TA COR - Sentencia 23001-33-33-004-2019-00355-01 (19-12-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación 23001333300420190035501

Demandantes: JUAN BANDA OSORIO Y OTROS

Demandado: ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL

Tema: Responsabilidad del Estado por falla en el servicio médico asistencial

Decisión: Revoca Tipo de providencia: Sentencia

Procede el Tribunal a desatar el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de diez (10) de noviembre de dos mil veinte (2022)1, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

1.1.1. Los demandantes manifiestan que la víctima, al momento de su fallecimiento, era compañera permanente del señor Juan Banda Osorio y madre de María José Banda Sarmiento, Andrea Marcela Banda Sarmiento, Rosa Banda Sarmiento, Katerine Banda Sarmiento, Yenis María Flórez Sarmiento y Luis Gabriel Flórez Sarmiento, todos mayores de edad. Señalan que la señora Donis Sarmiento Guerra acudió el 5 de noviembre de 2017 al Hospital San Andrés Apóstol por un fuerte dolor en la región abdominal; fue atendida por la médica Nelsy Rodero Guerrero, quien le formuló Ergotamina + Cafeína y Apronax,

al Hospital San Andrés Apóstol por un fuerte dolor en la región abdominal; fue atendida por la médica Nelsy Rodero Guerrero, quien le formuló Ergotamina + Cafeína y Apronax, indicándole regresar a su casa pese a que el dolor persistía.

1.1.2. El 7 de noviembre, la señora Donis Sarmiento regresó al mismo hospital por no soportar el dolor y fue atendida por el doctor José Misael Vásquez Ramírez, quien prescribió Sertal Compuesto y Naproxeno. Una vez más, tras la atención en urgencias fue enviada a su hogar. En la entrevista médica de esa fecha se registró que la paciente, de 56 años, ingresó por sus propios medios, con presión arterial de 100/60, refiriendo inflamación, dolor abdominal y varios días de evolución de los síntomas que la aquejaban.

1 Se deja constancia que a través de los Acuerdos PCSJA20 -11517, 11521, 11526, 11529 de marzo de 2020, 11532, 11546 de abril de 2020, 11549 y 11556 de mayo de 2020, y el 11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país por motivos de salubridad pública. Y mediante Acuerdos Nos. CSJCOA20 -49 del 12 de julio de 2020, CSJCOA20 -51 del 15 de julio de 2020 y CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre

extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio hasta el 31 de julio de 2020. Luego, a través del Acuerdo CSJCOA20-60 de 24 de julio de 2020, revocó los artículos 2 al 9 del Acuerdo CSJCO2058 relativos a las excepciones a la suspensión de términos.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420190035501

Demandante: Juan Banda Osorio y Otros

Demandado: E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol Apelación de sentencia

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CO-SC5780-99 1.1.3 Ante la ausencia de mejoría y el intenso dolor persistente, sus hijas decidieron el 8 de noviembre trasladarla a la Clínica Sahagún, donde refirió dolor tipo cólico constante, distensión abdominal, náuseas, sensación de mareo y deposiciones líquidas frecue ntes desde hacía ocho días, las cuales se habían exacerbado durante las últimas doce horas. En la institución se consignó que acudía tras dos valoraciones previas en urgencias del Hospital San Andrés Apóstol sin mejoría clínica. La Clínica Sahagún di agnosticó dolor abdominal localizado, diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso, y dada la complejidad del cuadro decidió remitirla a un centro de mayor nivel.

1.1.4. La paciente fue trasladada a la Clínica Especializada La Concepción S.A. en Sincelejo, donde fue valorada como una peritonitis aguda perforada en mal estado general. Se informó a los familiares sobre los riesgos y se procedió a intervenirla quirúrgicamente , siendo luego llevada a la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica debido a

Sincelejo, donde fue valorada como una peritonitis aguda perforada en mal estado general. Se informó a los familiares sobre los riesgos y se procedió a intervenirla quirúrgicamente , siendo luego llevada a la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica debido a su cuadro infeccioso. Tras permanecer diez días en dicha unidad, la señora Donis Sarmiento Guerra falleció el 18 de noviembre de 2017.

