ordena el Libro Tercero, Título I, artículo 1008 del C.C., “se sucede a una persona difunta a título universal o singular (…)”, si bien la demandante ostenta la posesión pacífica e ininterrumpida del bien desde aquel negocio, no se les hizo la tradición legal del bien, por ello es que el inmueble, no obstante haberse realizado un negocio jurídico de compraventa, no se encuentra registrado a su o a nombre de su causante, sino a nombre del INSCREDIAL, 2 hoy MINVIVIENDA. ¿Será que sobre un bien que no se encuentre registrado a nombre del difunto se puede realizar un proceso de sucesión? La Respuesta a este interrogante es NO.

3. Se itera que estos requisitos exigidos por el MINVIVIENDA son imposibles de cumplir por parte de la demandante y con lo cual deviene imposible continuar con el trámite ante el MINVIVIENDA.

4. También se formuló pretensión subsidiaria, frente a la cual el juzgador no hizo ningún pronunciamiento, el motivo de la pretensión subsidiaria es porque actuamos frente a una entidad estatal cuyo juez natural para juzgarla es el de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

5. Teniendo en cuenta que el oficio 2023EE0031740 de fecha 25 de abril de 2023 es un a cto administrativo definitivo susceptible de control judicial al tenor de lo estipulado en el artículo 43

CPACA “Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”. en este sentido s e estaría extinguiendo el derecho de

administrativo definitivo susceptible de control judicial al tenor de lo estipulado en el artículo 43 CPACA “Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”. en este sentido s e estaría extinguiendo el derecho de la demandante, toda vez que los requisitos solicitados por el MINVIVIENDA resultan imposibles de cumplir por parte de ésta, pues no puede realizar el proceso de sucesión, y el Certificado de Plano Predial Catastral-o plano individual del loteo Certificado de Cabida y Linderos, expedido por la autoridad catastral competente, en un documento que necesariamente debe tener en su poder del vendedor (MINVIVIENDA), por lo tanto es imposible para la parte actora continuar la actuación; razón por la cual muy respetuosamente al señor juez de conocimiento reponer el auto recurrido, y en caso de sostener su posición tramitar la alzada para que el señor Magistrado Ponente, REVOQUE el auto objeto de este recurso y ordene continuar con el trámite del proceso.”

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita a este Tribunal, sea revocado el auto objeto de recurso y se ordene continuar con el trámite procesal.

No habiendo causal que impida resolver el asunto se procede a ello previas las siguientes.

4. Consideraciones

5. La competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a esta Corporación conocer del recurso de apelación formulado en los procesos tramitados en primera instancia por los jueces administrativos, en concordancia con el artículo 243. 2, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el cual dispone sobre la apelación contra autos que por cualquier causa le ponga

administrativos, en concordancia con el artículo 243. 2, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el cual dispone sobre la apelación contra autos que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

Igualmente ha de señalarse que, en atención a lo reglado en los artículos 125 y 243 del C. de

P. A. y de lo C. A., la presente decisión corresponde a la Sala.

6. El problema jurídico

En orden a resolver lo pertinente, observa la Sala que el problema jurídico planteado consiste en determinar si el oficio bajo radicado No 2023EE0031740 del 25 de abril de 2023 expedido por la Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio , a través del cual requiere algunosReferencia: 270013333004202300211 01

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Página 4 de 9 documentos a la peticionaria para estudiar su solicitud de transferencia de un bien inmueble, es susceptible o no de control judicial.

7. Procedencia y oportunidad del recurso de apelación

De conformidad con el artículo 243 del C. de P. A. y de lo C. A., el recurso de apelación procede en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es

en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son ape lables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.

2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.

4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.

6. El que niegue la intervención de terceros.

7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.

8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.

(…).”

De acuerdo con lo dispuesto en la norma transcrita, se enlistan de forma taxativa como apelables los autos proferidos por los jueces administrativos en primera instancia así: (i) el que rechace la demanda, (ii) el que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite, (iii) el que ponga fin al proceso y (iv) el que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. Así que, respecto de esas decisiones, le corresponde al Tribunal Administrativo y Consejo de Estado resolver los recursos de apelación que se interpongan, según sea el caso.

apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. Así que, respecto de esas decisiones, le corresponde al Tribunal Administrativo y Consejo de Estado resolver los recursos de apelación que se interpongan, según sea el caso.

Las actuaciones judiciales dentro del marco de la constitución y la ley, deben adelantarse respetando los derechos fundamentales de todas las partes inmersas en la cuestión judicial. En ese sentido, los involucrados dentro de una causa, deben obtener las garantías judiciales suficientes en aras de que puedan efectivizar los derechos que a ellos conciernen.

