TA COR - Sentencia 23001-33-33-001-2022-00316-01 (29-08-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300120220031601

Demandante: Nixon Tordecilla León Demandados: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prest aciones Sociales del Magisterio y Municipio de Lorica Tema(s): Sanción moratoria. Ley 50 de 1990. No consignación de cesantías. Régimen de cesantías de los docentes.

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante contra la sentencia proferida el día 25 de julio de 2022 , por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

a) La demanda1

El demandante pretende que se emitan las siguientes declaraciones y condenas:

Se declare la nulidad del Oficio sin número del 25 de enero de 2022, con el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías anualizadas por el año 2020, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como el pago de la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías de que trata el artículo 1.° de la Ley 52 de 1975.

así como el pago de la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías de que trata el artículo 1.° de la Ley 52 de 1975.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que el docente tiene derecho a que, de manera solidaria, el Ministerio de Educación Nacional -Fomag y el Municipio de Lorica le reconozca y pague los referidos conceptos, junto con la indexación y los intereses moratorios correspondientes. Asimismo, solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

Que se condene en costas a las entidades demandadas.

Como fundamentos fácticos relevantes, se afirmó en la demanda que:

El demandante es un docente que presta sus servicios en una institución educativa del Municipio de Lorica, cuyo régimen de cesantías es anualizado, respecto de año 2020, no se le consignaron las cesantías en su cuenta individual del Fomag antes del 15 de febrero de 2021, pese a que es obligación de las entidades demandadas consignar esos recursos en esa fecha, para que el demandante pudiera acceder a ellos bajo las causales de ley.

Adicionalmente, el Fomag no canceló los intereses de las cesantías a el demandante en la fecha límite del 31 de enero del año 2021, sino que lo hizo en marzo de ese año, por lo cual debía reconocerle la indemnización respectiva ante el pago tardío de dichos intereses.

Debido a lo anterior, el 27 de diciembre de 2021, el demandante solicitó ante el Municipio de Lorica -quien es su empleador-, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías anualizadas y de la indemnización por el pago tardío de

de Lorica -quien es su empleador-, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías anualizadas y de la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías; petición que fue negada mediante el acto enjuiciado.

11 PDF 02 C01. Expediente Digital. En adelante, las demás referencias a PDF corresponden al mismo exp.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23001-33-33-001-2022-00316-01 2

Como normas violadas, la parte actora en su demanda señaló las siguientes: artículos 13 y 53 de la Constitución; 1.° de la Ley 52 de 1975; 5.° y 15 de la Ley 91 de 1989; 99 de la Ley 50 de 1990;13 de la Ley 344 de 1996; 57 de la Ley 1955 de 2019; y los decretos 1176 de 1991 y 1582 de 1998.

Como concepto de la violación, señaló que el acto ficto negativo está viciado de nulidad al infringir las normas señaladas como violadas y la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

A esos efectos, explicó que históricamente los docentes han padecido de un trato desigual respecto del reconocimiento y pago de sus cesantías, con relación a los demás empleados públicos, pues ese concepto laboral les era reconocido y pagado, solo si aquellos lo solicitaban y bajo esa circunstancia era que el Ministerio de Hacienda apropiaba los recursos que serían destinados al pago de dichas cesantías. Esa actuación administrativa

públicos, pues ese concepto laboral les era reconocido y pagado, solo si aquellos lo solicitaban y bajo esa circunstancia era que el Ministerio de Hacienda apropiaba los recursos que serían destinados al pago de dichas cesantías. Esa actuación administrativa no había sido sometida a ningún tipo de sanción pecuniaria, hasta que jurisprudencialmente se comenzó a reconocer que el pago tardío de las cesantías que ya se habían reconocido por solicitud del docente, daba lugar a una sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo.

Entre tanto, con la expedición de la Ley 91 de 1989 s e creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con él un nuevo régimen de cesantías para los docentes vinculados a partir de 1990, cuya liquidación debe ser anualizada. Posteriormente, afirma el demandante que con la Ley 344 de 1996, se ordenó que la liquidación de las cesantías se efectuara en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, lo que supone también la aplicación de los plazos legales para la consignación de las cesantías al Fomag y el pago de los intereses de éstas; pue s el hecho que el Ministerio de Hacienda gire los recursos destinados al pago de esa prestación en determinado periodo, no exonera a los entes territoriales y al Fomag de consignar las cesantías para cada docente, dentro del plazo legal establecido. Asimismo, consideró que con la entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019, la obligación de liquidar y consignar al fondo las cesantías anualizadas en los plazos fijados por la Ley 50 de 1990 era solidaria entre la entidad territorial a la cual estuviera

2019, la obligación de liquidar y consignar al fondo las cesantías anualizadas en los plazos fijados por la Ley 50 de 1990 era solidaria entre la entidad territorial a la cual estuviera vinculado el docente y el Ministerio de Educación.

