TA COR - Sentencia 23001-33-33-003-2012-00269-01 (10-10-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de Control: Reparación Directa Radicación: 23001333300320120026901

Demandantes: Flower Emilio Muñoz Vergara y otras

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec

Tema(s): Lesiones ocasionadas a personas privadas de la libertad en centro carcelario. Deber de vigilancia y custodia de los reclusos. Daño a la vida en relación.

El Tribunal decide los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante y demandada contra la s entencia proferida el día 11 de agosto de 2017 , por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

a) La demanda1

La demandante pretende que se emitan las siguientes declaraciones y condenas:

Que se declare al Inpec administrativamente responsable por el daño antijuridico causado al señor Flower Emilio Muñoz Vergara ; y a sus hijos Snaides Muñoz Fernández y Angie Mildred Muñoz Tangarife con las lesiones de que fue víctima el primero de ellos.

Con ocasión de lo anterior, se condene al Inpec a pagar, por concepto de perjuicios morales subjetivos 100 salarios mínimos legales mensuales vigente s, a cada uno de los demandantes.

Con ocasión de lo anterior, se condene al Inpec a pagar, por concepto de perjuicios morales subjetivos 100 salarios mínimos legales mensuales vigente s, a cada uno de los demandantes.

Asimismo, que se condene al Inpec a pagar por concepto de daño a la vida de relación, 100 salarios mínimos legales mensuales vigente, al señor Flower Emilio Muñoz Vergara.

Igualmente, pide que se condene a la entidad dem anda al pago de perjuicios materiales, en su especie de lucro cesante, en la suma de $20.386.800 por concepto de lucro cesante consolidado y $134.497.010 por concepto de lucro cesante futuro.

Como fundamentos fácticos (hechos y omisiones), se afirmó en la demanda que:

El señor Flower Emilio Muñoz fue procesado y condenado a pena privativa de la libertad intramural por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, razón por la cual fue recluido desde el 28 de noviembre de 2008 al 29 de junio de 2012 en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Municipio de Tierralta.

Durante su reclusión en el establecimiento carcelario fue visitado en forma constante por su núcleo familiar, con quien continuó compartiendo una relación estrecha y afectuosa.

El día 29 de junio de 2010, mientras el señor Muñoz se encontraba cumpliendo su condena en el establecimiento carcelario señalado, fue gravemente lesionado por otro compañero

1 Ff. 1 a 17. Exp. físico.Medio de Control: Reparación Directa Expediente nro. 23-001-33-33-003-2012-00269-01 2

1 Ff. 1 a 17. Exp. físico.Medio de Control: Reparación Directa Expediente nro. 23-001-33-33-003-2012-00269-01 2

quien ingresó al sitio de alojamiento y lo agredió con piedra de gran tamaño en su pómulo derecho.

A raíz de esa lesión, el interno sufrió fractura frontomalar por lo que debieron intervenirlo quirúrgicamente implantándole unas platinas en su rostro y requiriendo de cirugía plástica.

Expuso como fundamentos jurídicos de sus pretensiones, que las lesiones sufridas por el señor Flower Muñoz al interior del establecimiento penitenciario son consecuencia de la falta de protección y custodia que debe ejercer en Inpec a través de sus funcionarios, en relación con los reclusos. De modo que se configuró una falla en el servicio, por defectuoso funcionamiento del servicio carcelario, en la medida en que se incumplió el deber de custodia y seguridad frente a los reclusos para garantizar su vida, honra e integridad física.

