TA COR - Sentencia 23-001-33-33-005-2024-00157-01 (18-07-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, dieciocho (18) de julio del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23-001-33-33-005-2024-00157-01

Demandante: Diana Concepción Olea Massa Demandado: Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones del

Magisterio, Departamento de Córdoba y Municipio de Puerto Escondido Tema: Reconocimiento pensión de jubilación Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandadaNación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio contra la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1 Pretensiones

En la demanda se solicita que se declare la nulidad de la Resolución N°CORDOPENRES20240000102 de 17 de marzo de 2024 expedida por el Secretario de Educación Departamental frente a la petición presentada el día 21 de febrero de 2024, negándole el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación. También se peticiona la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 6 de septiembre de 2023, frente a la petición presentada ante el Municipio de Puerto

la pensión de jubilación. También se peticiona la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 6 de septiembre de 2023, frente a la petición presentada ante el Municipio de Puerto Escondido, el día 6 de junio de 2023, que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación y como restablecimiento del derecho se solicita que las demandadas le reconozcan y paguen la pensión de jubilación a la actora equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionad a, es decir a partir de 6 de marzo de 2022.

Adicionalmente, pretende el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas , así como el pago de intereses moratorios.

Finalmente, que se condene en costas a las demandadas.

1.2 Fundamentos fácticos

Se relata en la demanda que la docente demandante nació el 6 de marzo de 1967, por lo que en la actualidad tiene más de cincuenta y cinco (55) años de edad. Además, que fue vinculada por orden de prestación de servicios el 1° de abril de 1995 en la Secretaría de Educación Municipal de Puerto Escondido hasta el 30 de noviembre de 2002, con algunos días de interrupción. Así mismo, precisa que, desde el 03 de junio de 2003, fue vinculado a través de orden de prestación de servicios en la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba como docente hasta el día 12 de diciembre de 2003.

Se indica en la demanda que luego la actora se vinculó mediante nombramiento provisional el 16

de servicios en la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba como docente hasta el día 12 de diciembre de 2003.

Se indica en la demanda que luego la actora se vinculó mediante nombramiento provisional el 16 de abril de 2004 hasta el 22 de junio de 2007 y finalmente, se nombró como docente en propiedadRadicación Nº 23-001-33-33-005-2024-00157-01 2

en la Secretaría de Educación Departamental desde el 28 de julio de 2009 a la fecha de presentación de esta demanda. Manifiesta que solicitó ante la NaciónMinisterio de Educación -FOMAG el reconocimiento de la pensión de jubilación, petición que fue negada en aplicación del Decreto 812 de 2003.

1. Contestación de demanda

2.1 Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Contestó oportunamente la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda en la medida en que el Ministerio de Educación Nacional, no es la Entidad llamada a responder sobre estos temas, que versan sobre el reconocimiento, liquidación y pago de pensiones de los afiliados.

Como fundamento de defensa advirtió que la demandante adquirió el status de pensionado el 6 de marzo de 2022, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, y de tenerse en cuenta la disposición contenida en el parágrafo transitorio N°4 del acto legislativo 01 de 2005 referente a la aplicación extensiva del régimen de transición regulado por el artículo 36 de la ley 100 de 1993, teniendo en cuenta lo anterior el docente no cumple con los requisitos

01 de 2005 referente a la aplicación extensiva del régimen de transición regulado por el artículo 36 de la ley 100 de 1993, teniendo en cuenta lo anterior el docente no cumple con los requisitos previstos por la normatividad aplicable para ser beneficiaria del régimen de transición.

Considera que en el caso concreto el docente, está cobijada por el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993, lo que significa que, para el reconocimiento de su pensión, se aplican las reglas previstas en esta disposición, respecto: La edad para consolidar el derecho: 57 años. El tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas: 1.300 y el monto: entre 65% y 85 %.

