TA COR - Sentencia 23001-33-33-007-2014-00020-02 (18-07-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 23001333300720140002002

Demandante: ALEXANDER ACEVEDO TOLOZA Y OTRA.

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados con arma de dotación oficial

Decisión: Confirma Tipo de providencia: Sentencia

Procede el Tribunal a desatar el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte demandada contra la sentencia de 27 de mayo de 20201, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería.

II. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

1.1.1. La señora María Eufemia Toloza Casadiego es madre de Alexander Acevedo Toloza, nacido el 20 de octubre de 1990. Entre ambos existía una relación afectuosa, de apoyo mutuo y convivencia estable en su hogar ubicado en el municipio de El Zulia, Norte de Santander.

1.1.2. El demandante ingresó al Ejército Nacional en 2009 como soldado voluntario, y gracias a sus condiciones físicas y de salud óptimas, logró avanzar en la carrera militar, obteniendo en 2011 el rango de soldado profesional. Recibía mensualmente un salario aproximado de $1.500.000.

gracias a sus condiciones físicas y de salud óptimas, logró avanzar en la carrera militar, obteniendo en 2011 el rango de soldado profesional. Recibía mensualmente un salario aproximado de $1.500.000.

1.1.3 Hacia finales de ese mismo año, Acevedo Toloza estaba asignado al Batallón de Combate Terrestre No. 105, con sede en la base militar de Tolemaida, en jurisdicción del municipio de Nilo, Cundinamarca. Y en diciembre se encontraba cumpliendo labores en la Décima Primera Brigada del Ejército, ubicada en la ciudad de Montería.

1 Se deja constancia que a través de los Acuerdos PCSJA20 -11517, 11521, 11526, 11529 de marzo de 2020, 11532, 11546 de abril de 2020, 11549 y 11556 de mayo de 2020, y el 11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país por motivos de salubridad pública. Y mediante Acuerdos Nos. CSJCOA20 -49 del 12 de julio de 2020, CSJCOA20 -51 del 15 de julio de 2020 y CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio hasta el 31 de julio de 2020. Luego,

a través del Acuerdo CSJCOA20-60 de 24 de julio de 2020, revocó los artículos 2 al 9 del Acuerdo CSJCO2058 relativos a las excepciones a la suspensión de términos.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300720140002002

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CO-SC5780-99 1.1.4. El 14 de diciembre de 2011, mientras realizaba sus actividades regulares dentro de las instalaciones militares, el soldado profesional Juan Pablo Castaño Pachón le disparó, causándole una lesión abdominal. Fue trasladado de inmediato al dispensario de la brigada, donde se le diagnosticó una herida por arma de fuego en la región sacra y pélvico abdominal.

1.1.5. El 7 de febrero de 2012 fue elaborado el informativo administrativo por lesiones No. 001, firmado por el comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 105, en el cual se concluye que las heridas sufridas por el soldado profesional Alexander Acevedo Tolo za fueron producto de disparos realizados por otro soldado dentro de una base militar, es decir, en ejercicio de sus funciones y dentro del servicio.

1.1.6 Para evaluar el impacto físico y laboral de estas lesiones, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional en Medellín expidió el acta de junta médica laboral No. 50.038, el 27 de marzo de 2012. En ella se dictaminó una incapacidad laboral del 40 ,40 %, lo que implica

Ejército Nacional en Medellín expidió el acta de junta médica laboral No. 50.038, el 27 de marzo de 2012. En ella se dictaminó una incapacidad laboral del 40 ,40 %, lo que implica una discapacidad permanente, aunque no suficiente para otorgar pensión por invalidez según la normativa vigente.

1.1.7. Como resultado del dictamen médico, Alexander Acevedo Toloza fue retirado del Ejército Nacional sin derecho a pensión ni a tratamiento médico derivado de las lesiones sufridas, dado que su incapacidad no alcanzó el porcentaje mínimo del 75 % exigido para acceder a tales beneficios. Cualquier suma que reciba posteriormente por parte de la entidad castrense será considerada una prestación social, y no una compensación por la responsabilidad extracontractual derivada de la falla en el servicio militar. En particular, se trata de la llamada indemnización a forfait, que corresponde a pagos legales, sin que ello sustituya la obligación de reparar integralmente el daño causado.

1.1.8. El hecho de que un soldado profesional, actuando con imprudencia y sin el debido cuidado, haya disparado su fusil de dotación contra otro compañero dentro de una instalación militar, representa una grave violación al deber institucional. Las lesiones derivadas de esta conducta negligente afectaron profundamente la salud, vida y entorno familiar del soldado Alexander Toloza Casadiego.

1.1.9. El manejo de armas oficiales en una base militar representa una actividad peligrosa, por lo cual los daños ocasionados con ellas deben generar responsabilidad objetiva del Estado. Así lo han reconocido reiteradamente el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Córdoba, al considerar que el carácter riesgoso de esta actividad impone

por lo cual los daños ocasionados con ellas deben generar responsabilidad objetiva del Estado. Así lo han reconocido reiteradamente el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Córdoba, al considerar que el carácter riesgoso de esta actividad impone un deber reforzado de protección.

1.1.10. El manejo negligente de un arma oficial por parte de un soldado dentro de la base militar constituye una falla grave en el servicio, que causó daños físicos y emocionales al soldado Alexander Acevedo y afectó profundamente a su madre. Esta actividad, por ser peligrosa, genera responsabilidad objetiva del Estado, tal como lo establece la jurisprudencia. Conforme al artículo 90 de la Constitución, el Estado debe reparar el daño antijurídico causado, ya que los afectados no tienen el deber legal de soportarlo.

1.1.11. La víctima ha sufrido graves afectaciones físicas, emocionales y materiales a raíz del incidente, lo cual ha impactado negativamente su calidad de vida y capacidad laboral. Su madre también ha experimentado profundo dolor emocional al ver a su hijo limitad o y sin posibilidad de continuar su proyecto de vida en el Ejército. Estos perjuicios, tantoMedio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300720140002002

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CO-SC5780-99 personales como económicos, deben ser indemnizados conforme a las pretensiones y jurisprudencia vigente, dado que existe un claro nexo causal entre la falla en el servicio y los daños sufridos por los demandantes.

1.2 Pretensiones

personales como económicos, deben ser indemnizados conforme a las pretensiones y jurisprudencia vigente, dado que existe un claro nexo causal entre la falla en el servicio y los daños sufridos por los demandantes.

1.2 Pretensiones

1.2.1. Que se declare a la parte demandada administrativa y extracontractualmente responsable por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los demandantes con motivo de las heridas y la pérdida de la capacidad laboral de Alexander Acevedo Toloza.

1.2.2. Se condene a la entidad demandada al pago de los perjuicios morales ocasionados, consistentes en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Alexander Acevedo Toloza, como víctima directa, y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora María Eufemia Toloza Casadiego, madre de la víctima.

1.2.3. Se condene a l pago de perjuicios materiales para Alexander Acevedo Toloza , con motivo de sus heridas e incapacidad laboral, mediante liquidación con base el salario mensual que percibía como soldado profesional ($1.500.000 COP) o, en subsidio, el salario mínimo legal vigente en diciembre de 2011 ($535.600 COP), más el 30 % por concepto de prestaciones sociales. Esta indemnización debe calcularse tomand o en cuenta la vida probable de la víctima, el porcentaje de incapacidad laboral (40,40 %), la variación del IPC entre diciembre de 2011 y la fecha del fallo, y las fórmulas financieras reconocidas por el Consejo de Estado, incluyendo tanto el daño consolidado como el futuro.

entre diciembre de 2011 y la fecha del fallo, y las fórmulas financieras reconocidas por el Consejo de Estado, incluyendo tanto el daño consolidado como el futuro.

1.2.4. Se condene a la entidad demandada al pago de una indemnización equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto del daño a la salud sufrido por Alexander Acevedo Toloza. Este perjuicio fue ocasionado por las graves lesiones abdominales recibidas en servicio, las cuales han limitado significativamente su movilidad y la ejecución normal de actividades cotidianas.

1.2.5. Solicita que las sumas líquidas objeto de condena a la entidad demandada generen intereses moratorios desde la firmeza de la sentencia hasta su pago efectivo, conforme lo establece el artículo 192 del CPACA.

1.3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida el 27 de mayo de 2020, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería resolvió declarar no probadas las excepciones denominadas “riesgo propio del servicio” y “carga de la prueba”, formuladas por la apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Asimismo, declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa de la demandante María Eufemia Toloza Casadiego.

El a quo declaró responsable al Ejército Nacional por los perjuicios morales y materiales causados al exsoldado profesional Alexander Acevedo Toloza, derivados de las lesiones abdominales sufridas el 14 de diciembre de 2011, dentro de las instalaciones de la Décima Primera Brigada, como consecuencia del disparo imprudente propinado por el soldado Juan

abdominales sufridas el 14 de diciembre de 2011, dentro de las instalaciones de la Décima Primera Brigada, como consecuencia del disparo imprudente propinado por el soldado Juan Pablo Castaño Pachón durante el ejercicio del servicio.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300720140002002

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Manifiesta el a quo que el soldado Acevedo Toloza sufrió una grave lesión por arma de fuego en la región sacra y pélvico -abdominal el 14 de diciembre de 2011, dentro de las instalaciones de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional en Montería, mient ras cumplía funciones militares. El disparo fue propinado por el también soldado Juan Pablo Castaño Pachón, con arma de dotación oficial. La lesión fue calificada como accidente de trabajo imputable al servicio, según el Acta de Junta Médica Laboral N.º 50 038. Como consecuencia, Acevedo Toloza presenta secuelas físicas, una incapacidad laboral del 40,40 % y fue retirado de la institución, lo que configura un daño antijurídico atribuible a la entidad demandada.

Advirtió que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre dos regímenes de responsabilidad aplicables al uso de armas de dotación oficial por parte de agentes estatales: el riesgo excepcional y la falla en el servicio. El primero se aplica cuand o la víctima es un particular y basta con demostrar que el daño proviene del uso de armas

responsabilidad aplicables al uso de armas de dotación oficial por parte de agentes estatales: el riesgo excepcional y la falla en el servicio. El primero se aplica cuand o la víctima es un particular y basta con demostrar que el daño proviene del uso de armas oficiales en el contexto del servicio, sin necesidad de probar negligencia. Se trata de un régimen objetivo que presume la responsabilidad del Estado, salvo que este logre acreditar una causa extraña, como fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o intervención de un tercero (casus fortuitus, factum principis).

En contraste, cuando el afectado es un miembro de la Fuerza Pública, como militares o policías, el escenario cambia. Al haberse sometido voluntariamente a los riesgos inherentes a su profesión, solo es viable declarar responsabilidad cuando se configura una falla en el servicio. Esto incluye la omisión de protocolos de seguridad, como el uso obligatorio del cartucho de vida, y el desacato de normas institucionales, como el Decálogo de Manejo de Armas. En estos casos, la negligencia institucional o la imprud encia de otro agente dentro de las instalaciones puede dar lugar a una reparación integral si se prueba la relación directa entre la omisión y el daño.

Indicó que se infringieron las normas sobre seguridad con armas de fuego adoptadas por el Ejército Nacional mediante el Manual de Preservación 5-5 de 2009 y la Resolución 1851, que regulan el uso obligatorio del “cartucho de vida”, un dispositivo inerte di señado para prevenir disparos accidentales en ambientes no operativos. Al momento del incidente, los soldados involucrados se encontraban en una base militar, fuera de combate y sin

que regulan el uso obligatorio del “cartucho de vida”, un dispositivo inerte di señado para prevenir disparos accidentales en ambientes no operativos. Al momento del incidente, los soldados involucrados se encontraban en una base militar, fuera de combate y sin presencia del enemigo, lo que hacía obligatoria la utilización de dicho di spositivo. La omisión en su implementación, sumada al desacato del Decálogo de Seguridad, evidencia una negligencia institucional.

Asimismo, la entidad demandada no aportó al proceso las pruebas solicitadas por el juzgado —como el informe detallado de los hechos y la investigación disciplinaria correspondiente—, pese a estar en capacidad de hacerlo, lo que genera un indicio grave en su contra. En este contexto, no es exigible a la parte demandante demostrar la falla en el servicio, sino a la parte demandada desvirtuarla, lo cual no ocurrió.

En consecuencia, se configura un nexo de causalidad entre la conducta omisiva del agente militar y el daño sufrido por el señor Acevedo Toloza, cuya lesión fue calificada como accidente de trabajo imputable al servicio. Todo ello sustenta la responsabilida d administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300720140002002

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CO-SC5780-99 1.4. Recurso de apelación

Mediante memorial presentado el 6 de julio de 20 20 la apoderada judicial de la parte

Apelación de sentencia

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CO-SC5780-99 1.4. Recurso de apelación

Mediante memorial presentado el 6 de julio de 20 20 la apoderada judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la providencia emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería.

En síntesis, argumentó que las lesiones sufridas por el soldado profesional Alexander Acevedo Toloza no son imputables al Ejército Nacional, toda vez que se derivaron de una situación súbita e imprevisible, propia de los riesgos asumidos por todo militar, configurándose así un supuesto de fuerza mayor que excluye cualquier tipo de responsabilidad estatal. Señaló que el disparo ocurrido durante una rutina normal no obedeció a falla institucional alguna ni a exposición anormal al riesgo, y que el soldado no fue sometido a condiciones especiales que implicaran una obligación adicional por parte de la administración.

Se citó jurisprudencia y doctrina para reforzar que no todo daño sufrido por un conscripto implica, de manera automática, responsabilidad del Estado; esta solo surge si se demuestra una relación fáctica y jurídica entre el servicio prestado y el daño, y si no se configura una causa extraña, como acontece en el caso en estudio. Asimismo, se sostuvo que no existió omisión o incumplimiento del deber de garantía por parte de la institución, y que el material probatorio no acredita una conducta negligente atribu ible al Ejército Nacional. Por lo anterior, se solicita revocar la sentencia apelada y denegar las pretensiones del demandante.

probatorio no acredita una conducta negligente atribu ible al Ejército Nacional. Por lo anterior, se solicita revocar la sentencia apelada y denegar las pretensiones del demandante.

La recurrente sostiene que el daño sufrido por el soldado Alexander Acevedo Toloza corresponde a un riesgo propio del servicio militar, el cual es asumido voluntariamente por quienes ingresan a las Fuerzas Militares. En consecuencia, la responsabilidad estatal solo procede si se demuestra una falla en el servicio que guarde nexo causal con el daño, lo que no ocurre cuando este proviene de la materialización de riesgos inherentes a la actividad castrense. Bajo este escenario, la reparación no corresponde a u na responsabilidad patrimonial, sino a una indemnización legal a forfait establecida por la Constitución y la ley.

En el caso concreto, se concluye que la lesión del soldado fue calificada como ocurrida “en el servicio, por causa y razón del mismo”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, lo que ubica el hecho dentro de una causal de exoneración de responsabilidad para el Ejército Nacional. Además, se acredita que la entidad demandada actuó conforme al procedimiento legal vigente, prestando atención médica y otorgando la indemnización correspondiente, lo cual refuerza su posición defe nsiva frente a las pretensiones formuladas, razón por la cual solicita su exoneración.

1.5. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de 27 de septiembre de 2021 siendo notificadas las partes y el Ministerio Publico. Mediante providencia adiada 18 de febrero de 2022, se ordenó correr traslado a las partes a fin de que estas presentaran sus alegatos de

notificadas las partes y el Ministerio Publico. Mediante providencia adiada 18 de febrero de 2022, se ordenó correr traslado a las partes a fin de que estas presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

La parte demandante solicitó se confirme y actualice la sentencia de primera instancia, haciendo un recuento de las pruebas y razones expresadas en la sentencia.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300720140002002

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La demandada Nación - Ejército Nacional , reafirmó los argumentos expresados en el recurso de apelación.

El agente del Ministerio Público delegado no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. Competencia

Según el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), este tribunal es competente para conocer en segunda instancia la apelación, debido a que la sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería.

2.2. Problema jurídico

Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el superior debe limitarse a revisar los argumentos expuestos en el recurso de apelación. No le es dable modificar la decisión apelada en aspectos que no hayan sido objeto de impugnación, por lo q ue únicamente puede pronunciarse sobre los puntos específicos cuestionados por las partes.

decisión apelada en aspectos que no hayan sido objeto de impugnación, por lo q ue únicamente puede pronunciarse sobre los puntos específicos cuestionados por las partes.

En el presente caso, corresponde determinar si debe confirmarse o revocarse la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. Para ello, es necesario establecer si se configuró el daño antijurídico alegado por la parte actora y si dicho perjuicio es imputable a la Nación – Ejército Nacional, dado que se encuentra acreditado que el disparo recibido por el soldado Alexander Acevedo Toloza fue propinado por otro miembro de la institución, dentro de instalaciones militares, con un arma de dotación oficial y fuera de un contexto de combate. E n ese orden, se debe analizar si dichas circunstancias excluirían la existencia de un riesgo propio del servicio y apuntarían a una falla en la prestación del servicio. De no verificarse la responsabilidad institucional, procederá la revocatoria de la decisión impugnada.

Para resolver el problema jurídico, se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) Responsabilidad del Estado en casos de daños causados por miembros de la fuerza pública con arma de dotación oficial; (ii) Caso concreto, en el cual se analizará si se satisfacen los elementos que configuran la responsabilidad del Estado; y, de ser necesario, (iii) la actualización de la condena.

2.2.1. Responsabilidad del Estado en casos de daños causados por miembros de la fuerza pública con arma de dotación oficial

Resulta necesario destacar que la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular , por tanto, en cada caso, debe

fuerza pública con arma de dotación oficial

Resulta necesario destacar que la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular , por tanto, en cada caso, debe determinarse, una vez demostrado plenamente el daño y su antijuridicidad, si la imputabilidad a la entidad pública deriva de una falla del servicio o si, aún en ausencia de ella, surge alguna circunstancia que en forma objeti va conlleve a la responsabilidad del Estado2.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril del 2012, Expediente No. 21.515, M.P. Hernán

Andrade Rincón.Medio de Control: Reparación Directa

Radicación Expediente No. 23001333300720140002002

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La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha apoyado en el criterio de imputación de riesgo excepcional 3 para asignarle responsabilidad al Estado cuando los daños son causados en el ejercicio de una actividad o utilización de cosas peligrosas que comporta un riesgo4, entonces, si ese riesgo se materializa y produce un daño, a pesar de tratarse de una acción legítima y lícita, este debe ser reparado por la entidad pública, siempre que se demuestre la existencia de un nexo causal entre su comportamiento y el desmedro alegado.

Tratándose del riesgo excepcional, la demostración de que se actuó con diligencia no exonera de responsabilidad al Estado, pues dicho régimen se sustenta, precisamente, en

Tratándose del riesgo excepcional, la demostración de que se actuó con diligencia no exonera de responsabilidad al Estado, pues dicho régimen se sustenta, precisamente, en el desarrollo de una actividad lícita. Así, la única forma en que la administración puede eximirse de responsabilidad es acreditando la existencia de una causa extraña, tal como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o la intervención de un tercero.

El título de imputación de riesgo excepcional ha sido utilizado por el Consejo de Estado en casos en los que existe manejo de armas de fuego de dotación oficial 5, de las cuales se deriva la actividad generadora del riesgo6, circunstancia que, como se indicó, sería aplicable en el caso concreto en el cual se hizo uso de armamento por parte de miembros de la fuerza pública.

Sin embargo, si el juez advierte la configuración de una falla del servicio por desproporción en el uso de la fuerza, no estará limitado en aplicar dicho régimen subjetivo7.

De modo que, en estos asuntos en los que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado, se aplica íntegramente el principio iura novit curia, pues, no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño causado.

Tratándose de uno u otro régimen, la posibilidad de imputar al Estado la causación de un determinado daño conlleva la necesidad de demostrar que el mismo tuvo algún nexo con el servicio público, esto es, la acción adecuada (responsabilidad objetiva) o inad ecuada (falla del servicio) que desplegó la administración, pues es esa circunstancia la que permite

el servicio público, esto es, la acción adecuada (responsabilidad objetiva) o inad ecuada (falla del servicio) que desplegó la administración, pues es esa circunstancia la que permite hacerla responsable de la conducta de sus agentes, a través de quienes necesariamente

3 Una de las sentencias del Consejo de Estado que fundó la responsabilidad en dicho título de imputación fue el fallo de la Sección Tercera del 2 de febrero de 1984, radicación no. 2744, MP Eduardo Suescún Monroy, en la cual se expresó: “El caso en estudio corresponde precisamente a uno de los varios eventos que comprende la responsabilidad sin falta, el denominado por algunos expositores riesgo excepcional. Tiene ocurrencia cuando el Estado, en desarrollo de una obra de servicio público utiliza recursos o medios que colocan a los particulares o a sus bienes en situación de quedar expuestos a "un riesgo de naturaleza excepcional" (Laubadere) el cual, dada su gravedad, excede las cargas que normalmente deben soportar los mismos particulares como contrapartida de las ventajas que resultan de la existencia de ese servicio público. Si el riesgo llega a realizarse y ocasiona un daño, sin culpa de la víctima, hay lugar a responsabilidad de la Administración, así no haya habido falta o falla del servicio”. Tesis reiterada en la sentencia del 20 de febrero de 1989, expediente no. 4.655 4 Como es el empleo de armas y municiones. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de noviembre de 2003, radicación no. 05001-23-26-000-1994-01074-01(14641) 5 Vale aclarar que en este tipo de casos la jurisprudencia también ha considerado que es pertinente la aplicación

noviembre de 2003, radicación no. 05001-23-26-000-1994-01074-01(14641) 5 Vale aclarar que en este tipo de casos la jurisprudencia también ha considerado que es pertinente la aplicación de un régimen subjetivo de falla del servicio siempre que esté debidamente acreditado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, senten cia del 17 de marzo de 2021, radicación no. 50001 -23-31 000-200540308-01(49491) 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2006, radicación no. 68001-23-15 199409961-01 (14009) CP Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 22 de marzo de 2007, radicación no. 1300123-31-000-1995-00393-01 (15555) CP Alier Edua rdo Hernández Enríquez; sentencia del 18 de junio de 2012 radicación no. 05001-23-31-000-1997-03462-01 (25036) CP Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 3 de abril de 2013, radicación no. 19001-23-31-000-2001-02186-1 (27030), CP Mauricio Fajardo Gómez. 7Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de septiembre de 2019, Rad.: (45490) acumuladoMedio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300720140002002

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Demandante: Alexander Acevedo Toloza Y Otra Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional Apelación de sentencia

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CO-SC5780-99 actúa. Entonces, para que pueda predicarse la responsabilidad extracontractual del Estado, resulta indispensable que exista un nexo causal entre el daño y el servicio público.

Con todo, sea cual fuere el régimen de responsabilidad bajo el cual se decida el caso concreto, lo cierto es que la entidad estatal no ser á responsable del daño, en aquellos eventos en los que se acredite una causa extraña que exonere a la administración, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor, la culpa personal del agente o el hecho exclusivo y determinante de un tercero8.

2.2.2. Caso concreto

En el sub judice, la parte actora solicita que se declare la responsabilidad administrativa de la Nación – Ejército Nacional por los presuntos perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasión del disparo recibido por el soldado Alexander Acevedo Toloza, propinado por otro miembro de la institución dentro de instalaciones militares, con un arma de dotación oficial.

El a quo concluyó que se configuró una falla en el servicio debido a la actuación descuidada y omisiva de un miembro del Ejército Nacional, quien efectuó el disparo dentro de instalaciones militares, utilizando un arma de dotación oficial y fuera de un contexto de combate. En consecuencia, atribuyó la responsabilidad a la entidad demandada, razón por la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Inconforme con la decisión de instancia, la entidad demandada solicitó que se revoque la

combate. En consecuencia, atribuyó la responsabilidad a la entidad demandada, razón por la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Inconforme con la decisión de instancia, la entidad demandada solicitó que se revoque la sentencia, argumentando que la lesión sufrida por el soldado Alexander Acevedo Toloza corresponde a un riesgo propio