Para suste ntar la procedencia de los perjuicios morales expuso que las lesiones le produjeron a la víctima directa y a su hijas angustia, tristeza y congoja; en cuanto al daño a la vida de relación, sostuvo que sus condiciones normales de existencia, tanto de índole familiar y social han sido alteradas por factores externos a él ; finalmente, respecto de los perjuicios materiales adujo que estos se causaron debido a que cuando el señor Muñoz saliera de la cárcel, pretendía continuar en su trabajo como conductor de bus, de modo que debían cuantificarse a partir de lo que devengaba antes de ser recluido, que era por presunción un salario mínimo.

saliera de la cárcel, pretendía continuar en su trabajo como conductor de bus, de modo que debían cuantificarse a partir de lo que devengaba antes de ser recluido, que era por presunción un salario mínimo.

b) Contestación de la demanda

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 2, se opuso a las pretensiones de la demanda. Al efecto, sostuvo que la vigilancia y custodia que debe ejercer sobre los reclusos para proteger y garantizar su vida y seguridad mientras estén bajo el cuidado no puede ir más allá de los límites que la Ley y la razón permiten, teniendo e n cuenta que no puede exigirse el cumplimiento de lo imposible, como en este caso que suceden hechos imprevistos.

Situación distinta es que el recluso hubiese sido objeto de amenazas contra su integridad y que pese a haber sido puestas en conocimiento de la institución, se hubiera omitido brindarle protección especial a su vida e integridad, pero no existe prueba de ello. Por el contrario, lo que ocurrió fue que el interno Muñoz inició una riña con otro recluso identificado como Juan Camilo Echavarría, de modo que la entidad carece de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

La Previsora S.A.3 en calidad de llamada en garantía, contestó la demanda y propuso la excepción de rompimiento de nexo causal por hechos de un tercero. Y específicamente, frente al llamamiento en garantía, promovió las excepciones del límite del valor asegurado y la obligación del asegurado de asumir el deducible.

c) La sentencia apelada4

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería p rofirió sentencia de

y la obligación del asegurado de asumir el deducible.

c) La sentencia apelada4

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería p rofirió sentencia de primera instancia el día 11 de agosto de 2017, mediante la cual decidió:

1. DECLARAR no probadas las excepciones al llamamiento propuestas por la compañía aseguradora La Previsora S.A., al límite del valor asegurado y la obligación del asegurado de asumir el deducible. Y probada de manera oficiosa la excepción de exclusión al amparo de responsabilidad civil extracontractual. En consecuencia, EXONERAR de responsabilidad a la Aseguradora La Previsora S.A., del pago de la condena que se profiera en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-. De conformidad con los argumen tos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

2. D ECLARAR que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECes administrativa y patrimonialmente responsable del daño antijuridico causado al señor Flower

2 Ff. 120 a 123. 3 Ff. 365 a 370. 4 Ff. 640 a 650.Medio de Control: Reparación Directa Expediente nro. 23-001-33-33-003-2012-00269-01 3

Emilio Muñoz Vergara, con ocasión de la lesión sufrida en su pómulo derecho mientras se encontraba dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Municipio de Tierralta. Conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Condenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECa pagar por

encontraba dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Municipio de Tierralta. Conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Condenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECa pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES las siguientes sumas de dinero:

Al señor Flower Emilio Muñoz Vergara , en su condición de víctima, la cantidad de veinte (20 SMMLV) vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, correspondiente a catorce millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ( $14.754.340.oo)

A Snaider Muñoz Fernández, hijo de la víctima, la cantidad de veinte (20 SMMLV) vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, correspondiente a catorce millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ( $14.754.340.oo)

A Angie Mildrey Muñoz Tangarife , la cantidad de veinte (20 SMMLV) vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, correspondiente a catorce millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ( $14.754.340.oo)

Para un total de cuarenta y cuatro millones doscient os sesenta y tres mil veinte pesos ($44.263.020.oo). Conforme lo dicho en la parte considerativa de esta providencia.

4. Condenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECa cumplir la presente decisión en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

5. Sin condena en costas ni agencias en derecho, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

decisión en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. Sin condena en costas ni agencias en derecho, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

6. Negar las demás pretensiones de la demanda.

A los anteriores efectos, expuso que quedó acreditado que el señor Flower Muñoz se encontraba recluido en el EPCMS de Tierralta, cumpliendo una pena privativa de la libertad de 4 años, 10 meses y quince días.