En concordancia de lo anterior, el operador jurí dico no solamente debe, sino que tiene la obligación de propender porque las partes dentro de un proceso sometido a su conocimiento, tengan las herramientas permitidas por el ordenamiento jurídico para poder, si es la parte demandante obtener la satisfacción de sus pretensiones, o si es la parte demandada, la defensa de su postura institucional.

En ese sentido, las garantías estipuladas en la constitución y en la ley, deben ser maximizadas en su aplicación en aras de poder satisfacer las necesidades de qui enes acuden a la administración de justicia en aras de solucionar un conflicto sometido a su merced. Dicho así, la aplicación restrictiva y/o minimizada de los cánones constitucionales y legales, desconoce en gran manera, los deberes del operador jurídico, de quien se espera la toma de decisión con el manto de la divina justicia, máxime si es el juez administrativo, el cual, tiende a la constitucionalización de su mandato.

Para resolver el presente asunto, la Sala acogerá la tesis expuesta por el Consejo de Estado sobre los actos administrativos susceptibles de control judicial; en ese sentido ha indicado1:

constitucionalización de su mandato.

Para resolver el presente asunto, la Sala acogerá la tesis expuesta por el Consejo de Estado sobre los actos administrativos susceptibles de control judicial; en ese sentido ha indicado1:

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS , sentencia del 22 de julio de 2021. Radicación número: 66001 -23-33-000-2018-00188-01(5224-19), Actor: Luis Rojas Guerrero, Demandado: Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento de Risarald aSecretaría de Educación, Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. TEMAS: Excepción Previa de Caducidad y Acto Adm inistrativo Enjuiciable.Referencia: 270013333004202300211 01

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento Accionante: María Zoidé Obregón Álvarez Accionado: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

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8. Actos administrativos pasibles de ser enjuiciados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

“El Consejo de Estado ha precisado que el acto administrativo es toda manifestación de voluntad de una entidad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos.2 En consonancia con esta definición, se han identificado las siguientes características del acto administrativo:3

pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos.2 En consonancia con esta definición, se han identificado las siguientes características del acto administrativo:3

1. Constituye una declaración unilateral de voluntad.

1. Se expide en ejercicio de la función administrativa, ya sea en cabeza de una autoridad estatal o de particulares.

1. Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante».4

1. Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o pa rticular, que impacte los derechos u obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito».5

Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos que son pasibles de control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, «los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación».6

Es oportuno indicar que los actos definitivos pueden ser expresos o fictos, estos últimos se configuran ante la falta de pronunciamiento del funcionario competente dentro de una determinada actuación administrativa. En efecto, cuando las autoridades omiten el deber de expedir actos expresos con el fin de culminar los procedimientos administrativos, el legislador e stablece la ficción de una respuesta negativa o positiva a lo solicitado por los peticionarios, en procura de salvaguardar el acceso a la administración de justicia.7

Bajo este marco conceptual, es válido sostener que la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo únicamente se

peticionarios, en procura de salvaguardar el acceso a la administración de justicia.7

Bajo este marco conceptual, es válido sostener que la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo únicamente se ocupa del estudio de los actos definitivos, expresos o fictos, que culminen un proceso administrativo, en la medida en que se presumen legales, gozan de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan las relaciones de las personas naturales y jurídicas, sus derechos y obligaciones. En consecuencia, el control judicial de las decisiones administrativas definitivas se torna obligatorio dentro de un estado social de derecho en aras de garantizar su validez, así como los valores constitucionales, el imperio de la legalidad y los derechos subjetivos de los asociados.

En armonía con lo antes expuesto, el Consejo de Estado ha precisado que, excepcionalmente, los actos de ejecución pueden ser objeto de control judicial en los siguientes casos:8

[…] cuando [e]stos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al acto administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada o condenada. Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de los eventos atrás enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad real de la administración de justicia y se genera una nueva situación jurídica para el administrado, susceptible de control de legalidad. (Resaltado fuera del texto).

En este orden de ideas, los actos administrativos de ejecución solo serán enjuiciables cuando creen, modifiquen o extingan una situación jurídica particular, aspectos que lo convierten en un acto

En este orden de ideas, los actos administrativos de ejecución solo serán enjuiciables cuando creen, modifiquen o extingan una situación jurídica particular, aspectos que lo convierten en un acto administrativo susceptible de control ante esta jurisdicción.9”

2 2Al respecto puede consultarse la sentencia de 26 de agosto de 2004, proferida por la Sección Primera de Consejo de Estado, co nsejero ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente: 2000005701. ” 3 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont P ianeta, sentencia de 10 de abril de 2008, radicado: 25000 2324 000 2002 00583 01, actor: Aerovías Nacionales LTDA, ARCA. ” 4 “Ibidem”. 5 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia 16288 de 12 de junio de 2008, consejera p onente: Dra. Ligia López Díaz, actor: Organización Clínica General del Norte S.A. ” 6 “Artículo 43 del CPACA.” 7 Al respecto puede consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cua rta, consejero ponente: Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de 30 de abril de 2014, radicado: 13001 23 31 000 2007 00251 01(19553), actor: Inversiones M. Suarez & CIA. S. EN C., en Liquidación.

