TA COR - Sentencia 23001-33-33-004-2025-00336-01 (18-11-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz

Montería, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Acción: Tutela Expediente: 23001333300420250033601

Accionante: Laura Carolina Cogollo Rodríguez Accionado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección de

Talento Humano

Procede el despacho a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante Laura Carolina Cogollo Rodríguez contra fallo de tutela del 1 de octubre del 2025, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería.

I. ANTECEDENTES a). Hechos.1

Informa la accionante que el día 29 de julio de 2025, presentó petición ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitando la protección derivada de su derecho a la estabilidad laboral reforzada dada su calidad de empleada en provisionalidad, solicitando incluso la opción de ser reubicada en otro cargo. Fundamentó su petición en su condición de madre cabeza de hogar, al existir dependencia económica de sus hijos menores y de su madre la señora Berta Rodríguez Monroy.

Precisó que, ha transcurrido en exceso el término legal consagrado en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sin que la entidad accionada hubiere emitido pronunciamiento de fondo respecto de lo solicitado , configurando, una vulneración del derecho fundamental de

Ley 1437 de 2011, sin que la entidad accionada hubiere emitido pronunciamiento de fondo respecto de lo solicitado , configurando, una vulneración del derecho fundamental de petición y compromete, de manera directa, garantías conexas como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital.

b). Pretensiones.2

Solicita que se amparen los derechos fundamentales de petición, debido proceso administrativo, igualdad , trabajo, estabilidad laboral reforzada y mínimo vital , y como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –

1 Ver 01Demanda del expediente digital 2 Ver 01Demanda del expediente digital.Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

Dirección de Talento Humano, emitir una respuesta de fondo, clara, congruente y eficaz al derecho de petición radicado el 29 de julio de 2025.

Así mismo, o ordenar como medida de protección reforzada, abstenerse de ser desvinculada del cargo que actualmente desempeña en provisionalidad, o en su defecto , se adopten medidas afirmativas de reubicación laboral, en su condición de madre de cabeza de hogar y único sustento económico de la familia.

c). Contestación de la tutela.

La Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios se pronunció por medio de apoderado judicial, informando que el día 22 de septiembre de 2025, mediante radicado No. 20255403001591, respondió de fondo la solicitud presentada por el accionante.

Adicionalmente sostuvo que, quienes ostentan la calidad de sujetos de especial protección,

No. 20255403001591, respondió de fondo la solicitud presentada por el accionante.

Adicionalmente sostuvo que, quienes ostentan la calidad de sujetos de especial protección, conforme lo dispone la Constitución y la Ley, gozan de una estabilidad laboral reforzada que asegura su vinculación al trabajo. No obstante, debe ceder ante el derecho de quienes, en virtud del mérito, obtuvieron su empleo a través de un proceso de selección pública.

Agrega que, si bien la condición de madre cabeza de familia otorga a la accionante un amparo reforzado en materia constitucional, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no dispone hoy de una estructura temporal ni de plazas similares que permitan su traslado a un cargo equivalente al que ocupaba en calidad de provisional.

d). Sentencia de primera instancia.3

El Jugado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería , mediante sentencia de fecha 1 de octubre de 2025, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la pretensión principal de amparo al derecho de Petición, incoada por la parte accionante. Y, amparo el derecho a la estabilidad reforzada de la señora Cogollo Rodríguez, ordenando a la Dirección de Talento Humano que, si en el futuro llegare a presentarse una vacante y la solicitante del amparo acreditare el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo, la entidad deberá proceder a su nombramiento, siempre que persista su calidad de madre cabeza de hogar.

Para llegar a la anterior decisión, el A-quo precisó que, en lo que respecta al derecho de petición formulado a la entidad accionada, esta mediante comunicación de fecha 22 de

de madre cabeza de hogar.

Para llegar a la anterior decisión, el A-quo precisó que, en lo que respecta al derecho de petición formulado a la entidad accionada, esta mediante comunicación de fecha 22 de septiembre de 2025, emitió respuesta de fondo a la solicitud presentada por la señora Laura Carolina Cogollo Rodríguez, configurándose respecto de ello la carencia actual de objeto por hecho superado.

