TA COR - Sentencia 23001-33-33-002-2015-00370-01 (18-07-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, dieciocho (18) de julio del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 23001333300220150037001

Demandante: NARIÑO MONTES BRAVO Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD: Licitud de la medida de aseguramiento DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA : Mora judicial Tipo de providencia: Sentencia

Decisión: Confirma

El Tribunal resuelve el recurso de apelación formulado por el demandante contra la sentencia de fecha 11 de mayo de 20201, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

I. ANTECEDENTES

1.1. Supuestos fácticos

Refiere la parte demandante que la Fiscalía 28 Seccional de Montería inició una investigación penal por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en contra del demandante y del señor Luis Alberto Rojas Cuadrado, motivo por el cual se le impuso medida de detención preventiva intramural.

Afirma que fue ingresado al Comando de la Policía Nacional el día 11 de noviembre de 2006 y remitido al establecimiento penitenciario de Montería el 14 de noviembre del mismo año, por orden de la Fiscalía.

Afirma que fue ingresado al Comando de la Policía Nacional el día 11 de noviembre de 2006 y remitido al establecimiento penitenciario de Montería el 14 de noviembre del mismo año, por orden de la Fiscalía.

Manifiesta que el juzgado de conocimiento le sustituyó la medida de detención preventiva intramural por detención domiciliaria, mediante providencia del 7 de diciembre de 2006. Posteriormente, el Juzgado Penal del Circuito, mediante auto del 22 de julio de 2009, resolvió concederle la libertad provisional, en atención a que no se había celebrado la audiencia pública dentro del término legal de seis (6) meses.

1 Se deja constancia que a través de los Acuerdos PCSJA20 -11517, 11521, 11526, 11529 de marzo de 2020, 11532, 11546 de abril de 2020, 11549 y 11556 de mayo de 2020, y el 11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país por motivos de salubridad pública. Y mediante Acuerdos Nos. CSJCOA20 -49 del 12 de julio de 2020, CSJCOA20 -51 del 15 de julio de 2020 y CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio hasta el 31 de julio de 2020. Luego,

a través del Acuerdo CSJCOA20-60 de 24 de julio de 2020, revocó los artículos 2 al 9 del Acuerdo CSJCO2058 relativos a las excepciones a la suspensión de términos.Medio de Control: Reparación directa Radicación Expediente No. 23001333300220150037001

Demandante: Nariño Montes Bravo y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Apelación de sentencia

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Mediante providencia del 25 de junio de 2013, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica decretó la prescripción de la acción penal a favor del demandante y del señor Luis Alberto Rojas Cuadrado.

Expresa que estuvo privado de la libertad de manera injusta por un período de seis (6) años, siete (7) meses y quince (15) días, lo cual le ocasionó perjuicios materiales, morales y afectaciones en su proyecto de vida, denominadas como “daños a la vida en relación”.

Finalmente, aduce que, al producirse la exoneración de la privación injusta de la libertad (sic) como resultado de la decisión tomada por el Juez Penal del Circuito ( prescripción de la acción penal), el Estado debe responder patrimonialmente por los perjuicios ocasionados con ocasión de la imposición de la medida de detención preventiva.

1.2. Pretensiones

1.2.1. Solicita declarar administrativa y extracontractualmente responsables a las entidades demandadas por los perjuicios causados, como consecuencia de la detención intramural, extramural y libertad provisional que fue ordenada dentro de la investigación penal que

1.2.1. Solicita declarar administrativa y extracontractualmente responsables a las entidades demandadas por los perjuicios causados, como consecuencia de la detención intramural, extramural y libertad provisional que fue ordenada dentro de la investigación penal que adelantó la Fiscalía 28 Seccional de Montería y el Juzgado Penal del Circuito de Lorica.

Depreca se condene a las entidades demandadas por los siguientes conceptos:

1.2.2. Perjuicios inmateriales:

• Perjuicios morales : La suma de 100 SMMLV a cada demandante teniendo en cuenta el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad.

• Daños a la vida en relación o alteración grave en las condiciones de existencia: La suma de 100 SMMLV a la víctima directa , dado que sufre de epilepsia sicomotora, trastorno bipolar mixto depresivo y depresión mayor psicótica, con ideas suicidas.

