TA COR - Sentencia 23-001-33-33-003-2024-00125-01 (22-08-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, veintidós (22) de agosto del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23-001-33-33-003-2024-00125-01

Demandante: Isabel María Diaz Martelo Demandado: Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones del

Magisterio, Departamento de Córdoba y Municipio de Chinú Tema: Reconocimiento pensión de jubilación Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandadaNación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio contra la sentencia emitida el 11 de diciembre de 2024 por el Juzgado Ter cero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1 Pretensiones

En la demanda se solicita que se declare la nulidad de la Resolución N°CORDOPENRES20240000081 de 5 de marzo de 2024 expedida por el Secretario de Educación Departamental frente a la petición presentada el día 28 de febrero de 2024, negándole el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación. También se peticiona la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 4 de octubre de 2023, frente a la petición presentada ante el Municipio de Chinú, el día 4

la pensión de jubilación. También se peticiona la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 4 de octubre de 2023, frente a la petición presentada ante el Municipio de Chinú, el día 4 de julio de 2023, que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación y como restablecimiento del derecho se solicita que las demandadas le reconozcan y paguen la pensión de jubilación a la actora equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir a partir de 8 de diciembre de 2022.

Adicionalmente, pretende el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas, así como el pago de intereses moratorios.

Finalmente, que se condene en costas a las demandadas.

1.2 Fundamentos fácticos

Se relata en la demanda que la docente demandante nació el 29 de mayo de 1963, por lo que en la actualidad tiene más de cincuenta y cinco (55) años de edad. Además, que fue vinculada por orden de prestación de servicios el 1° de febrero de 2002 en la Secretaría de Educación Municipal de Chinú hasta el 30 de noviembre 2002, con algunos días de interrupción. Así mismo, precisa que, desde el 17 de junio de 2003, fue vinculado a través de orden de prestación de servicios en la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba como docente hasta el día 12 de diciembre de 2003.

Se indica en la demanda que luego la actora se vinculó en la docencia oficial el 28 de mayo de

la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba como docente hasta el día 12 de diciembre de 2003.

Se indica en la demanda que luego la actora se vinculó en la docencia oficial el 28 de mayo de 2004 hasta la fecha de presentación de esta demanda.Radicación Nº 23-001-33-33-003-2024-00125-01 2

Manifiesta que solicitó ante la NaciónMinisterio de Educación -FOMAG el reconocimiento de la pensión de jubilación, petición que fue negada en aplicación del Decreto 812 de 2003. 2) Contestación de demanda

2.1 Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Contestó oportunamente la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda en la medida en que el Ministerio de Educación Nacional, no es la Entidad llamada a responder sobre estos temas, que versan sobre el reconocimiento, liquidación y pago de pensiones de los afiliados.

Como fundamento de defensa advirtió que la demandante adquirió el status de pensionado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, y de tenerse en cuenta la disposición contenida en el parágrafo transitorio N°4 del acto legislativo 01 de 2005 referente a la aplicación extensiva del régimen de transición regulado por el artículo 36 de la ley 100 de 1993, teniendo en cuenta lo anterior el docente no cumple con los requisitos previstos por la normatividad aplicable para ser beneficiaria del régimen de transición.

Así las cosas, considera que se encuentra demostrado en el expediente que la docente ingresó a laborar mediante un acto legal y reglamentario con posterioridad a la entrada en vigencia de la

para ser beneficiaria del régimen de transición.

Así las cosas, considera que se encuentra demostrado en el expediente que la docente ingresó a laborar mediante un acto legal y reglamentario con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 por tal motivo el accionante está sujeto a los requisitos establecidos en dicha ley, y según lo relatado en los hechos se presume que no contaba con más de 1000 semanas cotizadas, por lo anterior se colige que no acredita los presupuestos por cuanto para acceder a la prestación social en comento se requería que a ese año contara con 1300 semanas, conforme lo señalado, considera que sobre estos aspectos no se observa que la Secretaria de Educa ción del Departamento de Córdoba haya transgredido los derechos del actor ya que se reitera por lo cuanto no se cumple con el mínimo requerido para aplicar el régimen del magisterio.