1.2 Pretensiones

1.2.1. La parte actora solicita que se declare administrativamente responsable a la E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol de la totalidad de los daños extrapatrimoniales ocasionados a los demandantes, con ocasión del fallecimiento de la paciente Donis Sarmiento Guerra, atribuida a una falla en la atención médica primaria derivada de la omisión y deficiente prestación del servicio por parte del hospital, al no adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar el desenlace fatal, y que, en consecuencia, se impongan las condenas correspondientes.

1.2.2. Se solicita que se condene a l a demandada al pago de perjuicios morales, distribuidos de la siguiente manera:

Demandante Salarios reclamados (SMLMV) Juan Banda Osorio (compañero permanente) 100 María José Banda Sarmiento (hija) 80 Rosa Banda Sarmiento (hija) 80 Yenis María Flórez Sarmiento (hija) 80 Luis Gabriel Flórez Sarmiento (hijo) 80 Andrea Marcela Banda Sarmiento (hija) 80 Katerine Banda Sarmiento (hija) 80

1.2.3. Finalmente, se solicita que todas las sumas que se liquiden e impongan en contra de

Andrea Marcela Banda Sarmiento (hija) 80 Katerine Banda Sarmiento (hija) 80

1.2.3. Finalmente, se solicita que todas las sumas que se liquiden e impongan en contra de la entidad demandada sean ajustadas conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—, incluyan la corrección monetaria, la indexación y devenguen intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta su pago efectivo. Asimismo, se solicita que se condene a la parte demandada al pago de las costas procesales y las agencias en derecho.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420190035501

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CO-SC5780-99 1.3. Sentencia de primera instancia2

Mediante sentencia del 10 de noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería negó las pretensiones de la demanda, al concluir que el demandante no acreditó los supuestos de hecho que sustentaban sus reclamaciones . No obstante, el juzgado dejó establecido que el daño sí se encontraba plenamente probado, pues su existencia se derivaba directamente del fallecimiento de la señora Donis Sarmiento Guerra.

El a quo señaló que e l daño quedó acreditado mediante el registro civil de defunción, documento que certifica la fecha y hora del deceso. Asimismo, la epicrisis emitida por la Clínica Especializada La Concepción S.A.S. permitió conocer el estado crítico en el que la

documento que certifica la fecha y hora del deceso. Asimismo, la epicrisis emitida por la Clínica Especializada La Concepción S.A.S. permitió conocer el estado crítico en el que la paciente ingresó, el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, las intervenciones médicas realizadas y su evolución clínica. Este material probatorio fue suficiente para configurar el primer presupuesto de responsabilidad estatal, referido a la existencia de un daño concreto, personal y cierto.

Respecto de la imputación, la demanda atribuyó la muerte de la señora Donis Sarmiento Guerra a una falla en el servicio médico de la ESE Hospital San Andrés Apóstol de San Andrés de Sotavento. Los actores alegaron que la entidad prestó una atención insuficiente, tardía e inadecuada, en contravía de los estándares de oportunidad, integridad y suficiencia exigidos en la prestación del servicio de salud. Para sustentar estos señalamientos, aportaron las historias clínicas correspondientes a las atenciones del 5 de noviembre de 2017 —consulta por cefalea, manejo analgésico y alta médica— y del 7 al 8 de noviembre de 2017 —consulta por dolor abdominal y distensión, medicación básica y alta a las 4:30 a.m., sin exámenes diagnósticos ni remisión a un nivel superior—. El juzgado consideró que esta última atención fue deficiente, pues no se ordenaron los estudios necesarios para identificar el origen del dolor abdominal ni se dispuso la remisión oportuna.