8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 41001 -23-33-000-2012-00137C., en Liquidación.

8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 41001 -23-33-000-2012-0013701(4594-13), Actor: Universidad Surcolombiana, Demandado: Yulieth Penagos Leyva. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez (E),

Bogotá D. C., 6 de agosto de 2015. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 8 de marzo de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez, radicado: 05001-23-33-000-2014-01713-01 (2831-2015).Referencia: 270013333004202300211 01

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Página 6 de 9 De acuerdo a lo citado, el acto administrativo contiene características, las cuales han sido identificadas como: i)Constituye una declaración unilateral de voluntad, ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, ya sea en cabeza de una autoridad estatal o de particulares, iii) Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante», iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o particular,

situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante», iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o particular, que impacte los derechos u obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito» y v) Los que decidan directa o indirecta mente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación; en ese orden, deberán tenerse en cuenta para identificar el acto administrativo que se pretende demandar en este asunto.

9. Caso concreto

En el caso concreto, la señora María Zoidé Obregón Álvarez, a través de apoderado judicial, solicita se declare la nulidad del Oficio No 2023EE0031740 del 25 de abril de 2023, mediante el cual la Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, le solicita certificado de plano predial catastral o plano individual del lote o certificado de cabida y linderos , así como la copia de sentencia judicial o escritura pública de liquidación de sucesión y sociedad conyugal , entre otros requisitos, para proceder con el estudio de transferencia de dominio.

El a quo declaró probada la excepción de inepta demanda y dio por terminado el proceso, al considerar que el acto administrativo demandado no contiene una decisión de la administración capaz de producir efectos jurídicos, pues tan sólo se limitó a informarle qu e debía aportar una documentación, a efectos de estudiar su solicitud de transferencia de un bien inmueble , por tanto, no es susceptible de control judicial.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación fundamentado en que el acto administrativo acusado tiene apariencias de ser un acto de trámite

tanto, no es susceptible de control judicial.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación fundamentado en que el acto administrativo acusado tiene apariencias de ser un acto de trámite pero que en realidad es un verdadero acto administrativo, en razón a que los requisitos exigidos por el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, resultaban imposibles de cumplir, por cuanto existían documentos privados de compraventa expedidos por la entidad demandada a nombre del causante JESUS ARNANDO BEJARANO MENA, y la demandante, pero que en el registro de Instrumentos Públicos figuraba a nombre del vendedor y no a nombre de los compradores.

Explica que, siendo así, la parte demandante no podría aportar los requisitos como certificado de plano predial catastral o plano individual del lote o certificado de cabida y linderos, en tanto que son documentos que tiene el vendedor MIN-VIVIENDA, y que lo mismo ocurría con la copia de sentencia judicial o escritura pública de liquidación de su sucesión y sociedad conyugal requerida, en razón a que si bien, la demandante ostenta la posesión pacifica e ininterrumpida del bien inmueble desde el momento del negocio, lo cierto es que no se le realizó la tradición legal, por tanto, no se encuentra registrado a su nombre o del causante.

Argumenta que, ante los obstáculos de cumplir con los requisitos exigidos por el MINVIVIENDA, deviene imposible continuar con el trámite ante la entidad demandada.

Concluye que el acto administrativo demandado es uno definitivo susceptible de control judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del C.P.A.C.A., en razón a que los requisitos

deviene imposible continuar con el trámite ante la entidad demandada.

Concluye que el acto administrativo demandado es uno definitivo susceptible de control judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del C.P.A.C.A., en razón a que los requisitos solicitados por el MINVIVIENDA le resultan imposibles de cumplir y por lo tanto, de continuar con la actuación.

Dice además que el a quo, omitió pronunciarse frente a la pretensión subsidiaria, siendo que este asunto versa contra de una entidad estatal cuyo juez natural es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Ahora bien, para resolver esta controversia, resulta necesario realizar el análisis de las pruebas obrantes en el expediente, entre la cual se observa la siguiente:Referencia: 270013333004202300211 01

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Página 7 de 9 El Oficio bajo radicado 2023EE0031740 del 25 de abril de 2023, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el cual se pronuncia frente a la solicitud de saneamiento del inmueble ubicado en la C 194-12 del barrio San Vicente de Quibdó – Chocó, p