Asimismo, según la historia clínica del demandante, el 31 de agosto de 2010 fue trasladado desde el Hospital San José de Tierralta al Hospital San Jerónimo de Montería, donde le diagnosticaron fractura maxilar superior de más de 3 días de evolución, contus ión que fue provocada el día 29 de agosto de 2010 y que requirió intervención quirúrgica. Se pudo acreditar que la lesión fue causada por un golpe con un objeto contundente mientras purgaba una condena en el EPCMS en comento.

Partiendo de lo anterior, sos tuvo que la vulneración de la integridad física del actor es endilgable al Inpec, teniendo en cuenta que los reclusos se encuentran bajo vigilancia, custodia y protección del Estado, y que por cuenta del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repe ler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Adicional a lo cual, no puede considerarse un efecto esperado de la detención el que los reclusos puedan sufrir afectaciones a su vida o

la Sección Tercera del Consejo de Estado. Adicional a lo cual, no puede considerarse un efecto esperado de la detención el que los reclusos puedan sufrir afectaciones a su vida o integridad personal, de modo que no comporta ello una carga que deban soportar quienes se encuentran privados de la libertad.

En ese sentido, sostuvo que no se acreditó la existen cia de una causa extraña que exonerara de responsabilidad al Inpec.

Finalmente consideró que solo resultaban procedentes los perjuicios morales; mientras que negó el daño a la vida de relación, debido a que la parte demandante no expuso ni siquiera por qué ocurrió dicho daño, y los perjuicios materiales, debido a que la lesión no le impedía desempeñar ninguna actividad posterior al cumplimiento de la condena.Medio de Control: Reparación Directa Expediente nro. 23-001-33-33-003-2012-00269-01 4

d) Los recursos de apelación

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandante5 presentó recurso de apelación únicamente contra la denegatoria de los perjuicios por daño a la vida de relación. Al respecto, sostuvo que el A quo omitió dar aplicación a lo sostenido por el Consejo de Estado en relación con dicho perjuicio, para lo cual citó jurisprudencia en la que dicha Corporación señaló en qué consiste esa modalidad de daño. Seguidamente, sostuvo que la indemnización reclamada « tiene sustento en la situación que afrontó el actor, así como su grupo familiar, al tener que padecer una lesión al interior del centro penitenciario mientras se encontraba en custodia de la entidad demandada, quien tan solo 3 días después de su lesión, procedió a trasladar al recluso a un centro hospitalario prolongando

como su grupo familiar, al tener que padecer una lesión al interior del centro penitenciario mientras se encontraba en custodia de la entidad demandada, quien tan solo 3 días después de su lesión, procedió a trasladar al recluso a un centro hospitalario prolongando el tiempo de la lesión, dando lugar así a la producción de un daño inmaterial difer ente del moral, que se sitúa en su vida de relación, es decir, se vio afectado en su salud, en cuanto se evidencia una alteración negativa del disfrute de su vida, desarrollo de actividades rutinarias o la modificación de sus roles en la sociedad, incluso en sus expectativas a futuro, máxime si se tiene en cuenta las circunstancias en las que fue golpeado».

El Inpec6, también apeló la sentencia de primera instancia, para lo cual explicó la normativa del régimen de responsabilidad de la falla en el servicio. Asimismo, manifestó que el daño sufrido por el señor Flower Muñoz estaba acreditado en el plenario, sin embargo, sostuvo que dicho daño no es imputable a la entidad, habida cuenta que, si bien los reclusos están bajo el deber de cuidado y seguridad de la autoridad carcelaria y se les debe garantizar la integridad física y vida, lo cierto es que no se probó que el Inpec hubiera omitido su función de vigilancia y control frente a lo ocurrido con el demandante.

