TA COR - Sentencia 23001-33-33-007-2018-00063-01 (08-08-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, ocho (8) de agosto del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: AMPARO VEGA VEGA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)1

Tema: Reliquidación pensión Tipo de providencia: Sentencia Decisión: Modifica sentencia de primera instancia

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 20192, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

I. ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes fácticos3

Manifestó que la señora Amparo Vega Vega, en calidad de cónyuge supérstite, solicitó el 24 de junio de 1994 el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación post mortem ante la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, con ocasión del fallecimiento del señor Juan Manuel Sánchez Lobo.

Mediante Resolución No. 010419 del 30 de agosto de 1996, proferida por CAJANAL, le fue reconocida y sustituida a la señora Amparo Vega Vega la citada pensión post

fallecimiento del señor Juan Manuel Sánchez Lobo.

Mediante Resolución No. 010419 del 30 de agosto de 1996, proferida por CAJANAL, le fue reconocida y sustituida a la señora Amparo Vega Vega la citada pensión post mortem. Posteriormente, el 15 de mayo de 2017, la demandante presentó ante la UGPP una solici tud de reliquidación de dicha pensión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. A través de Resolución No. RDP 028512 del 17 de julio de 2017, la UGPP negó la solicitud.

La demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de reposición contra la resolución mencionada y, mediante Resolución No. RDP 038537 del 9 de octubre de 2017, se confirmó en su totalidad la decisión recurrida.

1 Ahora en adelante UGPP 2 Se deja constancia que a través de los Acuerdos PCSJA20-11517, 11521, 11526, 11529 de marzo de 2020, 11532, 11546 de abril de 2020, 11549 y 11556 de mayo de 2020, y el 11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país por motivos de salubridad pública. Y mediante Acuerdos Nos. CSJCOA20-49 del 12 de julio de 2020, CSJCOA20-51 del 15 de julio de 2020 y CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio

del 15 de julio de 2020 y CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio hasta el 31 de julio de 2020. Luego, a través del Acuerdo CSJCOA20-60 de 24 de julio de 2020, revocó los artículos 2 al 9 del Acuerdo CSJCO20-58 relativos a las excepciones a la suspensión de términos. 3 Ver folios 2 a 8 del archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf en expediente digitalMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99

Se precisa que el 15 de agosto de 1993 corresponde a la fecha de retiro del servicio del causante de la pensión post mortem y, por ende, de la sustitución pensional reconocida a favor de la demandante.

1.2. Pretensiones

Solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 010419 del 30 de agosto de 1996, por medio de la cual se reconoció la pensión post mortem; No. RDP 028512 del 17 de julio de 2017, mediante la cual se negó la reliquidación de la citada pensión; y No. RDP 038537 del 9 de octubre de 2017, que confirmó la decisión anterior.

Como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene a la UGPP a pagar a la señora Amparo Vega Vega la reliquidación de la

Como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene a la UGPP a pagar a la señora Amparo Vega Vega la reliquidación de la pensión post mortem reconocida, incluyendo todos los factores salariales devengados por el causante durante el último año de servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

Finalmente, pide que se condene a la UGPP al reconocimiento y pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como al pago de costas y agencias en derecho, de los intereses moratorios comerciales o corrientes a partir de la ejecutoria de la providencia correspondiente, y de la indexación de las sumas que se lleguen a reconocer.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Constitucionales: Artículos 2, 13, 48, 53,

Legales: Ley 33 de 1985 artículo 1º, Ley 62 de 1985 artículo 1º.

En síntesis, expone que no se aplicó correctamente el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el cual establece que los empleados oficiales con al menos veinte (20) años de servicio y cincuenta y cinco (55) años de edad tienen derecho a una pensión equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del salario promedio sobre el cual cotizaron durante el último año de servicio.

Aduce que la vulneración se configura porque CAJANAL, al efectuar la liquidación de la pensión, únicamente tuvo en cuenta la asignación básica, la bonificación y la prima de servicios, excluyendo otros factores como gastos de representación; primas

Aduce que la vulneración se configura porque CAJANAL, al efectuar la liquidación de la pensión, únicamente tuvo en cuenta la asignación básica, la bonificación y la prima de servicios, excluyendo otros factores como gastos de representación; primas (técnica, de antigüedad, entre otras); horas extras; trabajo en dominicales y festivos; y demás ingresos habituales que constituyen salario conforme a lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985. Precisa que la exclusión de estos factores redujo el ingreso base de liquidación (IBL) utilizado para calcular la mesada pensional, afectando de manera directa los derechos pensionales de la señora Amparo Vega Vega.

1.4. Sentencia de primera instancia4

Mediante sentencia proferida el 26 de febrero de 2019 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito, se declaró la nulidad parcial de la Resolución N.º

4 Ver folios 158 a 171 del archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf del expediente digitalMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99 010419 del 30 de agosto de 1996, por medio de la cual se reconoció a la demandante el derecho a la pensión de jubilación post mortem. Asimismo, se declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 028512 del 17 de julio de 2017, que negó la reliquidación de la pensión, y RDP 038537 del 9 de octubre de 2017, mediante la cual se resolvió de forma negativa el recurso interpuesto.

la pensión, y RDP 038537 del 9 de octubre de 2017, mediante la cual se resolvió de forma negativa el recurso interpuesto.

En consecuencia, se condenó a la UGPP a reliquidar la pensión post mortem causada por la muerte del señor Juan Manuel Sánchez Lobo, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el año anterior a su retiro que no fueron considerados inicialmente, tales como: auxilio de alimentación, horas extras, prima de vacaciones, prima de navidad y remuneración electoral, además de los ya incluidos en la Resolución N.º 010419 del 30 de agosto de 1996. Igualmente, se ordenó la actualización de los valores con base en el IPC y el pago de las costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

El a quo expresó que el señor Juan Manuel Sánchez Lobo nació el 28 de marzo de 1952 y que, de acuerdo al folio 8 del expediente prestó sus servicios desde el 3 de enero de 1969 al 5 de mayo 1975 en el municipio de Tierralta, y del 25 de enero de 1978 al 13 de agosto de 19 93 en la Registraduría Nacional del Estado Civil, acumulando un total de 20 años, 3 meses y 22 días de servicio.

Por lo anterior, considera que se le deben aplicar las normas anteriores a la Ley 33 de 1985, tales como la Ley 4 de 1966, Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1045 de 1978, que establecen el reconocimiento de una pensión equivalente al 75% de la totalidad de factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la prestación de servicios.

1978, que establecen el reconocimiento de una pensión equivalente al 75% de la totalidad de factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la prestación de servicios.

Manifiesta que, en folios 8 a 15 del expediente, reposa la resolución N° 010419 del 30 de agosto de 1996 por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación post mortem al causante Juan Manuel Sánchez Lobo y se sustituyó a la dem andante. Observó que los únicos factores tenidos en cuenta para la liquidación fueron la asignación básica, bonificación y prima de servicios.

Indicó también que el causante obtuvo su estatus pensional el 14 de agosto de 1993, y que mediante la misma resolución fue sustituida a la señora Amparo Vega en un porcentaje del 50% y el 50% restante fue distribuido proporcionalmente entre los menores Ana Carolina, Diana Sofia, José Ricardo y Daniel Mauricio Sánchez Vega, según consta en la resolución N° 010419 de 30 de agosto de 1996. Por lo anterior, concluyo que resulta aplicable íntegramente la Ley 33 de 1985 y no la Ley 100 de 1993.

Finalmente, argumentó que el señor Juan Manuel Sánchez Lobo (QEPD), tiene derecho a que le sean reconocidos todos los factores que constituyen salario y que no fueron considerados al momento del reconocimiento de la pensión de post mortem sustituida a la señora Amparo Vega. Que dichos factores son auxilio de alimentación, horas extras, prima de vacaciones, prima de navidad y remuneración electoral, los cuales se encuentran en el certificado de factores salariales que obra a folio 112 del expediente.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

horas extras, prima de vacaciones, prima de navidad y remuneración electoral, los cuales se encuentran en el certificado de factores salariales que obra a folio 112 del expediente.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99 1.5. Recurso de apelación5

Mediante memorial allegado el día 12 de marzo del año 2019, el apoderado judicial del extremo demanda do interpuso recurso de apelación contra la providencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

La parte demandada expuso que la adquisición del estatus jurídico de pensionado constituye un hito temporal que determina la normatividad aplicable al derecho pensional del afiliado, siendo esta la vigente al momento en que dicho estatus se consolida. Seña ló que, teniendo en cuenta que el causante falleció sin haber consolidado su estatus pensional, al no cumplir con el requisito de 55 años de edad, la fecha determinante para establecer el régimen jurídico aplicable es la de su fallecimiento (14 de agosto de 1993). Por tal razón, sostiene que el caso debe regirse por la Ley 33 de 1985.

Indicó que el artículo 1.º de la norma ut supra establece los requisitos fácticos exigidos a los afiliados para acceder a una prestación pensional, consistentes en acreditar 20 años de servicio y haber cumplido 55 años de edad. Señaló que, si bien al momento de su fallecimiento el causante contaba únicamente con 41 años de edad, la entidad

a los afiliados para acceder a una prestación pensional, consistentes en acreditar 20 años de servicio y haber cumplido 55 años de edad. Señaló que, si bien al momento de su fallecimiento el causante contaba únicamente con 41 años de edad, la entidad demandada reconoció y pagó la pensión de jubilación post mortem a favor del señor Juan Manuel Sánchez, conforme a lo previsto en la Ley 33 de 1985, por ser la norma vigente para la época.

Citó el artículo 3.º de la Ley 33 de 1985, el cual enlista los factores que deben tenerse en cuenta para dicho reconocimiento, los cuales fueron posteriormente subrogados por los contenidos en la Ley 62 de 1985. Resalta que los emolumentos reconocidos por el juez de primera instancia (auxilio de alimentación, horas extras, prima de vacaciones, prima de navidad y remuneración electoral), no corresponde a los enunciados taxativamente en la norma aplicable.

Citó el artículo 188 del CPACA e indicó que la condena en costas procede cuando el juzgador advierte conductas de las partes o de sus apoderados que no se encuentren sustentadas en una razón jurídica razonable, con vocación de prosperidad. Afirmó que, si b ien el juez cuenta con discrecionalidad en esta materia, deben concurrir criterios objetivos y verificables dentro del expediente, lo cual —según la parte— no se cumple en el presente caso. Añadió que debe presumirse la buena fe de la entidad, toda vez que sus actuaciones se han fundado en derecho y en jurisprudencia vigente.

Finalmente, citó el artículo 365 del Código General del Proceso y solicitó se revoque la decisión de primera instancia, en particular los numerales primero al octavo, por

toda vez que sus actuaciones se han fundado en derecho y en jurisprudencia vigente.

Finalmente, citó el artículo 365 del Código General del Proceso y solicitó se revoque la decisión de primera instancia, en particular los numerales primero al octavo, por considerar que vulneran la normatividad aplicable y principios de observancia obligatoria por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese sentido, pidió que se profiera sentencia absolutoria a favor de la entidad demandada.

1.6. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de fecha 2 4 de mayo de 20196. Mediante providencia adiada 17 de junio de 20197, se ordenó correr traslado a las

5 Ver folios 174 a 179 del archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf del expediente digital. 6 Ver archivo 04AutoResuelveAdmisionRecurso.pdf del expediente digital. 7 Ver archivo 08AutoCorreTrasladoPresentarAlegatos.pdf del expediente digital.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99 partes a fin de que estas presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

1.6.1 Alegatos de conclusión

1.6.1.1. UGPP8

La parte reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Asimismo, indicó que, en caso de considerarse procedente la reliquidación pensional, solicita tener en cuenta los siguientes aspectos: i) En cuanto a los factores salariales

La parte reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Asimismo, indicó que, en caso de considerarse procedente la reliquidación pensional, solicita tener en cuenta los siguientes aspectos: i) En cuanto a los factores salariales cuya inclusión se ordena, debe excluirse la remuneración electoral, toda vez que, conforme al fundamento jurisprudencial que sirvió de base para la condena en primera instancia, dicho concepto no constituye un emolumento habitual ni periódico, pues, de acuerdo con el Decreto 1434 de 1982, solo se pagaba en año electoral y previa autorización del Registrador Nacional, con aprobación de la Corte Electoral; ii) En relación con la prima de navidad y la prima de vacaciones, el juez omitió precisar que, en caso de ser incluidas, únicamente pueden computarse en una doceava parte (1/12), por tratarse de pagos de carácter anual; y iii) Solicita que se ordene o autorice a la entidad el recobro de los aportes correspondientes a los factores salariales sobre los cuales se ordene la reliquidación, en la medida en que sobre estos no se realizaron cotizaciones al sistema pensional.

Finalmente, insiste que se revoque la condena en costas y agencias en derecho, toda vez que su actuación procesal se desarroll ó de buena fe. Que si bien existió una diferencia de criterios entre lo planteado por la parte actora y la posición asumida por la entidad, que dicha actuación se fundamentó en una interpretación razonable y jurídicamente sustentada de las normas aplicables al caso.

De acuerdo a lo expresado , solicit a que se revoque la sentencia de fecha 26 de febrero de 2019 y en su lugar se absuelva a la entidad demandada de todas las

jurídicamente sustentada de las normas aplicables al caso.

De acuerdo a lo expresado , solicit a que se revoque la sentencia de fecha 26 de febrero de 2019 y en su lugar se absuelva a la entidad demandada de todas las condenas impuestas.

1.6.1.2. Parte demandante9

Manifestó que reitera todas y cada una de las pretensiones expuestas en esta demanda.

Considera pertinente traer a colación lo establecido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de agosto de 2018, en la cual se determinó que los factores salariales que se deben incluirse en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición (inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993) son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes al sistema pensional.

Conforme a la jurisprudencia, los factores cuya inclusión solicita la parte demandante para la reliquidación de la pensión post mortem —y que se encuentran relacionados en la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, prueba

8 Ver archivo 10AlegatosConclusion.pdf del expediente digital. 9 Ver archivo 11AlegatosConclusion.pdf del expediente digital.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99 decretada por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito en audiencia inicial— no se apartan del alcance del precedente citado, toda vez que sobre dichos

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99 decretada por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito en audiencia inicial— no se apartan del alcance del precedente citado, toda vez que sobre dichos factores salariales, devengados por el causante durante el último año de servicios, se efectuaron los respectivos aportes a CAJANAL.

Por lo anterior solicita confirmar la sentencia recurrida por la UGPP , en la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación en razón de haberse proferido sentencia de primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

2.2. Problema jurídico

La Sala determinará si hay lugar a confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, o si, por el contrario, esta debe ser modificada o revocada, en atención a que los emolumentos reconocidos por el juez de primera instan cia (auxilio de alimentación, horas extras, prima de vacaciones, prima de navidad y remuneración electoral) no corresponden a los factores expresamente enunciados en la norma aplicable. Asimismo, se examinará la condena en costas impuesta en primera instancia.

Para desatar el fondo del asunto, la sala efectuará el siguiente análisis: i) Marco normativo y jurisprudencial régimen de liquidación pensional de l a Ley 33 de 1985

examinará la condena en costas impuesta en primera instancia.

Para desatar el fondo del asunto, la sala efectuará el siguiente análisis: i) Marco normativo y jurisprudencial régimen de liquidación pensional de l a Ley 33 de 1985 para no beneficiarios de régimen de transición , ii) Marco normativo y jurisprudencial de la condena en costas y iii) Solución de caso.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial régimen de liquidación pensional de la Ley 33 de 1985 para no beneficiarios de régimen de transición

El artículo 48 vigente10 de la Constitución Política establece garantías en materia de seguridad social para todos los habitantes, entre otras consagra el respeto por los derechos adquiridos, el establecimiento de los requisitos y beneficios pensionales en las leyes del sistema general de pensiones, además se precisa que para la liquidación de las pensiones «sólo se tendrán en cuenta los factores salariales sobre los cuales se hubiere efectuado cotización».

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, “e l empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

10 Modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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10 Modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99

Y según el artículo 3º ídem modificado por la Ley 62 de 1985, la base de liquidación de los aportes está constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: “ asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio”. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, “siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

Históricamente el Consejo de Estado venía sosteniendo que para liquidar la pensión de jubilación de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que les fuera aplicable la Ley 33 de 1985, había de tenerse en cuenta todos los factores que constituyeron el salario y que hubieran sido devengados por el empleado durante el último año de servicio, así quedó establecido en sentencia de unificación proferida de 4 de agosto de 2010.

Sin embargo, la anterior posición fue rectificada a través de sentencia de unificación de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 11, en la cual se concluyó que en virtud del régimen de transición, el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley

concluyó que en virtud del régimen de transición, el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la citada providencia dispuso:

“90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar la finalidad que motivó la reforma, con la protección frente al impacto que el tránsito legislativo iba a generar, estableciendo un régimen de transición especial para el grupo de personas a las que ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como del nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del régimen anterior, pero con un elemento particular, concretamente, el periodo que se iría a tener en cuenta para fi jar el monto de la mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199312, así: (…) (Subrayas y negrillas ajenas al texto)

En ese orden de ideas, la sentencia precitada fijó una nueva regla jurisprudencial en torno al IBL en el régimen de transición, a saber: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985 ”. En cuanto al periodo que se tendría en cuenta para fijar el monto de la mesada pensional en forma clara se establece que es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199313.

fijar el monto de la mesada pensional en forma clara se establece que es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199313.

Respecto los beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado estableció una serie de subreglas, entre la que se destaca que: “los factores salariales que se deben incluir

11 Sentencia de unificación de jurisprudencia, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente N° 52001 -23-33-000-2012-00143-01, Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortez. 12 Aplicable en virtud del inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que dispone que las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. 13 La norma contempla lo siguiente: “ El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho , será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. …”Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99 en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la

Radicación: 23001333300720180006301

Demandante: Amparo Vega Vega

Demandado: UGPP

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CO-SC5780-99 en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.” Y que el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

El Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, arribó a la siguiente conclusión:

“101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio , va en contravía del principio de solida ridad en materia de seguridad social . La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y

“factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador , el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.” -Subrayado de la SalaEl criterio expuesto ha sido acogido en su integridad por esta Corporación en razón al carácter obligatorio y vinculante del mismo, según lo dispuesto en los artículos 10 y 270 de la ley 1437 de 2011, en virtud de los cuales al decidir se deben tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen disposiciones constitucionales y legales.

Para el caso concreto, s e recuerda que con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 (enero 29 de ese año), se derogó en forma expresa el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, estableciéndose un nuevo régimen pensional para el sector público.

En materia de requisitos para acceder a la pensión de jubilación, en términos generales, la referida ley 33 estableció como regla general contar con 20 años continuos o discontinuos de servicios y 55 años de edad (artículo 1°, inciso primero).

Como excepción a esa regla general, en el parágrafo 2° del mismo artículo consagró como régimen de transición lo siguiente: 1) Para los empleados oficiales que a enero 29 de 1985 habían cumplido 15 años de servicios continuos o discontinuos,

Como excepción a esa regla general, en el parágrafo 2° del mismo artículo consagró como régimen de transición lo siguiente: 1) Para los empleados oficiales que a enero 29 de 1985 habían cumplido 15 años de servicios continuos o discontinuos, "continuará aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley" , es decir, las señaladas en el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 (55 años de edad para los varones y 50 para las mujeres), y 2) Para quienes tenían 20 años de servicios, continuos o discontinuos, que se enco