3 Ver Pdf 115SentenciaTutela.pdf del expediente digital.Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

En cuanto a la pretensión de mantenerla en el cargo o de reubicación dada su especial situación de madre cabeza de hogar, el a quo indicó que, si bien existe un acto administrativo en firme que ordena la provisión definitiva del cargo, la desvinculación de la señora Cogollo Rodríguez aún no se ha materializado, sin embargo, al observar una amenaza cierta e inminente para su derecho a la estabilidad laboral reforzada, derivada de su condición de madre cabeza de familia, amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora Laura Carolina Cogollo Rodríguez y ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección de Talento Humano que, en caso de que se presente una vacante en el futuro y que la solicitante cumpla con los requisitos para ocuparla, realice su nombramiento, siempre y cuando subsista la condición especial que detenta.

e). Impugnación

La actora impugnó el fallo alegando que, pese a seguir vinculada en el cargo de Profesional Especializado, Grado 19 en la SSPD, existe acto a dministrativo en firme que ordena la

e). Impugnación

La actora impugnó el fallo alegando que, pese a seguir vinculada en el cargo de Profesional Especializado, Grado 19 en la SSPD, existe acto a dministrativo en firme que ordena la provisión en propiedad de dicho cargo, pero que el funcionario nombrado en virtud del mérito solicitó prorroga de la posesión hasta el 4 de noviembre de 2025. Por ello considera que su desvinculación es cierta e inminente, lo que afecta derecho fundamental al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada de madre cabeza de familia y al mínimo vital, así como los derechos de los niños, que en su caso son tres hijos menores de edad.

Solicita que se revoque parcialmente la decisión en razón a que los derechos no se amparan con el condicionante referente a que se le garantizara su derecho solo ante una vacante futura, que la decisión debió amparar el derecho de forma inmediata reubicando o prorrogando su nombramiento.

También solicita que se suspenda cualquier actuación de desvinculación, que se adopten medidas afirmativas como la reubicación, la prórroga de la vinculación provisional, la inclusión prioritaria en lista de reubicación, garantizar el sistema de seguridad social, el pago de salarios, prestaciones y emolumentos dejados de percibir, el reintegro y ordenar a la accionada a implementar protocolos sobre la| protección laboral para proteger laboralmente a madres cabeza de hogar y personas en condición de vulnerabilidad acorde con la Constitución y la jurisprudencia.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de su apoderado,

laboralmente a madres cabeza de hogar y personas en condición de vulnerabilidad acorde con la Constitución y la jurisprudencia.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de su apoderado, impugnó el fallo de tutela que amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada de Laura Carolina Cogollo Rodríguez. La entidad argumenta que no vulneró ningún derecho fundamental, ya que respondió oportunamente la petición presentada por la accionante.

Sostiene que la tutela no es procedente en este caso, pues existen otros medios judiciales eficaces para reclamar derechos laborales, y no se configura un perjuicio irremediable.Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

Además, señala que la Resolución No. 5074 del 09 de mayo de 2025, adquirió firmeza el 26 de mayo del mismo año , y que la entidad le concedió prórroga al elegible que ganó el concurso de méritos hasta el 4 de noviembre de 2025 , fecha en que la actora estará vinculada en la entidad.

Finalmente indica que se debe verificar debidamente si la actora cumple realmente con los requisitos legales para ser considerada madre cabeza de familia, según lo establecido por la Corte Constitucional, lo cual condiciona el amparo otorgado. En consecuencia, solicita la revocatoria del numeral segundo del fallo impugnado , al considerar que no ha vulnerado derechos.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto con fecha dieciséis (16) de octubre de 2025, se admitió la impugnación presentada por la parte Laura Carolina Cogollo Rodrígue z contra el fallo de tutela de fecha 01 de

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto con fecha dieciséis (16) de octubre de 2025, se admitió la impugnación presentada por la parte Laura Carolina Cogollo Rodrígue z contra el fallo de tutela de fecha 01 de octubre de 2025 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería. En esta oportunidad la actora mediante escrito reitera que debe ampararse los derechos a la estabilidad reforzada y al mínimo vital.