Señaló que no se pudo establecer como ocurrió el hecho, pues, solo se afirmó que otro compañero interno ingresó al sitio de alojamiento y lo agredió con una piedra de gran tamaño, empero no hay prueba de amenazas previas o que las h ubiera puesto en conocimiento del Inpec y que pese a ello no se le hubieran garantizado las condiciones de protección.

tamaño, empero no hay prueba de amenazas previas o que las h ubiera puesto en conocimiento del Inpec y que pese a ello no se le hubieran garantizado las condiciones de protección.

Agregó que el deber de procurar la protección y vigilancia de la cárcel a cargo del Inpec debe observarse desde la óptica de la racionabilidad, pues la entidad lo ejercita según los medios que ha puesto a disposición el Estado y atendiendo a la situación de conocimiento público de hacinamiento, no es posible asignar una celda para cada uno de los internos, de ahí que las agresiones físicas y verbales que se presenten eventualmente entre los internos hacen parte de la convivencia y son irresistibles e imprevisibles para la entidad.

e) El trámite en segunda instancia

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue admitido mediante auto del 27 de abril de 20167. Posteriormente, mediante auto del 04 de octubre de 2017 se corrió traslado para alegar de conclusión en esta instancia 8; t érmino durante el cual la parte demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación9, mientras que el Municipio de Sahagún y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) La competencia.

Este Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de la referencia , según lo es tablecido en el artículo 153 del CPACA.

5 Ff. 652 a 655 6 Ff. 656 a 658. 7 PDF nro. 01 (pág. 24) del expediente digital. 8 PDF nro. 01 (pág. 29) del expediente digital.

5 Ff. 652 a 655 6 Ff. 656 a 658. 7 PDF nro. 01 (pág. 24) del expediente digital. 8 PDF nro. 01 (pág. 29) del expediente digital. 9 PDF nro. 01 (págs. 33 a 35) del expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Expediente nro. 23-001-33-33-003-2012-00269-01 5

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

Para resolver el asunto sometido a consideración judicial, conforme las competencias del Juez de segunda instancia, previstas en los artículos 320 10 y 32811 del CGP12, deberá la Sala establecer en primer lugar si el daño padecido por el señor Flower Muñoz Vergara, consistente en la fractura del pómulo derecho con objeto con tundente, mientras estuvo recluido en el EP CMS de Tierralta, es imputable al Inpec. Superado ese análisis se resolverá acerca de la procedencia de los perjuicios por daño a la vida de relación

c) Marco normativo y jurisprudencial.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala pro cederá en primer lugar a revisar fuentes constitucionales y jurisprudenciales sobre la responsabilidad extracontractual del Estado.

De la responsabilidad extracontractual del Estado.

En nuestro ordenamiento jurídico actual, es la Constitución Política de 1991 la encargada de regular la obligación del Estado de responder por los daños antijuridicos ocasionados

extracontractual del Estado.

De la responsabilidad extracontractual del Estado.

En nuestro ordenamiento jurídico actual, es la Constitución Política de 1991 la encargada de regular la obligación del Estado de responder por los daños antijuridicos ocasionados por la actuación u omisión de las autoridades públicas (artículo 90)13. Pero, aun desde antes de la promulgación de la Carta de 1991, es la doctrina y la jurisprudencia la que se ha encargado de desagregar dicho mandato Superior, en aras de garantizar su correcta aplicación.

Es así, como en la sentencia C -286 de 2017 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado) la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

Con la Carta de 1991 (…), el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado adquirió nuevos matices. En primer lugar, porque la Constitución consagró por primera vez un principio general de responsabilidad patrimonial de la administración pública , en su artículo 90. Adicional a ello, reconoció otros principios y derechos constitucionales que apoyan la idea de responsabilidad patrimonial del Estado, como la primacía de los derechos inalienables de la persona, la búsqueda de la efectividad del principio de solidaridad, la idea de igualdad frente a las cargas públicas, así como la obligación de proteger el patrimonio de los asociados y de reparar los daños antijurídicos causados por el actuar del ente público, e n atención a los artículos 1º, 2º, 13, 58 y 90 de la Constitución.