Así las cosas, considera que se encuentra demostrado en el expediente que la docente ingresó a laborar mediante un acto legal y reglamentario con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 por tal motivo el accionante está sujeto a los requisitos establecidos en dicha ley, y según lo relatado en los hechos se presume que no contaba con más de 1000 semanas cotizadas, por lo anterior se colige que no acredita los presupuestos por cuanto para acceder a la prestación social en comento se requería que a ese año contara con 1300 semanas, conforme lo señalado, considera que sobre estos aspectos no se observa que la Secretaria de Educación del Departamento de Córdoba haya transgredido los derechos del actor ya que se reitera por lo cuanto no se cumple con el mínimo requerido para aplicar el régimen del magisterio.

Propone como excepciones las denominadas legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido, prescripción de mesadas y compensación.

Propone como excepciones las denominadas legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido, prescripción de mesadas y compensación.

2.2 Departamento de Córdoba

Contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones al considerar que carece de motivaciones jurídicas o fácticas, y solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda.

Como sustento de su defensa precisó que el Departamento de Córdoba no es el responsable del reconocimiento de pensión de los docentes nacionales o nacionalizados, toda vez que el encargado de cumplir ese cometido es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Añade que, si el Departamento de Córdoba tuvo participación en este asunto, ello obedeció al ejercicio de la delegación a cargo de la Nación - Ministerio De Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a la Secretaría de Educación de Córdoba, en lo que se circunscribe a asuntos de índole administrativo.

Propuso como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de pago con recursos del departamento de Córdoba y cobro de lo no debido.

2.3 Municipio de Puerto EscondidoRadicación Nº 23-001-33-33-005-2024-00157-01 3

Contestó oportunamente la demanda, oponiéndose también a la prosperidad de las pretensiones y precisando que la obligación en el reconocimiento pensional peticionado le corresponde exclusivamente en la Nación, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de

Contestó oportunamente la demanda, oponiéndose también a la prosperidad de las pretensiones y precisando que la obligación en el reconocimiento pensional peticionado le corresponde exclusivamente en la Nación, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio no cuenta con la certificación en educación que lo habilitaría para asumir tales responsabilidades con los docentes.

Considera que no cualquier tipo de vínculo con la administración es suficiente para aplicar las normas invocadas por la parte actora y que debe existir un nombramiento, que puede ser provisional o indefinido, pero siempre debe ser un nombramiento formal y no una orden de prestación de servicios para acceder al reconocimiento pensional , además, añade que a la demandante no se le puede tener en cuenta el tiempo laborado de esa manera con el municipio de Puerto Escondido, por cuanto no demostró que existió una relación laboral, mediante un fallo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo que solicito denegar las pretensiones de la demanda.

Propone como excepciones la de no cumple con los requisitos de la ley 91 de diciembre 29 de 1989, inoperancia de la acción instaurada frente a las pretensiones solicitadas e inexistencia de un deber jurídico.

1. La sentencia apelada

El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito de Montería emitió sentencia de primera instancia el 26 de agosto de 2024 , decidiendo declarar la nulidad de la Resolución No. CORDOPENRES2024-0000102 del 17 de marzo de 2024, emitida por el Departamento de Córdoba, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la

CORDOPENRES2024-0000102 del 17 de marzo de 2024, emitida por el Departamento de Córdoba, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la demandante, y en consecuencia condenar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión ordinaria de jubilación a que tiene derecho la señora Diana Concepción Olea Massa, a partir del 6 de marzo de 2022, la c ual será liquidada con base en el 75% de los factores salariales taxativamente establecidos en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985, sobre los cuales cotizó, y devengados durante el año anterior al cumplimiento del estatus pensional (5 de marzo de 2021 al 6 de marzo de 2022),

Como fundamento de la decisión y luego del recuento probatorio señaló el juez de instancia que el tiempo servido por la demandante a través de contratos de prestación de servicios como docente es computable para efectos del reconocimiento de su pensión de jubilación en tanto, la jurisprudencial del Consejo de Estado ha señalado que la labor de docente no es compatible con la de contratista independiente, toda vez que este servicio es prestado de manera personal, bajo la subordinación de las normas del plant el educativo en estricto cumplimiento de la jornada estudiantil, del mismo modo, la labor de enseñanza no se lleva a cabo con total autonomía, sino que se desarrolla siguiendo unas instrucciones y directrices de los superiores, tales como el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación y profesores directivos, por lo tanto, queda desvirtuada la independencia como característica propia del contrato por prestación del servicio

En ese orden, teniendo en cuenta que la actora prestó sus servicios como docente oficial antes

Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación y profesores directivos, por lo tanto, queda desvirtuada la independencia como característica propia del contrato por prestación del servicio

En ese orden, teniendo en cuenta que la actora prestó sus servicios como docente oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003), para el reconocimiento de su pensión de jubilación debe tenerse en cuenta si cumple con los r equisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 (20 años de servicios continuos o discontinuos y que haya cumplido 55 años).

Bajo ese entendido, precisa respecto al requisito de edad, que se encuentra acreditado que la demandante cumplió los 55 años el día 6 de marzo de 2022 (dado que nació el día 6 de marzo de 1967), en cuanto al requisito del tiempo de servicios advierte que la demandante cumplió con el requisito de los 20 años de servicios, no había cumplido con la edad, sin embargo, en ese entonces estaba vinculada en carrera administrativa en el Departamento de Córdoba, por lo que adquirió el estatus pensional el día 6 de m arzo de 2022, fecha en la que cumplió 55 años, tenía 22 años 8 meses y 25 días de servicios, es decir, término superior a los 20 años para adquirir la pensión de jubilación.

Conforme lo anterior, advirtió que los actos demandados se encuentran afectados de nulidad, debido a que el tiempo total de prestación de servicios de la actora a la fecha de su reconocimiento pensional es de fecha 6 de marzo de 2022, fecha en que cumplió los 55 años.Radicación Nº 23-001-33-33-005-2024-00157-01 4

1. El recurso de apelación

reconocimiento pensional es de fecha 6 de marzo de 2022, fecha en que cumplió los 55 años.Radicación Nº 23-001-33-33-005-2024-00157-01 4

1. El recurso de apelación

4.1 Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La entidad demandada a través de apoderado presentó recurso de apelación señalando que la señora Diana Concepción Olea Massa según los soportes documentales presentes en el presente proceso se evidencia no cumple con el requisito del número de semanas cotizadas al sistema, pues como se puede evidenciar la mayoría de los contratos fue por prestación de servicios, cotizando como independiente al SGSSS , además, la docente tampoco acreditó a cuál entidad de previsión y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió como docente contratista del departamen to del Municipio de Puerto Escondido, lo que a todas luces refleja la falta de requisitos pasa que le sea reconocida la pensión ordinaria de jubilación.

Considera que como quiera que la docente ingresa en vigencia de la ley 812 de 2003 a partir del 29 de julio de 2009, por lo que debe darse aplicación al régimen de prima media consagrado en la ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 9 y subsiguientes de la ley 797 de 2003. Por lo que debe aplicar lo consagrado en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, es decir haber cumplido 57 años y haber cotizado 1300 semanas a la fecha.

Señala que la docente demandante fue afiliada al FOMAG el día 29 de julio del 2009, por lo cual

57 años y haber cotizado 1300 semanas a la fecha.

Señala que la docente demandante fue afiliada al FOMAG el día 29 de julio del 2009, por lo cual le es aplicable la Ley 100 de 1993 y no la Ley 91 de 1989, sobre la cual igualmente no cumple con los requisitos. Y no podría ser beneficiaria de las disposiciones contenidas en la ley 33 de 1985.

Por último, solicit ó q ue al momento de estudiar el presente proceso se tenga en cuenta la sentencia de unificación proferida por el Honorable Consejo de Estado en la cual menciona, que sólo se deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros efectivamente cotizados al fondo pensional a fin de no afectar los principios de sostenibilidad fi nanciera, sostenibilidad fiscal y economía.

Conforme lo señalado, solicita que se revoque la sentencia apelada y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

1. El trámite en segunda instancia

El 11 de abril de 2025 se admitió el recurso presentado por la parte demandada dentro del presente proceso.

Las partes y el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Cumplido el trámite pertinente y sin que se avizore irregularidad o causal que afecte la legalidad de la actuación se procede a proferir la sentencia que en derecho corresponda previas las siguientes,

II.Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal determinar el siguiente problema jurídico:Radicación Nº 23-001-33-33-005-2024-00157-01 5

¿Determinar si le asiste el derecho a la demandante a que las entidades demandadas le reconozcan su pensión vitalicia de jubilación desde que cumplió su status pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el tiempo que laboró a través de contratos de prestación de servicios; o si por el contrario no le asiste tal derecho y ello conllevaría a revocar la sentencia de primera instancia?

Para resolver el fondo del asunto, la Sala estudiará los siguientes aspectos: i) Del reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 y ii) Caso concreto. i) Del reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 La Ley 91 de 1989, en su artículo 3 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad esta que de acuerdo con su artículo 5 numeral 1 es la encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados a dicho fondo. Dicha

Magisterio, entidad esta que de acuerdo con su artículo 5 numeral 1 es la encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados a dicho fondo. Dicha normatividad en su artículo 1° hizo una distinción entre los docentes afilados a dicho fondo, así: los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. Asimismo, el artículo 15 numeral 1º ibídem dispone que el régimen prestacional de los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, será el que han venido gozando en cada entidad territorial, de acuerdo a las normas vigentes, mientras que los docentes nacionales y los que se vinculen con posterioridad al 1º de enero de 1990, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro. Por su parte, la Ley 60 de 1993, en cuanto al régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados, dispuso: “El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial (…)” Posteriormente, el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005

incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial (…)” Posteriormente, el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que “(…) el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 20 03, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta”. A su vez, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, señaló en su artículo 81 que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio educativo, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley. Por lo anterior, para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que venían vinculados antes de la entrada en vigencia de la citada ley, esto es, el 27 de junio de 2003, el régimen pensional aplicable será el que se encontraba vigente para el Magisterio en esa fecha, como lo es la Ley 91 de 1989. De igual forma, es dable destacar que el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003, no le es aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sino por el contrario, como ya se dijo, el régimen aplicable es el establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes; posición que ha sido reafirmada por el Consejo

junio de 2003), sino por el contrario, como ya se dijo, el régimen aplicable es el establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes; posición que ha sido reafirmada por el Consejo de Estado 1, cuando dispuso sobre el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003 que: “ No resulta aplicable para el caso sub júdice, ya que el artículo 81 de la ley en mención establecía que “(…) el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”, situación en la que se encuentra el demandante como docente oficial vinculado desde el 1º de febrero de 1980, de la misma manera lo reitera el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005”.

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, veintitrés (23) de marzo del dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 66001-23-33000-2013-00417-01(0058-15)Radicación Nº 23-001-33-33-005-2024-00157-01 6

Conforme lo dicho, a los docentes que se rigen por la Ley 91 de 1989, sin importar que sean nacionales, nacionalizados o territoriales, su régimen pensional es el establecido en la Ley 33 de 1985, la cual reguló una pensión de jubilación a todos los empleados públicos y en su artículo 1° estableció unos requisitos para acceder a la pensión ordinaria de jubilación y son que el empleado