Sin embargo, pese a evidenciar deficiencias en la atención brindada por el hospital, el juzgado concluyó que la parte demandante no acreditó el nexo causal entre esa actuación

identificar el origen del dolor abdominal ni se dispuso la remisión oportuna.

Sin embargo, pese a evidenciar deficiencias en la atención brindada por el hospital, el juzgado concluyó que la parte demandante no acreditó el nexo causal entre esa actuación y la muerte ocurrida diez días después. Para ello destacó la importancia de la historia clínica de la Clínica Sahagún IPS —que atendió a la paciente el 8 de noviembre y la remitió por complicación evidente— y de la epicrisis de la Clínica La Concepción —que diagnosticó abdomen agudo quirúrgico y documentó la rápida evolución de la pat ología—, frente a las cuales no era posible determinar, sin un dictamen pericial médico, que la deficiencia inicial del hospital hubiera sido la causa determinante del deceso. En ausencia de esa prueba técnica indispensable, la actora incumplió su carga pr obatoria legal, razón por la cual el a quo decidió negar las pretensiones.

1.4. Recurso de apelación

Mediante memorial3 presentado el 25 de noviembre de 2022 ante el juzgado receptor, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

2Ver 19Sentencia.pdf 01PrimeraInstancia, expediente digital. 3 Ver 21RecursoApelacion.pdf 01PrimeraInstancia, expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420190035501

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En síntesis, señaló que la sentencia apelada incurrió en un error fáctico al afirmar que la parte demandante no presentó alegatos de conclusión. Asegura que dichos alegatos sí fueron radicados en tiempo y adjunta constancia de envío para demostrarlo. Este yerro, afirma, vulneró el debido proceso, pues privó a la actora de que el despacho estudiara su posición final frente a las pruebas. Señala que la omisión de considerar esos alegatos afecta la validez del fallo, ya que allí se explicaban los errores en la atención médica y la relación causal entre la falla del servicio y el fallecimiento de la paciente.

Critica que el a quo afirmara que no se allegó prueba pericial que demostrara la responsabilidad médica, pese a que —según el apelante — los hechos narrados, las historias clínicas y la secuencia asistencial muestran un error diagnóstico reiterado. El recurrente explica que la paciente acudió tres veces al Hospital San Andrés Apóstol y que, en cada una de ellas, la valoración médica fue errada, omitiéndose exámenes, seguimiento clínico y uso de medios diagnósticos disponibles. Agrega que cuando finalmente fue trasladada a Sincelejo, presentaba un cuadro de apendicitis estrangulada en fase fatal, lo cual evidencia una atención negligente. Reitera que, conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la responsabilidad surge no por el simple

trasladada a Sincelejo, presentaba un cuadro de apendicitis estrangulada en fase fatal, lo cual evidencia una atención negligente. Reitera que, conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la responsabilidad surge no por el simple desacierto diagnóstico, sino por la deficiente prestación del servicio, que aquí —dice— se acredita por la falta de diligencia y el incumplimiento de protocolos básicos.

El recurrente cuestiona la conclusión del fallo respecto a que la paciente fue dada de alta “en buenas condiciones” , desestimando la gravedad real de su cuadro. Señala que las historias clínicas de la Clínica Sahagún y de la Clínica La Concepción evidencian que la paciente ingresó en condición crítica, requiriendo cirugía urgente y UCI inmediata, lo que desvirtúa la supuesta adecuada atención previa del hospital demandado. Afirma que la juez desconoció la secuencia asistencial completa y la gravedad del daño derivado de la omisión del diagnóstico oportuno. Además, resalta que la entidad demandada no contestó la demanda, lo que implica —según fallo del Tribunal de Boyacá citado por el recurrente — una renuncia tácita a controvertir los hechos y a ejercer defen sa, situación que debió ser valorada conforme al artículo 175 del CPACA.

Finalmente, expone el fundamento jurídico de su recurso, apoyado en la doctrina reiterada sobre el error de diagnóstico como forma de falla del servicio cuando el profesional omite interrogar adecuadamente al paciente, realizar examen físico completo, orde nar pruebas indispensables o hacer seguimiento clínico. Alega que esto ocurrió en todas las atenciones

sobre el error de diagnóstico como forma de falla del servicio cuando el profesional omite interrogar adecuadamente al paciente, realizar examen físico completo, orde nar pruebas indispensables o hacer seguimiento clínico. Alega que esto ocurrió en todas las atenciones brindadas a la señora Donis Sarmiento Guerra. Sostiene que la muerte se produjo por la omisión en la atención y que los elementos probatorios permiten co ncluir que el hospital actuó con falta de diligencia. Refiere los artículos constitucionales y legales que imponen responsabilidad al Estado por omisión y solicita al Tribunal revocar la sentencia apelada, reconocer que existió falla del servicio médico ho spitalario y condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios ocasionados.

1.5. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de fecha 19 de mayo de 2023, notificándose a las partes y al señor agente del Ministerio Público.

Las partes no presentaron alegatos, y el agente del Ministerio Público tampoco emitió concepto de fondo.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420190035501

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II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. Competencia

Según el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), este tribunal es competente para conocer en segunda instancia la apelación, debido a que la sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

Administrativo (CPACA), este tribunal es competente para conocer en segunda instancia la apelación, debido a que la sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

2.2. Impedimento manifestado por integrante de la sala

Previo a resolver de fondo el asunto, se procede a revisar el impedimento manifestado por la magistrada María Bernarda Martínez Cruz, quien considera encontrarse impedida para conocer del proceso de la referencia, en tanto conoció del proceso en instancia anterior al fungir como juez titular del Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, con fundamento en el artículo 141 numeral 2º del C.G.P.

La causal invocada es del siguiente tenor literal:

«ART. 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: (…)

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.»

Revisado el proceso de la referencia, se encuentra que efectivamente la doctora María Bernarda Martínez Cruz fungió como a quo al ser titular del Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, incluso dictó la sentencia que se recurre.

Con fundamento en lo anterior, la sala considera que en el presente asunto se configura el impedimento manifestado por la magistrada Martínez Cruz. En ese orden de ideas, al configurarse la causal invocada, se procede a separar del conocimiento del presente asunto a la magistrada en cita.

2.3. Cuestión previa

El apelante sostiene que la jueza de primera instancia incurrió en un error fáctico al afirmar

a la magistrada en cita.

2.3. Cuestión previa

El apelante sostiene que la jueza de primera instancia incurrió en un error fáctico al afirmar que no se presentaron alegatos de conclusión, cuando estos sí fueron radicados oportunamente, circunstancia que acredita mediante la constancia de envío correspondiente. Aduce que dicha omisión vulneró el derecho al debido proceso, en la medida en que privó a la parte actora de que su postura final fuera tenida en cuenta en la valoración probatoria. Indica que, en dichos alegatos, se exponían de manera detallada las fallas en la atención médica, la secuencia asistencial y la relación de causalidad entre el actuar del Hospital San Andrés Apóstol y el fallecimiento de la paciente, por lo cual su omisión afectó de forma directa la solidez y validez del fallo impugnado.

En esta instancia, corresponde al Tribunal subsanar la omisión advertida, toda vez que la parte apelante acreditó la oportuna radicación de los alegatos de conclusión y, no obstante ello, estos no fueron considerados por el a quo. Los alegatos de conclusión constituyen la última oportunidad procesal de que disponen las partes para exponer su interpretación del acervo probatorio, destacar los hechos debidamente acreditados y precisar la imputaciónMedio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420190035501

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CO-SC5780-99 jurídica que fundamenta sus pretensiones o excepciones; por ende, constituyen un instrumento esencial para la garantía del derecho de contradicción y del debido proceso.