32. En segundo lugar, porque la responsabilidad patrimonial del Estado se entendió, a partir de 1991, como un mecanismo de protección de los administrados, bajo el supuesto

artículos 1º, 2º, 13, 58 y 90 de la Constitución.

32. En segundo lugar, porque la responsabilidad patrimonial del Estado se entendió, a partir de 1991, como un mecanismo de protección de los administrados, bajo el supuesto de que el Estado "es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima del daño antijurídico causado".

10 «Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.» 11 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el d e recusación. Las nulidades procesales deberán

indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el d e recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» 12 Normas aplicables por la remisión expresa del artículo 306 del CPACA. 13ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.Medio de Control: Reparación Directa Expediente nro. 23-001-33-33-003-2012-00269-01 6

De esta manera se concibió la idea de la indemnización por los daños antijurídicos causados, incluso, frente a aquellos daños fundados en la actividad lícita del Estado. En efecto, ha sido reiterada la jurisprudencia que reconoce esta consagración de la responsabilidad patrimonial del Estado, como "una garantía constitucional de las personas frente a los daños antijurídicos que puedan causar los distintos órganos estatales en el ejercicio de los poderes de gestión e intervención". Es más, se ha dicho explícitamente que "la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como funda mento el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos".

En la misma providencia, la Corte condensó lo que históricamente se ha decantado desde su jurisprudencia y la del Consejo de Estado acerca de los elementos de la responsabilidad del Estado, así:

integral del patrimonio de los ciudadanos".

En la misma providencia, la Corte condensó lo que históricamente se ha decantado desde su jurisprudencia y la del Consejo de Estado acerca de los elementos de la responsabilidad del Estado, así:

Daño antijurídico

39. La noción de daño antijurídico a la que se refiere el artículo 90 Superior, es un concepto normativo parcialmente indeterminado, que no tiene una definición explícita en la Constitución ni en la ley. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha dado un contenido normativo particular a tal noción, mediante una interpretación sistemática e histórica. Así, se ha entendido que el daño antijurídico es aquel perjuicio que le es generado a una persona y que ésta no tiene el deber jurídico de soportar, razón por la cual, le corresponde una indemnización, como resultado de un reconocimiento dirigido a lograr la adecuada reparación de la víctima, y nunca bajo una óptica sancionatoria impuesta en contra del Estado o sus agentes.

Esta Corporación ha sostenido que para que se con figure la responsabilidad patrimonial del Estado, el daño: (i) ser cierto y personal y (ii) debe ser antijurídico. Se denomina daño antijurídico, no sólo porque la conducta del autor de la lesión sea contraria al Derecho, sino también porque el sujeto que sufre el daño, -esto es, el asociado, la persona o la víctima del Estado-, "no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio que se le ha infringido, creándose así una lesión injusta" que debe ser indemnizada.

40. La antijuricidad del daño, en consecuen cia, ocurre, en principio, cuando la actuación del

así una lesión injusta" que debe ser indemnizada.

40. La antijuricidad del daño, en consecuen cia, ocurre, en principio, cuando la actuación del Estado no se encuentra justificada, bien sea porque (i) no existe un título jurídico válido que autorice o admita el daño causado, -caso en el que el Estado no está legitimado para producir la afectación correspondiente- (derivado de una actuación ilícita), o (ii) cuando el daño excede las cargas que normalmente un individuo en la sociedad está obligado a soportar[113] (derivado tanto de actuaciones lícitas como ilícitas). De estos escenarios se deriva que existen algunos daños que los asociados sí están en la capacidad y obligación de soportar, por los cuales no responderá el Estado. En otras palabras, no toda lesión o daño resulta antijurídico, ni debe ser reparado por el Estado.