1985, la cual reguló una pensión de jubilación a todos los empleados públicos y en su artículo 1° estableció unos requisitos para acceder a la pensión ordinaria de jubilación y son que el empleado oficial: i) hubiere servido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos; y ii) tenga cincuenta y cinco (55) años de edad. En ese orden, se hace necesario indicar que el artículo 3º de la Ley 33 de 1985 -modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 - previó como factores salariales para liquidar la pensión los siguientes: “ asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 25 de abril de 2019 2, unificó jurisprudencia en cuanto a la liquidación de las pensiones de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial, estableciendo que para establecer el ingreso base de liquidación pensional se deben tener en cuenta únicamente los factores en la norma que regula su pensión. De otra parte, es dable indicar que al momento de resolver sobre el reconocimiento pensional de los docentes el Consejo de Estado, al estudiar sobre las órdenes de prestación de servicios como tiempos computables para dicho reconocimiento, ha tenido en cuenta el principio de la primacía de la realizada sobre las formas3. En ese orden, el citado cuerpo colegiado ha sostenido que: “(…) De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata de

de la realizada sobre las formas3. En ese orden, el citado cuerpo colegiado ha sostenido que: “(…) De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[ ... ] primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaci ones laborales, es un principio constitucional [ ... ]»9, y si el intérprete judicial, «[ ... ] en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP [...]». En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera r elación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia (…)” De igual forma, al estudiar específicamente una pensión de jubilación el citado cuerpo colegiado tuvo en cuenta el tiempo de vinculación de contratos de prestación de servicios: “(…) Así las cosas, toda vez que en el presente asunto la demandante se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación a través de contratos de prestación de servicios se efectuó desde el 01/02/1990 y

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación a través de contratos de prestación de servicios se efectuó desde el 01/02/1990 y por nombramiento, el 09/08/1994. En consecuencia, se colige que a la demandante la rige lo dispuesto en la Ley 91 de 29 de diciembre de 19894 en lo referente al régimen pensional. (…)”5. Tesis que ha sido reiterada por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado en providencias de fecha 11 de febrero de 2021 6 y 17 de junio de 2022 7 como se aprecia a continuación, así: Providencia de fecha 11 de febrero de 2021 Del recuento previamente expuesto y en atención a la jurisprudencia constante de esta Corporación, es claro que procede contabilizar el tiempo durante el cual la demandante prestó sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, pues es evidente que tal vínculo no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajeno al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes – empleados públicos: (…) Así las cosas, es dable computar los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de «contratos de prestación de servicios» para efectos del reconocimiento prestacional; y la entidad demandada – en este caso el Departamento de Norte de Santander8, quien a su vez deberá repetir contra el municipio de los Patios9tiene la responsabilidad de

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación, - SUJ-014CES2-2019, 25 de abril de 2019, Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortes. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017) 4 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C. P. William Hernández Gómez, Bogotá D.C., treinta d e noviembre de dos mil diecisiete. Radicación: 70001233300020130005201. 6 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D. C., Once (11) De Febrero De Dos Mil Veintiuno (2021). Radicación Número: 54001-23-33-000-2012-00047-01(1990-14) 7 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C., Diecisiete (17) De Junio De Dos Mil Veintidós (2022) 8 Véase el artículo 12 de la Ley 91 de 1989 9 En razón a que el citado municipio no fue demandado en el presente procesoRadicación Nº 23-001-33-33-005-2024-00157-01 7

incluir el porcentaje que le correspondía al empleado, al no haberle realizado ningún descuento. 10 (negrillas de la

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incluir el porcentaje que le correspondía al empleado, al no haberle realizado ningún descuento. 10 (negrillas de la Sala)

Providencia de fecha 17 de junio de 2022 “Pues bien, para la Sala, el a quo incurre en un yerro al considerar que no es posible tener los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para efectos pensionales, por las siguientes razones: (…) En ese orden, en principio, los lapsos respecto de los cuales se celebraron contratos de prestación de servicios deben ser considerados como tiempos laborados para efectos pensionales, en razón a que la Sala, se reitera, ha defendido la tesis según la cual ante la existencia de este tipo de negocios jurídicos es posible tener en cuenta el período durante el cual subsistió esa relación contractual como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de requisitos para accede r al reconocimiento de una pensión de jubilación, bajo el entendido de que el interesado desempeñó una función similar a aquella que realizan los docente