Propone como excepciones las denominadas legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido, prescripción de mesadas y compensación.

2.2 Departamento de Córdoba

No contestó la demanda.

2.3 Municipio de Chinú

Contestó oportunamente la demanda, oponiéndose a las pretensiones declarativas propuestas, señalando que no es posible condenar al municipio de Chinú, en el eventual caso que las normas favorezcan a la demandante, por cuanto, los periodos que relaciona que deben ser asumidos por el ente territorial, estos fueron causados a través de contrato de prestación de servicios, y al tenor de la ley 80 de 1993, esta clase de contrato no generan relación laboral, excepto en los cuales la

el ente territorial, estos fueron causados a través de contrato de prestación de servicios, y al tenor de la ley 80 de 1993, esta clase de contrato no generan relación laboral, excepto en los cuales la jurisdicción contenciosa administrativa haya desvirtuado la naturaleza jurídica de ellos. Añade que al no haberse declarado la relación laboral que presuntamente pudiera devenir de los contratos de prestación de serv icios, esta no se puede alegar como tiempo de servicio para acreditar los requisitos de un derecho que le pueda corresponder.

Adicionalmente, señala que el municipio de Chinú, tampoco está legitimado por pasiva para resistir las pretensiones de la demanda en un hipotético caso que tenga derecho la demandante, pues, esa condena seria única y exclusivamente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quien la tendría que asumir.

Propone como excepciones la de falta de reconocimiento de la relación laboral sobre los contratos de prestación de servicios relacionados como tiempo de servicios, y falta de legitimación de la causa por pasiva.

1. La sentencia apelada

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Montería emitió sentencia de primera instancia el 11 de diciembre de 2024, decidiendo declarar la nulidad de la Resolución No.Radicación Nº 23-001-33-33-003-2024-00125-01 3

CORDOPENRES2024-0000081 de 5 de marzo de 2024, así como la nulidad del acto administrativo ficto presunto negativo, originado por la falta de respuesta a la petición presentada el día 4 de julio de 2023, mediante los cuales se niega el derecho pensional reclamado, y en consecuencia condenar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

el día 4 de julio de 2023, mediante los cuales se niega el derecho pensional reclamado, y en consecuencia condenar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión ordinaria de jubilación a que tiene derecho la señora a Isabel María Diaz Martelo, teniendo en cuenta una tasa de remplazo del 75% de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes pensionales sobre los cuales efectivamente cotizó la demandante durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 3 de febrero de 2022 y el 3 de febrero de 2023.

Como fundamento de la decisión y luego del recuento probatorio señaló el juez de instancia que para estab lecer el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para el reconocimiento pensional, se atenderá, además, de los tiempos servidos para el magisterio oficial bajo una relación legal y reglamentaria, aquellos realizados bajo la figura del contrato d e prestación de servicio, sin que sea necesario la previa declaración de la existencia del contrato realidad, pues como lo precisó la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado C.P. Gabriel Valbuena Hernández, en providencia del 6 de febrer o de 2020, dicho reconocimiento puede ser tramitado conjuntamente con el proceso que busca el reconocimiento pensional, cuando con dicha declaratoria se persiga solo efectos pensionales.

De otro lado, precisó que en lo que al primer requisito se refiere, atendiendo su fecha de nacimiento -29 de mayo de 1963según da cuenta el registro civil de nacimiento, la demandante alcanzó la edad mínima requerida el 29 de mayo de 2018.

nacimiento -29 de mayo de 1963según da cuenta el registro civil de nacimiento, la demandante alcanzó la edad mínima requerida el 29 de mayo de 2018.