Con todo, para determinar si un daño es o no antijurídico, deben revisarse en cada caso las circunstancias en las que se produjo el mismo, en especial, la existencia de causales de justificación para la Administración que admitan que la persona, en virtud de normas legal es u otros factores, tiene el deber de soportar el daño que se le infringió, según corresponda. (…) De cualquier modo, la concepción general del daño antijurídico a partir del concepto de que éste se configura cuando quien lo sufre no estaba obligado a so portarlo, constituye entonces según esta Corporación, otra forma de plantear el principio constitucional según el cual la actividad de la administración estatal debe respetar la igualdad frente a las cargas públicas impuestas por el Estado (art. 13 C.P.). Esta idea se traduce, entre las causales de imputación, en el fundamento del "daño especial",

actividad de la administración estatal debe respetar la igualdad frente a las cargas públicas impuestas por el Estado (art. 13 C.P.). Esta idea se traduce, entre las causales de imputación, en el fundamento del "daño especial", que resalta que la sociedad está obligada a indemnizar el daño excepcional o anormal ocurrido como consecuencia de la actividad lícita del Estado, cuando una acti vidad desplegada en interés de la colectividad puede lesionar sin más a sólo algunos individuos de esa colectividad, afectándose con ello el principio de equidad.

Que le sea imputable al Estado (imputabilidad)

41. Aunque el daño antijurídico es un elemento sine qua non de la responsabilidad patrimonial del Estado, no es el único requisito para que se dé la obligación de reparación. En efecto, aún existiendo un daño antijurídico concreto, se debe acreditar la existencia de un vínculo jurídico entre e l daño y la actividad pública desplegada, de manera tal que el mismo pueda ser imputable al Estado. Por lo que una consecuencia natural de la ausencia de dicha relación causal, es la imposibilidad jurídica de imputar al Estado y a sus agentes la realización del daño y el reconocimiento de una reparación o indemnización en favor de la víctima o perjudicado.Medio de Control: Reparación Directa Expediente nro. 23-001-33-33-003-2012-00269-01

7

La imputación del daño al Estado es un aspecto jurídico, que no debe confundirse con su causación material. De acuerdo con el principio de imputabilidad, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado, cuando exista además un título jurídico de atribución,

causación material. De acuerdo con el principio de imputabilidad, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado, cuando exista además un título jurídico de atribución, "es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del Legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública, compromete al Estado con sus resultados". Como lo ha reforzado el Consejo de Estado, “la imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado la obligación de reparar un daño es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídicó distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la imputatio juris además de la imputatio facti”.

Producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes (causalidad)

42. Ahora bien, para obtener la indemnización por un daño antijurídico propinado por el Estado se requeriría, además, que la lesión sea el resultado de la actividad regular o irregular de las obligaciones estatales o del incumplimiento de las mismas (omisión). Es decir, así como pueden derivarse daños antijurídicos de una actividad ilícita por parte del Estado, también pueden provenir de una conducta legítima. En este segundo supuesto, la antijuridicidad del daño se da, como se explicó, porque el afectado no tiene la obligación de soportar esa carga.

En este punto ha de aclararse que, éste es el aspecto o elemento fáctico de la responsabilidad

daño se da, como se explicó, porque el afectado no tiene la obligación de soportar esa carga. En este punto ha de aclararse que, éste es el aspecto o elemento fáctico de la responsabilidad del Estado, pues está estrechamente relacionado con la verificación de que el daño se produzca realmente como consecuencia de la acción u omisión de una actividad o ente estatal. Así, se excluyen todos aquellos daños causados por terceros que no tengan relación con el Estado, por hechos producidos por la víctima (culpa exclusiva) o todos aquellos derivados de la fuerza mayor.

43. En suma, para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado consagrada en el artículo 90 constitucional es necesaria la comprobación de (a) un daño antijurídico, (b) que le sea imputable al Estado (causalidad jurídica), y que sea (c) producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes (causalidad material).

Doctrinal y jurisprudencialmente se han empleado dos regímenes de responsabilidad del Estado: subjetivo y objetivo ; cada uno de estos comprende t ítulos de imputación que permiten al juzgador atribuir el daño antijuridico al Estado. Al respecto, la Corte Constitucional ha advertido lo siguiente:

La imputación es el componente que permite atribuir jurídi