III. CONSIDERACIONES. a). Competencia.

El Tribunal Administrativo de Córdoba es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

b). Problema Jurídico

Corresponde a la Sala en esta oportunidad, determinar si el derecho a la estabilidad laboral reforzada que se le amparó a la señora Laura Carolina Cogollo Rodríguez aplicable para el caso de que se presente en el futuro una vacante en la plata de personal de la entidad accionada, resulta insuficiente para garantizar su derecho como lo alega la parte actora, o si por el contrario, no se debe amparar dicho derecho a la actora, en razón a que el cargo que ocupa fue provisto por quien superó el concurso, y no existe otra vacante.

De la respuesta a su formulación, dependerá la confirmación o revocatoria de la sentencia impugnada. c). Procedencia de la Acción de Tutela. En el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por los decretos 2591

De la respuesta a su formulación, dependerá la confirmación o revocatoria de la sentencia impugnada. c). Procedencia de la Acción de Tutela. En el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protecciónExpediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

inmediata de sus derechos constitucionales fu ndamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De acuerdo con lo anterior, para la procedencia de la tutela la Corte ha determinado que debe estudiarse i) la legitimación de la causa por activa y por pasiva, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad. Frente al requisito de la legitimación en la causa por activa este se encuentra plenamente acreditada, en razón que, la señora Laura Carolina Cogollo Rodríguez, procura obtener el amparo de los derechos fundamentales a la estabilidad reforzada, mínimo vital, y seguridad social que indica han sido vulnerados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección de Talento Humano, al no garantizarle su derecho laboral dada su condición de madre cabeza de familia. De igual forma, en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, está probado que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección de Talento Humano es la

condición de madre cabeza de familia. De igual forma, en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, está probado que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección de Talento Humano es la entidad que nombró a la actora, y de la cual se predica la afectación con la ev entual insubsistencia provocada por el nombramiento de quien a través del mérito accedió a dicho cargo. En cuanto al requisito de inmediatez, exige que la tutela se presente en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o amena za. De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente. En estos términos, quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y moderado, en cuanto es un instrumento constitucional de protección inmediata de derechos fundamentales. De este modo, la Sala considera que el tiempo en que la actora ha acudido a la jurisdicción es razonable, pues, la actora presentó la petición el 30 de julio de 2025 , y ante la falta de respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección de Talento Humano, radicó la acción de tutela el 17 de septiembre de 2025, no habiendo superado los 2 meses entre la petición y la acción. Por ello, se encuentra satisfecho este requisito.

Finalmente, en cuanto al requisito de subsidiariedad, ha de entenderse que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de

tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que están a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamental es, y en efectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados.Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

Al ser objeto de impugnación, la subsidiariedad de la presente acción se estudiará al evaluarse el caso en concreto.

d). Marco Normativo y Jurisprudencial.

Del debido proceso, y el derecho de defensa emanan del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, de él se extrae que es un derecho y una garantía con que cuentan las personas en sede judicial y administrativa de que los procedimientos se ajusten a los preceptos normativos, y que se brinde la oportunidad de ser escuchado, de solicitar y aportar pruebas, así como también controvertir las que se aduzcan en su contra, y que el proceso se tramite ante el Juez natural.

Respecto al debido proceso en sentencia T-572/92 La Corte Constitucional lo define de la siguiente manera:

(…).

“El derecho fundamental al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las

Respecto al debido proceso en sentencia T-572/92 La Corte Constitucional lo define de la siguiente manera:

(…).

“El derecho fundamental al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades y constituye una ga rantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales. El derecho al debido proceso comprende un conjunto de principios materiales y formales entre los que se encue ntran el principio de legalidad, el principio del juez natural o legal, el principio de favorabilidad penal y el principio de presunción de inocencia, todos los cuales responden mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos fundamentales. Una vez se ha particularizado el derecho -garantía a un debido proceso, adquiere el carácter de derecho constitucional fundamental en beneficio de quienes integran la relación procesal. De esa manera quien se sienta amenazado o vulnerado por algún acto u omisión de la autoridad o de los sujetos de la relación procesal, podrá invocar y hacer efectivo los derechos que implícitamente hacen parte del debido proceso.”.

(…).

Según la Corte Constitucional el derecho fundamental al debido proceso es la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades dependa de su propio arbitro, sino que se encuentren sujetas a l os procedimientos señalados en la ley.

Del derecho al mínimo vital la jurisprudencia de la Corte Constitucional T -184 de 2009 reitera que el mínimo vital es un derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad

procedimientos señalados en la ley.