Apelación de sentencia 6

CO-SC5780-99 jurídica que fundamenta sus pretensiones o excepciones; por ende, constituyen un instrumento esencial para la garantía del derecho de contradicción y del debido proceso.

En consecuencia, el Tribunal incorporará al análisis de mérito el contenido de los alegatos de conclusión omitidos, y procederá a realizar una valoración integral del material probatorio, con el propósito de corregir el defecto procesal identificado y adop tar una decisión sustancialmente ajustada a derecho.

2.4. Problema jurídico

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso — CGP—, el juez de segunda instancia debe circunscribir su análisis a los argumentos formulados en el recurso de apelación, sin que le sea dable modificar la decisión impugnada en aspectos que no fueron objeto de controversia. En consecuencia, su pronunciamiento debe limitarse a los puntos específicamente cuestionados por las partes.

En el presente caso, corresponde determinar si se debe revocar o confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el actor no acreditó los hechos constitutivos de sus reclamaciones. El examen en sede de apelación exige verificar si el análisis probatorio efectuado por el a quo fue completo y adecuado, y si las pruebas obrantes en el expediente permiten estructurar los elementos de responsabilidad estatal en materia de prestación del servicio médico-asistencial.

En ese orden de ideas, debe establecerse si se configuró el daño antijurídico alegado por la parte actora y si este resulta imputable a la E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol, con

En ese orden de ideas, debe establecerse si se configuró el daño antijurídico alegado por la parte actora y si este resulta imputable a la E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol, con fundamento en la atención brindada a la señora Donis Sarmiento Guerra los día s 5 y 7 de noviembre de 2017. En particular, se analizará si la decisión de remitirla nuevamente a su domicilio, sin ordenar estudios diagnósticos complementarios ni adoptar medidas de observación acordes con la persistencia e intensidad del dolor abdomina l, constituye un indicio suficiente de una falla en la atención inicial, conforme a la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual ha reconocido el error de diagnóstico y la omisión de exámenes indispensables como manifestaciones de la falla del servicio. Así mismo, deberá evaluarse la existencia de un nexo causal entre dicha atención inicial y la evolución clínica que culminó en su fallecimiento el 18 de noviembre de 2017.

El apelante alega que la sentencia incurrió en un error fáctico al afirmar que no se presentaron alegatos de conclusión, a pesar de que estos fueron oportunamente radicados, lo cual configura una vulneración al debido proceso. Sostiene que, de haberse valo rado dicho escrito, el juzgador habría advertido las falencias demostradas en las historias clínicas, la reiteración de diagnósticos inadecuados en las consultas previas y la omisión de exámenes esenciales. Agrega que los registros de la Clínica Sahagún y de la Clínica La Concepción evidencian que la paciente ingresó en estado crítico por una peritonitis

de exámenes esenciales. Agrega que los registros de la Clínica Sahagún y de la Clínica La Concepción evidencian que la paciente ingresó en estado crítico por una peritonitis perforada, lo cual desvirtúa la afirmación de que había sido dada de alta "en buenas condiciones" por el hospital demandado. Asimismo, manifiesta que el a quo desconoció la jurisprudencia relativa a la imputación por falla del servicio derivada de la falta de diligencia, la insuficiencia en la valoración inicial y las omisiones diagnósticas; además, destaca que la falta de contestación de la demanda constituye un indicio favorable sobre la veracidad de los hechos alegados.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300420190035501

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En virtud de lo anterior, la Sala deberá verificar si, a partir del acervo probatorio y con base en los criterios jurisprudenciales vigentes, se encuentra acreditada una falla en la prestación del servicio médico y su relación de causalidad con el resultad o dañoso. En caso de acreditarse dichos elementos, se impondrá la revocatoria de la decisión apelada; de lo contrario, deberá confirmarse la negativa de las pretensiones.

Para resolver el problema jurídico, se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) la responsabilidad del Estado derivada del daño ocasionado en el marco de la atención médico-hospitalaria; (ii) el caso concreto, en el cual se evaluará si se encue ntran satisfechos los elementos que configuran dicha responsabilidad; y, de ser procedente, (iii)

médico-hospitalaria; (ii) el caso concreto, en el cual se evaluará si se encue ntran satisfechos los elementos que configuran dicha responsabilidad; y, de ser procedente, (iii) lo relativo a la liquidación de los perjuicios reclamados.

2.4.1. Responsabilidad del Estado derivada del daño proveniente de la atención médico-hospitalaria

El Consejo de Estado en sentencia de 19 de abril de 20124, unificó su posición respecto de la responsabilidad estatal adoptada por la Constitución de 1991, al señalar que el artículo 90 constitucional no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir frente a cada caso concreto el régimen que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a consideración del juez, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un manda to que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación; en la mencionada sentencia señaló:

«En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia»

Sin embargo, el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo5 ha señalado que, en los

solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia»

Sin embargo, el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo5 ha señalado que, en los casos en los que se ventila la acción imperfecta de la administración, o su omisión como causa del daño reclamado, el título de imputación aplicable es la falla en el servicio.

En relación con la responsabilidad médica frente a los supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños provenientes de la atención médica defectuosa, la Sección Tercera del Consejo de Estado6 en el año 2006 abandonó definitivamente la presunción de la falla en el servicio para volver al régimen general de la falla probada.

Actualmente se considera que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el expediente todos los elementos que la configuran, esto es, el daño, la

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón, exp. 21515. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de

2007. Exp. 27434. 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 20 de febrero de 2008, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Exp 15563.Medio de Control: Reparación Directa

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CO-SC5780-99 falla en la actividad médica y el nexo causal entre esta y aquel7. Así mismo, el Consejo de Estado consideró que, cuando el actor cuestione la pertinencia o idoneidad de los procedimientos médicos efectuados, a su cargo estará la prueba de esas falencias, para lo que se podrá acudir incluso a la prueba indiciaria, consi derando que, dada la complejidad de los conocimientos técnicos y científicos de estos asuntos, en ocasiones son los indicios los únicos medios para establecer la falla endilgada. Así se lee:

«(...) la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño».

Cabe aclarar que no solamente se estructura la responsabilidad cuando se contrarían los postulados de la lex artis, esto es, por funcionamiento anormal, negligente o descuidado del servicio médico, sino también cuando la actividad que se despliega en condiciones

Cabe aclarar que no solamente se estructura la responsabilidad cuando se contrarían los postulados de la lex artis, esto es, por funcionamiento anormal, negligente o descuidado del servicio médico, sino también cuando la actividad que se despliega en condiciones normales o adecuadas puede dar lugar objetivamente a que ello ocurra. En relación con la carga de la prueba tanto de la falla del servicio como del nexo causal, se ha dicho que corresponde exclusivamente al demandante, pero dicha exigencia se atenúa mediante la aceptación de la prueba indirecta de estos elementos de la responsabilidad a través de indicios, es así como en palabras del alto Tribunal se señaló:

«La responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio médico asistencial no se deriva simplemente a partir de la sola constatación de la intervención de la actuación médica, sino que debe acreditarse que en dicha actuación no se observó la le x artis y que esa inobservancia fue la causa eficiente del daño. Esa afirmación resulta relevante porque de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, el derecho a la reparación se fundamenta en la antijuridicidad del daño, sin que sea suficiente verificar que la víctima o sus beneficiarios no estaban en el deber jurídico de soportarlo para que surja el derecho a la indemnización, dado que se requiere que dicho daño sea imputable a la administración, y sólo lo será cuando su intervención hubiera sido la causa eficiente del mismo .

La prueba de la relación causal entre la intervención médica y el daño sufrido por el pacient