Por otra parte, en lo que a los años de servicios se refiere, se advierte, además de los contratos de prestación de servicios a los que se hizo referencia, suscritos entre el Municipio de Chinú y la señora Isabel María Diaz Martelo, por espacio de 10 meses, vínculo bajo la misma modalidad contractual, entre la mencionada señora y la G obernación de Córdoba, entre el 17 de junio y el 12 de diciembre de 2003, es decir, cinco (5) meses y veinticinco (25) días, los que sumados alcanzan un total de un (1) año tres (3) meses y veinticinco (25) días.

Añadió que entre la posesión del nombramie nto en provisionalidad y la expedición del referido certificado de historia laboral transcurrieron un total de dieciocho (18) años, dos (2) meses y siete (7) días, tiempos que sumados a los servidos por contrato de prestación de servicios da un total de 19 años, 6 meses y 2 días, por lo que para completar los 20 años de servicios faltaban 5 meses y 28 días, los que se completaron partiendo de la fecha del señalado certificado el 3 de febrero de 2023, fecha para la cual se encontraba laborando, según se advi erte de lo dicho en el los hechos de la demanda, afirmación que no fue desmentida por quien tenía la carga de realizarlo.

En ese orden, al haberse acreditado que la actora prestó sus servicios como docente oficial antes de la expedición de la Ley 812 de 2003, como lo evidencian los contratos de prestación de

En ese orden, al haberse acreditado que la actora prestó sus servicios como docente oficial antes de la expedición de la Ley 812 de 2003, como lo evidencian los contratos de prestación de servicios a los que se hizo referencia. Además de acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos en la ley, resulta plausible declarar la nulidad de los actos acusados que vulneraron los derechos de la demandante.

1. El recurso de apelación

4.1 Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La entidad demandada a través de apoderado presentó recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y señaló que la demandante se vinculó al servicio educativo oficial fue en el año 2004 como docente. Posterior a ello, la señora Isabel María Díaz Martelo adquirió el status de pensionado después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, teniendo en cuenta lo anterior el docente no cumple con los requisitos previstos por la normativa aplicable para ser beneficiaria del régimen de transición.

Añadió que según lo relatado en los hechos se presume que no cont aba con más de 1000 semanas cotizadas, por lo anterior, colige que no acreditó los presupuestos, por cuanto para acceder a la prestación social en comento se requería que a ese año contara con 1300.Radicación Nº 23-001-33-33-003-2024-00125-01 4

Por último, solicitó que al momento de estudiar el pres ente proceso se tenga en cuenta la Sentencia de Unificación proferida por el Honorable Consejo de Estado en la cual menciona, que sólo se deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros efectivamente

Por último, solicitó que al momento de estudiar el pres ente proceso se tenga en cuenta la Sentencia de Unificación proferida por el Honorable Consejo de Estado en la cual menciona, que sólo se deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros efectivamente cotizados al fondo pensional a fin de no afectar los principios de sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y economía.

Conforme lo señalado, solicita que se revoque la sentencia apelada y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

1. El trámite en segunda instancia

El 28 de mayo de 2025 se admitió el recurso presentado por la parte demandada dentro del presente proceso.

Las partes y el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Cumplido el trámite pertinente y sin que se avizore irregularidad o causal que afecte la legalidad de la actuación se procede a proferir la sentencia que en derecho corresponda previas las siguientes,

II.Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar el siguiente problema jurídico:

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar el siguiente problema jurídico:

¿Determinar si le asiste el derecho a la demandante a que las entidades demandadas le reconozcan su pensión vitalicia de jubilación desde que cumplió su status pensional d e conformidad con la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el tiempo que laboró a través de contratos de prestación de servicios; o si por el contrario no le asiste tal derecho y ello conllevaría a revocar la sentencia de primera instancia?

