TA COR - Sentencia 23-001-3333-005-2025-00212-01 (21-08-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente (E): Dr. Pedro Olivella Solano1

Montería, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

ACCION DE TUTELA – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Radicación: 23-001-3333-005-2025-00212-01

Accionante: Luis Alfredo Pérez Palencia Accionado: Dirección de Sanidad Militar - Ejército Nacional – Batallón Junín de Montería

D. Fundamentales: Salud, vida digna

I. ASUNTO POR RESOLVER

Se pronuncia la Sala frente a la impugnación presentada por la parte accionada Dirección de Sanidad Militar - Ejército Nacional contra el fallo de tutela calendado nueve (9) de julio del año dos mil veinticinco (2025), proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, dentro de la acción de tutela en referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1 Hechos

El señor Luis Alfredo Pérez Palencia actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela con fundamento en los siguientes presupuestos fácticos: El actor está afiliado al Sistema de Salud de la Dirección General de Sanidad Militar en el régimen co ntributivo; tiene 66 años; le han sido diagnosticadas varias enfermedades: i) síndrome de colon irritable; ii) hipertensión esencial crónica; iii) insuficiencia renal; iv) cefalea; y v) rinitis crónica: el médico tratante le ordenó exámenes y procedimientos diagnósti cos, los cuales no han sido

hipertensión esencial crónica; iii) insuficiencia renal; iv) cefalea; y v) rinitis crónica: el médico tratante le ordenó exámenes y procedimientos diagnósti cos, los cuales no han sido gestionados por Sanidad Militar pese a varias solicitudes; alega que carece de recursos económicos para sufragar dichos exámenes.

2.2. Pretensiones

La parte accionante solicitó se tutelen los derechos fundamentales salud y vida digna y, en consecuencia, se ordene a la Dirección de Sanidad Militar que de manera pronta y oportuna

1 El suscrito Magistrado se encuentra encargado de las funciones de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo por decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado a través de Acuerdo N° 035 del 11 de febrero de 2025.SIGCMA

realice los trámites y expida las autorizaciones para la realización de los procedimientos médicos prescritos por el médico tratante y de todo aquello que se derive de la patología diagnosticada:

• Examen de colonoscopia total - Examen de creatinina depuración - Examen de proteínas en orina - Examen coprológico - Examen de sangre oculta en materia fecal - Examen de hormona parotídea molécula intacta - Examen ecografía Doppler de arterias renales - Consulta por especialista en otorrinolaringología

Asimismo, que se ordene tratamiento integral para cubrir todos los gastos médicos derivados de las patologías diagnosticadas, incluyendo los gastos de viáticos alimentación y hospedaje del actor y un acompañante; se impongan las sanciones que correspondan a

Asimismo, que se ordene tratamiento integral para cubrir todos los gastos médicos derivados de las patologías diagnosticadas, incluyendo los gastos de viáticos alimentación y hospedaje del actor y un acompañante; se impongan las sanciones que correspondan a la entidad accionada; y se falle extra y ultra petita.

2.3. Informe de la entidad accionada

A través de oficio Radicado No. 000958_MDN -COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07BR11-BASPC11-ESM-1.5 de 1 de julio de 2025, la entidad accionada a través de la Directora Establecimiento de Sanidad Militar de Monteria, respondió la acción de tutela en los siguientes términos:

Se articuló con la Clínica San Sebastián y se asigna cita para la valoración por la especialidad de OTORRINOLARINGOLOGIA, por su parte indicó que para los exámenes paraclínicos deben acercarse el señor LUIS ALFREDO a la red externa en la ciudad de Montería, para su realización. Se le notificó al correo electrónico con copia al juzgado, la cita programada, y autorizaciones de servicios, en las cuales se puede comprobar que no ha sido remitido fuera de la ciudad donde tiene su domicilio, por lo que no procede el pago de pasajes y viáticos , máxime cuando se trata de un pensionado que devenga una asignación mensual.

Aportó las autorizaciones de servicios de los exámenes, procedimientos y cita especializada y el soporte de la remisión de estos al accionante.

