TA COR - Sentencia 23-001-33-33-004-2025-00374-01 (09-12-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN Magistrada ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz Montería, nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Acción: Tutela Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01

Accionante: Fundación Manantial de Vida (FUNMAVI)

Accionado: Contraloría General de la República Vinculado: Municipio de Cereté Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante - Fundación Manantial de Vida (FUNMAVI ) contra el fallo de tutela de fecha 27 de octubre de 2025, emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería , que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.

I. ANTECEDENTES

a) Hechos. Relata que el día 22 de abril de 2025 el representante legal de la Fundación Manantial de Vida - FUNMAVI fue notificado por la entidad Contraloría General de la República del fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso identificado con el número 80233-202131484-80233-064-1333.

Indica que, en razón a lo anterior interpuso recurso de reposición contra el fallo solicitando su revocatoria y que, a la fecha de la presentación de la tutela, la Contraloría General de la Republica ha omitido su deber legal de resolver el mismo, configurándose una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

su revocatoria y que, a la fecha de la presentación de la tutela, la Contraloría General de la Republica ha omitido su deber legal de resolver el mismo, configurándose una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

Aduce que, debido a que el recurso de reposición está pendiente de resolución, el fallo con responsabilidad fiscal no ha adquirido firmeza ni es ejecutable , en consecuencia, legal y constitucionalmente, la fundación sigue amparada por la presunción de inocencia; asimismo, indicó que la accionada actuó con flagrante arbitrariedad y desconocimiento del Principio de Legalidad (Art. 6 C.P.), al incluir el nombre de FUNMAVI en el Boletín de Responsables Fiscales correspondiente al último trimestre , pues al hacerlo, los está tratando como culpables de manera definitiva antes de que el proceso legal concluya.

Sostiene que, la inclusión ilegal en el Boletín ha generado un daño grave, actual e irreparable al derecho al buen nombre y a la honra de la fundación, adicionalmente, esta actuación nos veta de inmediato para contratar con el Estado, paralizando por completo suImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 operación y afectando contratos activos y vitales, como lo demuestran las actas de inicio de los contratos SS-SAM-001-2025 y SS-SAM-013-2025 suscritos con la Gobernación de Córdoba.

b) Pretensiones. En el escrito de tutela se solicitó el amparo de los derechos fundamentales, a la defensa y contradicción, a la presunción de inocencia, al buen nombre y a la honra, y, en

Córdoba.

b) Pretensiones. En el escrito de tutela se solicitó el amparo de los derechos fundamentales, a la defensa y contradicción, a la presunción de inocencia, al buen nombre y a la honra, y, en consecuencia, se ordene a la Contraloría General de la República que en el término de cuarenta y ocho horas proceda a retirar de forma inmediata el nombre de la fundación (FUNMAVI) del Boletín de Responsables Fiscales y de cualquier base de datos, registro o publicación electrónica donde se haya replicado la mencionada información, hasta tanto el Fallo con Responsabilidad Fiscal adquiera la firmeza legalmente requerida. Que se prevenga a la Contraloría General de la República para que en lo sucesivo se abstenga de incluir el nombre de la accionante o de cualquier ciudadano en e l boletín o base de datos hasta tanto no exista un acto administrativo con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado. c) Derechos invocados como vulnerados Alega la parte actora como vulnerado s los derechos a la defensa y contradicción, a la presunción de inocencia, al buen nombre y a la honra. d) Contestación

• Municipio de Cereté - Vinculado 1

El Municipio de Cereté, alega que su actuación respecto del proceso objeto de estudio se rigió por medio de los principio de legalid ad y objetividad, teniendo en cuenta cualquier controversia judicial o fiscal que afectará al representante legal de la entidad, y, la vinculación dentro del proceso surgió de manera indirecta y categórica; sin embargo, la actuación del municipio fue sujeta a los principios de la contratación estatal, dando lugar, a la no existencia de vulneración de derechos fundamentales.

vinculación dentro del proceso surgió de manera indirecta y categórica; sin embargo, la actuación del municipio fue sujeta a los principios de la contratación estatal, dando lugar, a la no existencia de vulneración de derechos fundamentales. Manifiesta que, la descalificación de la propuesta presentada por (FUNMAVI) fue conforme al incumplimiento de requisitos habilitantes, que conllevaron a declararla no hábil en la fase de evaluación, sin tener en cuenta como fundamento fallo alguno por parte de la Contralaría General de la Republica o alguna medida judicial, sino a lo esta blecido en los requisitos financieros, los cuales fueron informados en el informe de evaluación CMC-032-2025, tales como; Indica que se aportaron los estados financieros y de Resultados a corte 31-12-2024, según lo exigido en la invitación pública , y en consecuencia, el proponente no cumplió con los índices financieros mínimos requeridos (Liquidez, Nivel de Endeudamiento, Razón de Cobertura de Intereses y Capital de Trabajo).

