TA COR - Sentencia 23001-33-33-008-2022-00497-01 (13-06-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300820220049701

Demandante: Miguel Enrique Martínez Paternina Demandadas: Nación–Ministerio de Educación Nacional –FomagFiduprevisora y Departamento de Córdoba.

Tema(s): Sanción moratoria.

El Tribunal decide el recurso de apel ación interpuesto por el apoderado de del Departamento de Córdoba contra la sentencia del día 22 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

a) La demanda1

El demandante pretende que se emitan las siguientes declaraciones y condenas:

Que se declare la nulidad absoluta del Oficio con radicado nro. 20211074227421 del 16 de diciembre de 2021 proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFiduprevisora por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en ley 1071 de 2006.

A título de restablecimiento del derecho, pide que reconozca y pague un día de salario por cada día de retardo en que incurrió la Nación -Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora como

cada día de retardo en que incurrió la Nación -Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora como sanción moratoria por el no pago a tiempo de las cesantías reconocidas por la Resolución nro. 3394 del 21 de diciembre de 2020.

Asimismo, solicita que las sumas recono cidas sean indexadas , y que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 195 del CPACA.

Como fundamentos fácticos relevantes, se afirmó en la demanda que:

El 3 de diciembre de 2020, radicó ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Departamento de Córdoba la solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías parciales a la cuales tenía derecho. Estas le fueron reconocidas hasta el 21 de diciembre de 2020 a través de la Resolución nro. 3395 y canceladas el día 12 de julio de 2021.

Comoquiera que para el día en que se hizo efectivo el pago de la prestación, ya había n transcurrido más de 130 días, para que la entidad pusiera a disposición de la docente los recursos respectivos, el actor solicitó el 14 de septiembre de 2021 ante la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía.

Como normas violadas, la parte actora en su demanda s eñaló los artículos: 2.°, 4.°, 5.°,

6.°, 23, 25, 29, 83 y 87 de la Constitución Política de Colomb ia; los artículos 137 y 138 de

1 PDF 01 C01 Expediente digital. En adelante las demás referencias a PDF corresponden al mismo exp.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001-33-33-008-2022-00497-01 2

la Ley 1437 de 2011 y las leyes 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006; 640 de 2001.

Como concepto de la violación, expuso el demandante que las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fueron vulneradas al no haberse reconocido y pagado las cesantías parciales dentro de los términos establecidos, pues de acuerdo con los supuestos fácticos las entidades sobrepasaron dichos términos.

En consecuencia, señaló que se trata de un caso de mora en el pago de las cesantías, toda vez que estas fueron canceladas casi 2 meses después de haberse expedido el acto administrativo de reconocimiento. Según lo establece la ley, el pago debe efectuarse dentro de los 45 días siguientes a la firmeza del acto administrativo, por lo cual el retraso genera la obligación para las entidades de pagar la sanción moratoria correspondiente.

b) Contestaciones de la demanda

La NaciónFomag2 por intermedio de apoderada, se opuso a todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la demanda por carecer del supuesto fáctico y jurídico necesario para su prosperidad, debiéndose denegar las pretensiones de la demanda en contra de la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

para su prosperidad, debiéndose denegar las pretensiones de la demanda en contra de la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por otro lado, al momento de proponer las excepciones fueron claros en manifestar que existe la falta de legitimación en la causa por pasiva por lo expuesto en la Ley 1 955 de 2019.

El Departamento de Córdoba3, también se opuso a todas y cada una de las pretensiones rotuladas en la demanda, por cuanto, en el evento de que al demandante le asista tal derecho, no es responsabilidad del Departamento de Córdoba asumir el pago de la sanción por mora, sino el Ministeri o de Educación nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, debido a que el demandante se encuentra vinculado el fondo.

De la misma forma se opuso a todas las condenas exigidas por parte del accionante, al no encontrarse legitimado en la causa para conocer de dichos asuntos.

c) La sentencia apelada4

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería profirió sentencia de primera instancia el día 22 de agosto de 2024, en la cual decidió:

[...] CUARTO: Declarar la nulidad del Oficio de radicado 20211074227421 del 16 de diciembre de 2021.

QUINTO: Ordenar al Departamento de Córdoba reconocer y pagar un día de la asignación básica devengada en el 2021 por cada día de retardo en el pago de las cesantías, contados desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 6 de julio de 2021

[...]