En ese orden, pide que se decrete el hecho superado de la programación de fecha y hora de la valoración para OTORRINOLARINGOLOGIA y autorización de servicios de

y el soporte de la remisión de estos al accionante.

En ese orden, pide que se decrete el hecho superado de la programación de fecha y hora de la valoración para OTORRINOLARINGOLOGIA y autorización de servicios de exámenes. Se CONMINE al señor LUIS ALFREDO PEREZ PALENCIA a que asista a la red externa a la valoración, y realización de exámenes, y que no se acceda a la solicitud deSIGCMA

pago de pasajes y viáticos, cuando es una persona pensionada por lo que no puede manifestar una insolvencia económica, no depende de un tercero, ni se le ha remitido fuera de la Ciudad de Montería.

2.4. Sentencia

Mediante Sentencia de fecha nueve (9) de julio del año dos mil veinticinco (2025) el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito de Montería concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados, considerando que aun cuando el Establecimiento de Sanidad del Batallón de ASPC No. 11 «CACIQUE TIRROME» , procedió a programar los servicios médicos requeridos por el accionante ordenados por el médico tratante, el Despacho advierte que a la fecha de esta decisión, no se ha acreditado la efectiva realización de dichos procedimiento o exámenes, debido a que si bien alleg ó las autorizaciones de los precitados exámenes, la entidad accionada no ha remitido los soportes que certifiquen que al accionante se le practicaron todos y cada uno de los procedimientos o exámenes médicos requeridos. Por lo anterior, consideró que no se configura un hecho superado.

Estimó el A quo que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional -entidad de salud a la

requeridos. Por lo anterior, consideró que no se configura un hecho superado.

Estimó el A quo que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional -entidad de salud a la que se encuentra afiliado el señor Luis Alfredo Pérez Palencia en el régimen contributivo-, se encuentra vulnerando los derechos fundamentales del accionante al no realizarle los exámenes o procedimientos prescritos por su médico tratante, pese a las patologías que padece esto es «RINITIS CRONICA», «CEFALEA», «SINDROME DEL COLON IRRITABLE SIN DIARRE», «HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)» y

«INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA».

En ese orden consideró que es la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional quien tiene obligación de autorizar y suministrar al accionante todos los servicios de salud que requiere a través de su red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -debido a que, se itera, e s su afiliado -; sin embargo, le está imponiendo barreras a la realización de los trámites y procedimientos formulados por su médico tratante, lo cual no se encuentra en obligación de soportar, dado las patologías que presenta.

Sobre los viáticos solicitados consideró que no se acreditó en el expediente que al actor le corresponda trasladarse para la realización de sus exámenes o citas médicas, y no procede ordenarlo para servicios dentro de la misma ciudad de Montería, dado que es la que reside el actor.

Respecto al tratamiento integral indicó que el señor Pérez Palencia, debido a sus patologías, para una subsistencia en condiciones dignas, requiere contar con un acceso al servicio de salud de manera integral, continua y sin dilaciones o impedimentos; es por ello,SIGCMA

Respecto al tratamiento integral indicó que el señor Pérez Palencia, debido a sus patologías, para una subsistencia en condiciones dignas, requiere contar con un acceso al servicio de salud de manera integral, continua y sin dilaciones o impedimentos; es por ello,SIGCMA

que la orden de tratamiento integral resulta justificada y acorde con los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

De tal manera que el a quo resolvió:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos constitucionales a la vida, y a la salud invocados por el señor Luis Alfredo Pérez Palencia, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda realizar, si aún no lo ha hecho, los exámenes y procedimientos médicos de «COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOSIA», «CREATINA DEPURACION», «PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS», «COPROLOGICO», «SANGRE