De este modo, la actora, al ser una docente vinculada con posterioridad al año 1990, le asistía el derecho a que se le consignaran sus cesantías del año 2020 en el Fomag, a más tardar el 15 de febrero de 2021 y al pago de los intereses de dichas cesantías antes del 31 de enero de esa anualidad, so pena de que se incurra en la sanción moratoria e indemnización por la no consignación de las cesantías y el pago tardío de los intereses de éstas, pues sobre esos aspectos no existe disposición legal especial para el sector docente. Aseguró que en su caso no se consignó dicha prestación, porque incluso el Gobierno presentó un incidente de impacto fiscal respecto del cumplimiento del fallo del 24 de octubre de 2019, proferido por el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad simple contra el inciso 1.° del artículo 5.° del Acuerdo 34 de 1998 (exp. 2016 -00092, C.P. Cesar Palomino Cortés), lo que denota que los docentes no tienen a disposición sus cesantías en dicho fondo, a efectos de que en cualquier momento puedan tener acceso a éstas bajo los supuestos permitidos por el legislador.

Para sustentar el anterior análisis, el demandante citó in extenso, entre otras, la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 por la Sección Segunda del Consejo de Estado (exp.

supuestos permitidos por el legislador.

Para sustentar el anterior análisis, el demandante citó in extenso, entre otras, la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 por la Sección Segunda del Consejo de Estado (exp. 0833-16, C.P. Sandra Lisseth Ibarra); la sentencia de unificación 098 de 2018 de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la anterior; y la sentencia proferida por la misma Sección, como fallo de reemplazo por orden de tutela, el 24 de noviembre de 2019, dentro del expediente 4854-2014, de la misma ponente, en las cuales se da aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 dentro del régimen de cesantías de los docentes, bajo el principio de favorabilidad que rige en materia laboral.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23001-33-33-001-2022-00316-01 3

b) Contestaciones de la demanda

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio , no se pronunció en esta etapa procesal. El Municipio de Lorica 2 se opuso a las pretensiones del actor, para lo cual narró el procedimiento que rige para la liquidación y pago de las cesantías e intereses de las cesantías de los docentes, conforme al Acuerdo nro. 39 de 1998 expedido por el Consejo Directivo del Fomag.

En esa línea sostuvo que el demandante se equivoca al pretender obtener la sanción moratoria señalada en la Ley 50 de 1990, porque el Municipio no es el encargado de girar esos recursos al Fomag, sino que este los recibe directamente del rubro asignado al Ministerio de Educación mediante el Sistema General de Participación y de acuerdo con el

moratoria señalada en la Ley 50 de 1990, porque el Municipio no es el encargado de girar esos recursos al Fomag, sino que este los recibe directamente del rubro asignado al Ministerio de Educación mediante el Sistema General de Participación y de acuerdo con el programa anual mensualizado de caja. Dada esa connotación, los recursos son destinados de forma global pero asociados a cada entidad territorial y su planta docente para cubrir las prestaciones a cargo del Fomag; situación distinta de la señalada en el artículo 99 de la Ley 50.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que el municipio cumplió a cabalidad con el procedimiento de liquidación de las cesantías anualizadas de l os docentes a su cargo y envió la información al Fomag el 3 de febrero de 2021, razón por la cual no se le puede atribuir alguna responsabilidad sobre situaciones que no son de su resorte, como es la del giro de los recursos destinados a cubrir las obligaciones prestacionales a cargo del Fomag. Por esta misma razón señaló que existía una falta de legitimación en la causa material, pues la entidad territorial no es la encargada de girar recursos al fondo.

c) La sentencia apelada3

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Montería profirió sentencia de primera instancia, el 25 de julio de 2022, en la cual decidió:

PRIMERO. Declarar probada la excepción de “Inexistencia de la obligación”, propuesta por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, conforme se expuso en la motiva de esta

Sentencia.

SEGUNDO. Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad en lo expuesto en la parte motiva de esta Sentencia, dentro de los siguientes procesos:

Sentencia.

SEGUNDO. Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad en lo expuesto en la parte motiva de esta Sentencia, dentro de los siguientes procesos:

En sustento de ello, advirtió que la sanción moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, se genera cuando el empleador incumple la obligación de consignar el valor liquido por la anualidad o la fracción correspondiente con anterioridad al 15 de febrero del año siguiente, en la cuenta individual del empleado en el fondo de cesantías que para el efecto haya elegido.

En ese orden, los docentes afiliados al Fomag no disponen de una cuenta individual para el giro o consignación de sus cesantías anualizadas, t oda vez que, en este régimen especial, Fomag recibe la totalidad de los recursos disponibles para asumir el pago de las cesantías e intereses de las mismas.

