TA COR - Sentencia 23-001-33-33-003-2024-00155-01 (10-10-2025)

SIGCMA

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente Pedro Olivella Solano

Montería, diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL - REPARACIÓN DIRECTA Expediente 23-001-33-33-003-2024-00155-01

Demandante: Comercializadora Empresarial de Córdoba SAS

Demandado: Departamento de Córdoba

Se dicta sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de Reparación Directa adelantado por la Comercializadora Empresarial de Córdoba SAS en contra del Departamento de Córdoba, previos los siguientes.

ANTECEDENTES

1.- La Demanda

Pretensiones: declarar administrativa y patrimonialmente responsable al departamento de Córdoba por el enriquecimiento derivado del no pago de los víveres y demás elementos suministrados en las órdenes emitidas por la administración. Por haber ordenado la demandada la entrega de víveres, alimentos e insumos a La Comercializadora empresarial de Córdoba S.A.S., sin los correspondientes requisitos legales, el Departamento de Córdoba, es responsable del pago del valor de los mismos. Condena r al Departamento de Córdoba a restituir por enriquecimiento sin causa, a la empresa Comercial izadora Empresarial de Córdoba S.A.S, la suma de mil doscientos cuarenta y cinco millones ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte ($1,245,008,839.00) y c ondenar al Departamento de Córdoba en costas procesales.

mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte ($1,245,008,839.00) y c ondenar al Departamento de Córdoba en costas procesales.

Fundamentos fácticos y jurídicos: en diciembre del 2020 se presentaron hechos de orden público debido a una protesta en la que los indígenas EMBERÁ KATÍO y un grupo de campesinos se tomaron a la sede de la empresa URR Á S.A. E.S.P. ubicada en la ciudad de Montería - Córdoba y en los meses siguientes llegó un grupo adicional y se ubicaron en el parque central Simón Bolívar y a las afueras de la Gobernación de Córdoba, al parecer reclamando al gobierno obras sociales que necesitan en sus territorios y además exigiendo que ampliaran plazo de indemnización y la pavimentación de vías en el alto Sinú entre otros.

A raíz del estado de vulnerabilidad en que se encontraba el grupo de indígenas, sumado a la emergencia sanitaria por la cual pasaba el país por el COVID 19 y la necesidad de alimentar al grupo de indígenas y campesinos situados en la ciudad de Montería la Secretaria del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba solicitó a la empresa Comercializadora Empresarial de Córdoba S.A.S. la entrega de suministros de víveres y alimentos de primera necesidad para el grupo de indígenas menciona dos, los cuales consistían en: arroz blanco, espagueti, avena en hojuela, harina de maíz, harina de

trigo, leche en polvo entera, atún, lomito aceite, huevos, frijol, aceite, lenteja, panela bulto, mogollas, pan (blanco, mantequilla, tajado), yogurt, ají, ajo, cebolla y banano entre otros. La parte activa actuando de buena fe y atendiendo a la urgencia de suministrar alimentos (víveres) al grupo de indígenas y campesinos conformado entre otros por niños y madres cabeza de familia y bajo el precepto que existía una declaratoria de urgencia manifiesta, hizo la entrega de los víveres solicitados por la suma de mil doscientos cuarenta y cincoPágina 2 de 14 Tribunal Administrativo de Córdoba

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millones ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte ($1,245,008,839.00) . Cada remisión se encuentra precedida del pedido realizado por el Departamento de Córdoba con fundamento en la situación que se estaba presentando con la instalación de varias familias de indígenas y campesinos en la ciudad de Montería y en ella se encuentran detallados los insumos entregados por la parte demandante, los cuales fueron entregados con el compromiso de existencia de disponibilidad y registro presupuestal para el pago de estos, sin embargo nunca se entregaron los certificados de disponibilidad presupuestal . El Departamento de Córdoba omitió efectuar a la empresa demandante el pago de los valores equivalentes a los suministros entregados por solicitud del secretario del Interior y Participación ciudadana de la Gobernación de Córdoba.

Se considera vulnerado el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y se señala

equivalentes a los suministros entregados por solicitud del secretario del Interior y Participación ciudadana de la Gobernación de Córdoba.

Se considera vulnerado el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y se señala que las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad . Dentro del ordenamiento jurídico, a nadie y mucho menos al estado, le es permitido enriquecerse en desmedro de otro, por lo que, al suministrarse unos víveres por órdenes del Departamento de Córdoba, en torno a la emergencia que se presentaba en la ciudad de Montería, según los hechos que se narraron se debe responder por esa actuación. Se cita como fuente jurisprudencial la providencia del 19 de noviembre de 2012 , con r adicación número: 73001 -23-31-000-2000-0307501(24897), consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

2.- Contestación de la demanda

El Departamento de Córdoba contestó la demanda en forma extemporánea.

01(24897), consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

2.- Contestación de la demanda

El Departamento de Córdoba contestó la demanda en forma extemporánea.

3.- Alegatos de conclusión

Parte demandante: reiteró los argumentos de la demanda, insistiendo en que l a entidad pública solicita bienes o servicios sin contrato previo y que l a actuación del particular se enmarca en un interés público, además sostiene que el enriquecimiento del ente público no puede quedar impune. Este caso no solo compromete la reparación de un daño patrimonial, sino que también constituye una oportunidad para reafirmar los principios de justicia y equidad que deben regir las relaciones entre el Estado y los particulares. Permitir qu e el Departamento de Córdoba se beneficie sin compensar los costos asumidos sería avalar un enriquecimiento injusto y contrario a los valores constitucionales.

Parte demandada: se opone a las pretensiones de la demanda y expone que hay ausencia de una actuación exclusiva del departamento de Córdoba, derivada de su supremacía y/o de constreñimiento alguno contra el demandante que lo pusieran en condición de negarse a suministrar los víveres y demás bienes sin la observancia de las normas de contratación.

No se evidencia la urgencia y necesidad del departamento de Córdoba para adquirir bienes, con el propósito de evitar una amenaza o una lesión inminente o irreversible al derecho a la salud y otros derechos fundamentales conexos; así como la imposibilidad del Departamento de Córdoba, para planificar y llevar a cabo con total observancia la normatividad que regula el proceso de selección de los contratistas y la celebración delPágina 3 de 14 Tribunal Administrativo de Córdoba

Departamento de Córdoba, para planificar y llevar a cabo con total observancia la normatividad que regula el proceso de selección de los contratistas y la celebración delPágina 3 de 14 Tribunal Administrativo de Córdoba

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contrato. No se demostró que el departamento de Córdoba se hubiere visto compelido a declarar la urgencia manifiesta, destinada exclusivamente a afrontar la situación con los indígenas y campesinos beneficiarios del suministro de víveres y que por tanto dieren lugar a dar aplicación a la teoría de enriquecimiento sin causa en el asunto aquí planteado.

Ministerio público: no se pronunció en esta etapa procesal.

4.- Sentencia de primera instancia

En la sentencia emitida el 26 de noviembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo de Montería se negaron las pretensiones de la demanda señalando lo siguiente: “…se encuentra acreditado que la entidad demandada peticiona a la sociedad demandante la entrega de víveres, productos e insumos para brindar apoyo a un grupo de campesinos e indígenas que se encontraban localizados en las afueras de la sede de URRA SA, sin que se celebrara un contrato; es decir que la entidad demandada se sirvió de dichos víveres, productos e insumos sin que se suscribiera entre las partes el contrato u orden de servicios correspondientes y no existe prueba que se hubiera pagado el valor de los servicios prestados. El Despacho reconoce el carácter excepcional de la procedencia de la action in rem verso en contra de una entidad estatal sin existencia de formalidades propias del

contrato u orden de servicios correspondientes y no existe prueba que se hubiera pagado el valor de los servicios prestados. El Despacho reconoce el carácter excepcional de la procedencia de la action in rem verso en contra de una entidad estatal sin existencia de formalidades propias del contrato debido a la necesidad y urgencia; sin embargo, en atención a los postulados de la jurisprudencia contencioso administrativo, el caso en estudio, no encaja dentro de las hipótesis: (i) que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo; (ii) en los que es urgente y necesario adquirir bienes, so licitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, y (iii) la omisión de la administración de declarar urgencia manifiesta cuando legalmente s e debía declarar y se solicita el suministro de bienes sin contrato escrito en los casos en los que dicha exigencia no esté excepcionada conforme lo dispuesto en el artículo 41, inciso 4° de la Ley 80 de 1993. La anterior afirmación toma mayor sentido, cuando del estudio de los medios probatorios, no se pudo establecer que fue exclusivamente el Departamento de Córdoba, sin participación y sin culpa del hoy demandante, la que, en virtud de su supremacía, constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato

Córdoba, sin participación y sin culpa del hoy demandante, la que, en virtud de su supremacía, constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia de él. Con relación a la urgencia y necesidad de adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, advierte esta instancia que los servicios prestados no se encuentran relacionados con dicho derecho -a la salud -, pues si bien se alega en la demanda el estado de vulnerabilidad de los indígenas EMBERA KATIO y campesinos que se tomaron la sede de la empresa URRA SA ESP ubicada en esta ciudad y de otro grupo que de manera posterior se unió y se ubicó en el Parque Simón Bolívar y a las afueras de la Gobernación de Córdoba, sumado a la emergencia del COVID -19, se tiene que dentro de las pruebas obrantes en el expediente, en especial las solicitudes realizadas por parte del Secretario de l Interior y Participación Ciudadana a la Comercializadora Empresarial de Córdoba, en ellas se señala que los mismos serían para brindarles un apoyo a los indígenas que se encontraban situados en las afueras de la empresa URRA SA ESP, y en algunos oficios ni siquiera se estableció la razón por la cual eran solicitados dichos víveres, productos e insumos. No pasa por alto esta instancia que para la fecha de los hechos si bien nos encontrábamos atravesando la crisis desatada con ocasión a la pandemia originada por el contagio del Coronavirus – COVID 19, lo que trajo como efectos la declaratoria de

No pasa por alto esta instancia que para la fecha de los hechos si bien nos encontrábamos atravesando la crisis desatada con ocasión a la pandemia originada por el contagio del Coronavirus – COVID 19, lo que trajo como efectos la declaratoria de estados de emergencia por motivos de salubridad pública, crisis sanitaria y fuerza mayor, se observa que esta situación no tiene relación alguna con la situación delPágina 4 de 14 Tribunal Administrativo de Córdoba

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desplazamiento de los indígenas, pues se afirmó en la demanda que el motivo del desplazamiento de los campesinos e indígenas era la de exigir obras sociales, beneficios y mejoras en su territorio. Debe advertirse también que no existe prueba que demuestre circunstancias graves de salud, de miembros pertenecientes a los campesino e indígenas que estaban asentados en sede de la empresa URRA SA ESP ubicada en esta ciudad y de otro grupo que de manera posterior se unió y se ubicó en el Parque Simón Bolívar y a las afueras de la Gobernación de Córdobay/o de precarias condiciones de salud. Por último, tampoco encuentra configurado en el caso bajo estudio el último evento planteado por la jurisprudencia del Consejo de Estado para la procedencia de la actio in rem verso, el cual hace referencia a la omisión de la administración de declarar urgencia manifiesta cuando legalmente se debía declarar y se solicita el suministro de bienes sin contrato escrito en los casos en los que dicha exigencia no esté excepcionada conforme lo dispuesto en el artículo 41, inciso 4° de la Ley 80 de 1993. (…)” 5.- recurso de apelación

bienes sin contrato escrito en los casos en los que dicha exigencia no esté excepcionada conforme lo dispuesto en el artículo 41, inciso 4° de la Ley 80 de 1993. (…)” 5.- recurso de apelación La parte demandante solicit ó mediante recurso de apelación que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se condene a la entidad demandada, con base en los siguientes argumentos: • El caso sub judice presenta características que hacen aplicable esta figura en virtud del interés público y la excepcionalidad que justifica el enriquecimiento sin causa , pues, l os hechos probados muestran que en diciembre de 2020 un grupo de indígenas Embera Katío y campesinos se asentaron en Montería, reclamando atención a sus necesidades básicas y que en el contexto de la pandemia de COVID19 las autoridades enfrentaban una crisis de carácter humanitario que exigía respuestas inmediatas.

• La Secretaría del Interior y Participación Ciudadana solicitó a la Comercializadora Empresarial de Córdoba S.A.S. la entrega de alimentos esenciales para atender esta emergencia, reconociendo así la necesidad y la urgencia de los suministros, razón por la cual, ante una orden de una entidad pública, no entiende como se pretende esgrimir que no existió una imposición por parte de la entidad para con el administrado; la entidad pública se benefició directamente de la entrega de los víveres, utilizándolos para cumplir con su función constitucional de garantizar los derechos fundamentales de la población vulnerable.

• La parte demandante actuó de buena fe , en cumplimiento de un interés público y bajo la convicción de que su aporte era fundamental para salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades vulnerables, confiando en que el departamento

• La parte demandante actuó de buena fe , en cumplimiento de un interés público y bajo la convicción de que su aporte era fundamental para salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades vulnerables, confiando en que el departamento cumpliría con las obligaciones de pago una vez superada la situación de emergencia. La entrega de los bienes se realizó con base en las solicitudes formales de la administración, las cuales se encuentran plenamente probadas mediante remisiones, facturas y otros documentos obrantes en el expediente.

• El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus agentes. En este caso, la omisión del departamento de Córdoba de realizar el pago correspondiente constituye un daño antijurídico, porque la Comercializadora Empresarial de Córdoba S.A.S. no estaba obligada a asumir los costos de los suministros , su actuación fue una respuesta a la solicitud de la administración, sin que existiera una contraprestación formalizada y l a falta de pago generó un impacto financiero negativo para la empresa, que afectó su capacidad operativa y financiera, por lo cualPágina 5 de 14

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considera que en este caso se dan los presupuestos para en la aplicación forma excepcional de la actio in rem verso.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 6.- Asunto a resolver

Determinar si debe confirmarse o no la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual se analizará si se acreditan los presupuestos

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 6.- Asunto a resolver

Determinar si debe confirmarse o no la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual se analizará si se acreditan los presupuestos jurisprudenciales para la aplicación de la figura del enriquecimiento sin causa y si como consecuencia de ello se debe condenar al departamento de Córdoba a pagar a la parte demandante los valores correspondientes a la entrega de víveres realizados desde diciembre de 2020 hasta junio de 2021.

7.- Marco normativo y jurisprudencial

El Consejo de Estado desde la providencia del 19 de noviembre de 2012, radicado: 7300123-31-000-2000-03075-01(24897) viene precisando que la actio in ren verso es autónoma e independiente, “atendiendo el hecho de que en ausencia de un contrato debidamente perfeccionado no es posible acceder a la Administración de Justicia mediante la acción de controversias contractuales, pero que también resultaría improcedente incoar la acción de reparación directa por considerar que ésta última es de carácter estrictamente indemnizatorio, lo que pugnaría con la finalidad compensatoria de la pretensión derivada del enriquecimiento sin justa causa ”. También se refirió a su carácter excepcional y restrictivo y la limitó a las siguientes hipótesis: a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios

exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la p resente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo

administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.Página 6 de 14 Tribunal Administrativo de Córdoba

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Agregó que en estos casos excepcionales el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y el demandante sólo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. También admitió que en los casos en que resultaría admisible se cuestiona en sede de lo contencioso administrativo si la acción pertinente sería la de reparación directa.

La posición anterior hacía restrictiva la figura del enriquecimiento sin causa y encubría afectaciones injustificadas al patrimonio de los particulares que suministraban bienes o servicios sin med iación de contrato alguno , haciéndolos totalmente responsables de irregularidades motivadas por la propia administración que se veía beneficiada. En reciente providencia del 31 de julio de 2025, rad: 08001 -23-33-000-2014-00442-01 (57.464) , la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre la figura del enriquecimiento sin causa, rectificando la postura asumida en la providencia de fecha 19 de noviembre de 2012 y permitiendo una mayor aplicabilidad, al precisar que las hipótesis antes previstas no tenían el carácter de taxativas. Señaló su procedencia en todos los casos en que sustancialmente y visto el comportamiento de las partes fuere necesario corregir el

de noviembre de 2012 y permitiendo una mayor aplicabilidad, al precisar que las hipótesis antes previstas no tenían el carácter de taxativas. Señaló su procedencia en todos los casos en que sustancialmente y visto el comportamiento de las partes fuere necesario corregir el traslado patrimonial injustificado. El alto tribunal de lo contencioso administrativo precisó1:

“Las reglas de unificación en torno a la procedencia del enriquecimiento sin justa causa y la compensación

80. Al amparo de las anteriores consideraciones, la Sala unificará su jurisprudencia en torno a la configuración y procedencia del enriquecimiento sin justa causa cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de un contrato, en favor de entidades que -en su gestióndeben aplicar el Estatuto General de Contratación Pública (EGCAP), bajo

las siguientes reglas:

81. Comoquiera que el instituto analizado no tiene lugar en escenarios contractuales, la pretensión debe formularse cumpliendo los presupuestos procesales de la reparación directa, bien sea ante la inexistencia de contrato -sea porque se reclama una actividad producto de un acuerdo verbal o porque no existe pacto en absolutoo ante el desarrollo de actividades con posterioridad al agotamiento del objeto de un contrato celebrado previamente. Si lo que se reclama tiene fuente y respaldo en actividades propia s del objeto de un acuerdo de voluntades, aunque se extienda en el tiempo, que se consumaron luego del periodo de ejecución, corresponderá a un juicio de controversias contractuales. Además de excluir la existencia de una relación negocial que dé sustento a la reclamación, se debe verificar que la fuente del menoscabo no sea una conducta constitutiva de responsabilidad extracontractual del Estado (como un constreñimiento o falla del servicio), dada la subsidiariedad del enriquecimiento sin justa causa. En e se

a la reclamación, se debe verificar que la fuente del menoscabo no sea una conducta constitutiva de responsabilidad extracontractual del Estado (como un constreñimiento o falla del servicio), dada la subsidiariedad del enriquecimiento sin justa causa. En e se sentido, como metodología para determinar la procedencia de este mandato, por su carácter subsidiario, se debe verificar: (i) que no exista un acuerdo de voluntades que fundamente la merma patrimonial que se atribuye (responsabilidad contractual); y (ii ) que ese menoscabo no haya ocurrido en virtud de un hecho u omisión doloso o culposo causante de un daño antijurídico (responsabilidad extracontractual).

82. La indicación formal de un medio de control diferente al de reparación directa, o la ausencia de mención del mismo, no puede ser empleado como un aspecto que impida dar trámite al conocimiento de la pretensión, de reunirse la totalidad de los presupuestos procesales para ello. En estos requisitos, no se circunscribe que previamente se haya provocado una decisión por parte de la administración contenida en un acto administrativo. Por este motivo, como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas antes de la ejecutoria de esta providencia, la resolverá de

1 Se transcribe in extenso por tratarse de una novedad jurisprudencial.Página 7 de 14 Tribunal Administrativo de Córdoba

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fondo, aunque no se haya mencionado formalmente el medio de control correspondiente, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de litigios.

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fondo, aunque no se haya mencionado formalmente el medio de control correspondiente, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de litigios.

83. Las pretensiones de reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa, y su consecuente compensación, presuponen la ausencia de una fuente de obligación que las amparen. Por esta razón, su procedencia es absolutamente excepcional y depende de la demos tración por parte del interesado del acaecimiento de una circunstancia extraordinaria, sustentada en razones de interés general que exigiesen la entrega del bien o la prestación del servicio, y que ameriten valorarla en favor del ejecutor para reconocer la actividad desarrollada al margen de dicho instrumento. Esta excepcionalidad estará presente únicamente en aquellas situaciones en la cuales resulte probado que no era posible acudir a los mecanismos que la ley regula para escoger un contratista y celebrar un contrato, incluidas las hipótesis de urgencia manifiesta. Dicha valoración deberá soportarse en el comportamiento de las partes, dando prevalencia a la conducta de buena fe de cara a la actividad ejecutada y la confianza que pueda haber generado la administración sobre el interesado, así como la gravedad y urgencia en la continuación de la prestación de un servicio, el grado de conexidad que la actividad haya tenido con un contrato entre las partes y la necesidad de ello.

84. Ese reconocimiento, además, está supeditado a que se reúnan los siguientes elementos: (i) la existencia de una ventaja patrimonial en beneficio de la entidad demandada; (ii) un empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante, el cual

84. Ese reconocimiento, además, está supeditado a que se reúnan los siguientes elementos: (i) la existencia de una ventaja patrimonial en beneficio de la entidad demandada; (ii) un empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante, el cual pueda atribuirse al acrecimiento mencionado; (iii) la ausencia de causa jurídica en el desequilibrio producido, en cuanto a que no haya sido generada por un hecho o un acto jurídico, como tampoco por una disposición expresa de la ley; (iv) que el demandante carezca de cualquier otro mecanismo para reclamar la compensación, lo que pone en evidencia su subsidiariedad; y (v) la compensación no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley.

85. El objeto es el de corregir un traslado patrimonial injustificado, pero no el de indemnizar un daño, de manera que, sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no se puede condenar sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el demandado.

86. La compensación del enriquecimiento no depende de que se subsuman los hechos alegados en una lista de hipótesis fácticas previa y taxativamente definida, sino que corresponde al juez, en virtud de los elementos sustantivos mencionados y la evaluación de la conducta de las partes, determinar la viabilidad de ordenar que se corrija el traslado patrimonial injustificado. Ello se encuentra supeditado a que la parte interesada demuestre plenamente la concurrencia de los presupuestos enunciados, incluyendo la prueba de la actividad, junto con la circunstancia excepcional que se invoca. Esta interpretación deberá ser aplicada a partir de la ejecutoria de la presente

interesada demuestre plenamente la concurrencia de los presupuestos enunciados, incluyendo la prueba de la actividad, junto con la circunstancia excepciona