1 C01princial, ver 07ContestacionTutelaMunicipioCerete del expediente digitalImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 Alega que, no están legitimados en la causa por pasiva, en virtud de que, el municipio de Cereté no es responsable de la acción u omisión que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la accionante , pues, la situación se origina en un pronunciamiento de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la Repú blica; sin embargo, el municipio de Cereté careció de participación o injerencia alguna dentro de dicho trámite

fundamentales de la accionante , pues, la situación se origina en un pronunciamiento de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la Repú blica; sin embargo, el municipio de Cereté careció de participación o injerencia alguna dentro de dicho trámite fiscal, y la exclusión en el proceso contractual se sustentó en causales autónomas y objetivas propias del régimen de contratación pública, sin que el fallo fiscal hubiera constituido fundamento de tal decisión. • Contraloría General de la República – Gerencia DepartamentalCórdoba 2 La accionada se pronunció a través de apoderado judicial, in dicando que mediante Auto No. 238 del 03/04/2025, emitieron fallo mixto dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal AC-80233-2021-31484 PRF064 -1333, municipio de Planeta Rica - Departamento de Córdoba, que fue notificado personalmente, por ser el representante legal de la Fundación Manantial de Vida – FUNMAVI. Menciona que a través del Auto No. 618 de 30 de julio de 2025, la gerencia colegiada de Córdoba de la Contraloría General de la República, emitió respuesta al recurso de reposición interpuesto por la parte accionante, confirmando el fallo mixto contenido en el Auto No.238 de 3 de abril de 2025, respuesta que fue notificada a través de estado No.84 del 01 de agosto de 2025. Agrega que, por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de Competencia de las Contralorías”, que establece el grado de consulta en defensa del interés público, del

establece el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de Competencia de las Contralorías”, que establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los dere chos y garantías fundamentales; para los fallos, fallos mixtos con y sin responsabilidad fiscal, que como en este caso comportan el archivo del expediente a favor presuntos responsables fiscales y la condena o declaratoria de responsabilidad fiscal para ot ros (Caso de la Fundación Manantial de Vida “FUNMAVI”). Fallo, que se notificó de esta forma, debido a lo que en tal sentido preceptúa la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, Subsección II, Modificaciones a la regulación del proceso ordinario de responsabilidad fiscal, Artículo 106. Señala que, el auto N° 238 de 3 de abril de 2025, quedó ejecuto riado y en firme el día 25 de septiembre de 2025, por lo cual, presta merito ejecutivo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 610 de 2000 en su artículo 58. De igual forma, sostiene que El Auto No URF2-1308 de fecha 22/09/2025, mediante la cual se resolvió el Grado de Consulta , fue notificado mediante estado No. 111 del 24/09/2025. Alega que no les asiste ninguna clase de responsabilidad, por las consecuencias que surjan de sus decisiones administrativas en cumplimiento de su misión institucional estatuida en nuestra norma superior o Constitución Política; debido a que el proceso de responsabilidad

Alega que no les asiste ninguna clase de responsabilidad, por las consecuencias que surjan de sus decisiones administrativas en cumplimiento de su misión institucional estatuida en nuestra norma superior o Constitución Política; debido a que el proceso de responsabilidad

2 C01princial, ver 08ContestacionContraloriaGeneral del expediente digitalImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 fiscal nace como consecuencia del Artículo 267 de la Constitución Nacional, modificado y adicionado por el Acto Legislativo No. 04 de 2019, desarrollado por el Decreto 403 de 2020, que define al Control Fiscal como una función pública instituida para ser ejercida por la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Concluye que no se le ha vulnerado a la parte accionante su derecho de defensa, contradicción y demás derechos alegados; muestra de ello es el escrito impugnatorio de reposición que interpuso contra el Fallo de carácter Fiscal; más bien, el fondo de su queja deviene de no haber recurrido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para atacar el fallo con Responsabilidad Fiscal de que fue objeto, como se dispone en el Artículo 59 de la Ley 610 de 200, que preceptúa que ”solamente será demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el Acto Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme ”. Además, t odas las providencias les fueron notificadas en legal forma. Por lo anterior, solicita negar la acción de tutela por improcedente, teniendo en cuenta la

se encuentre en firme ”. Además, t odas las providencias les fueron notificadas en legal forma. Por lo anterior, solicita negar la acción de tutela por improcedente, teniendo en cuenta la existencia de la resolución que dio respuesta del recurso de reposición y la resolución que resolvió la consulta. e) Sentencia de primera instancia.3 El Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2025 , negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la Fundación Manantial de Vida (FUNMAVI) por medio de su representante legal Efrén Gregorio Suarez Rivera. Para llegar a la anterior decisión, el A -quo precisó que en el caso concreto, se encuentra probado que la Contraloría General de la República profirió el Auto nro. 238 del 3 de abril de 2025, mediante el cual declaró la responsabilidad fiscal de la Fundación Manantial de Vida – FUNMAVI, contra esa decisión, la parte afectada interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Auto nro. 618 del 30 de julio de 2025, notificado por estado No. 84 del 1 de agosto de 2025, en atención a lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011. Posteriormente, mediante Auto nro. URF2-1308 del 22 de septiembre de 2025, la entidad resolvió el grado de consulta, notificado igualmente por estado No. 111 del 24 de septiembre de 2025. Expone que el trámite adelantado por la Contraloría observó las formas propias del procedimiento fiscal y que las notificaciones se realizaron conforme a la ley ; por tanto, no se configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso, toda vez que la

Expone que el trámite adelantado por la Contraloría observó las formas propias del procedimiento fiscal y que las notificaciones se realizaron conforme a la ley ; por tanto, no se configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso, toda vez que la entidad accionada actuó en estricto cumplimiento del marco legal aplicable, garantizando las oportunidades de defensa y contradicción a la entidad investigada , la notificación por estado, lejos de constituir una irregularidad, se ajusta al mandato expreso del artículo 106

3 C01princial, ver 14Sentencia.pdf del expediente digitalImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 de la Ley 1474 de 2011, según el cual solo determinadas providencias deben notificarse personalmente. Considera que, una vez agotados los recursos de reposición y grado de consulta y efectuadas las notificaciones en debida forma, el fallo con responsabilidad fiscal adquirió firmeza y ejecutoriedad ; e n consecuencia, la actuación de la Contra loría al reportar el nombre de la Fundación Manantial de Vida en el sistema no puede considerarse arbitraria ni contraria al ordenamiento jurídico, sino una consecuencia legal derivada de la firmeza del acto administrativo sancionatorio. Respecto al derech o a la presunción de inocencia, observa que la declaratoria de responsabilidad fiscal se produjo dentro de un procedimiento administrativo en el que se garantizó el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa. En ese orden, una vez alcanzada la fi rmeza del fallo, la presunción de inocencia cesa, pues la responsabilidad fiscal se encuentra debidamente declarada por la autoridad competente ; por lo que , la

alcanzada la fi rmeza del fallo, la presunción de inocencia cesa, pues la responsabilidad fiscal se encuentra debidamente declarada por la autoridad competente ; por lo que , la publicación en el Boletín de responsables Fiscales no constituye una sanción anticipada ni una vulneración a dicho derecho, sino una manifestación del principio de publicidad de las decisiones adoptadas en firme. Frente a la alegada vulneración del derecho al buen nombre, expresa que no se evidencia que la información publicada por la Contraloría sea falsa, inexacta o carente de sustento legal, p or el contrario, la inclusión de FUNMAVI en el Boletín obedece a una decisión administrativa ejecutoriada, adoptada dentro de un proceso regular y en ejercicio legítimo de las competencias constitucionales y legales de la entidad de control fiscal, por tanto, la información divulgada es veraz, se sustenta en documentos oficiales y responde al cumplimiento de una función pública, lo que excluye la configuración de una afectación ilegítima al buen nombre de la accionante. Concluye que concluye que la Contraloría General de la República actuó dentro del marco legal vigente, que las providencias cuestionadas fueron debidamente notificadas, y que la inclusión de la Fundación Manantial de Vida en el Boletín de respons ables Fiscales no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia ni al buen nombre. f) Impugnación 4 La entidad accionada FUNMAVI por medio de su representante legal, impugnó el fallo, señalando que no tiene conocimiento de lo resuelto mediante el Auto No. 618 del 30 de julio de 2025, que resolvió el recurso de reposición presentado, el cual fue notificado por estado,

señalando que no tiene conocimiento de lo resuelto mediante el Auto No. 618 del 30 de julio de 2025, que resolvió el recurso de reposición presentado, el cual fue notificado por estado, si haberse notificado por conducta concluyente de su contenido. Señalo que, el A-quo justificó esa modalidad de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 106 de Ley 1474 de 2011, que establece que en los procesos tramitados íntegramente por la Ley 610 de 2000, solo el auto de apertura, el de imputación y el fallo de primera instancia deben notificarse personalmente, siendo las demás decisiones