El juzgador de primera instancia encontró acreditado que el 2 4 de noviembre de 2020, el

cesantías, contados desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 6 de julio de 2021 [...]

El juzgador de primera instancia encontró acreditado que el 2 4 de noviembre de 2020, el señor Miguel Enrique Martínez Paternina solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, las cuales fueron reconocidas a través de la Resolución nro. 003395 del 21 de diciembre de 2020 y canceladas el 7 de julio de ese mismo año.

En el mismo sentido se dijo que la Resolución nro. 003395 del 21 de diciembre de 2020 , fue expedida por fuera del término consagrado en el artículo 1° de la Ley 244 de 1995, pues este vencía ese 16 de diciembre. Es así, como consideró aplicar la hipótesis de Acto escrito

2 PDF 14 C01. 3 PDF 12 C01. 4 PDF 25 C01.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001-33-33-008-2022-00497-01 3

extemporáneo, donde la sanción moratoria corre a los 70 días posteriores a la presentación de la solicitud de reconocimiento.

Por lo anterior, coligió que la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 19954, y 1071 de 2006 comenzó a correr el 9 de marzo de 2021 hasta el día antes de la realización del pago, es decir, el 6 de julio de 2021, lo que es un total de 120 días de mora.

Para identificar a la entidad responsable de la mora, verificó la fecha en la cual la entidad entregó o radicó la solicitud de pago de las cesantías, y a partir de allí calculó que la NaciónPara identificar a la entidad responsable de la mora, verificó la fecha en la cual la entidad entregó o radicó la solicitud de pago de las cesantías, y a partir de allí calculó que la NaciónFomag no incumplió el término que tenía para cancelarlas.

d) El recurso de apelación5

Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la entidad territorial acudió en alzada, manifestando su desacuerdo con el fallo proferido por el juez de primer grado. En primer lugar, sostuvo que en la Resolución nro. 003395 del 21 de diciembre de 2020 se indicó expresamente que la solicitud de pago de las cesantías fue recibida el 3 de diciembre de 2020. En consecuencia, el plazo de 15 días para ordenar el pago vencía el 28 de diciembre del mismo año, y como la resolución fue notificada el 21 de diciembre de 2020, argumentó que no le era exigible el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la ley, consistente en un día de salario básico por cada día de retraso por el periodo comprendido entre el 9 de marzo y el 6 de julio de 2021.

Como segundo, continuó arguyendo que la resolución fue debidamente notificada y no fue objeto de los recursos administrativos, por tanto, quedó en firme. Ello indica que la parte actora estaba de acuerdo con todos los considerandos y la parte resolu tiva del acto, en especial con la fecha en la que radicó su solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías que hoy es objeto de sanción moratoria.

e) El trámite en segunda instancia

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada fue admitido

que hoy es objeto de sanción moratoria.

e) El trámite en segunda instancia

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada fue admitido mediante auto del 2 de mayo de 20256. En la oportunidad procesal para pronunciarse sobre el recurso de apelación , la Nación–Ministerio de Educación Nacional –Fomag, la demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) La competencia

Este Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada en el presente proceso, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico

5 PDF 27 C01. 6 PDF 04 C02.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001-33-33-008-2022-00497-01 4

Para resolver el asunto sometido a consideración judicial, conforme las competencias del juez de segunda instancia, previstas en los artículos 3207 y 3288 del CGP9, deberá la Sala establecer, si en el presente asunto se configuró la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías parciales del demandante, de que trata la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006. Igualmente se analizará la forma en que se causa dicha penalidad, para atender la apelación de la parte condenada.

c) Marco normativo y jurisprudencial

subrogada por la Ley 1071 de 2006. Igualmente se analizará la forma en que se causa dicha penalidad, para atender la apelación de la parte condenada.

c) Marco normativo y jurisprudencial

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre las generalidades de la sanción moratoria y la responsabilidad que sobre el particular recae en las entidades que integran el régimen prestacional docente.

c) Marco normativo y jurisprudencial

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre las generalidades de la sanción moratoria y la responsabilidad que sobre el particular recae en las entidades que integran el régimen prestacional docente.

Generalidades de la sanción moratoria y la responsabilidad de las entidades que integran el régimen prestacional docente, en vigencia de la Ley 1955 de 2019.