Así las cosas, los recursos a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son apropiados de manera anual y global para la totalidad de los docentes afiliados al Fomag mediante los traslados mensuales conforme al programa anual de caja. En ese sentido, ante la inexistencia de cuentas individuales para el pago de cesantías docentes anualizadas, el estudio se centró en determinar si existió algún retardo en el giro de los recursos que conlleve a determinar que el dinero no estuvo disponible a la fecha límite que establece la ley.

Determinado lo anterior, señaló que a la parte demandante le incumbía probar que para el 15 de febrero de la vigencia reclamada, no se hicieron los giros o transferencias de recursos

2 PDF 12 C01. 3 PDF 17 C01.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

15 de febrero de la vigencia reclamada, no se hicieron los giros o transferencias de recursos

2 PDF 12 C01. 3 PDF 17 C01.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23001-33-33-001-2022-00316-01 4

que le permitieran disponer de sus cesantías en el fondo, para lo cual debió agotar el trámite administrativo, solicitando a la Fiduprevisora el retiro del saldo de cesantías destinado a cubrir la destinación legal específica. En tanto, como no se realizó tal situación negó las pretensiones de la demanda.

d) El recurso de apelación4

Inconforme con la sentencia de primera instancia, el demandante insistió en la aplicabilidad del criterio unificado de decisión del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, conforme al cual, a los docentes sí les es aplicable la sanción por mora de que trata la Ley 50 de 1990 por la falta de consignación de las cesantías al Fomag. En ese sentido, advirtió que aunque no se desconoce que la consignación no pueda hacerse a una cuenta individual de cada docente, propiamente dicho, es lo cierto que la Nación -Ministerio de Educación debe cumplir con su obligación de girar los recursos provisionados para atender las cesantías anualizadas de los docentes y estos deben ser girados antes del 15 de febrero del año siguiente en que se causaron, so pena de que se origine la mora sancionada por el artículo 99 de la Ley 50 en comento; pero esos recursos no fueron girados, sino que lo que se demostró en el expediente es una liquidación de cesantías del demandante, más no su giro

99 de la Ley 50 en comento; pero esos recursos no fueron girados, sino que lo que se demostró en el expediente es una liquidación de cesantías del demandante, más no su giro por parte del Ministerio de Educación, siendo que al actor le era descontado de su nómina, mes a mes, la parte que le correspondía con destino al Fomag.

Expuso argumentos relativos a la negativa del decreto de práctica de pruebas documentales que solicitó con la demanda, toda vez que estaban dirigidas a obtener una certificación por parte del Ministerio de Educación en la que se indicara las actuaciones tendentes al giro de los recursos destinados al Fomag, y así se demostraría que no se giraron dentro de la oportunidad legal, esto es, antes del 15 de febrero de 2021, para el caso de las cesantías del demandante por el año 2020. En ese sentido, insistió en que esa prueba debió decretarse, porque justamente se debate la falta de consignación de los recursos, siendo que al Fomag le asiste la obligación de velar por el giro oportuno de los recursos para garantizar el pago de prestaciones a los docentes.

En otr o punto, planteó la excepción de inconstitucionalidad, y por tanto, solicitó su inaplicación, respecto del Acuerdo 39 de 1998, en cuanto a los plazos para el pago de los intereses de las cesantías, porque no existe justificación constitucional para que a l os docentes no se les pague dichos intereses antes del 31 de enero de cada anualidad. En este punto, sostuvo que el Consejo Directivo del Fomag no posee la competencia para expedir regulaciones sin observancia de la ley, con planteamientos que a todas luce s

docentes no se les pague dichos intereses antes del 31 de enero de cada anualidad. En este punto, sostuvo que el Consejo Directivo del Fomag no posee la competencia para expedir regulaciones sin observancia de la ley, con planteamientos que a todas luce s afectan a sus afiliados, y así lo sostuvo el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia del 31 de octubre de 2019 (exp. 4473 -16, C.P. Cesar Palomino Cortés), al declarar la nulidad del artículo 5.°, inciso 1.°, del referido acuerdo, en el cual s e limitaba el derecho de los docentes a solicitar el reconocimiento y pago de sus cesantías por periodos de 3 años.

e) El trámite en segunda instancia

El recurso de apelación in terpuesto por la parte demandante fue admitido mediante auto del 29 de septiembre de 2024 5. En la oportunidad procesal para pronunciarse sobre el recurso de apelación, las demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) La competencia

Este Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada en el presente proceso por un Juez Administrativo del Circuito Judicial de Montería, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

4 PDF 19 C01. 5 PDF 04 C02.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23001-33-33-001-2022-00316-01 5

De igual manera, se a dvierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda

Expediente nro. 23001-33-33-001-2022-00316-01 5

De igual manera, se a dvierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico

Para resolver el asunto sometido a consideración judicial, la Sala debe decidir: (i) si el demandante, como docente afiliado al Fomag, tiene derecho a que en su favor y a cargo de las demandadas, se disponga el pago de la sanción moratoria que por falta o inoportuna consignación de cesantías contempla el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en especial, en el caso, respecto de la cesantía correspondiente al año 2020, y (ii) si le asiste derecho a la indemnización por pago tardío de los intereses de cesantías, señalada en la Ley 52 de 1975.

c) Marco normativo y jurisprudencial

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre (i) el régimen jurídico de las cesantías en general y (ii) régimen de cesantías a favor de los docentes.