OCULTA EN MATERIA FECAL [GUAYACO O EQUIVALENTE]», HORMONA PARA

TIROIDE MOLECULA INTACTA», «ECOGRAFIA DOPPPLER DE ARTERIAS RENALES» y «CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPEC IALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA», en los términos ordenados por su médico tratante, en atención a las patologías que padece estas son «RINITIS CRONICA», «CEFALEA», «SINDROME DEL COLON IRRITABLE SIN DIARRE», «HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)» y «INSUFICIENC IA RENAL NO

en atención a las patologías que padece estas son «RINITIS CRONICA», «CEFALEA», «SINDROME DEL COLON IRRITABLE SIN DIARRE», «HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)» y «INSUFICIENC IA RENAL NO ESPECIFICADA», al accionante Luis Alfredo Pérez Palencia. Los exámenes deberán ser programados para una fecha no superior a los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que Suministre de forma completa un tratamiento integral al accionante Luis Alfredo Pérez Palencia, el cual incluye la autorización de todos los medicamentos, tratamientos, procedimientos y demás servicios PBS o NO PBS que prescriban sus médicos tratantes, concernientes a los diagnósticos que padece, estos son: «RINITIS CRONICA», «CEFALEA», «SINDROME DEL COLON IRRITABLE SIN DIARRE», «HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)» y «INSUFICIENCIA RENAL

NO ESPECIFICADA».

CUARTO: NEGAR las demás peticiones elevadas por el accionante, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.”SIGCMA

2.5. Impugnación

Inconforme con lo resuelto por la judicatura de primera instancia, Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional, por medio de memorial adiado 16 de julio de 2025 suscrito por el Oficial Coordinador Tutelas DISAN Ejército acudió en impugnación ante esta colegiatura , manifestando lo siguiente:

Explicó las competencias funcionales del establecimiento de sanidad militar para prestar

Coordinador Tutelas DISAN Ejército acudió en impugnación ante esta colegiatura , manifestando lo siguiente:

Explicó las competencias funcionales del establecimiento de sanidad militar para prestar los servicios de salud que demanda el accionante, precisando que es ente en el que recae la competencia para cumplir el fallo judicial, de conformidad con la normatividad que regula el subsistema de salud de las fuerzas militares, de tal manera que precisa que la DIRECCION DE SANIDAD EJC, a la que le fue dada la orden en la sentencia de tutela no tiene competencia para la prestación de l os servicios de salud ordenados, tampoco es el superior jerárquico o funcional del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BATALLON DE ASPC No.11 “CACIQUE TIRROME” ESM BAS11 por lo no puede exigirle el cumplimiento de la prestación del servicio o de la contratación de los mismos y mucho menos para iniciar tramite disciplinario alguno. En ese orden, solicitó EXONERAR y DESVINCULAR a LA DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO (DISAN EJC), de la presente y futuras diligencias en la referida Acción de Tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva , teniendo en cuenta que la prestación del servicio de salud y por ende, el cumplimiento de la orden judicial no es competencia de esta Dirección ni devienen de una actuación atribuible a esta.

Expuso además que el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BATALLON DE ASPC No.11 “CACIQUE TIRROME” ESM BAS11, en cabeza de la señora Capitán NATALIA ALEJANDRA JIMENEZ ORTIZ rindió informe el 01 de julio de la presente anualidad, de las

No.11 “CACIQUE TIRROME” ESM BAS11, en cabeza de la señora Capitán NATALIA ALEJANDRA JIMENEZ ORTIZ rindió informe el 01 de julio de la presente anualidad, de las gestiones llevadas a cabo al cumplimient o del fallo tutelar teniendo en cuenta que es el funcionario responsable del cumplimiento de la misma. Por lo anterior solicitó se declare un hecho superado en el presente asunto.

Por su parte, la Directora Establecimiento de Sanidad Militar Monteria Capitán NATALIA JIMENEZ RODRIGUEZ a través de oficio Radicado No. 0001085_MDN-COGFM-COEJCSECEJ-JEMOP-DIV07-BR11-BASPC11-ESM-1.5 del 17 de julio de 2025 consistente en el informe de cumplimiento de la acción de tutela , precisando que al actor se le autorizaron los servicios de salud ordenados y se articuló la red externa para el agendamiento de citas, lo anterior se le notificó al correo electrónico suministrado por el señor Pérez Palencia con las correspondientes auto rizaciones medicas y asignaciones de citas. Agrega que s e verificó con la red externa que el señor LUIS ALFREDO PEREZ PALANCIA, asistió a cita en RADIOLOGOS ASOCIADOS CLINICA SAN SEBASTIAN para procedimiento de colonoscopia y no se anexa historia clínica por ser documento reservado, asimismo explico que es responsabilidad del interesado acudir a Establecimiento de Sanidad Militar o redSIGCMA