Del derecho al mínimo vital la jurisprudencia de la Corte Constitucional T -184 de 2009 reitera que el mínimo vital es un derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, pues constituye la porción de l os ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucionalExpediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

Ahora bien, aunque existen diferencias cualitativas en torno al mínimo vital, esto no significa que cualquier variación en los ingresos que una persona recibe acarrea una vulneración de este derecho. En efecto, existen cargas soportables, que son mayores cuando una persona tiene mejores ingresos que otras. Esto último no es exclusivo del mínimo vital, por el con trario, también se evidencia en la obligación alimentaria del derecho civil. Según el Código Civil, en el artículo 413, existen dos clases de alimentos: los congruos y los necesarios; siendo los primeros aquellos “(…) que habilitan al alimentado para subsi stir modestamente de un modo correspondiente a su posición social (…)”, y los segundos aquellos “(…) que dan lo que basta para sustentar la vida (…)”, incluyendo en ambos casos la posibilidad de educación y formación profesional o de cualquier oficio. En e ste orden de ideas, la misma legislación civil contempla la noción de carga soportable, pues el artículo 420 de dicho Código establece que “(…) los alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la parte

ideas, la misma legislación civil contempla la noción de carga soportable, pues el artículo 420 de dicho Código establece que “(…) los alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentar io no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social o para sustentar la vida.”

Del derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que a todas las personas debe dárseles el mismo trato y oportunidades en cualquier escenario.

En sentencia T-030/17 la Corte Constitucional ha determinado que “la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no p uedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras .”.

El Consejo de Estado referencia el artículo 13 de la Co nstitución Política done se regulan dos dimensiones del derecho a la igualdad, “: (i) La formal o ante la ley, que se fundamenta en que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y por ende deben recibir la misma protección y trato de las autor idades, y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación; y la (ii) material o de trato, según la cual el Estado debe adoptar

protección y trato de las autor idades, y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación; y la (ii) material o de trato, según la cual el Estado debe adoptar medidas positivas para superar las desigualdades de grupos que históricamente han si do discriminados, y de aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta ”.

Del Derecho al trabajo es entendida con la garantía de toda persona para ejercer una actividad lícita que le permita vivir con dignidad, sin discriminaci ón, y bajo condiciones laborales justas, equitativas y seguras. Esta garantía Implica la libertad de escoger o aceptar el trabajo, la protección contra el desempleo, la igualdad de salario por igual trabajo y el derecho a condiciones laborales dignas . Así se extrae del artículo 25 constitucional cuando indica que “…es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

De l a e stabilidad laboral relativa de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa. Reiteración de jurisprudencia.

Dicha estabilidad laboral encuentra sustento constitucional en el artículo 53, considerándose como el derecho que tiene todo trabajador a permanecer estable en su empleo, a menos de que exista una justa causa para su despido.

En la Sentencia T -064 de 2025, la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, como aquel que se deriva del derecho a

En la Sentencia T -064 de 2025, la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, como aquel que se deriva del derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Indica la providencia que la estabilidad laboral de los servidores públicos se determina por la forma de vinculación. Al respecto, se indicó recientemente en la Sentencia T-421 de 2024 que en cuanto a los funcionarios que desempeñan cargos en provisionalidad, la referida providencia indicó que están amparados por una estabilidad laboral relativa, lo que implica que solo pueden ser retirados de sus empleos por causales legales que deben expresarse claramente en el acto administrativo de desvinculación, como serían: la calificación de desempeño para esta modalidad de servidores, la comisión de faltas disciplinarias, la cesación de la situación que generó la vacancia o la provisión del cargo en p ropiedad por concurso de méritos.

La Corte Constitucional4, ha establecido que los derechos de los funcionarios nombrados en provisionalidad ceden frente a aquellas personas que ganaron el concurso de méritos. No obstante, ha reconocido un trato preferen te a los sujetos de especial protección constitucional que ocupan un cargo en provisionalidad, como (i) las madres y padres cabeza de familia, (ii) las personas próximas a pensionarse, o (iii) quienes estén en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una enfermedad. Si bien por esa sola circunstancia no se les otorga un derecho indefinido a permanecer en ese tipo de vinculación laboral (debido al derecho que ostentan las personas que acceden al cargo de

de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una enfermedad. Si bien por esa sola circunstancia no se les otorga un derecho indefinido a permanecer en ese tipo de vinculación laboral (debido al derecho que ostentan las personas que acceden al cargo de carrera por concurso de méritos), sí surge una obligación de propiciar un trato preferencial como medida de acción afirmativa.

La Corte Constitucional en Sentencia T -313 de 2024 estableció reglas jurisprudenciales para armonizar la importancia atribuida a la carrera administrativa basada en el mérito y el mandato constitucional de adoptar medidas especiales de protección para los funcionarios nombrados en provisionalidad que están en una especial situación de vulnerabilidad. Así indicó lo siguiente:

“(i) El mérito es el criterio que prevalece para la asignación de empleos en la carrera administrativa.

4 Entre otras, las Sentencias T-421 de 2024, T-313 de 2024, T-443 de 2022, y T-063 de 2022.Expediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

(ii) El trato preferencial no implica un derecho a permanecer de forma indefinida en un cargo provisional. Su vinculación se prolonga hasta que los cargos sea n provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional.

(iii) La entidad nominadora debe adoptar medidas afirmativas para los sujetos de especial protección constitucional, consistentes en (a) que sean los últimos en ser removidos de sus cargos; (b) y, en lo posible, vincularlos de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando.

protección constitucional, consistentes en (a) que sean los últimos en ser removidos de sus cargos; (b) y, en lo posible, vincularlos de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando.

(iv) La vinculación provisional en un nuevo cargo vacante requiere que se demuestre alguna circunstancia que implique especial protección constitucional al momento de su desvinculación y en la época del posible nombramiento.

(v) Si la vinculación a un nuevo cargo vacante no es posible po r la existencia de una persona con mejor derecho al haber ganado un concurso público, la entidad nominadora debe hacer el nombramiento si se abren vacantes en el futuro”.

De los requisitos jurisprudenciales para acreditar la condición de madre cabeza de hogar.

Este derecho encuentra su sustento Constitucional en los artículos 13 y 43 buscando colocar en un plano de igualdad a la mujer con el hombre en cuanto a sus cargas. As í, se ha establecido que para que pueda ser considerada madre cabeza de hogar se requiere: (i) Que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. (ii) Que esa responsabilidad sea de carácter permanente. (iii) No solo debe haber una ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que: (a) se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; o (b) no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o me ntal o, como es obvio, la muerte. (iv) Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la

poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o me ntal o, como es obvio, la muerte. (iv) Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria para sostener el hogar.

e). Caso concreto. Como se indicó, corresponde determinar si el derecho a la estabilidad laboral reforzada que se le amparó a la señora Laura Carolina Cogollo Rodríguez aplicable para el caso de que se presente en el futuro una vacante en la plata de personal de la entidad accionada, resulta insuficiente para garantizar su derecho como lo alega la parte actora, o si por el contrario, no se debe amparar dicho derecho a la actora, en razón a que el cargo que ocupa fue provisto por quien superó el concurso, y no existe otra vacante. Previo a resolver este planteamiento se valorará la situación fáctica y probatoria a fin de determinar el requisito de subsidiariedad del presente mecanismo judicial. Se encuentra acreditado y no es objeto de debate que , la señora Laura Carolina Cogollo Rodríguez al momento de presentación de la acción de tutela venía ocupando el cargo de Profesional Especializado, Grado 19, en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Así mismo, que la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó un concursoExpediente: 23-001-33-33-004-2025-00336-01

de méritos para proveer en propiedad los cargos ocupados en provisionalidad, entre ellos el que ocupa la accionante en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, habiendo igualmente expedido dicha comisión Resolución No. 5074 del 9 de mayo de 2025,

el que ocupa la accionante en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, habiendo igualmente expedido dicha comisión Resolución No. 5074 del 9 de mayo de 2025, mediante el cual conformó y adoptó la lista de elegibles para ocupar el cargo de Profesional Especializado, Grado 19 , en el cual aparece con mayor puntaje Fabio Alberto Salazar Lopera, y la actora en el puesto 825. Se encuentra acreditado que e l 30 de j ulio de 2025 6, la señora Laura C