TA COR - Sentencia 23001-33-33-005-2025-00194-01 (20-08-2025)

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SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente Pedro Olivella Solano

Montería, veinte (20) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

DECIDE IMPUGNACIÓN DE TUTELA Radicación: 23001333300520250019401

Accionante: Saidy Luz Pacheco Martínez Accionados: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil –

CNSC.

I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se decide la impugnac ión presentada por l a accionada Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN frente al fallo de 26 de junio de 2025 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería mediante el cual concedió amparo constitucional; este Tribunal Administrativo confirmará la decisión.

II. ANTECEDENTES

2.1. Derecho fundamental invocado

✓ Igualdad ✓ Debido Proceso administrativo ✓ Trabajo y Acceso a Cargos Públicos 2.2. Petición de amparo a) Se solicita la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso administrativo, estabilidad laboral, expectativa legítima, confianza legítima, acceso a la carrera administrativa y al trabajo, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas. b) Se ordene a la DIAN reportar ante la CNSC, en un término perentorio, todas las vacantes definitivas del empleo OPEC 198334 (Analista II, Código 202, Grado 2), incluyendo aquellas

b) Se ordene a la DIAN reportar ante la CNSC, en un término perentorio, todas las vacantes definitivas del empleo OPEC 198334 (Analista II, Código 202, Grado 2), incluyendo aquellas ocupadas provisionalmente, en encargo, creadas después del concu rso, usadas en traslados masivos y no utilizadas. c) Se ordene a la DIAN solicitar a la CNSC autorización para usar 25 cargos en vacancia definitiva, reconocidos en respuesta a derecho de petición dirigida a Lyly Johanna Rodríguez García el 21 de mayo de 2025.Página 2 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

CO-SC5780-99 d) Se ordene a la DIAN solicitar autorización para el uso de la totalidad de la lista de elegibles del empleo OPEC 198334, contenida en la Resolución N.º 7338 del 12 de marzo de 2024, las cuales cuentan con respaldo presupuestal. e) Se ordene a la DIAN, una vez obtenida dicha autorización, nombrar en período de prueba a todas las personas incluidas en la lista de elegibles, dado que hay más vacantes que personas elegibles. f) Se ordene a la CNSC publicar en el aplicativo SIMO los registros de los nombr amientos y posesiones relacionados con el empleo OPEC 198334. g) Se condene, ultra y extra petita, a la DIAN y a la CNSC por vulneraciones a otros derechos fundamentales que se evidencien en el proceso, aun si no fueron expresamente alegados. h) Se ordene a la DIAN y a la CNSC que, de forma coordinada y armónica, inicien dentro

derechos fundamentales que se evidencien en el proceso, aun si no fueron expresamente alegados. h) Se ordene a la DIAN y a la CNSC que, de forma coordinada y armónica, inicien dentro de un plazo efectivo las actuaciones administrativas necesarias para cumplir el fallo. i) Se extiendan los efectos del fallo a todas las personas de la lista de elegibles de la Resolución N.º 7338 del 12 de marzo de 2024, siempre que estén en condiciones similares a los accionantes. j) Se prevenga al Consejo Superior de la Judicatura para que todos los jueces constitucionales garanticen un tratamiento igualitario y uniforme en procesos relacionados, conforme a la Sentencia C-197 de 2025 y los derechos fundamentales protegidos en esta acción. 2.3. Síntesis de los hechos que originan la tutela La señora Saidy Luz Pacheco Martínez participó en el proceso de selección DIAN 2022, convocado por la CNSC y la DIAN mediante el Acuerdo CNSC -CNT2022AC000008 de 2022, modificado por el Acuerdo No. 24 de 2023, con el fin de proveer empleos de carrera administrativa en la planta de personal de la DIAN. Dentro de dicha convocatoria se ofertó el cargo de ANALISTA II, código 202, grado 2, identificado con la OPEC No. 198334, inicialmente con 15 vacantes definitivas y posteriormente mediante Decreto 419 de 2023 se creó una ampliación de planta que incluyó 448 cargos adicionales del mismo perfil. El 12 de marzo de 2024 la CNSC conformó la lista de elegibles para dicho cargo mediante la Resolución No. 7338 la cual cobró firmeza el 21 de marzo del mismo año, no obstante la

El 12 de marzo de 2024 la CNSC conformó la lista de elegibles para dicho cargo mediante la Resolución No. 7338 la cual cobró firmeza el 21 de marzo del mismo año, no obstante la DIAN ha omitido utilizar dicha lista para el nombramiento en vacantes definitivas priorizando el nombramiento en encargo y provisionalidad de personas que no superaron el concurso contrariando lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto Ley 0927 de 2023, la Ley 1960 de 2019 y la jurisprudencia constitucional, especialmente las senten cias C-331 de 2022 y C -Página 3 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

CO-SC5780-99 197 de 2025, esta última que declaró inexequible la restricción al uso de listas cuando el cargo está ocupado en provisionalidad o encargo.

Asimismo, se señala que la DIAN en el oficio No. 100202151-444 del 12 de septiembre de 2024 excluyó injustificadamente la OPEC No. 198334 de la solicitud de uso de listas dirigida a la CNSC a pesar de incluir otras OPEC de similares características, configurándose así una vulneración al principio de igualdad, al derecho de acceso al empleo público por mérito y al debido proceso pese a haber superado el concurso y estar incluida en lista de elegibles en firme, la peticionaria se ve privada de su derecho al nombramiento en carrera, mientras la entidad continúa proveyendo los cargos con personal transitorio, en desconocimiento del principio de mérito y del uso obligatorio de listas vigentes.

2.4. Conductas de la entidad accionada y vinculada

la entidad continúa proveyendo los cargos con personal transitorio, en desconocimiento del principio de mérito y del uso obligatorio de listas vigentes.

2.4. Conductas de la entidad accionada y vinculada

2.4.1. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

La entidad en informe del 13 de junio de 2025 solicitó negar la acción de tutela por improcedente argumentando que la DIAN no vulneró los derechos fundamentales alegados, indicó que la accionante se inscribió para el cargo Analista II (OPEC 198334) el cual contaba con 15 vacantes y ocupó el puesto 95 por esta razón no alcanzó la posición meritoria para el nombramiento, t ras la ampliación de la planta la accionante solicitó nombramiento en período de prueba conforme al artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 por lo que la entidad accionada responde que deben analizar el uso de la lista conformada por la Resolución 7338 de marzo de 2024 la cual tiene una vigencia de dos años. La entidad señaló que la accionante tuvo seis meses desde la firmeza de la li sta para reclamar, incumpliendo el requisito de inmediatez y además no acreditó perjuicio urgente ni agotó mecanismos ordinarios como la jurisdicción contencioso -administrativa. Expuso que la DIAN tiene un sistema especifico de carrera administrativa que permite a la entidad adoptar su propio régimen normativo en la administración de su planta de personal, donde existen listas vigentes para el cargo con funciones distintas, por lo que la inclusión en la lista es solo expectativa y no derecho cierto. Finalmente informó que, de las 15 vacantes ofertadas,

su propio régimen normativo en la administración de su planta de personal, donde existen listas vigentes para el cargo con funciones distintas, por lo que la inclusión en la lista es solo expectativa y no derecho cierto. Finalmente informó que, de las 15 vacantes ofertadas, 14 fueron provistas, una derogada, y hay un trámite de recomposición de lista en curso.

2.4.2. Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC La entidad presentó informe el 16 de junio de 2025, adjuntando los siguientes documentos: constancia expedida por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) con fecha 16 de junioPágina 4 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

CO-SC5780-99 de 2025; Circular Externa 2024RS096973, del 12 de julio de 2024, emitida por el presidente de la CNSC; Resolución No. 7338 del 12 de marzo de 2024, mediante la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer quince vacantes definitivas del empleo Analista II, Código 202, Grado 2, en la Unidad Administrativa Especial DIAN, dentro del Proceso de Selección DIAN 2022, expedida por la presidenta de la CNSC; y Acuerdo No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, que convoca y establece las reglas del Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva en la planta de personal de la DIAN, con sus anexos, emitido por la CNSC. 2.4.3. Miembros de la lista de elegible conformada mediante Resolución No. 7338

Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva en la planta de personal de la DIAN, con sus anexos, emitido por la CNSC. 2.4.3. Miembros de la lista de elegible conformada mediante Resolución No. 7338 del 12 de marzo de 2024 de la OPEC No. 198334. La señora Leidy Vanessa Mattos Tordecilla presentó informe el 16 de junio de 2025, como vinculada por pertenecer a la lista de elegibles OPEC No. 198334. Apoyó las pretensiones de la accionante, señalando que la DIAN vulnera sus derechos fundamentales al n egarse a utilizar las listas de elegibles para cubrir vacantes definitivas generadas después de la convocatoria. Los demás integrantes de la lista no participaron en esta etapa, pese a haber sido notificados. 2.5. Fallo de primera instancia En el fallo de primera instancia se ampara los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la confianza legítima de la señora Saidy Luz Pacheco Martínez y ordena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC que dentro del término de diez (10) días hábiles realicen un estudio técnico de equivalencia entre los cargos creados mediante el Decreto 0419 de 2023 y el cargo identificado con la OPEC No. 198334 dando cuenta de su motivación ; Obtenidos los resultados del anterior estudio la DIAN deberá reportar dichas vacantes a la CNSC en tres días hábiles y solicitar la autorización para usar la lista de elegibles. La CNSC tendrá tres días hábiles para remitir la lista correspondiente de la que la DIAN deberá efectuar los nombramientos en estricto orden de mérito.

tres días hábiles y solicitar la autorización para usar la lista de elegibles. La CNSC tendrá tres días hábiles para remitir la lista correspondiente de la que la DIAN deberá efectuar los nombramientos en estricto orden de mérito. La presente decisión se origina a partir de la acción de tutela interpuesta por la señora Saidy Luz Pacheco Martínez quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso administrativo y a la confianza legítima por parte de la DIAN y la CNSC al no haber sido tenida en cuenta para la provisión de vacantes equivalentes al cargo para el cual se encuentra en lista de elegibles, por consiguiente se tuvier on en cuenta las pruebas allegadas al expediente el Despacho y se constató que la accionante ocupa el puesto número 95 en la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 7338 del 12 de marzo de 2024, para el cargo de Analista II, Código 202, Gr ado 2, OPEC No. 198334, en el marco del concurso DIAN 2022 la cual se encuentra vigente hasta el 20 de marzo de 2026 y permite su uso no solo para las vacantes ofertadasPágina 5 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

CO-SC5780-99 inicialmente, sino también para aquellas que se generen con posterioridad siempre que los empleos sean equivalentes. No obstante, mediante el Decreto 0419 de 2023 la DIAN creó 448 nuevos cargos de Analista II, varios de los cuales comparten la misma denominación, código, grado y ficha técnica que el cargo de la OPEC por el cual concursó la accionante, a pesar de ello la

Analista II, varios de los cuales comparten la misma denominación, código, grado y ficha técnica que el cargo de la OPEC por el cual concursó la accionante, a pesar de ello la DIAN sostuvo que estas vacantes pertenecen a otros subgrupos funcionales misionales, sin realizar un estudio técnico que demuestre la no equivalencia entre los cargos, por esta razón el Despacho considera que esta omisión vul nera el derecho al debido proceso administrativo y la confianza legítima de la accionante toda vez que el ordenamiento jurídico vigente, incluyendo el artículo 36 del Decreto Ley 0927 de 2023 y la Sentencia C197 de 2025 de la Corte Constitucional establece la obligación de proveer por mérito las vacantes equivalentes mediante el uso de listas de elegibles vigentes, incluso para aquellas generadas posteriormente a través de la ampliación de la planta.

2.6. Impugnación La entidad accionada impugna el fallo de tutela y expone que la acción de tutela no es procedente contra la DIAN en lo relacionado con la solicitud de autorización para el uso de la lista de elegibles correspondiente a la OPEC No. 198334 dado que no se co nfigura vulneración alguna de derechos fundamentales a la accionante ya que mediante la Resolución No. 7338 del 12 de marzo de 2024 se conformó y adoptó la mencionada lista para proveer quince (15) vacantes definitivas del empleo denominado Analista II, Có digo 202, Grado 2, en el marco del Proceso de Selección DIAN 2022 – Ingreso, por esta razón la accionante al ocupar la posición número 95 en dicha lista no accede a ninguna de las vacantes ofertadas en la convocatoria, por lo cual no se encuentra afectado su núcleo esencial de derechos.

la accionante al ocupar la posición número 95 en dicha lista no accede a ninguna de las vacantes ofertadas en la convocatoria, por lo cual no se encuentra afectado su núcleo esencial de derechos. Resaltó en la impugnación que no hay mérito para alegar una afectación ya que actuó dentro del marco normativo aplicable al concurso de méritos, específicamente bajo el Acuerdo No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022 el cual regula integralmente el proceso de selección, siendo obligatorio tanto para la entidad, como para las empr esas encargadas de su ejecución y para los aspirantes. En cumplimiento de dicho marco, la entidad ha efectuado los nombramientos en periodo de prueba a favor de los aspirantes que alcanzaron los mejores puntajes para las vacantes dispuestas. Asimismo, manifiesta que en este caso concreto el cargo ofertado no tiene una duración determinada por norma constitucional o legal y que la accionante no ocupa el primer lugar en la lista de elegibles , que el asunto no contiene elementos que estén por fuera del control jurisdiccional administrativo y tampoco resulta desproporcionado exigir el agotamiento del medio judicial ordinario, ya que la lista conserva vigencia hasta el 21 de marzo de 2026.Página 6 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

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También manifiesta que el ejercicio de las competencias que son conferidas al Director General de la DIAN mediante los artículos 8 y 13 del Decreto Ley 927 de 2023 no vulnera derecho fundamental alguno por ende d icho funcionario cuenta con la autonomía para

También manifiesta que el ejercicio de las competencias que son conferidas al Director General de la DIAN mediante los artículos 8 y 13 del Decreto Ley 927 de 2023 no vulnera derecho fundamental alguno por ende d icho funcionario cuenta con la autonomía para definir la provisión y distribución de los empleos resultantes de la ampliación de la planta institucional, conforme a los criterios establecidos en el artículo 3 del Decreto 419 de 2023. En consecuencia, la entidad accionada solicita respetuosamente a los honorables magistrados de segunda instancia revoc ar la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería, dado que la misma desconoció los argumentos de defensa presentados por la DIAN y en su lugar negar el amparo constitucional solicitado al no haberse acreditado la vulneración de derecho fundamental alguno.

III CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. La acción de tutela como mecanismo de protección constitucional

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Del texto de esa norma constitucional y de su desarrollo jurisprudencial se ha interpretado en forma reiterada que la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no existan otros medios ordinarios de defensa judicial o cuando ese medio judicial es claramente ineficaz para la efectiva protección de los derechos fundamentales; eventos en los cuales la tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.2. El derecho fundamental al trabajo

El derecho al trabajo se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política de 1991 y en los convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano. La Corte

3.2. El derecho fundamental al trabajo

El derecho al trabajo se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política de 1991 y en los convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano. La Corte Constitucional ha destacado que el trabajo como valor, principio, derecho y obligación social fue catalogado por el Constituyente de 1991 como un principio informador, sobre el cual gira la confi guración de Estado social de derecho por consiguiente, no es solamente un derecho a través del cual el individuo obtiene recursos que le permiten sufragar sus necesidades básicas, sino que también constituye una obligación social que se traduce en un mecanismo de incorporación de la persona a la colectividad como sujeto que se dignifica a través del aporte que hace al desarrollo de la comunidad.

3.3. El derecho fundamental al debido proceso

En cuanto al derecho al debido proceso, el artículo 29 Constitucional prevé que el debido proceso se aplica tanto actuaciones judiciales como administrativas. En ese sentido, suPágina 7 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

CO-SC5780-99 eficacia no solamente conlleva el cumplimiento de ritualidades que dispone el ordenamiento jurídico, sino la garantía para la protecc ión de otros derechos constitucionales. La Corte Constitucional en sentencia T-262 de 2019, indicó que este derecho es «el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el

con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción». De la misma manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido los elementos del derecho fundamental al debido proceso, dentro de los cuales se encuentran: (…) (iii) El derecho a la defensa, que consiste en la facultad de pedir y allegar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, formular peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten. El ejercicio de este derecho tiene como presupuesto indispensable la publicidad del proceso, mediante las citaciones para obtener comparecencia, los traslados de actos procesales de las partes o de los auxiliares de la justicia y las notificaciones, comunicaciones y publicaciones de las decisiones adoptadas. (iv) El derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de legalidad de la función pública y de independencia funcional del juez, con prevalencia del derecho sustancial (Arts. 6º, 121, 123, 228 y 230 C. Pol.) (v) El derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones Injustificadas

3.4. El derecho al acceso a cargos públicos y al mérito

Sobre los derechos al acceso a cargos públicos y al mérito es preciso indicar que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia estableció el régimen de carrera como

3.4. El derecho al acceso a cargos públicos y al mérito

Sobre los derechos al acceso a cargos públicos y al mérito es preciso indicar que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia estableció el régimen de carrera como mecanismo general para acceder a los empleos en las entidades de Estado y validó el mérito como regla general para la provisión de cargos en las instituciones estatales, determinando que en los órganos y entidades de esa naturaleza, los empleos son de carrera con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y aquellos que expresamente determine el Legislador. En tal sentido, de acuerdo con el artículo 4° de la Ley 909 de 2004, se entiende por sistemas específicos de carrera administrativa aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanen cia, ascenso y retiro del personal y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública, s e estableció igualmente en el mismo artículo que la vigilancia de estos sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil. La carrera administrativa y el concurso de méritos constituyen un sistema técnico de gestión del recurso humano en el sector público orientado a promover los principios de igualdad, imparcialidad y meritocracia, este mecanismo garantiza que el acceso a los cargos públicosPágina 8 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

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CO-SC5780-99 se realice exclusivamente con base en la idoneidad y capacidad del servidor público eliminando la discrecionalidad y los criterios arbitrarios de esta manera el ingreso mediante concurso de méritos busca garant izar la eficiencia, eficacia y transparencia en la función administrativa, salvaguardando los derechos laborales de los servidores como la estabilidad y la igualdad de oportunidades, principios reafirmados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-011 de 2018. El sistema de carrera administrativa cumple un rol fundamental en el Estado Social de Derecho ya que asegura que la administración pública esté integrada por servidores idóneos cuya experiencia y formación contribuyen a la adecuada prestación del servicio público y a la consecución de los fines estatales , la pérdida del mérito como criterio rector compromete la finalidad misma de este sistema. La provisión temporal de cargos por encargo o provisionalidad constituye una excepción justificada mientr as se realiza el concurso respectivo; sin embargo, los funcionarios en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral intermedia y su desvinculación debe fundamentarse en acto administrativo motivado, finalmente, las reglas establecidas para los concursos de méritos tienen carácter vinculante y solo pueden modificarse si resultan contrarias a la Constitución, a la ley o vulneran derechos fundamentales, conforme a lo señalado en la Sentencia SU-913 de 2009. 3.5. El derecho a la Igualdad El derecho a la igualdad se encuentra previsto en el artículo 1317 de la Constitución Política de 1991, por tanto, como derecho subjetivo está relacionado con la identificación de los

3.5. El derecho a la Igualdad El derecho a la igualdad se encuentra previsto en el artículo 1317 de la Constitución Política de 1991, por tanto, como derecho subjetivo está relacionado con la identificación de los límites que tiene el legislador respecto de los derechos de las personas. Así, conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional 18, el precitado derecho ofrece dos (2) dimensiones normativas: estas son, la interna, la cual se encuentra establecida en la Constitución Política, y la internacional, que abarca los tratados en los que Colombia es Estado pa rte, las declaraciones de principios respecto de los cuales Colombia es Estado suscriptor, y además, los tratados, convenciones y principios alrededor de los cuales el sistema internacional de protección viene construyendo obligaciones concretas de respeto y garantía. En ese sentido, la igualdad una obligación constitucionalmente impuesta a las ramas y órganos del poder público, obligación consistente en tratar de igual forma a cuantos se encuentran en iguales situaciones de hecho. Desde esta perspectiva, l a igualdad mantiene su carácter de derecho subjetivo, pero lo proyecta, además, como una obligación de los poderes públicos que guarda una estrecha relación con la imparcialidad de que trata el artículo 209 superior. 3.6. Reiteración jurisprudencial de la confianza legítimaPágina 9 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

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Como en reiteradas ocasiones lo ha resaltado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el principio de buena fe es parte fundamental del Estado Social de Derecho y del

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Como en reiteradas ocasiones lo ha resaltado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el principio de buena fe es parte fundamental del Estado Social de Derecho y del ordenamiento jurídico, que tiene como premi sa principal, brindar garantías a la relación entre los ciudadanos y la administración. Al respecto, el alto tribunal constitucional ha determinado que la buena fe debe estar presente en todas las actuaciones y procedimientos de las entidades públicas, con el fin de garantizar que las expectativas que legalmente le surgen al particular, se concreten de manera efectiva y adecuada. En esa medida, una de sus manifestaciones es el principio de confianza legítima, abordado por la Corte Constitucional en múltiple s ocasiones en donde se ha dicho que “ El principio de confianza legítima funciona entonces como un límite a las actividades de las autoridades, que pretende hacerle frente a eventuales modificaciones intempestivas en su manera tradicional de proceder, situ ación que además puede poner en riesgo el principio de seguridad jurídica. Se trata pues, de un ideal ético que es jurídicamente exigible. Por lo tanto, esa confianza que los ciudadanos tienen frente a la estabilidad que se espera de los entes estatales, debe ser respetada y protegida por el juez constitucional”. Bajo ese orden, el mencionado principio no es únicamente un ideal ético, sino que es jurídicamente exigible. En consecuencia, la confianza que el administrado deposita en la seriedad y la estabilidad de las actuaciones desplegadas por los entes departamentales, merece ser protegida y respetada. En ese sentido, la Administración no debe hacer uso de sus potestades para defraudar la

seriedad y la estabilidad de las actuaciones desplegadas por los entes departamentales, merece ser protegida y respetada. En ese sentido, la Administración no debe hacer uso de sus potestades para defraudar la confianza depositada en los particulares, ni tampoco a l os particulares se les permite incumplir con sus deberes ante la administración. Por tanto, ambos extremos deben regir sus actuaciones por la coherencia y los compromisos adquiridos, garantizando así, la estabilidad de las situaciones generadas. En efecto, el ciudadano debe actuar en todo momento de buena fe; el actuar inicial de las autoridades presupone la existencia de expectativas serias y fundadas que generan convicción del objetivo esperado, las que se pueden ver afectadas por un cambio intempestivo e inesperado de la administración, evidenciando la vulneración de derechos fundamentales.

3.7. Legitimación en la causa por activa y por pasiva De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular.

En el presente asunto, la acción de tutela fue instaurada por la señora Saidy Luz Pacheco Martínez, quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales por no haber sidoPágina 10 de 12 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

CO-SC5780-99 designada en el cargo de Analista II, código 202, grado 2, dentro de la planta de personal

Decide Impugnación Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019401

CO-SC5780-99 designada en el cargo de Analista II, código 202, grado 2, dentro de la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a pesar de haber participado en el proceso selectivo DIAN 2022, convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y la DIAN mediante el Acuerdo CNSC -CNT2022