hospitalaria donde haya sido autorizada la atención médica y realizar el trámite que debe realizar como afiliado al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como lo es la solicitud de programación de cita pues es responsabilidad de cada afiliado reque rir la

hospitalaria donde haya sido autorizada la atención médica y realizar el trámite que debe realizar como afiliado al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como lo es la solicitud de programación de cita pues es responsabilidad de cada afiliado reque rir la atención medica ante la entidad de salud respectiva, en todo caso indicó que los exámenes paraclínicos no requieren asignación de cita. Por las razones expuestas anteriormente, me permito solicitar se decrete el cumplimiento del fallo de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. De la competencia de la Sala de Decisión

Sea del caso manifestar de primera medida que esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accionada de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser este Tri bunal el superior funcional del Juez que profirió la decisión.

3.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala, con base a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, determinar si la Dirección de Sanidad Militar es competente para atender lo ordenado por el juez de primera instancia de conformidad con lo alegado en el cargo de impugnación, y si no fuese el caso , establecer cuál es la entidad encargada de conceder, autorizar y suministrar los servicios de salud solicitados por el accionante. Al tiempo deberá verificarse si se configura una carencia actual de objeto en el asunto como quiera que fue alegada la prestación de los servicios médicos solicitados en la demanda tutelar o si por el contrario estamos frente a la vulneración de los derechos a la salud y vida digna del señor Pérez Palencia.

la prestación de los servicios médicos solicitados en la demanda tutelar o si por el contrario estamos frente a la vulneración de los derechos a la salud y vida digna del señor Pérez Palencia.

Para dar respuesta al problema jurídico la Sala analizará, en primer lugar, si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad. En caso afirmativo, reiterará la jurisprudencia respecto al derecho de salud y el subsistema de salud de la fuerza pública.

3.3. Generalidades y procedencia de la acción de tutela.

La Constitución de 1991 quiso dotar a los ciudadanos de un mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales que la misma carta política concedió a los colombianos, quedando plasmada en el artículo 86 superior la Acción de Tutela. Del desarrollo normativo y jurisprudencial de la norma se ha interpretado de manera pacífica y reiterada que esta acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario y es aceptada su procedencia cuando no existan otros medios de defensa judicial o cuando existiendo un medio idóneo el mismo sea ineficaz para la efectiva protección de los derechosSIGCMA

fundamentales que se estimen vulnerados, en estos eventos la tutela tiene vocación de procedencia como mecanismo de defensa para evitar lo que ha considerado la jurisprudencia constitucional como perjuicio irremediable.

Conforme viene , para la procedencia de la tutela la Corte ha determinado que deben estudiarse, los presupuestos relativos a: (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. Respecto a la subsidiariedad el supremo Tribunal Constitucional también ha complementado factores que deben observarse

pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. Respecto a la subsidiariedad el supremo Tribunal Constitucional también ha complementado factores que deben observarse respecto a la posición y situación de la parte accionante en el asunto que la motiva a solicitar el amparo.

Revisado el plenario se tiene que existe legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta que el actor acude en nombre propio y solicita el amparo del derecho a la salud que estima vulnerado frente a la omisión de la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional al no suministrar servicios médicos solicitados; al tiempo se tiene por cumplida de inicio la legitimación en la causa por pasiva , toda vez que la entidad accionada es a la cual se encuentra vinculada la parte actora para recibir el servicio de salud.

Respecto al requisito de inmediatez, viene acreditado pues obra en el expediente prueba documental que denotan la presentación de la acción dentro de un término razonable, toda vez que se observa en el historial clínico aportado atención medica del 18 de febrero y 12 de marzo de 2025 con fundamento en la cual solicita los exámenes médicos y demás servicios ordenados, y la tutela fue radicada el 24 de junio de 2025 alegando la demora en la autorización de los servicios de salud, que hace persistente en el tiempo la vulneración, por lo que se estima que se interpuso en un termino razonable.

En torno al requisito de subsidiariedad, se tiene en cuenta que aunque se podría hacer uso de otros medios de control por parte de la actora ante la Superintendencia Nacional de Salud, también es cierto que, al tratarse de los derechos fundamentales a la vida y salud

En torno al requisito de subsidiariedad, se tiene en cuenta que aunque se podría hacer uso de otros medios de control por parte de la actora ante la Superintendencia Nacional de Salud, también es cierto que, al tratarse de los derechos fundamentales a la vida y salud de un adulto mayor que alega la gravedad de su patología y necesidad de diagnóstico y tratamiento oportuno, solo puede obtenerse por vía de la acción de tutela, siendo los demás recursos no idóneos para la satisfacción oportuna del amparo pretendido.

3.5. Pautas normativas y Jurisprudenciales.

Derecho fundamental a la salud. El artículo 49 de la Constitución Política consagra la salud como un servicio público en cabeza del Estado. En ese sentido, le corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a todas las personas.

Al respecto, la Ley 1751 de 2015, estatutaria de la salud, establece el contenido de este derecho fundamental a la salud como autónomo e irrenunciable, e indica que comprende elSIGCMA

acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, a la vez que dispone la obligación del Estado de adoptar las políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

En desarrollo de esos preceptos, La Alta Corporación Constitucional ha sostenido que la salud tiene una doble connotación: (i) derecho fundamental; y, (ii) servicio público esencial obligatorio. Respecto a la primera faceta, ha precisado que debe prestarse de manera

En desarrollo de esos preceptos, La Alta Corporación Constitucional ha sostenido que la salud tiene una doble connotación: (i) derecho fundamental; y, (ii) servicio público esencial obligatorio. Respecto a la primera faceta, ha precisado que debe prestarse de manera oportuna, eficiente y con calidad. Asimismo, debe atender a los principios de continuidad, integralidad e igualdad. En cuanto a la segunda, la salud debe atender a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, de conformidad con los artículos 48 y 49 superiores.

De igual forma, en numerosas sentencias la Corte Constitucional ha expresado que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, pues su protección asegura el principio constitucional de la dignidad humana. Igualmente, ha señalado que dicho derecho comprende toda una gama de facilidades, bienes y servicios que hacen posible el imperativo de garantizar el nivel más alto posible de salud. 2 Por otra parte, la dignidad humana, constituye una de las bases del Estado Social de Derecho, en los términos señalados en el artículo 1º de la Constitución Política.

A su vez, el Derecho a la salud, comprende entre otros elementos, el acceso a los servicios de salud de manera completa, oportuna, eficaz y con calidad. En ese sentido, el artículo 8º de la Ley 1751 de 2015 consagró el principio de la integralidad. La Corte Constitucional, a través de Esta Corporación ha definido ese principio como el derecho de los usuarios del sistema a recibir la atención y el tratamiento completo de sus enfermedades, de conformidad con lo prescrito por el médico tratante3. Asimismo, la Sentencia C -313 de 2014 estableció que, en virtud de la integralidad, el Estado y de las entidades encargadas

sistema a recibir la atención y el tratamiento completo de sus enfermedades, de conformidad con lo prescrito por el médico tratante3. Asimismo, la Sentencia C -313 de 2014 estableció que, en virtud de la integralidad, el Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio deben adoptar todas las medidas necesarias para brindar un tratamiento que efectivamente mejore las condiciones de salud y calidad de vida de las personas.

Sobre los componentes de integralidad, accesibilidad y oportunidad del derecho a la salud en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la H. Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia:

2 Ver sentencias T – 864 de fecha 3 de noviembre de 2010 y T-760 del 31 de julio de 2008 entre otras. 3 Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. “El principio de integralidad ha sido postulado por la Corte Constitucional ante situaciones en las cuales los servicios de salud requeridos son fraccionados o separados, de tal forma que al interesado la entidad responsable solo le autoriza una parte de lo que debería recibir para recuperar su salud y lo obliga a costearse por sí mismo la otra parte del servicio médico requerido. Esta situación de fraccionamiento del servicio tiene diversas manifestaciones en razón al interés que tiene la entidad responsab le en eludir un costo que a su juicio no le corresponde asumir.”SIGCMA

“4.2. De acuerdo con el artículo 6º de la Ley 1751 de 2015, el derecho fundamental a la salud se compone de cinco elementos esenciales, a saber: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad e idoneidad profesional; así como de los siguientes principios: universalidad, pro homine, equidad, continuidad, oportunidad,

la salud se compone de cinco elementos esenciales, a saber: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad e idoneidad profesional; así como de los siguientes principios: universalidad, pro homine, equidad, continuidad, oportunidad, prevalencia de derechos, progresividad del derecho, libre elección, sostenibilidad, solidaridad, eficiencia, interculturalidad, protección a los pueblos indígenas y protección pueblos y comunidades indígenas, ROM (comunidad gitana) y negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras

4.3. En lo que tiene que ver con la integralidad, el artículo 8° de la ley en comento, menciona lo siguiente:

“Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario. En los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada”. (…) Asimismo, en la sentencia T -092 de 2018 [82] se dio el siguiente alcance al principio de oportunidad:

“Que el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es

de oportunidad:

“Que el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para establec er un dictamen exacto de la enfermedad que padece el usuario, de manera que se brinde el tratamiento adecuado”. “Este principio implica que el paciente debe recibir los medicamentos o cualquier otro servicio médico que requiera a tiempo y en las condicione s que defina el médico tratante, a fin de garantizar la efectividad de los procedimientos médicos”.

4.11. En este contexto, como dice la sentencia T -673 de 2017, cualquier barrera o limitación que conlleve la restricción en la efectiva prestación de los servicios en salud con oportunidad, supone la afectación del derecho a la salud y un obstáculo para el pleno goce del mismo, especialmente si el usuario es una persona en condición de vulnerabilidad, caso en el cual debe ser objeto de una protección especial constitucional.”4

4 Corte Constitucional Sentencia T465 de 2018SIGCMA

Finalmente, en relación con las prestaciones incluidas en el plan de beneficios de salud, la prestación del servicio por parte de las entidades promotoras de salud debe ser continua e integral, pues no pueden omitir el suministro de medicamentos o la autor ización de procedimientos que supongan la interrupción de los tratamientos con fundamento en razones de naturaleza contractual, legal o administrativo, pues estas no son causas admisibles desde el punto de vista constitucional para dejar de prestar el servicio.

“(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a su cargo

admisibles desde el punto de vista constitucional para dejar de prestar el servicio.

“(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”5

Ello, constituye el principio de continuidad en la prestación de servicios de salud, según el cual se debe garantizar a los afiliados, beneficiarios y usuarios que su tratamiento no va ser suspendido luego de haberse iniciado en razón de la vigencia de la afiliación o de su extinción, toda vez que los tratamientos deben ser suministrados hasta la recuperación del paciente, para no poner en peligro sus derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad e integridad personal.

Deviene necesario puntualizar sobre el tratamiento integral, que la Corte Constitucional en reiteradas providencias, ha indicado el sentido e importancia del mismo. En Sentencias T-702 de 2007, T -727 de 2011, T -365 de 2009, T -124 de 2016 y T -178 de 2017 posición reiteradas en la Sentencia T-092 de 2018, indicó:

El tratamiento integral tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y evitar la interposición de acciones de tutela por cada servicio prescrito por el médico tratante del accionante. “ Las EPS no pueden omitir la prestación de los

El tratamiento integral tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y evitar la interposición de acciones de tutela por cada servicio prescrito por el médico tratante del accionante. “ Las EPS no pueden omitir la prestación de los servicios de salud que supongan la interrupción de los tratamientos por conflictos contractuales o administrativos, e impidan el acceso de sus afiliados a la finalización óptima de los tratamientos ”. En esa medida, el objetivo final del tratamiento integral consiste en “asegurar la atención (…) de las prestaciones relacionadas con las afecciones de los pacientes”.

5 Ver, entre otras, las sentencias T -1198 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T -164 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-479 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-505 de 2012 M.P. Jorge Iván P