TA COR - Sentencia 23001-33-33-005-2024-00061-01 (18-07-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz

Montería, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

APELACIÓN DE SENTENCIA

Medio De Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001 33 33 005 2024 00061 01

Demandante: José Yobanis Domico Bailarín Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG –

Departamento de Córdoba.

Tema: Sanción Moratoria Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante contra la sentencia proferida el día 30 de septiembre de 2024 , por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda1.

I. ANTECEDENTES

a) Fundamentos Facticos

El señor José Yobanis Domico Bailarín, labora como docente en los servicios educativos estatales en el Departamento de Córdoba, motivo por el cual, presentó solicitud ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FNPSM departamento de Córdoba, para reconocimiento y pago de cesantías parciales el 17 de octubre de 2020 , la cual fue reconocid a mediante Resolución N° 2587 del 9 de noviembre de 2020, y pagada el 28 de mayo de 2021, esto es, por fuera del término de 70 días establecidos en la ley.

2587 del 9 de noviembre de 2020, y pagada el 28 de mayo de 2021, esto es, por fuera del término de 70 días establecidos en la ley.

Que el 31 de julio de 2023, solicitó al Departamento de Córdoba el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, la cual fue resuelta negativamente mediante acto administrativo circular número 236 y notificado el 17 de agosto de 2023.

b) Pretensiones

Solicita que se declare la nulidad del acto administrativo, Circular número 236, notificado el 17 de agosto de 2023, frente a la petición presentada el día 31 de julio de 2023 , en cuanto negó el derecho a pagar la sanción moratoria por pago tardío de sus c esantías establecidos en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006 equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías ante la entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM) – Fiduprevisora y al departamento de Córdoba – Secretaría de Educación Departamental, a que le

1Se deja constancia que la sentencia en el presente asunto se profiere alterando el turno de los procesos que se encuentran pa ra fallo, por cuanto esta Corporación ya proferido decisiones sobre el tema objeto de debate; lo anterior en uso de las facultades

1Se deja constancia que la sentencia en el presente asunto se profiere alterando el turno de los procesos que se encuentran pa ra fallo, por cuanto esta Corporación ya proferido decisiones sobre el tema objeto de debate; lo anterior en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y por el parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 1285 de 20091, los cuales establecen que se podrá determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio de los proyectos de sentencia.Radicado: 23001 33 33 005 2024 00061 01 2

reconozca y pague al demandante la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

Asimismo, solicitó que se dé cumplimiento al fallo de acuerdo con el artículo 192 y subsiguientes del CPACA, se den los ajustes al valor conforme al IPC, se reconozca el pago de intereses moratorios, y se condene al pago de costas.

c) Contestaciones de la demanda

• Departamento de Córdoba2

El apoderado del Departamento de Córdoba contestó la demanda y se opone a toda y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte demandante, manifiesta que en el evento que al demandante le asista el derecho, no es responsabilidad del departamento quien deba reconocer y pagar el derecho a la indemnización moratoria reclamada sino el Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, debido a que el actor

que al demandante le asista el derecho, no es responsabilidad del departamento quien deba reconocer y pagar el derecho a la indemnización moratoria reclamada sino el Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, debido a que el actor se encuentra afiliado al Fondo.

Finalmente propuso excepciones: i) prescripción extintiva, ii) falta de legitimidad en la causa por pasiva, iii) improcedencia del pago con recursos del departamento de Córdoba, iv) cobro de lo no debido frente al departamento de Córdoba, y v) genérica o innominada.

• Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG3

Se opuso a todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la demanda, indica que se opone a que se declare la existencia de un acto ficto o presunto en contra del FOMAG, puesto que la petición no fue presentada al FOMAG, sino hacia el ente territorial, por lo tanto, no puede predicarse un silencio administrativo negativo, de una petición de la cual no tuvo conocimiento.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, alegando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad y obligació n del pago de la sanción le corresponde al ente territorial que de manera extemporánea expidió la resolución que otorga las cesantías.

Solicitó que sea desvinculado del proceso por carecer de responsabilidad, finalmente propuso las siguientes excepciones i) falta de legitimidad en la causa por pasiva, ii) cobro indebido de la sanción moratoria, iii) buena fe, e iv) improcedencia de imposición de costas procesales.

• Fiduprevisora S.A.4

siguientes excepciones i) falta de legitimidad en la causa por pasiva, ii) cobro indebido de la sanción moratoria, iii) buena fe, e iv) improcedencia de imposición de costas procesales.

• Fiduprevisora S.A.4

La entidad se opuso a todas y cada una de las pretensiones señaladas por la parte demandante, toda vez que carecen de sustento factico y jurídico necesario para que las mismas prosperen, solicitó que se nieguen en su totalidad las condenas en contra de la Fiduprevisora S.A

Que la entidad actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, más no en posición propia. Siendo importante igualmente señalar que las pretensiones, literalmente no deben dirigirse contra esa entidad.

2 C01, Pdf 08Contetación de la demanda 3 C01, Pdf 09Contetación de la demandaFomag 4 C01, Pdf 10Contetación de la demandaFiduprevisoraRadicado: 23001 33 33 005 2024 00061 01 3

Propuso Finalmente las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) cobro de lo no debido, iii) Enriquecimiento sin justa causa, iv) Indebida Composición de la parte pasiva – Fiduprevisora S.A, v) inexistencia en la reclamación del derecho y vi) excepción innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, profirió sentencia el 30 de septiembre de 2024, el cual negó las pretensiones de la demanda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, profirió sentencia el 30 de septiembre de 2024, el cual negó las pretensiones de la demanda.

Argumentó que la fecha de presentación de la solicitud de las cesantías parciales fue 17 de octubre de 2020 , en el cual aportó documento denominado « consulta requerimiento », sin embargo, en dicho no documento no se puede establecer quien presentó la solicitud de cesantías, debido a que el ciudadano aparece que la presentó es «Coomulfinanciera» argumentando que no corresponde al demandante ni al apoderado , por tanto, el juez de primera instancia no tomó como válida la fecha de radicación del 17 de octubre de 2020, sino la que aparece en la parte considerativa del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, que señala como fecha de radicación de la solicitud de las cesantías el 28 de octubre de 2020.

Que el reconocimiento de las cesantías parciales a favor del actor fue reconocido mediante Resolución 002587 del 9 de noviembre de 2020, la cual fue notificada el 16 de abril de 2021 fecha en la cual el demandante tuvo acceso al acto administrativo, y que fueron pagadas el 28 de mayo de 2021.

Manifestó que el 31 de julio de 2023, el actor solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, ante la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, mediante Circular No. 236, notificada el día 17 de agosto de 2023. la cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

Indicó que conforme a la jurisprudencia del Consejo de estado que el t érmino de inicio de la

236, notificada el día 17 de agosto de 2023. la cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

Indicó que conforme a la jurisprudencia del Consejo de estado que el t érmino de inicio de la sanción moratoria varía según la hipótesis en la que se encuentre el caso concreto acorde a las reglas fijadas por el alto tribunal; que la fecha de presentación de la solicitud y reclamo de las cesantías fue el 17 de octubre de 2020, y la fecha de reconocimiento de cesantías ocurrió el 9 de noviembre de 2020 , dentro del término las cuales fueron notifi cadas el 16 de abril de 2021, y pagadas el 28 de mayo de 2021, aclarando que los 15 días con los que contaba la entidad territorial para expedir el acto de reconocimiento de las cesantías parciales tenía como fecha límite el 10 de noviembre de 2020, no obstante, dicho acto se expidió el 9 de noviembre de 2020, encontrándose dentro del término contenido en el artículo 4° de la Ley 1071 de 2006.

Concluyó que no se causó mora a favor de la parte demandante y a cargo de las entidades demandadas, toda vez que la ley establece que los términos administrativos para contabilizar el inicio de la causación de la sanción conforme el procedimiento surtido en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas del caso en estudio, corresponderían a 10 días posteriores a certificación de acceso al acto, 45 días posteriores a la ejecutoria, para un total de 55 días posteriores a la notificación, por ser este un acto escrito en tiempo.

En ese sentido el despacho advirtió que las cesantías fueron canceladas el 28 de mayo de 2021,

55 días posteriores a la notificación, por ser este un acto escrito en tiempo.

En ese sentido el despacho advirtió que las cesantías fueron canceladas el 28 de mayo de 2021, y la fecha de vencimiento para el pago de estas se encontraba previsto para el 8 de julio de 2021, por lo cual fueron canceladas antes de finalizar el término estipulado según la sentenci a de unificación.

Finalmente, declaró probadas las excepciones denominadas «cobro de lo no debido frente al departamento de Córdoba», propuesta por el Departamento de Córdoba, « cobro indebido de laRadicado: 23001 33 33 005 2024 00061 01 4

sanción moratoria» propuesta por la Nación – Min Educación – FOMAG y «cobro de lo no debido» propuesta por la Fiduprevisora S.A.

III. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte demandante, inconforme con lo decidido en primera instancia, interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque el fallo, manifestando que el a quo no tomó de manera correcta el conteo de los términos de la responsabilidad de la sanción por mora, dispuesto en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, que establece una serie de reglas para la contabilización de la sanción mora, arguyendo que para el presente caso se debe contabilizar en la siguiente forma por ser un acto escrito en tiempo y «Notificado Fuera de Término» por lo tanto, la sanción por mora empieza a contabilizarse a los 67 días posteriores a la expedición del acto administrativo, es decir:

Solicitud reconocimiento de cesantías: 17 de octubre de 2020

la sanción por mora empieza a contabilizarse a los 67 días posteriores a la expedición del acto administrativo, es decir:

Solicitud reconocimiento de cesantías: 17 de octubre de 2020 Fecha oportuna de elaboración y notificación de la Resolución: 09 de noviembre de 2020

Resolución de reconocimiento: 002587 del 09 de noviembre de 2020

Fecha de Notificación: 16 de abril de 2021

Fecha oportuna para pago de cesantía: 17 de febrero de 2021 (67 días) Fecha pago efectivo de cesantía: 28 de mayo de 2021

De este modo, se tiene que desde la fecha de reconocimiento de las cesantías 09 de noviembre de 2020 los 67 días fenecían el 17 de febrero de 2021 y la fecha que finalmente fueron canceladas las cesantías el 28 de mayo de 2021, transcurrieron 100 días sanción por mora.

De lo anterior, concluyo que el despacho de primera instancia pasa por alto el hecho de que la notificación del acto administrativo que reconoció las cesantías reviste de mucha importancia, ya que el mismo fue notificado por fuera del término establecido por ley.

Finalmente, hizo referencia a la sentencia SUJ -SII-012-2018 del H. Consejo de Estado, donde se trató el problema sobre el ajuste de la sanción reclamada, y que, con fundamento en dicha sentencia se concluye que hay lugar a la aplicación del artículo 187 del C.P.A.C.A. en este este caso en concreto de ajuste de condena. Por lo anterior, solicita sea revocada parcialmente la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se ordene a conceder el total de las prestaciones de la demanda, teniendo en

caso en concreto de ajuste de condena. Por lo anterior, solicita sea revocada parcialmente la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se ordene a conceder el total de las prestaciones de la demanda, teniendo en cuanta que las sumas reconocidas sean ajustadas tomando como base el índice de precio al consumidor según lo señalado por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente hábil que cesó la causación de la sanción hasta la fecha de ejecutoria de la sente ncia. y que en adelante corran los intereses consagrados en los artículos 192 y 195 ibidem.

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 12 de marzo de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante. No hubo intervención de las partes en esta instancia.

A través de auto de fecha 31 de marzo de 2025, se ordenó oficiar a la Secretaría de Educación departamental de Córdoba para que con destino a este proceso allegar a copia íntegra del expediente de tipo administrativo, en especial la hoja de revisión correspondiente al trámite realizado del docente José Yobanis Domico Bailarín , frente a la solicitud de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías5, procediendo la parte requerida a enviar lo solicitado6

5 C01, PDF01Demanda, folio 26 6 C02, PDF12Memorialpruebas.Radicado: 23001 33 33 005 2024 00061 01 5

El 05 de junio de 20257, por Secretaría se corrió traslado de la prueba allegada, procediendo la parte demandante a descorrer el mismo8.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

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El 05 de junio de 20257, por Secretaría se corrió traslado de la prueba allegada, procediendo la parte demandante a descorrer el mismo8.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación ya identificada.

5.1. Problema jurídico

Examinado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de la sentencia apelada tenemos que el problema jurídico se centra en: - Determinar si el acto administrativo fue notificado por fuera del término legal, o si por el contrario se realizó la notificación dentro del término establecido por ley, para efectos de realizar el conteo de la sanción moratoria, si hay lugar a ello.

• Establecer si en el presente asunto procede el ajuste a la condena conforme a lo dispuesto en el artículo 187 CPACA.

Para solventar el mérito del sub examine, la Sala hará alusión a los siguientes temas alegados en el proceso a saber: (i) Normatividad aplicable y (ii) Caso concreto.

5.2.- Premisa Normativa y jurisprudencial.

El artículo 1° de la Ley 244 de 1995-subrogado por el artículo 4° de la Ley 1071 de 2006dispone que la entidad empleadora o aquella que tenga a cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir el acto administrativo correspondiente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud del peticionario -sin perjuicio de solicitudes incompletas que deban subsanarse, para

deberá expedir el acto administrativo correspondiente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud del peticionario -sin perjuicio de solicitudes incompletas que deban subsanarse, para que inicie el señalado plazo -. Asimismo, el artículo 2° ídem, dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir del momento en que quede en firme el acto administrativo de reconocimiento parcial o definitivo de cesantías, para efectuar el pago de la prestación.

Por su parte, el parágrafo único del artículo 2. ° de la Ley 244 de 1995 -subrogado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006-, establece que “...la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas…”. (Se destaca)

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 (exp. 4961-15, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), precisó a partir de qué fecha se causa la sanción moratoria cuando no se dio respuesta a la petición de cesantías, o la expedición del acto fue extemporánea. Es así, como el aludido cuerpo colegiado adujo que:

La Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social - cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días

o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.1071/2006), 10 del

7 C02,PDF13Traslado 8 Archivo PDF 15, C02.Radicado: 23001 33 33 005 2024 00061 01 6

término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia referida, sentó jur isprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere, la sanción moratoria se causa 65 o 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento de las cesantías, de pendiendo si en ese momento se encontraba rigiendo el Decreto 01 de 1984 o la Ley 1437 de 2011, por efectos del plazo para interponer los recursos.

Adicionalmente, en esa providencia, se revisaron otras situaciones que dan lugar a la mora penalizada pec uniariamente, las cuales, por efectos prácticos, se describen en el siguiente cuadro:

recursos.

Adicionalmente, en esa providencia, se revisaron otras situaciones que dan lugar a la mora penalizada pec uniariamente, las cuales, por efectos prácticos, se describen en el siguiente cuadro:

Hipótesis  Notificación  Ejecutoria  Término pago cesantía Causación sanción moratoria PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica  10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición Acto escrito en tiempo  Personal   10 días siguientes a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación Acto escrito en tiempo  Electrónica  10 días después de la certificación de acceso al acto. 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación. Acto escrito en tiempo  Aviso   10 días posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso

Acto escrito en tiempo  Aviso   10 días posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso Acto escrito en tiempo  Sin notificar o notificado fuera de término 10 días posteriores al intento de notificación personal 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto administrativo Acto escrito en tiempo  Renunció  Renunció  45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia Acto escrito en tiempo  Interpuso recurso  Después de notificado el acto que decide el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve el recurso Acto escrito, recurso sin resolver Interpuso recurso  Después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recurso

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1955 de 2019 7, se modificó el trámite previsto para el reconocimiento de cesantías, pues de una actuación conjunta entre la entidad territorial y la Fiduciaria, se redujo a un solo partícipe en la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías. También, se dispuso: (i) la prohibición expresa de decretar e l pago de

Fiduciaria, se redujo a un solo partícipe en la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías. También, se dispuso: (i) la prohibición expresa de decretar e l pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del FOMAG, lo que incluye a la sanción moratoria por pago tardío de cesantías; (ii ) la obligación legal de que las entidades territoriales asuman con sus propio s recursos el pago de las sanciones por mora en el pago de cesantías, cuando la mora se cause por cuenta del retraso imputable a estas.

Obsérvese entonces que además de la modificación al procedimiento para reconocer las cesantías, en el sentido de que a partir de la entrada en vigor de dicha ley, la entidad territorial sería la encargada de forma exclusiva en la expedición del acto administrativo de reconocimiento de dicha prestación, se estableció una responsabilidad directa del pago de la sanción moratoria que se llegase a generar por el retardo en el pago de las cesantías, asignando ahora a lasRadicado: 23001 33 33 005 2024 00061 01 7

entidades territoriales la obligación de acudir a saldar la mora que por cuenta del incumplimiento de sus obligaciones en el trámite de reconocimiento se hubiera generado.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre la indexación y ajuste de valor de condena en la sanción moratoria.

Así, mediante el numeral 4 del artículo 187 del C.P.A.C.A se indica lo siguiente:

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella

moratoria.

Así, mediante el numeral 4 del artículo 187 del C.P.A.C.A se indica lo siguiente:

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doc trinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. (...) Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor. PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 61 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. (negrillas fuera del texto original)

la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. (negrillas fuera del texto original) Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio del 2018, precisó respecto a la indexación: La indexación se constituye en uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir, aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda determinada entre las que se cuentan, por supuesto, las de índole laboral, en la medida que el fenómeno inflacionario produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda. Esta figura, nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda, cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de manera que, en aplicación de principios como el de equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos. Asimismo, es pertinente hacer referencia a la sentencia de 26 de agosto de 2019 emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado2, mediante la cual se da mayor claridad en cuanto a los términos de indexación y ajuste de condena en relación con la sanción moratoria, así: Por consiguiente, en razón a que la indemnización moratoria constituye una penalidad ante el incumplimiento de los plazos previstos en la ley para el reconocimiento y pago de las cesantías, en

Por consiguiente, en razón a que la indemnización moratoria constituye una penalidad ante el incumplimiento de los plazos previstos en la ley para el reconocimiento y pago de las cesantías, en consecuencia, no está sujeta a una indexación monetaria. En virtud de lo anterior y en acatamiento del precedente de unificación, en el presente ca so no procede la indexación del valor a cancelar por sanción moratoria a la demandante, en los términos solicitados en la demanda. No obstante, es importante precisar la frase consignada en la sentencia de unificación reseñada, cuando indica que “[…] Sin embargo, ello no implica el ajuste a valorRadicado: 23001 33 33 005 2024 00061 01 8

de la condena eventual, en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA .[…]”, porque ha dado lugar a varias interpretaciones entre quienes consideran que 1) sí hay lugar a aplicar el artículo 187 desde que termina de causarse la sanción, 2) quienes señalan que la indexación opera luego de la ejecutoria de la sentencia y 3) aquellos que entienden que en ningún caso hay lugar a la indexación de la sanción moratoria como tal. Por tanto, según el contexto de la sentencia de unificación, aquella quiso precisar que no es posible indexar la sanción moratoria mientras esta se causa, sin que ello sea obstáculo para aplicar el artículo 187 del CPACA por tratarse de una condena al pago de una cantidad líquida de dinero. De lo anterior se colige que la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación es la siguiente: Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una suma total, ese valor total sí es objeto de

siguiente: Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una suma total, ese valor total sí es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada la condena no procede indexación, sino que se generan los intereses según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA (se destaca). En virtud de lo anterior, se modificará la orden que al respecto dio el a quo frente a la indexación, en el sentido de que el valor total generado por sanción moratoria se ajustará en su valor tomando como base el índice de precios al consumidor conforme lo dispone el art. 187 del CPACA a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria su causación (…) hasta la fecha de ejecu