Para resolver el fondo del asunto, la Sala estudiará los siguientes aspectos: i) Del reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 y ii) Caso concreto. i) Del reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 La Ley 91 de 1989, en su artículo 3 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad esta que de acuerdo con su artículo 5 numeral 1 es la encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados a dicho fondo. Dicha normatividad en su artículo 1° hizo una distinción entre los docentes afilados a dicho fondo, así: los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. Asimismo, el artículo 15 numeral 1º ibídem dispone que el régimen prestacional de los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, será el que han venido gozando en cada entidad territorial, de acuerdo a las normas vigentes, mientras que los docentes nacionales

nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, será el que han venido gozando en cada entidad territorial, de acuerdo a las normas vigentes, mientras que los docentes nacionales y los que se vinculen con posterioridad al 1º de enero de 1990, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro. Por su parte, la Ley 60 de 1993, en cuanto al régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados, dispuso: “El régimen prestacional aplicable a los actuales docentesRadicación Nº 23-001-33-33-003-2024-00125-01 5

nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Naciona l de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial (…)” Posteriormente, el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que “(…) el régimen pension al de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta”.

territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta”. A su vez, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003 -2006, señaló en su artículo 81 que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentre n vinculados al servicio educativo, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley. Por lo anterior, para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que venían vinculados antes de la entrada en vigencia de la citada ley, esto es, el 27 de junio de 2003, el régimen pensional aplicable será el que se encontraba vigente para el Magisterio en esa fecha, como lo es la Ley 91 de 1989. De igual forma, es dable destacar que el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003, no le es aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sino por el contrario, como ya se dijo, el régimen aplicable es el establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes; posición que ha sido reafirmada por el Consejo de Estado 1, cuando dispuso sobre el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003 que: “ No resulta aplicable para el caso sub júdice, ya que el artículo 81 de la ley en mención establecía que “(…) el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se

aplicable para el caso sub júdice, ya que el artículo 81 de la ley en mención establecía que “(…) el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”, situación en la que se encuentra el demandante como docente oficial vinculado desde el 1º de febrero de 1980, de la misma manera lo reitera el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005”. Conforme lo dicho, a los docentes que se rigen por la Ley 91 de 1989, sin importar que sean nacionales, nacionalizados o territoriales, su régimen pensional es el establecido en la Ley 33 de 1985, la cual reguló una pensión de jubilación a todos los empleados públicos y en su artículo 1° estableció unos requisitos para acceder a la pensión ordinaria de jubilación y son que el empleado oficial: i) hubiere servido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos; y ii) tenga cincuenta y cinco (55) años de edad. En ese orden, se hace necesario indicar que el artículo 3º de la Ley 33 de 1985 -modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 - previó como factores salariales para liquidar la pensión los siguientes: “ asignación básica; gastos de re presentación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación

prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 25 de abril de 2019 2, unificó jurisprudencia en cuanto a la liquidación de las pensiones de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial, estableciendo que para establecer el ingreso b ase de liquidación pensional se deben tener en cuenta únicamente los factores en la norma que regula su pensión. De otra parte, es dable indicar que al momento de resolver sobre el reconocimiento pensional de los docentes el Consejo de Estado, al estudiar sobre las órdenes de prestación de servicios como tiempos computables para dicho reconocimiento, ha tenido en cuenta el principio de la primacía de la realizada sobre las formas3. En ese orden, el citado cuerpo colegiado ha sostenido que: “(…) De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[ ... ] primacía de la realidad sobre las

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, veintitrés (23) de marzo del dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 66001-23-33-000-2013-00417-01(0058-15) 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación, - SUJ-014CES2-2019, 25 de abril de 2019,

Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortes.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación, - SUJ-014CES2-2019, 25 de abril de 2019,

Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortes.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017)Radicación Nº 23-001-33-33-003-2024-00125-01 6

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones l aborales, es un principio constitucional [ ... ]» 9, y si el intérprete judicial, «[ ... ] en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente -contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP [...]». En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de s ervicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia (…)” De igual forma, al estudiar específicamente una pensión de jubilación el citado cuerpo colegiado tuvo en cuenta el tiempo de vinculación de contratos de prestación de servicios:

reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia (…)” De igual forma, al estudiar específicamente una pensión de jubilación el citado cuerpo colegiado tuvo en cuenta el tiempo de vinculación de contratos de prestación de servicios: “(…) Así las cosas, toda vez que en el presente asunto la demandante se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación a través de contratos de prestación de servicios se efectuó desde el 01/02/1990 y por nombramiento, el 09/08/1994. En consecuencia, se colige que a la demandante la rige lo dispuesto en la Ley 91 de 29 de diciembre de 19894 en lo referente al régimen pensional. (…)”5. Tesis que ha sido reiterada por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado en providencias de fecha 11 de febrero de 2021 6 y 17 de junio de 2022 7 como se aprecia a continuación, así: Providencia de fecha 11 de febrero de 2021 Del recuento previamente expuesto y en atención a la jurisprudencia constante de esta Corporación, es claro que procede contabilizar el tiempo durante el cual la demandante prestó sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, pues es evidente que tal vínculo no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajeno al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes – empleados públicos: (…) Así las cosas, es dable computar los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de «contratos de prestación

al igual que los docentes – empleados públicos: (…) Así las cosas, es dable computar los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de «contratos de prestación de servicios» para efectos del reconocimiento prestacional; y la entidad demandada – en este caso el Departamento de Norte de Santander8, quien a su vez deberá repetir contra el municipio de los Patios9tiene la responsabilidad de incluir el porcentaje que le correspondía al empleado, al no haberle realizado ningún descuento. 10 (negrillas de la Sala)

Providencia de fecha 17 de junio de 2022 “Pues bien, para la Sala, el a quo incurre en un yerro al considerar que no es posible tener los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de co ntrato de prestación de servicios para efectos pensionales, por las siguientes razones: (…) En ese orden, en principio, los lapsos respecto de los cuales se celebraron contratos de prestación de servicios deben ser considerados como tiempos laborados para efectos pensionales, en razón a que la Sala, se reitera, ha defendido la tesis según la cual ante la existencia de este tipo de negocios jurídicos es posible tener en cuenta el período durante el cual subsistió esa relación contractual como tiempo de serv icio efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación, bajo el entendido de que el interesado desempeñó una función similar a aquella que realizan los docentes oficiale s vinculados a través de una relación legal y reglamentaria.” (negrillas de la Sala).”

En ese mismo sentido, La Sección Segunda del Consejo de Estado11 realizó precisiones sobre la obligatoriedad de efectuar los aportes pendientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

reglamentaria.” (negrillas de la Sala).”

En ese mismo sentido, La Sección Segunda del Consejo de Estado11 realizó precisiones sobre la obligatoriedad de efectuar los aportes pendientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por parte del docente y su entidad empleadora en orden de financiar la prestación», indicando lo siguiente: «… el Fond o Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es quien debe cancelar las sumas y emolumentos que se pagan a los docentes afiliados a este y no las entidades territoriales certificadas a las cuales pertenece dicho personal, tal como se reitera en la lí nea de interpretación pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Este postulado se sintetiza en que las consecuencias económicas que se derivan de los actos administrativos proferidos en virtud de la desconcentración funcional radicada en los

4 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis trativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C. P. William Hernández Gómez, Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Radicación: 70001233300020130005201. 6 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A . Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D. C., Once (11) De Febrero De Dos Mil Veintiuno (2021). Radicación Número: 54001 -23-33-000-2012-00047-01(1990-14)

7 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C., Diecisiete (17) De Junio De Dos Mil Veintidós (2022) 8 Véase el artículo 12 de la Ley 91 de 1989 9 En razón a que el citado municipio no fue demandado en el presente proceso 10 El artículo 22 de la Ley 100 de 1993 consagra lo siguiente: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento d e su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará esta s sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los pl azos que para el efecto determine el Gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efe