4 C01princial, ver 16SolicitudImpugnacion.pdf del expediente digitalImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 notificadas por estado. Así mismo, el proceso también surtió el Grado de Consulta, resuelto mediante Auto N º URF2 -1308 del 22 de septiembre de 2025, el cual fue notificado por estado N.º 111 del 24 de septiembre de 2025. Sostiene que e l juez de primera instancia aceptó la versión de la Contraloría sobre la ejecutoria del fallo (25 de septiembre de 2025) de manera crítica, sin verificar ni desvirtuar el alegato del accionante de que la inclusión en el BRF se produjo en un momento anterior o en un contexto de incertidumbre procesal, violando el principio de legalidad. Alega que el A quo adujo que la información er a veraz por sustentarse en una decisión administrativa "ejecutoriada"; no obstante, la vulneración al derecho fundamental al buen

o en un contexto de incertidumbre procesal, violando el principio de legalidad. Alega que el A quo adujo que la información er a veraz por sustentarse en una decisión administrativa "ejecutoriada"; no obstante, la vulneración al derecho fundamental al buen nombre (Art. 15 CP) no solo se configura por la falsedad de la información, sino por la publicación ilegal de una información que, aunque cierta en su contenido, es inconstitucional por su extemporaneidad y por contravenir un requisito legal expreso (firmeza y ejecutoria), la ilegalidad en el momento de la publicación tornó ilegítimo el reporte y genera una afectación antijurídica. Expresa que el A quo validó la notificación por estado de los Autos N.º 618 y N.º URF21308, en aplicación del Art. 106 de la Ley 1474 de 2011; si bien esta norma especial permite la notificación por estado para "las demás decisiones", se debe refutar en el sentido de, que una providencia que resuelve un recurso de reposición interpuesto contra el fallo de responsabilidad fiscal –el acto que agota la vía administrativa y permite la ejecutoria y la inhabilitación– , exige la máxima garantía procesal ; por lo que, la notificación por estado resulta precaria para constituir la ejecutoria de un acto con efectos tan graves como la inhabilidad y el mérito ejecutivo (Art. 58, Ley 610/2000). Concluye que la sentencia presenta una incongruencia al entrar a analizar el fond o de la controversia y a su vez indicar que el accionante contaba con los medios ordinarios de defensa, el juez debió haber reconocido que la consumación del perjuicio irremediable (perdida de oportunidad contractual con Cereté y la inminente asfixia financiera) tornaba la

defensa, el juez debió haber reconocido que la consumación del perjuicio irremediable (perdida de oportunidad contractual con Cereté y la inminente asfixia financiera) tornaba la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ineficaz e inidónea.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA. a) Admisión.

Por auto con fecha 7 de noviembre de 2025, se admitió la impugnación presentada por la accionante - Fundación Manantial de Vida (FUNMAVI) contra el fallo de tutela de fecha 27 de octubre de 2025, emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

III. CONSIDERACIONES.

a. Competencia. El Tribunal Administrativo de Córdoba es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. b. Problema JurídicoImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 Corresponde a la Sala en esta oportunidad, determinar conforme lo alega la parte impugnante si la Contraloría General de la República vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y al buen nombre de la Fundación Manantial de Vida – FUNMAVI, al incluirla en el boletín de responsabilidad fiscal, sin que el fallo contenido en el Auto N.º 238 del 3 de abril de 2025 hubiera adquirido firmeza y ejecutoria, al no haberse notificado en debida forma el auto mediante el cual se resolvió

sin que el fallo contenido en el Auto N.º 238 del 3 de abril de 2025 hubiera adquirido firmeza y ejecutoria, al no haberse notificado en debida forma el auto mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicha providencia. De la respuesta a su formulación, dependerá la confirmación o revocatoria de la sentencia impugnada. c. Procedencia de la Acción de Tutela. En el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De acuerdo con lo anterior, para la procedencia de la tutela, la Corte ha determinado que debe estudiarse i) la legitimación de la causa por activa y por pasiva, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad. Frente al requisito de la legitimación en la causa por activa este se encuentra plenamente acreditada, pues la Fundación Manantial de Vida – FUNMAVI procura obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso , defensa y contradicción, presunción de inocencia, derecho al buen nombre y a la honra los cuales considera transgredidos por la entidad accionada, al incluir el nombre de FUNMAVI en el Boletín de Responsables Fiscales correspondiente al último trimestre; sin estar en firme el Fallo de responsabilidad fiscal.