(i) Régimen jurídico general de las cesantías de los servidores públicos

El auxilio de cesantías, como prestación económica que propende por salvaguardar las necesidades básicas de los trabajadores cesantes o cubrir aquellas relativas a vivienda y educación durante el vínculo laboral, se ha venido reconociendo a los empleados del orden nacional desde la Ley 6 de 1945 6; esa prestación reconocida a la referida categoría de empleados públicos fue extendida a aquellos que estaban al servicio de los departamentos

educación durante el vínculo laboral, se ha venido reconociendo a los empleados del orden nacional desde la Ley 6 de 1945 6; esa prestación reconocida a la referida categoría de empleados públicos fue extendida a aquellos que estaban al servicio de los departamentos y municipios mediante el Decreto 2767 de 1945 7. Seguidamente, con la Ley 65 de 1946 y los decretos 2567 de 1946 y 1160 de 1947 se introdujeron modificaciones al régimen de cesantías que gobernaba en la época para los empleados de los distintos niveles -nacional, departamental y municipaly ramas del poder público.

Dicho régimen de cesantías, conocido como el sistema tradicional, es aquel en que la prestación se liquida solo al finalizar el vínculo y de forma retroactiva, esto es, por todo el tiempo laborado y se realiza con base en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año de servicios -en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario devengado hubiera sufrido modificaciones-, o con base en todo el tiempo -si la vinculación hubiera sido inferior a un año -, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6 de 1945, 1.° del Decreto 2767 de 1945,1.° y 2.° de la Ley 65 de 1946, 2.° y 6.° del Decreto 1160 de 1947.8

6 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. 7 Por el cual se determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los Departamentales y Municipio.

6 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. 7 Por el cual se determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los Departamentales y Municipio. 8 Particularmente, el Decreto 1160 de 1947, establece: Artículo 1°. Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo po r cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro y a partir del 1° de enero de 1942. (…) Artículo 6°. De conformidad con lo dispuesto por el Decreto número 2767, de 3 1 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el su eldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres (3) últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses.

Parágrafo 1°. Además el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo , sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono. (…)

cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono. (…) (Se destaca).Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23001-33-33-001-2022-00316-01 6

Posteriormente, en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 65 de 19679, el Gobierno emitió el Decreto Ley 3118 de 1968, mediante el cual se creó el Fondo Nacional del Ahorro como establecimiento público vinculado al Ministerio de Desarrollo Económico, que luego pasó a tener el carácter de empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, bajo la Ley 432 de 1998. Asimismo, el decreto que creó esta entidad dispuso que sería encargado de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores de los ministerios, departamentos adminis trativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, para lo cual, en su artículo 27 estableció por primera vez en Colombia un régimen anualizado que regiría bajo las especialidades fij adas en dicho decreto, en los siguientes términos:

Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas ind ustriales y comerciales del Estado, liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en

públicos y empresas ind ustriales y comerciales del Estado, liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.

Dichas cesantías son consignadas en las cuentas individuales de los empleados que dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el artículo 49, que regula lo siguiente:

Artículo 49° Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se causen en favor de sus empleados y trabajadores. Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente a) Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio de cesantía, y b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el artícul o 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la liquidación.

Constituyéndose así un régimen anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que aún hoy subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.

de dicho fondo, que aún hoy subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.

Seguidamente, la Ley 344 de 199610 dispuso lo siguiente respecto de las cesantías:

Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; PARÁGRAFO. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

9 Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas. 10 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias

una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas. 10 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente nro. 23001-33-33-001-2022-00316-01 7

Con la expedición de dicha ley, se trajo al sector público el régimen ordinario anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley 50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 1998, en el que se dispuso que:

Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

PARÁGRAFO.- Cuando los servidores pú blicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.

Precisamente, la Ley 50 de 1990 consagratoria de ese régimen ordinario anualizado a que se remite, dispone en su artículo 99, prevé lo siguiente:

Precisamente, la Ley 50 de 1990 consagratoria de ese régimen ordinario anualizado a que se remite, dispone en su artículo 99, prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 99. - El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su sal do de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimient