TA COR - Sentencia 23001-33-33-002-2025-00313-01 (16-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, dieciséis (16) de octubre del dos mil veinticinco (2025)

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Acción de Tutela Radicación: 23001333300220250031301

Accionante: Pedro1

Accionada: Unidad Nacional de Protección UNP

Vinculada: Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medida

(CERREM)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir sobre la impugnación presentada por la Unidad Nacional de Protección UNP, en contra de la sentencia de primera instancia, proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintic inco (2025), por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal del actor.

II. ANTECEDENTES

a) Hechos2. En el libelo de tutela, se narran los siguientes hechos:

El señor Yamir Jhan Pico Pacheco indicó que se desempeña como periodista, funge como presidente de la Corporación de Periodistas del Sur de Córdoba (Corpesurc) , es miembro de la Comisión Política de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor) y pertenece a la comunidad indígena El Tambo.

En ese sentido, expuso que ha agotado todas las vías jurídicas pertinentes, presentando múltiples solicitudes ante la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección , con

pertenece a la comunidad indígena El Tambo.

En ese sentido, expuso que ha agotado todas las vías jurídicas pertinentes, presentando múltiples solicitudes ante la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección , con fundamento en las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación el 3 de agosto de 2025 y un oficio de la Alcaldía de Puerto Libertador de fecha 6 de agosto de 2025.

Asimismo, señaló que el 19 de junio de 2025, interpuso recurso de re posición contra la Resolución Nro. 005592 del 3 de junio de 2025, expedida por la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección, medi ante la cual se reconoció su nivel de riesgo como extraordinario, empero s e dispuso la reducción de su esquema de p rotección a un (1) escolta y un (1) chaleco blindado. A su juicio esta decisión resulta desproporcionada frente al contexto de amenazas, hostigamientos armados, persecución política e intento de homicidio que ha sufrido en su calidad de periodista y defensor de derechos humanos.

Al hilo de lo anterior , afirmó que su integridad personal continua en grave riesgo y que la Unidad Nacional de Protección debe restablecer el esquema de protección previamente asignado, en razón a la persistencia de amenazas y hostigamiento. En efecto, relató que el 1° de agosto de 2025, aproximadamente a las 5:00 p.m., mientras se desplazaba con su escolta por la vía que comunica los municipios de Puerto Libertador y La Apartada-Córdoba,

1 Se mantienen las medidas para la protección a la identidad e integridad del accionante adoptadas por el a quo, suprimiendo el nombre y

escolta por la vía que comunica los municipios de Puerto Libertador y La Apartada-Córdoba,

1 Se mantienen las medidas para la protección a la identidad e integridad del accionante adoptadas por el a quo, suprimiendo el nombre y datos personales del accionante, reemplazándolo por uno ficticio. 2 PDF nro. 01 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300220250031301

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fueron i nterceptados por dos motocicletas con cuatro sujetos armados, situación qu e evidencia la inminencia del peligro.

Finalmente, añadió que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) no habría recomendado las medidas idóneas de protección de acuerdo con su nivel de riesgo, vulnerabilidad y la alta probabilidad de que grupos armados organizados atenten contra su vida, integridad y seguridad personal.

b). Petición3. En el escrito de tutela, se indicaron las siguientes pretensiones:

• Que se tutele n los d erechos fundamentales a la vida , vida digna, igualdad y seguridad social(sic).

• Como consecuencia de lo anterior, se ordene a Dirección General Unidad Nacional de Protección - UNP, y al director de Dirección de Derechos Humanos (CERREM) Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medida, la asignación de un esquema de protección tipo 2, el cual incluye 2 escoltas, un vehículo blindado, un chaleco, un botón de pánico; así como una nueva evaluación de nivel de riesgo.

c) Informes de las entidades accionadas

• Unidad Nacional de Protección - UNP4

chaleco, un botón de pánico; así como una nueva evaluación de nivel de riesgo.

c) Informes de las entidades accionadas

• Unidad Nacional de Protección - UNP4

El jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional de ProtecciónUNP expresó que no le ha n vulnerado ningún derecho fundamental al accionante, por el contrario, ha n actuado como garante de sus derechos fundamentales. Bajo ese contexto, informó que la UNP dio cumplimiento inmediato al auto de medida provisional proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Montería, implementando las medidas de seguridad ordenadas, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales a la vida e integridad del accionante, no obstante, solicitó reconsiderar dicha medida, al evidenciar que el act or ya contaba con esquemas de protección vigentes.

Posteriormente, precisó que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) no cuenta con personería jurídica, por tratarse de un órgano interinstitucional conformado por delegados de distintas entidades estatales, cuyas funciones se limitan a emitir recomendaciones. En tal virtud, solicitó que se desvincule al CERREM del trámite constitucional y se tenga como única entidad accionada a la Unidad Nacional de Protección.

Igualmente, indicó que el accionante ha sido objeto de evaluaciones de riesgo desde el año 2019, en virtud de su calidad de periodista y líder social, población reconocida como sujetos de especial protección constitucional por el articulo 2.4.1.2.6 del Dec reto 1066 de 2015. Además, con la más reciente reevaluación practicada por el Cuerpo Técnico de Análisis de

de especial protección constitucional por el articulo 2.4.1.2.6 del Dec reto 1066 de 2015. Además, con la más reciente reevaluación practicada por el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR), se configuró un nivel de riesgo extraordinario, con una ponderación del 52,77%, lo cual condujo al CERREM a recomendar la ratificación de una persona de protección y un chaleco blindado por el termino de doce meses.

En ese sentido, la UNP enfatizó que la determinación de dichas medidas se realizó conforme a un proceso té cnico y científico, avalado por la Corte Constitucional mediante Auto 266 de 2009, y en estricto cumplimiento de los criterios establecidos en la sentencia t339 de 2010. Destacó que no todas las personas con riesgo extraordinario deben recibir el mismo esquema de protección, pues la intensidad del riesgo varía dentro de dicho rango y debe analizarse de forma individualizada.

3 PDF nro. 01 (pág. 3) del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 4 PDF nro. 07 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300220250031301

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En concordancia de lo anterior, la entidad argumentó que la competencia exclusiva para recomendar medidas de protección recae en el CERREM, conforme al decreto 1066 de 2015, por lo que ni el accionante ni el juez constitucional pueden sustituir las determinaciones adoptadas por dicho órgano especializado . Además, agregó que los jueces de tutela no pueden controvertir estudios técnicos ni sustituir a las autoridades

2015, por lo que ni el accionante ni el juez constitucional pueden sustituir las determinaciones adoptadas por dicho órgano especializado . Además, agregó que los jueces de tutela no pueden controvertir estudios técnicos ni sustituir a las autoridades expertas, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en fallos reiterados como las sentencias T-719 de 2003, T-059 de 2012 y T-234 de 2012.

De igual forma, expuso que el 28 de agosto de 2025, iniciaron una nueva reevaluación del nivel de riesgo mediante orden de trabajo O.T. 728523, con el fin de verificar la persistencia o variación de las condiciones de amenaza. Resaltó que estos estudios requieren un término técnico mínimo de treinta días hábiles, dado que implican trabajo de campo, solicitud de información a diversas entidades y análisis detallado de los factores de amenaza, riesgo y vulnerabilidad.

Por último, la UNP alegó la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el principio de su bsidiariedad, toda vez que el accionante dispone de mecanismos administrativos idóneos para controvertir las decisiones adoptadas. En consecuencia, solicitó que se declare improcedente o se niegue el amparo constitucional, por la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.

• Ministerio del Interior5

La directora Jurídica del Ministerio del Interior explicó que las pretensiones expuestas por el accionante están al margen de las funciones de dicha cartera Ministerial, pues, lo que busca el accionante es un tema ajeno a la competencia de esta entidad. Por lo anterior, señaló que el accionante, en su condición de periodista, líder social e integrante de la

busca el accionante es un tema ajeno a la competencia de esta entidad. Por lo anterior, señaló que el accionante, en su condición de periodista, líder social e integrante de la comunidad indígena El Tambo, afirmó haber sido víctima de amenazas, hostigamientos e intento de homicidio por parte de grupos armados al margen de la ley, razón por l a cual la Unidad de Protección le otorgó las medidas de seguridad mediante la resolución nro. 00521 de 2023, seguidamente modificada por la resolución nro. 005592 de 2025.

Subsiguientemente, la entidad explicó que las pretensiones del actor exceden su ám bito funcional, pues desde el 1° de noviembre de 2011, el programa de protección fue trasladado de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a la Unidad Nacional de Protección, en cumplimiento del artículo 23 del decreto 4065 de 2011. De conformidad con la norma, la UNP es un establecimiento público con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, responsable exclusivo de coordinar y ejecutar las medidas de protección a personas en riesgo extraordinario o extremo.

En ese sentido, precisó que, si bien el director de Derechos Humanos participa como miembro del CERREM, la Secretaría Técnica y la adopción final de medidas corresponden a la Unidad Nacional de Protección, cuyo director general puede acoger o no las recomendaciones del comité, conforme a lo previsto en el decreto 1066 de 2015. Por tanto, su intervención se limita a una labor de coordinación, seguimiento y evaluación, mas no de decisión o ejecución de medidas de seguridad.

Del mismo modo, expuso que, de acuerdo con el decreto 1139 de 2021 el Ministerio cumple

su intervención se limita a una labor de coordinación, seguimiento y evaluación, mas no de decisión o ejecución de medidas de seguridad.

Del mismo modo, expuso que, de acuerdo con el decreto 1139 de 2021 el Ministerio cumple únicamente una función de seguimiento a la efectividad de las medidas colectivas adoptadas por otras entidades, sin facultades para definir o implementar esquemas individuales. En consecuencia, reiteró que la valoración del nivel de riesgo, la determinación de medidas y su ejecución son competencias exclusivas de la UNP. Finalmente, solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, se desvincule a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior por la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales atribuibles a su gestión.

5 PDF nro. 12 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300220250031301

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• Ministerio de Defensa Nacional6

La directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional, indicó que carece de competencia funcional y material para atender requerimientos de protección individual, dado que su ámbito de actuación se encuentra definido en el Decreto 1512 de 2000, compilado en el decreto 1070 de 2015, como la autoridad encargada de formular y ejecutar políticas generales en materia de defe nsa, soberanía e integridad territorial, pero no de implementar medidas particulares de seguridad personal.

Seguidamente, explicó que su participación dentro del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) se limita a la emisión de recomendaciones

personal.

Seguidamente, explicó que su participación dentro del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) se limita a la emisión de recomendaciones derivadas del análisis técnico elaborado por la Unidad Nacional de Protección, la cual actúa como Secretaría Técnica del comité y es la única entidad facultada para resolver las solicitudes de protección, emitir actos administrativos y ejecutar las medidas adoptadas, conforme lo previsto en el decreto 1139 de 2021.

Asimismo, expuso que la sentencia C-224 de 2017, en la cual la Corte Constitucional reiteró que la función de la cartera de defensa se circunscribe a garantizar la seguridad nacional y el mantenimiento del orden constitucional, sin extenderse al manejo de programas individuales de protección. Además, se refirió al decreto 4065 de 2011, mediante el cual se creó la Unidad Nacional de Protección como entidad autónoma encargada de la implementación de los esquemas de protección y del trámite de recursos administrativos interpuestos contra sus decisiones.

Finalmente, solicitó al despacho su desvinculación del proceso, por falta de legitimación en la causa por pasiva, al no poseer competencia legal ni material para atender las pretensiones del accionante, las cuales deben ser resueltas exclusivamente por la Unidad Nacional de Protección.

• Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional7

El coronel director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, sostuvo que no la autoridad no está legitimada en la causa por pasiva, ya qu e carece de competencia legal para evaluar riesgos o asignar medidas de protección individuales. En respaldo de su

El coronel director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, sostuvo que no la autoridad no está legitimada en la causa por pasiva, ya qu e carece de competencia legal para evaluar riesgos o asignar medidas de protección individuales. En respaldo de su posición, se refirió al decreto 1066 de 2015, el cual regula el Programa de Prevención y Protección de los Derechos a la Vida, La Integridad y la Seguridad de Personas, Grupos y Comunidades, precisando que la valoración del riesgo corresponde al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información, al Grupo de Valoración Preliminar y en última instancia al CERREM, cuyas recomendaciones son adoptadas por la Unidad Nacional de Protección mediante acto administrativo.

En ese sentido, explicó que la entidad solo puede otorgar medidas de protección a un grupo limitado de servidores públicos, conforme al artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015, dentro del cual no se encuentra el accionante. Por ello, precisó que las decisiones sobre su esquema de seguridad deben tramitarse exclusivamente ante la UNP, autoridad competente para emitir, modificar o suprimir medidas de protección.

De igual forma, aclaró que su participación en el CERREM se limita a asistir a las sesiones convocadas por la Unidad Nacional de Protección, que ejerce la Secretaría Técnica del comité. Indicó que la policía no preside ni convoca dichas sesiones, y que los actos administrativos resultantes son suscritos y notificados por la UNP, de modo que la institución no interviene en la determinación ni en la ejecución de los esquemas de seguridad.

administrativos resultantes son suscritos y notificados por la UNP, de modo que la institución no interviene en la determinación ni en la ejecución de los esquemas de seguridad.

6 PDF nro. 16 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 7 PDF nro. 18 del cuaderno de primera instancia. Expediente digitalAsunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300220250031301

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Posteriormente, enfatizó que la actuación de la Policía Nacional ha sido ajustada al orden jurídico y que la responsabilidad por las decisiones cuestionadas recae exclusivamente sobre la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con el Decreto 4065 de 2011. A su juicio, atribuirle competencia en este asunto vulneraría los principios de descentralización administrativa y desconcentración funcional, que orientan la organización estatal.

Finalmente, la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la tutela en relación con la Policía Nacional, ordenando su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, al no haberse configurado vulneración alguna atribuibles a su gestión institucional.

• Presidencia de la Republica8

La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en señaló que la presidencia de la Republica no tiene la competencia necesaria para evaluar y atender los reclamos presentados por el accionante, también indicó que la entidad responsable de analizar y responder a dichos reclamos es la Unidad de Protección (UNP) e informó que esta es la institución encargada de garantizar la protección y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo.

analizar y responder a dichos reclamos es la Unidad de Protección (UNP) e informó que esta es la institución encargada de garantizar la protección y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo.

Asimismo, sostuvo que la Presidencia de la Republica no interviene en la evaluación, asignación o modificación de esquemas de protección individual, y que las decisiones sobre el nivel de riesgo y las medidas de seguridad deben ser adoptadas por la UNP dentro del marco procedimental establecido, afirmando que no existe acción u omisión imputable a la Presidencia que pueda dar lugar a la presunta vulneración alegada.

De igual forma, en cuanto a la vinculación del CERREM, la apoderada precisó que dicho comité constituye un órgano colegiado interinstitucional, cuyas decisiones son el resultado de la deliberación conjunta de sus miembros, entre ellos el consejero Presidencial para los Derechos Humanos, el viceministro de Defensa, el director de la Policía Nacional, y el director de la Unidad Nacional de Protección, quien ejerce la Secretaría Técnica. Por tanto, no es procedente atribuir responsabilidad individual a alguno de sus integrantes, pues sus recomendaciones son de carácter colectivo y sus decisiones se formalizan a travé s de la UNP mediante acto administrativo.

Finalmente, solicitó al despacho que se declarar á la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República, la improcedencia de la acción de tutela respecto de la entidad que representa y, en consecuencia, se negar an las pretensiones de la demanda, al no existir acto u omisión atribuible a la Presidencia ni competencia legal para resolver sobre los esquemas de seguridad solicitados por el accionante.

de la entidad que representa y, en consecuencia, se negar an las pretensiones de la demanda, al no existir acto u omisión atribuible a la Presidencia ni competencia legal para resolver sobre los esquemas de seguridad solicitados por el accionante.

• Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las

Victimas (UARIV)9

El jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas explicó que no tiene competencia legal para pronunciarse o intervenir en asuntos relativos a los esquemas de seguridad, por cuanto dichas funciones fueron atribuidas a la Unidad Nacional d e Protección, quien tiene la responsabilidad de articular, coordinar y ejecutar las medidas de protección a personas en riesgo extraordinario o extremo.

A su vez, sostuvo que la vinculación procesal realizada por el despacho judicial se originó en un error procedimental, pues la acción constitucional no guarda relación alguna con las funciones asignadas a la entidad que representa. Indicó que la UARIV no es responsable

8 PDF nro. 20 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital . 9 PDF nro. 25 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital .Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300220250031301

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de la adopción, modificación o asignación de esquemas de protección individual, y que, por tanto, la vinculación resulta improcedente, configurándose una falta de legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, resaltó que no puede imponerse a la entidad el cumplimiento de obligaciones que exceden de su competencia legal y funcional, ya que su función se limita

causa por pasiva.

En ese sentido, resaltó que no puede imponerse a la entidad el cumplimiento de obligaciones que exceden de su competencia legal y funcional, ya que su función se limita al acompañamiento y reparación in tegral de las víctimas del conflicto armado sin atribuciones en materia de seguridad personal.

Por último, solicitó declarar improcedente la acción de tutela en lo que respecta a la entidad, al carecer de legitimación en la causa por pasiva para atender lo pretendido, y en consecuencia ordenar su desvinculación del proceso o de las ordenes que se ll egaren a impartir.

d) Fallo impugnado10

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Montería, mediante fallo del dieciséis (16) de septiembre de mil veinticinco (2025), resolvió lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar los derechos a la vida y a la seguridad personal del señor Pedro, dentro de la presente acción de tutela promovida en contra de la Unidad Nacional de Protección, conforme a las consideraciones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: Ordenar a la accionada Unidad Nacional de Protección UNP, que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia proceda, si aún no lo ha hecho, a asignarle al accionante el esquema de seguridad conformado por dos escoltas, un vehículo blindado, un chaleco blindado y un botón de pánico, mientras se lleva a cabo la reevaluación del nivel de riesgo, iniciada mediante orden de trabajo O.T 728523 de fecha 28 de agosto de 2025 y en la cual debe tener en cuenta, además, de las normas que rigen el Programa Prevención y Protección y de los criterios establecidos por la

O.T 728523 de fecha 28 de agosto de 2025 y en la cual debe tener en cuenta, además, de las normas que rigen el Programa Prevención y Protección y de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional, el nuevo hecho denunciado el día 3 de agosto del 2025 ante la Fiscalía General de la Nación.

El A quo fundamentó su decisión indicando que el estado tiene la obligación constitucional de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se encuentren en situación de riesgo extraordinario, en especial cuando se trata de personas que desarrollen labores de liderazgo social o periodístico.

Seguido de esto, reconoció al accionante como sujeto de especial protección constitucional, en atención a su rol como periodista, defensor de derechos humanos y miembro de una comunidad indígena, lo que implica que las autoridades deben brindarle un nivel de protección reforzado.

Asimismo, el a quo identificó falencias en la actuación administrativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al advertir que las medidas implementadas no resultaban suficientes ni adecuadas frente al nivel de riesgo extraordinario que enfrentaba el accionante. De igual manera, resaltó la falta de celeridad en la reevaluación de su riesgo, evidencia una omisión en el cumplimiento del deber de protección efectiva.

Por último, destacó que la Corte Constitucional ha precisado que las medidas de protección deben de ser integrales, pr oporcionales y ajustadas a las condiciones particulares del riesgo, de manera que su aplicación garantice la efectividad del derecho a la vida y a la integridad del beneficiario.

deben de ser integrales, pr oporcionales y ajustadas a las condiciones particulares del riesgo, de manera que su aplicación garantice la efectividad del derecho a la vida y a la integridad del beneficiario.

10 PDF nro.26 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300220250031301

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e) La impugnación11

Inconforme con el fallo de primera instancia la Unidad Nacional de Protección -UNP presentó impugnación, mediante la cual expres ó su inconformidad al considerar que la decisión judicial desconoció el marco normativo que rige la evaluación del riesgo y la adopción de medidas de protección, así como la competencia exclusiva del Comité del Riesgo y Recomendación de Medi das (CERREM). En tal sentido, señaló que el juez de tutela no podía sustituir las valoraciones técnicas efectuadas por el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR), pues estas se encuentran debidamente regladas y respaldadas por la Corte Constitucional como instrumento objetivo de valoración.

Seguido, sostuvo que el fallo de primera instancia quebrantó el principio de igualdad, en tanto otorgó al accionante un trato diferenciado frente a otros beneficiarios del programa de protección, quienes se someten al mismo procedimiento y a las mismas condiciones técnicas. Del mismo modo, enfatizó que la Corte Constitucional señala que el trato desigual solo puede justificarse cuando obedece a razones constitucionalmente validas, circunstancia que no se evidencia en el caso analizado.

Por otro lado, informó que ha cumplido con las medidas de protección otorgadas al

solo puede justificarse cuando obedece a razones constitucionalmente validas, circunstancia que no se evidencia en el caso analizado.

Por otro lado, informó que ha cumplido con las medidas de protección otorgadas al accionante, consistentes en un escolta, un chaleco blindado y la activación de la línea de emergencia Vida 103. Además, exaltó que el nivel de riesgo extraordinario del 52,77%, fue establecido tras un análisis exhaustivo realizado por el CTAR, el cual incluyó la revisión de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, comunicaciones de la Defensoría del Pueblo, y reportes de la Policía Nacional.

Finalmente, precisó que las denuncias presentadas por el accionante no constituyen prueba plena de amenaza, dado que su carácter es meramente informativo y que no acreditan la inminencia del peligro. Por lo tanto, concluyó que la decisión judicial carece de sustento fáctico y jurídico, toda vez que la en tidad ha garantizado los derechos fundamentales del actor mediante las medidas idóneas y proporcionales al riesgo identificado.

f) Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha tres (3) de octubre de dos mil veintic inco (2025)12, se admitió la impugnación presentada por la Unidad Nacional de Protección UNP, contra el fallo de fecha de dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), proferido en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

a). De la competencia

Este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accio nada, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

a). De la competencia

Este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accio nada, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser el superior funcional del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, quien profirió el fallo objeto de impugnación.

b). Problema jurídico

Para resolver la presente causa constitucional, deberá la Sala verificar si en el caso sub examine, se torna procedente la acción de tutela. En caso de resultar positiva la respuesta a ese interrogante, se deberá determinar si en el sub lite las entidades accionadas se encuentran vulnerando los derechos fundamentales a la vida, igualdad, libre locomoción, e integridad personal y debido proceso del actor.

11 PDF nro. 29 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 12 PDF nro. 04 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300220250031301

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Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a estudiar los siguientes aspectos : i). Generalidades de la acción de tu tela; ii). Derechos fundamentales invocados como vulnerados; y iii). Lineamientos del procedimiento administrativo de la implementación de medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección.

i). Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona, para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando

protección por la Unidad Nacional de Protección.

i). Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona, para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala la Constitución y la ley.

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, l a acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, en tanto, sólo procede en el evento en el qu e el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea present