TA COR - Sentencia 23-001-33-33-008-2025-00254-01 (24-09-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025) 1

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Tutela Radicación: 23-001-33-33-008-2025-00254-01

Accionante: Lorena Patricia Machado Petro

Accionado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Municipio de Montería, Caribemar de la Costa SAS ESP (AFINIA) y Promotora Arboleda SAS Decisión: Revoca la decisión de primera instancia

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo de tutela de fecha 01 de agosto de 2025 decidido por el Juzgado octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería , mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada.

I. Antecedentes

1. La solicitud de tutela.

1.1. Hechos

En el libelo de tutela se expone que la señora Lorena Patricia Machado Petro, tras adquirir una vivienda en la Urbanización Arboleda de Montería con todos los servicios públicos instalados, la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA) suspendió el servicio de energía eléctrica sin previo aviso, afectando a más de 350 hogares . Además, la empresa se niega a facturar el servicio de manera individual, exigiendo a los propietarios

servicio de energía eléctrica sin previo aviso, afectando a más de 350 hogares . Además, la empresa se niega a facturar el servicio de manera individual, exigiendo a los propietarios asumir una deuda generada por el urbanizador bajo un contrato provision al, lo cual no corresponde al consumo real de cada usuario . Señala igualmente que la empresa a reemplazado los medidores instalados sin justificación técnica, aumentando los costos, todo ello pese a que los usuarios han radicado derechos de petición sin recibir respuesta de fondo ni concesión de los recursos legales correspondientes. 1.2. Peticiones

Conforme a los hechos expuest os solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima y vivienda digna, solicitando al juez que ordene a la empresa Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P. se abstenga de suspender el servicio de energía eléctrica en su vivienda, y realice la facturación individual con base en el medidor previamente instalado por el urbanizador, permitir la instalación de equipos de medición adquiridos por el usuario conforme a especificaciones técnicas, evitar la exigencia de reconocimiento de deuda como condición pa ra la prestación del servicio, y garantizar la respuesta de fondo a los derechos de petición radicados, incluyendo la concesión de los recursos legales correspondientes.

1 La providencia se profiere en la fecha teniendo en cuenta que la Magistrada Ponente le fue conferida comisión de servicios durante los días 09 a 19 de septiembre de 2025.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro23-001-33-33-008-2025-00254-01 2

1.3. Derechos fundamentales invocados como vulnerados.

de 2025.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro23-001-33-33-008-2025-00254-01 2

1.3. Derechos fundamentales invocados como vulnerados.

En los hechos y pretensiones de la solicitud de tutela se invoca n como vulnerados los derechos al debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la confianza legítima y el derecho de petición.

1.4 Auto Admite.

La tutela fue remitida por el juzgado tercero civil del circuito especializado en restitución de tierras atreves de providencia del 18 de julio de 2025 al juzgado octavo administrativo de Montería, el cual avocó el conocimiento de la misma a través de providencia de fecha 21 de julio de 20205.

1.5 Informes rendidos por las entidades accionadas. La NaciónMinisterio De Vivienda, Ciudad Y Territorio : Solicita ser desvinculado de la acción de tutela interpuesta al señalar que no tiene competencia ni responsabilidad en los hechos alegados, los cuales se relacionan con la prestación del servicio público de energía eléctrica, función que corresponde a los entes territoriales y empresas prestadoras; y que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad competente para resolver conflictos entre usuarios y prestadores, por lo que no existe relación jurídica ni vulneración de derechos fundamentales atribuible al Ministerio. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: señaló que la presente acción de tutela es improcedente debido a que no existe antecedente alguno de queja, solicitud o reclamación presentada por la accionante ante dicha entidad, lo cual impide establecer

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: señaló que la presente acción de tutela es improcedente debido a que no existe antecedente alguno de queja, solicitud o reclamación presentada por la accionante ante dicha entidad, lo cual impide establecer cualquier vínculo material o funcional que justifique su vinculación al proceso, Además, explicó que su competencia solo se activa cuando el usuario ha agotado los recursos administrativos ante la empresa prestadora del servicio conforme a la Ley 142 de 1994, y que al no haberse surtido dicho procedimiento no puede atribuírsele omisión ni vulneración de derechos fundamentales, reiterando que la tutela no puede sustituir los mecanismos ordinarios establecidos por la ley, y que no puede haber responsabilidad donde no ha existido requerimiento formal ni oportunidad legal de intervención. Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.: No ejerció el derecho de contradicción y defensa. Secretaría de Infraestructura Municipal de Montería .: No ejerció el derecho de contradicción y defensa. 1.6 Sentencia de primera instancia

El juez negó la acción de tutela interpuesta por la señora Lorena Patricia Machado Petro al considerar que no se acreditó su calidad de usuaria o suscriptora del servicio de energía eléctrica ante la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P (Afinia), lo que impide otorgarle legitimación para reclamar la suspensión del servicio, Señaló además que las actuaciones de la empresa se ajustan a lo previsto en la Ley 142 de 1994, que autoriza el corte del servicio por incumplimientos contractuales atribuibles al urbanizador Promotora Arboleda S.A.S., y no al accionante , Igualmente, argumento que la petición presentada por la ciudadana fue

por incumplimientos contractuales atribuibles al urbanizador Promotora Arboleda S.A.S., y no al accionante , Igualmente, argumento que la petición presentada por la ciudadana fue respondida oportunamente, por lo que no se configuró vulneración al derecho de petición, y se concluyó que existen otros mecanismos judiciales idóneos para resolver el conflicto, lo que hace improcedente el uso de la tutela como vía principal. 1.7 Impugnación La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia por considerar vulnerados derechos fundamentales en la prestación del servicio de energía en la Urbanización Arboleda, donde más de 150 usuarios solicitaron facturación individual cumpliendo los requisitos legales. EsAsunto: Impugnación Tutela Expediente nro23-001-33-33-008-2025-00254-01 3

así como solicita el amparo de los derechos atendiendo la identidad de objeto y pretensiones en su nombre y de sus coadyuvantes. Explica además que, aunque no figura como suscriptora formal del servicio de energía, es propietaria de un inmueble en la Urbanización Arboleda con acometida y medidor instalado, lo que le otorga legitimidad para exigir facturación individual. Critica la negativa del prestador (Caribemar de la Costa S.A.S. ESP - Afinia) de permitir la contratación directa del servicio, imponiendo en cambio acuerdos de pago por deudas ajenas a los usuarios, lo cual considera un abuso de posición dominante. Además, señala que la urbanización cumple con los requisitos técnicos para la prestación del servicio, y que la empresa ha ignorado derechos de petición y ha negado recursos administrativos, impidiendo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. Solicita la revocatoria de la

urbanización cumple con los requisitos técnicos para la prestación del servicio, y que la empresa ha ignorado derechos de petición y ha negado recursos administrativos, impidiendo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. Solicita la revocatoria de la sentencia y que se ordene la facturación individual, el respeto al debido proceso, y la abstención de exigir acuerdos de pago como condición para el servicio.

II. Trámite de segunda instancia

2.1 Admisión.

Mediante auto de fecha 22 de agosto del 2025 se admitió la presente impugnación ordenándose la notificación a las partes y al señor Agente del Ministerio Público.

III. Consideraciones de la Sala

a) La competencia.

Este Tribunal es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a la impugnación presentada a la sentencia de primera instancia, corresponde a la Sala determinar los siguientes problemas jurídicos:

• Si la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al debido proceso y a la vivienda digna de la actora, los cuales se alega vienen siendo vulnerados por

AFINIA.

Superado el anterior problema jurídico se procederá a resolver lo siguiente:

• Determinar si Caribemar de la Costa SAS ESP – AFINIA - vulneró los derechos invocados por la accionante.

Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para

• Determinar si Caribemar de la Costa SAS ESP – AFINIA - vulneró los derechos invocados por la accionante.

Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a estudiar los siguientes aspectos: i) Procedencia general de la acción de tutela. ii) De la legitimación en la causa por activa iii) De los derechos invocados como vulnerados iv). Principio de confianza legítima; v). La protección constitucional del servicio público de energía eléctrica; vi ). Procedimiento para la legalización de las instalaciones del servicio de energía eléctrica, y vii) Consideraciones del caso en concreto.

1. Procedencia general de la acción de tutela.

El artículo 86 de la Carta Política, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la o misión de cualquier autoridad pública, y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro23-001-33-33-008-2025-00254-01 4

la jurisprudencia constitucional sostiene que la procedencia de la acción de tutela se satisface con la concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) legitimación en la causa por activa; (ii)

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la jurisprudencia constitucional sostiene que la procedencia de la acción de tutela se satisface con la concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) inmediatez, y (iv) subsidiariedad.

1. De la legitimación en la causa por activa.

Regulación constitucional y legal. Conforme a lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política, “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (…), por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela “podrá ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”. A la luz de las referidas disposiciones, la Corte ha reconocido que la legitimación en la causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. En consecuencia, de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo solicitado.2 iii) De los derechos invocados como vulnerados

Derecho al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, en el cual se instituyó que el mismo debe observarse en los procesos judiciales y administrativos, el cual aplicado en estos últimos se denomina debido proceso administrativo, aludiendo a la línea de conducta que deben seguir y respetar las autoridades y los particulares en ejercicio de las funciones públicas, lo que conlleva la existencia de una serie de garantías propias del administrado que le permiten protegerse de las actuaciones a busivas u omisivas

en ejercicio de las funciones públicas, lo que conlleva la existencia de una serie de garantías propias del administrado que le permiten protegerse de las actuaciones a busivas u omisivas de estas autoridades o particulares. En ese sentido, el debido proceso administrativo implica una limitación en el ejercicio de las funciones desempeñadas por una autoridad pública y el respeto por los derechos fundamentales del adminis trado, así como la garantía de cumplimiento de las formas procedimentales previamente establecidas por el Legislador, eliminando de tajo el capricho de la Administración o particular que cumple funciones públicas.

Derecho a la igualdad está previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en instrumentos internacionales de derechos humanos que, en virtud del artículo 93 numeral 2, hacen parte del bloque de constitucionalidad. De este derecho se desprenden dos mandatos básicos: (i) otorgar e l mismo trato a supuestos de hecho equivalentes y (ii) otorgar un trato diferente a situaciones de hecho disímiles. Como se observa, el rasgo esencial del derecho a la igualdad es que implica un juicio de comparación entre dos personas o grupos de personas. Para determinar con mayor precisión el alcance del derecho a la igualdad, la Corte ha especificado estos dos mandatos generales en cuatro reglas, a saber: (i) debe darse un tratamiento distinto a situaciones de hecho que no tienen ningún elemento en común; (ii) debe darse el mismo trato a situaciones de hecho idénticas; (iii) debe darse un trato paritario a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes que las

situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes.3 Ahora, en el ámbito de la educación, debe aludirse necesariamente al artículo 13 de nuestra Constitución y entenderlo bajo un enfoque de igualdad material, que es dar un tratamiento diferencial a aquel o aquella que por alguna situación particular está en desventaja frente al conglomerado social ocasionando un hecho de desigualdad; puesto que se refiere a uno de los fines esenciales de un Estado Social de Derecho.4

Ahora, sobre el derecho a la vivienda digna el artículo 51 de la Constitución Política dispone que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna y que es obligación del Estado fijar las condiciones necesarias para que este derecho sea efectivo, así como promover planes de interés social, sistemas adecuados de financiación de largo plazo y formas asociativas de ejecución de programas en la materia. En principio este derecho no fue reconoci do como

2 Corte Constitucional, Sentencia T 033 Del 14 De febrero De 2024 Expediente T-9.490.475 3 Sentencia C-571 de 2017 4 Sentencia T-389/20Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro23-001-33-33-008-2025-00254-01 5

fundamental y, por ende, se negó la procedencia de su amparo mediante acción de tutela. Sin embargo, con el trascurso del tiempo la Corte Constitucional, luego de analizar su naturaleza jurídica, concluyó que se trata de un derecho fundamental autónomo.

fundamental y, por ende, se negó la procedencia de su amparo mediante acción de tutela. Sin embargo, con el trascurso del tiempo la Corte Constitucional, luego de analizar su naturaleza jurídica, concluyó que se trata de un derecho fundamental autónomo.

En ese sentido, fue definido como “aquel dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que cuente con las condiciones suficientes para que quienes habiten en ella puedan realizar de manera digna su proyecto de vida”. Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte ha precisado que la exigibilidad de este derecho tiene dos dimensiones, una progresiva y otra de inmediato cumplimiento. Frente a la primera dimensión la Corte ha señalado que, aunque en general la materialización del derecho a la vivi enda es incremental, esta condición no justifica la inactividad del Estado, quien tiene la obligación de garantizar los contenidos mínimos esenciales del derecho que son de inmediato cumplimiento. Así, con respecto a la dimensión de inmediato cumplimiento la Corte ha señalado que el derecho a la vivienda está conformado por contenidos mínimos que deben ser atendidos en períodos cortos de tiempo. De acuerdo a los precedentes constitucionales vigentes, estos contenidos se pueden resumir en las siguientes tres obligaciones: (i) un mandato de abstención para no interferir en el goce efectivo del derecho a la vivienda; (ii) una obligación de incorporar al ordenamiento jurídico diferentes mecanismos administrativos y judiciales para preservar el uso pacífico de la vivienda y proteger a las personas de injerencias ilegítimas de terceros y; (iii) la responsabilidad de consolidar, entre otras cosas, planes específicos que determinen de forma

pacífico de la vivienda y proteger a las personas de injerencias ilegítimas de terceros y; (iii) la responsabilidad de consolidar, entre otras cosas, planes específicos que determinen de forma clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales se va a realizar el derecho a la vivienda, especialmente en los casos que involucran personas en situación de debilidad manifiesta. 5

1. Principio de la confianza legitima de manera concreta para el caso de la vivienda digna, la corte constitucional en en Sentencia T-206/21 frente a los servicios públicos y el principio de la confianza legítima estableció : “que hace parte de este derecho el que se preserve la confianza legítima del usuario de buena fe en la continuidad de la prestación del servicio si éste ha cumplido con sus deberes ". (…) En conclusión, se tiene que i) la confianza legítima es un principio que emana de la garantía constitucional de buena fe; ii) busca otorgar estabilidad a la situación que conoce el ciudadano, para que esta no cambie de manera intempestiva; iii) no se limit a a la estabilidad de la normativa vigente sino también a las actuaciones precedentes de la administración y; iv) se trata de un principio que puede aplicarse en muchos escenarios y para proteger multiplicidad de derechos, como el debido proceso, el trabaj o o la educación.

v). La protección constitucional del servicio público de energía eléctrica y su relación con la vivienda digna

Los servicios públicos domiciliarios son reconocidos por el artículo 365 de la Constitución como «inherentes a la finalidad social del Estado». Dicha norma, además, le impone el deber al Estado de «asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional».

Los servicios públicos domiciliarios son reconocidos por el artículo 365 de la Constitución como «inherentes a la finalidad social del Estado». Dicha norma, además, le impone el deber al Estado de «asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional».

En este orden de ideas, resulta evidente que el Constituyente de 1991 buscó dejar sentado el deber de garantizar la prestación de los servicios públicos, en tanto constituyen un instrumento esencial para el cumplimiento de los fines del Estado colombiano y, de manera correlativa, para hacer efectivos aquellos derechos fundamentales que se encuentr an íntimamente vinculados con su suministro.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha señalado que determinados servicios públicos mantienen una estrecha conexión con la garantía de derechos fundamentales y, en consecuencia, su interrupción o ausencia en la prestación puede traducirse en la vulneración de tales derechos. A manera de ilustración, en la Sentencia T-337 de 20236 se expuso que:

Además, porque la ausencia de suministro de energía eléctrica puede derivar en la vulneración de los derechos fun damentales a la dignidad humana, vida en condiciones dignas, salud, educación, trabajo y vivienda digna, de quienes padecen dicha ausencia y quienes tienen tanto derecho a gozar de este servicio como las personas que habitan en

5 Ver sentencia T251 de 2023 6 Sentencia T-337 de 2023, Corte Constitucional. M.P: Cristina Pardo Schlesinger. Bogotá D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro23-001-33-33-008-2025-00254-01 6

Expediente nro23-001-33-33-008-2025-00254-01 6

otras zonas del país. Por tanto, el suministro de energía eléctrica es un deber en cabeza del Estado por tratarse de una manifestación de los fines esenciales del Estado que se orientan a la consecución del bien común y el bienestar general.

Con el fin de desarrollar los artículos c onstitucionales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios como una de las finalidades del Estado, se expidió la Ley 142 de 19947. En su artículo 4, el legislador dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 4. Servicios Públicos Esenciales. Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos, de que trata la presente Ley, se considerarán servicios públicos esenciales.

En concordancia con lo anterior, dentro de los servicios públicos esenciales se encuentra el de la energía eléctrica. Sobre el particular, el artículo 14.25 de la mencionada ley definió el servicio público domiciliario de energía eléctrica en los siguientes términos:

Artículo 14.25. Servicio público domiciliario de energía eléctrica. Es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de tr ansformación, interconexión y transmisión.

De manera complementaria, la Ley 143 de 1994, en su artículo 5º, reafirmó el carácter esencial de dicho servicio al indicar que las actividades de generación, interconexión, transmisión,

transmisión.

De manera complementaria, la Ley 143 de 1994, en su artículo 5º, reafirmó el carácter esencial de dicho servicio al indicar que las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercial ización de electricidad buscan atender necesidades colectivas de manera continua, motivo por el cual se catalogan como servicios públicos de carácter esencial, obligatorio, solidario y de utilidad pública.

Ahora bien, conforme al artículo 134 de la Ley 142 de 1994, toda persona capaz de contratar que habite o utilice de manera permanente un inmueble tiene derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios, siempre que se haga parte de un contrato de servicios. Tal como lo establece la norma: «Artículo 134. Del derecho a los servicios públicos domiciliarios. Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos.» En igual sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia T - 206 de 2021 8, reiteró que la energía constituye un bien público esencial y un servicio indispensable « para el desenvolvimiento de las actividades sociales y eco nómicas del país» 9 asociado «sustancialmente al bienestar de las poblaciones contemporáneas, el fortalecimiento de la calidad de vida y el acercamiento con el avance de la tecnología»10.

Aunado a ello, en la misma providencia el Tribunal Constitucional d estacó que el servicio público de energía eléctrica es un componente esencial del derecho a una vivienda digna, razón por la cual señaló lo siguiente:

En diversas decisiones se ha indicado que “una vivienda será adecuada cuando garantice

público de energía eléctrica es un componente esencial del derecho a una vivienda digna, razón por la cual señaló lo siguiente:

En diversas decisiones se ha indicado que “una vivienda será adecuada cuando garantice el acceso al servicio de energía eléctrica y el mismo se preste en condiciones de seguridad para las personas que allí moren” 11 Recientemente, la jurisprudencia reconoció que “en las sociedades contemporáneas, el servicio de energía eléctrica constituye, cada vez en mayor medida, una condición para el goce pleno de esta garantía constitucional” 12 haciendo referencia al derecho a l a vivienda digna. Esto es así pues el servicio es requisito para satisfacer “necesidades cotidianas como conservar y refrigerar alimentos, tener una

7 «Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones». 8 Corte Constitucional, Sentencia T-206 de 2021, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). 9 Sentencia C-447 de 1992. 10 Sentencia C-565 de 2017. 11 Sentencia C-447 de 1992. 12 Sentencia T-367 de 2020.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro23-001-33-33-008-2025-00254-01 7

adecuada iluminación, asegurar condiciones de higiene y aseo, y vivir en un espacio con adecuada calefacción, entre otras”13.

vi). Procedimiento para la legalización de las instalaciones del servicio de energía eléctrica

El Ministerio de Minas y Energía, en uso de las facultades conferidas por el parágrafo del

adecuada calefacción, entre otras”13.

vi). Procedimiento para la legalización de las instalaciones del servicio de energía eléctrica

El Ministerio de Minas y Energía, en uso de las facultades conferidas por el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1264 de 2008 14, expidió la Resolución nro. 40117 del 2 de abril de 2024, mediante la cual se introdujeron modificaciones al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

Dicha normativa establece en su artículo 3.1.1.1 los requisitos generales de las instalaciones, en los siguientes términos:

3.1.1.1. Requisitos generales de las instalaciones. Para determinar la conformidad de las instalaciones eléctricas con el RETIE, además de lo exigido en el Libro de demostración de la conformidad del presente Reglamento, se deben seguir los siguientes lineamientos: a. Toda instalación objeto del RETIE debe demostrar su cumplimiento mediante la Declaración de Cumplimiento del constructor suscrita por quienes realicen directamente la construcción, la remodelación o amplia ción de la instalación eléctrica. (…) . b. El operador de red o distribuidor o quien preste el servicio en la zona, no debe energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía, si el propietario o tenedor de la instalación no demuestra la conformidad con el RETIE. Igual tratamiento se dará a instalaciones que, aun contando con la certificación en el momento de efectuar la visita técnica para su energización, la persona competente evidencie incumplimientos con el presente Reglamento que pongan en alto riesgo o peligro inminente la salud o la vida de las personas o la seguridad de la misma

con la certificación en el momento de efectuar la visita técnica para su energización, la persona competente evidencie incumplimientos con el presente Reglamento que pongan en alto riesgo o peligro inminente la salud o la vida de las personas o la seguridad de la misma instalación y las edificaciones contiguas. (…) . c. En el evento que se energice una instalación que no demuestre su conformidad con el presente Reglamento, la empresa que preste el servicio será la responsable por los efectos que se deriven de este hecho. (…)

De lo anterior, se extrae que Toda obra eléctrica debe cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), lo cual se acredita mediante una Declaración de Cumplimiento del constructor o una Certificación Plena que incluye también al diseñador y al organismo de inspección acreditado por la ONAC. El operador de red está obligado a no energizar la instalación si no se demuestra dicho cumplimiento, o si existen riesgos evidentes para la vida, la salud o la seguridad, incluso si hay certificación. En caso de energizar sin cumplir los requisitos, la empresa prestadora del servicio asume la responsabilidad y puede ser sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994. Además, quienes incumplan el RETIE o emitan certificaciones sin sustento técnico también pueden ser investigados y sancionados sanción por parte de las autoridades competentes.

Por su parte, el artículo 3.2.2. de la misma resolución fija la responsabilidad de los constructores, de la siguiente manera:

Artículo 3.2.2. Responsabilidad de los constructores : El responsable de la construcción, ampliación o remodelación de cualquier obra civil, estructura o edificación donde se

constructores, de la siguiente manera:

Artículo 3.2.2. Responsabilidad de los constructores : El responsable de la construcción, ampliación o remodelación de cualquier obra civil, est