1.2.3. Perjuicios materiales: - Daño emergente: La suma de $120.000.000 , por el mantenimiento de su familia, como educación, alimentación, vivienda, salud, vestuario, el pago de intereses por obligaciones, así como restauración de un predio rural.

• Lucro cesante: La suma de $ 50.000.000 que dejó de percibir la víctima directa como consecuencia de la detención, teniendo en cuenta que su actividad laboral era la de un servidor público y se relacionaba con actividades agropecuarias y piscícolas desarrolladas en un predio rural.

1.2.4. Que la condena sea liquidada con base en lo establecido en el artículo 172 del

C.P.A.C.A.

la de un servidor público y se relacionaba con actividades agropecuarias y piscícolas desarrolladas en un predio rural.

1.2.4. Que la condena sea liquidada con base en lo establecido en el artículo 172 del

C.P.A.C.A.

1.2.5. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 187 y siguientes del C.P.A.C.A., y que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.Medio de Control: Reparación directa Radicación Expediente No. 23001333300220150037001

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CO-SC5780-99 1.3. La sentencia de primera instancia

En sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería de fecha 11 de mayo de 2020, se resolvió negar las pretensiones de la demanda.

El A quo expresó:

«De conformidad con las normas trascritas, es claro que la restricción de la libertad del señor NARIÑO MONTES BRAVO estaba expresamente autorizada en las normas de procedimiento penal, siendo así entonces un daño jurídicamente permitido.

Y esto es así, teniendo en cuenta las evidencias presentadas en su oportunidad al Juzgador, evidencias éstas que sólo le indicaron al funcionario judicial un solo sendero jurídico a tomar cual fue el de imponer medida de aseguramiento, dados los señalamien tos obrantes en el expediente, así como las pruebas enrostradas al investigado.

evidencias éstas que sólo le indicaron al funcionario judicial un solo sendero jurídico a tomar cual fue el de imponer medida de aseguramiento, dados los señalamien tos obrantes en el expediente, así como las pruebas enrostradas al investigado.

Por tanto, se considera que no existió un daño antijurídico por cuanto la presunción de inocencia del capturado se mantuvo durante todo el discurrir del proceso, pues como bien ha sido destacado por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, unas son las pruebas requeridas para la imposición de la medida de aseguramiento, las cuales deben llevar a inferir razonablemente que el indiciado pudo ser autor o partícipe en los delitos que le son imputados.

En consecuencia, se puede concluir que las decisiones dictadas en interior del proceso penal adelantado contra el actor no fueron contrarias a derecho, ni comportaron arbitrariedad, falta de proporcionalidad o capricho de quienes la profirieron, desvirtuán dose así el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. (…)

En el caso bajo examen, si bien el demandante NARIÑO MONTES BRAVO estuvo detenido desde el 10 de noviembre de 2006, y sólo hasta 2013 se decretó la prescripción de la acción penal, lo cierto es que desde el 22 de julio de 2009 gozaba del beneficio de libertad condicional, razón por la cual, si existió mora judicial, dicha mora no le restringió su derecho de locomoción» -sic- -Subrayado de la Sala1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

Manifestó su inconformidad con la sentencia, señalando que, conforme al oficio expedido por la Tesorería Municipal de San Bernardo del Viento, algunos de los cheques correspondientes a los contratos no fueron efectivamente cobrados. En relación con el tercer y último contrato suscrito entre el entonces alcalde municipal, Luis Alberto Rojas Cuadrado, y el señor Elvis Pacheco Salgado, indicó que dicho contrato fue pagado en su totalidad una vez culminadas las funciones del demandante como alcalde encargado.

Aseveró que existía una relación de confianza y cercanía entre Luis Alberto Rojas Cuadrado, el tesorero Óscar Espitia Díaz y el contratista Elvis Pacheco Salgado. Esta relación —según afirma — se reflejaba en el hecho de que, ante la falta de recursos económicos, el contratista no contaba con medios para sufragar los gastos asociados al cargue del balasto y al combustible del vehículo transportador. De ello deduce que el cheque fue entregado directamente al señor Elvis Pacheco Salgado, contratista de la obra vial en el sector de Barbascal Arriba.Medio de Control: Reparación directa Radicación Expediente No. 23001333300220150037001

Demandante: Nariño Montes Bravo y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Apelación de sentencia

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Asimismo, sostuvo que no tuvo participación alguna en el pago de los contratos referidos

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Asimismo, sostuvo que no tuvo participación alguna en el pago de los contratos referidos por el juzgador, ni en el procedimiento de contratación administrativa que dio origen a los mismos, considerando que estos fueron suscritos por el titular de la alcald ía de entonces, Luis Alberto Rojas Cuadrado, quien tenía el deber de verificar, con antelación a su firma, el cumplimiento de los requisitos sustanciales y legales necesarios para garantizar la transparencia y legalidad en la contratación pública.

Precisó que, por el contrario, su actuación se desarrolló con diligencia y coherencia frente a la declaratoria de emergencia manifiesta adoptada mediante el Decreto N.º 034 del 22 de septiembre de 2000, con ocasión de la ola invernal que enfrentaba el muni cipio de San Bernardo del Viento, acto administrativo que obra en los folios 155, 156, 292 y 293 del expediente penal. Indicó que dicha situación excepcional facultaba la contratación directa e, incluso, en determinados casos, la celebración posterior del contrato y la fijación del precio.

Reiteró que la afirmación del operador judicial en cuanto a atribuirle la culpa exclusiva, es a su juicio, equivocada, toda vez que quedó demostrado que no intervino en los hechos que dieron origen a la contratación ni en la ejecución de los respectivos objetos contractuales, y mucho menos en el giro y pago de los valores pactados entre el municipi o y los contratistas. En consecuencia, considera que su conducta no puede calificarse como dolosa ni gravemente culposa desde la perspectiva del derecho civil, y que esta conducta no puede

y mucho menos en el giro y pago de los valores pactados entre el municipi o y los contratistas. En consecuencia, considera que su conducta no puede calificarse como dolosa ni gravemente culposa desde la perspectiva del derecho civil, y que esta conducta no puede ser empleada como fundamento para exonerar al Estado de su responsabilidad por los perjuicios derivados del funcionamiento anormal de la administración de justicia.

Finalmente, manifestó que de manera reiterada presentó solicitudes ante la Fiscalía con el fin de que se realizara una investigación entre los habitantes de los corregimientos, para establecer si los contratos se ejecutaron o no, con el propósito de aclara r los hechos y demostrar su inocencia, insistiendo en que no tuvo participación alguna en los delitos que se le imputaron.

Manifiesta literalmente lo siguiente:

«En relación a lo anterior el Código de Procedimiento Penal, (ley 660 del 2000) vigente para la época en lo atinente a los términos aplicables, para la etapa del juicio, los artículos 400 y siguientes, disponen en su totalidad, entre el auto de apertura del juicio, audiencia preparatoria y audiencia pública, de veinticinco (25) días hábiles para que el Juez tome la decisión final de responsabilidad penal o de absolución, además también dispone del término de seis (6) que trae el artículo 365 numeral 5 ibidem y si nos remitimos al proceso penal que se le adelanto al señor NARIÑO MONTES BRAVO, y se toma como referencia la fecha de la ejecutoria de la Resolución de acusación hasta la fecha en que se termina el proceso penal por prescripción de la acción penal, transcurrieron más de seis (6) años, sin que le

la ejecutoria de la Resolución de acusación hasta la fecha en que se termina el proceso penal por prescripción de la acción penal, transcurrieron más de seis (6) años, sin que le definiera su situación jurídica, tiempo que no es justificable ni de aceptación para evitar la existencia de una mora judicial que sin mayor elucubración lleno de perjuicios económicos y morales al accionante, señor NARIÑO MONTES BRAVO.»

-Subrayado y negrillas de la SalaSe pronuncia respecto de la mora judicial y cita jurisprudencia de la Corte Constitucional en apoyo de su tesis. Aduce que existió un funcionamiento defectuoso de la administración de justicia, lo cual constituyó una amenaza —y, en su criterio, una vulneración— a los derechos fundamentales al debido proceso y a otras garantías constitucionales. Señala que dicha conducta morosa ocasionó daños y perjuicios de carácter irremediable al demandante y a su núcleo familiar.Medio de Control: Reparación directa Radicación Expediente No. 23001333300220150037001

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Concluye que el demandante no tiene el deber jurídico de soportar el daño que le fue causado por el Estado, a través de la actuación negligente de sus operadores judiciales, como consecuencia de la mora judicial. Esta situación generó perjuicios tanto mate riales como morales. Asevera que debe ser indemnizado, en tanto resulta razonable asumir que un ciudadano cuya libertad ha sido injustamente restringida experimenta sentimientos de

como consecuencia de la mora judicial. Esta situación generó perjuicios tanto mate riales como morales. Asevera que debe ser indemnizado, en tanto resulta razonable asumir que un ciudadano cuya libertad ha sido injustamente restringida experimenta sentimientos de angustia, incertidumbre e impotencia. Añade que dicho perjuicio se extiende a su compañera permanente e hijos, quienes también se vieron afectados por la situación de zozobra derivada del padecimiento de su ser querido.

1.5. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de fecha 8 de marzo de 2021. Mediante providencia adiada 3 de mayo de 2021, se ordenó correr traslado a las partes a fin de que estas presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

La Nación – Rama Judicial se pronunció en esta oportunidad argumentando que el Juzgado Penal del Circuito de Lorica actuó en cumplimiento de las normas constitucionales y legales, tanto sustantivas como procedimentales, vigentes para la época de los hechos.

Sostiene que la privación de la libertad puede calificarse como injusta únicamente cuando se presenta una transgresión manifiesta de las normas convencionales, constitucionales y legales que autorizan la restricción de dicho derecho. Con fundamento cita la Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, proferida por la Corte Constitucional, que señala el juez debe valorar si la privación de la libertad constituye un daño antijurídico, lo cual implica determinar si la medida fue proporcionada, razonable y conforme a derecho.

Concluye expresando que, conforme a los lineamientos establecidos por las altas cortes,

valorar si la privación de la libertad constituye un daño antijurídico, lo cual implica determinar si la medida fue proporcionada, razonable y conforme a derecho.

Concluye expresando que, conforme a los lineamientos establecidos por las altas cortes, no puede considerarse antijurídico el daño únicamente por el hecho de haberse proferido una sentencia absolutoria o la desvinculación del proceso penal. La antijuridici dad y el carácter injusto de la privación de la libertad están determinados por la existencia de una actuación arbitraria, desproporcionada, inadecuada o irrazonable, contraria a los procedimientos legales, constitucionales y convencionales que autorizan l a limitación del derecho a la libertad. Este aspecto debe ser valorado en cada caso concreto, siendo función del juez contencioso administrativo el estudio integral del proceso penal respectivo.

• La Fiscalía General de la Nación se pronunció en esta oportunidad reiterando las razones de defensa.

• La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

• El Agente del Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1 Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente paraMedio de Control: Reparación directa Radicación Expediente No. 23001333300220150037001

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CO-SC5780-99 conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto, debido a haberse dictado sentencia de primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

2.2. Problema jurídico

Según el artículo 328 del CGP, el superior debe revisar los argumentos presentados en el recurso de apelación. No puede modificar la decisión apelada en aspectos que no fueron objeto de impugnación, de manera que, solo puede el ad quem pronunciarse sobre los puntos específicos objeto de impugnación.

En este caso, corresponde determinar si es procedente revocar o confirmar la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda.

En ese orden, el problema jurídico a resolver consiste en establecer si se configuró el daño antijurídico alegado por la parte actora, derivado de la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Nariño Montes Bravo, en el marco de un proceso penal que concluyó por prescripción de la acción. Igualmente, deberá analizarse si en dicho proceso se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, o si, por el contrario, en el sub judice no se configuró dicho daño.

Asimismo, se determinará si fue correctamente utilizada la figura de la culpa grave como argumento de la sentencia para exonerar al Estado de responsabilidad patrimonial.

Para desatar el fondo del asunto, procede la Sala a efectuar el estudio de los siguientes

Asimismo, se determinará si fue correctamente utilizada la figura de la culpa grave como argumento de la sentencia para exonerar al Estado de responsabilidad patrimonial.

Para desatar el fondo del asunto, procede la Sala a efectuar el estudio de los siguientes aspectos: i) Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ii) Análisis del caso concreto, en donde se verificarán los hechos que figuran probados, así como los elementos de la responsabilidad estatal. Luego, de ser el caso, iii) Lo correspondiente a la liquidación de perjuicios reclamados.

2.2.1. Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación injusta de la libertad

Respecto a la privación injusta de la libertad como título jurídico de imputación, la Ley 270 de 7 de marzo 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia -, regula lo atinente a la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean impu tables causados “por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”, veamos -artículo 68-

«Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.»

En sentencia de unificación SU-072 del 5 de julio de 2018, la Corte Constitucional ratificó que el artículo 90 de la Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal específico, como tampoco lo hace el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia C037 de 1996 cuando el hecho que origina el presunto daño antijurídico es la privación de la libertad. Al respecto, esa alta corporación señaló:

037 de 1996 cuando el hecho que origina el presunto daño antijurídico es la privación de la libertad. Al respecto, esa alta corporación señaló:

«... el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, imponeMedio de Control: Reparación directa Radicación Expediente No. 23001333300220150037001

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CO-SC5780-99 considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un ré gimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 , en tanto, debe reiterarse, la Corte es tableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a

270 de 1996 , en tanto, debe reiterarse, la Corte es tableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.

De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación Inidónea, irrazonable desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse. 105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado -el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribuci ón de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.»

De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se de ba determinar en cada caso, si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

De modo que, el simple hecho de que una persona resulte privada de la libertad en una

proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se de ba determinar en cada caso, si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

De modo que, el simple hecho de que una persona resulte privada de la libertad en una causa penal que termina con preclusión de la investigación o sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.

La Sección Tercera del Consejo de Estado 6 atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias C -037 de 1996 y SU -072 del 2018, precisó la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad. En tal sentido, indicó que se debe: (i) identificar la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad del accionante; (ii) analizar la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no (falla del servicio) a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; (iii) solo en el caso de no probarse la existencia de una falla en el servic io la responsabilidad se analiza bajo un régimen objetivo (daño especial). También, (iv) en el caso de que se considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o uno objetivo, se procede a verificar a qué enti dad debe imputarse el

caso de que se considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o uno objetivo, se procede a verificar a qué enti dad debe imputarse el daño antijurídico, (iv) en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad y finalmente (vi) en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios.

Por su parte, en sentencia de unificación No. 363 del 22 de octubre de 2021, la Corte Constitucional tratando el tema del dolo y la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado, expresó:Medio de Control: Reparación directa Radicación Expediente No. 23001333300220150037001

Demandante: Nariño Montes Bravo y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Apelación de sentencia

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«la culpa exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega dentro de la actuación penal y no por la conducta que origina la investigación que, por lo demás, no termina en una condena. Esto significa que el juez de lo contencioso admin istrativo deberá comprobar: (i) un comportamiento doloso por parte de la persona, es decir, que despliegue conductas tales como la confesión falsa, la fuga o evasión, la realización de amenazas, la destrucción o el ocultamiento de elementos probatorios o la realización deliberada de conductas que obstruyen la acción de la justicia o; (ii) un actuar a título de culpa grave, es decir, que corresponde a la negligencia grave o descuido significativo en relación con el

destrucción o el ocultamiento de elementos probatorios o la realización deliberada de conductas que obstruyen la acción de la justicia o; (ii) un actuar a título de culpa grave, es decir, que corresponde a la negligencia grave o descuido significativo en relación con el deber de colaboración con la administració n de justicia, cuando ocurran, por ejemplo, afectaciones respecto de los elementos probatorios bajo su cuidado.»

-Subrayado por la salaEn suma, la Corte Constitucional precisó que en materia de privación injusta de la libertad la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad estatal se determina por su comportamiento dentro de la actuación penal, y no por la conducta que dio origen a la investigación. Para exonerar al Estado, el juez contencioso administrativo debe comprobar que la persona incurrió en un comportamiento doloso —como confesar falsamente, fugarse, amenazar, destruir u ocultar pruebas, o entorpecer deliberadamente la justicia— o en culpa grave, entendida como negligencia significativa en el deber de colaboración, especialmente frente a la custodia de elementos probatorios.

2.2.2. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de administración de justicia.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:

«Artículo 69. defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a con