entidad accionada, al incluir el nombre de FUNMAVI en el Boletín de Responsables Fiscales correspondiente al último trimestre; sin estar en firme el Fallo de responsabilidad fiscal. De igual forma, en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, está probado que la Contraloría General de la República (CGR), es la entidad accionada y quien presuntamente genera la vulneración al derecho fundamental alegada por la parte accionante, al ser esta quien realizó la inclusión de FUNMAVI en el Boletín de Responsabilidad Fiscal y respecto a la que se alega que no notificó en debida forma el auto que resolvió el recurso de reposición contra el fallo de responsabilidad fiscal. En cuanto al requis ito de inmediatez, es una condición de procedencia de la acción de tutela que nace como herramienta para cumplir con el fin de hacer de la acción de tutela un medio de amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz. En el sub examine se cumple con este requisito en razón a que la parte actora afirma que la accionada inicialmente no había resuelto el recurso de reposición que interpuso contra el fallo mixto de responsabilidad fiscal N° AC-80233-2021-231484-PRF-80233-064-133, por lo que considera que dicho fallo no se encontraba en firme para proceder a realizar la inclusión en el boletín de responsabilidad fiscal, lo cual fue verificado en fecha 08 de octubreImpugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 de 2025, por su parte, la tutela fue presentada el día 10 de octubre del corriente. En estos

Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 de 2025, por su parte, la tutela fue presentada el día 10 de octubre del corriente. En estos términos, se considera que ha transcurrido un término prudencial y razonable que justifica el cumplimiento del principio de inmediatez.

Finalmente, en cuanto al requisito de subsidiariedad, De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela es de naturaleza residual y subsidiaria y, en consecuencia, su procedencia se encuentra condicionada a que “(…) el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, ii) cuando existiendo un medio de defensa judicial ordinario este resulta no ser idóneo para la protección de los derechos fundamentales del accionante o iii) cuando, a pesar de que existe otro mecanismo judicial de defensa, la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.” Ahora bien, en lo concerniente a la procedencia de la tutela contra actos administrativos la Corte Constitucional ha señalado: “37. Concordante con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la Administración y proteger los derechos de las personas. En este sentido, la Corte manifestó en la Sentencia T – 030 de 2015: “[que

el fin de solucionar los conflictos con la Administración y proteger los derechos de las personas. En este sentido, la Corte manifestó en la Sentencia T – 030 de 2015: “[que conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puest o que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]”.

38. En este sentido, esta Corte ha determinado que, excepcionalmente, será posible reclamar mediante la acción de tutela la protección de los derechos fundam entales vulnerados por la expedición de un acto administrativo, no sólo cuando se acude a la tutela como medio transitorio de amparo, evento en el cual será necesario acreditar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando se constata que el medio de control preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados.”5 -Subrayado de la SalaEn lo relativo al perjuicio irremediable la precitada Corporación ha dispuesto lo siguiente: “Así mismo, dicha excepción al requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto del daño -; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o preven ir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho -; y (iv) el carácter impostergable de las

las medidas para remediar o preven ir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho -; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo

16. Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los d erechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no simplemente formal, y

5 Sentencia T-260 de 2018 MP. Alejandro Linares Cantillo.Impugnación de tutela – Derecho de petición Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00374-01 reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la acción puede proceder de for ma definitiva.”6 Dentro del sub examine el actor solicita que se retire de forma inmediata el nombre de la Fundación Manantial de Vida (FUNMAVI) del boletín de responsables fiscales y de cualquier base de datos, registro o publicación electrónica donde se haya replicado la mencionada información, hasta tanto el Fallo con Responsabilidad Fiscal adquiera la firmeza legalmente requerida. Pues bien, estando claro que las pretensiones se fundan principalmente en el proceso de responsabilidad fiscal que culminó con el fallo N.º N° AC-80233-2021-231484-PRF-80233064-133, se advierte que dicho proceso tiene naturaleza administrativa 7, consiguientemente, la responsabilidad declarada esencialmente es administrativa y

responsabilidad fiscal que culminó con el fallo N.º N° AC-80233-2021-231484-PRF-80233064-133, se advierte que dicho proceso tiene naturaleza administrativa 7, consiguientemente, la responsabilidad declarada esencialmente es administrativa y patrimonial-resarcitoria8, por ello, como lo ha reconocido la Corte Constitucional incide en los derechos fundamentales de las personas que con ellas resultan afectadas 9 tales como la intimidad, honra, buen nombre, trabajo, etc. Además, atendiendo a las particularidades del caso, como quiera que en la acción constitucional se censura la existencia de sendas irregularidades que podrían afectar el debido proceso y derecho a la defensa de la parte accionante relacionadas con la notificación de las