El artículo 1.° de la Ley 244 de 1995 -subrogado por el artículo 4.° de la Ley 1071 de 2006dispone que la entidad empleadora o aquella que tenga a cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir el acto administrativo correspondiente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud del peticionario -sin perjuicio de solicitudes incompletas que deban subsanarse, para que inicie el señalado plazo -. Asimismo, el artículo 2.° ídem, dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir del momento en que quede en firme el acto administrativo de reconocimiento parcial o definitivo

dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir del momento en que quede en firme el acto administrativo de reconocimiento parcial o definitivo de cesantías, para efectuar el pago de la prestación.

Por su parte, el parágrafo único del artículo 2. ° de la Ley 244 de 1995 -subrogado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006-, establece que:

En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este. (Se destaca)

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 (exp. 4961-15, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), precisó a partir de qué fecha se causa la sanción moratoria cuando no se dio respuesta a la petición de cesantías, o la expedición del acto fue extemporánea. Es así, como el aludido cuerpo colegiado adujo que:

7 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoq ue o reforme la decisión.

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoq ue o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. 8 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. 9 Normas aplicables por la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001-33-33-008-2022-00497-01 5

La Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la adminis tración no resuelva la solicitud de la prestación social - cesantías

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La Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la adminis tración no resuelva la solicitud de la prestación social - cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que s e contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. (Se resalta).

De lo anterior se desprende que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia referida, sentó jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere, la sanción moratoria se causa 65 o 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento de las cesantías, dependiendo si en ese momento se encontraba rigiendo el Decreto 01 de 1984 o la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, en esa providencia, se revisaron otras situaciones que dan lugar a la mora penalizada pecuniariamente, las cuales, por efectos prácticos, se describen en el siguiente

1437 de 2011.

Adicionalmente, en esa providencia, se revisaron otras situaciones que dan lugar a la mora penalizada pecuniariamente, las cuales, por efectos prácticos, se describen en el siguiente cuadro:

Situación Notificación Ejecutoria Término pago cesantía Causación sanción moratoria Acto escrito en tiempo Personal 10 días siguientes a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación Acto escrito en tiempo Electrónica 10 días después de la certificación de acceso al acto. 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación. Acto escrito en tiempo Aviso 10 días posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la en trega del aviso Acto escrito en tiempo Sin notificar o notificado fuera de término 10 días posteriores al intento de notificación personal 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto administrativo Acto escrito en tiempo Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia Acto escrito en tiempo Interpuso recurso Después de notificado el acto que decide el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve el recurso Acto escrito, recurso sin resolver

notificado el acto que decide el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve el recurso Acto escrito, recurso sin resolver Interpuso recurso Después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recurso

En este punto, cabe registrar que pese a que en el Decreto 2831 de 2005 -compilado en el Decreto 1075 de 2015, DUR del Sector Educaciónse había fijado un trámite especial, para el reconocimiento y pago de cesantías que incluía términos más extensos para la expedición y notificación del acto de reconocimiento de cesantías, en tanto para ello se requería de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Fiduciaria administradora del Fomag, es lo cierto que ese precepto reglamentario fue inaplicado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la precitada providencia de unificación por contrariar lo que el legislador estableció en la Ley 1071 de 2006. Al respecto, esa corporación explicó:

[S]e tiene que dado que la Ley 1071 de 2006 fue expedida por el Congreso de la República, órgano al que por mandato constitucional le corresponde hacer las leyes , y de otro lado, el Decreto 2831 de 2005 por el presidente en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, quien ejerce las funciones de Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, dicha ley prevalece sobre el decreto reglamentario y en tal virtud, deberá

legales, quien ejerce las funciones de Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, dicha ley prevalece sobre el decreto reglamentario y en tal virtud, deberá aplicarse tal disposición legal en lo concerniente a los términos para el reconocimiento de lasMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001-33-33-008-2022-00497-01 6

cesantías parciales o definitivas de docentes, dada su naturaleza jurídica de servidores públicos, así como la sanción moratoria.

123. En este particular, la Sala considera importante y pertinente traer a colación, que el legislador a través de la Ley 1769 de 2015 , en el artículo 89 estableció un término especial para el pago de la cesantía de los docentes y la causación de la sanción moratoria por su

incumplimiento, así:

«ARTÍCULO 89. El pago que reconozca el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por concepto de cesantías parciales o definitivas a sus afiliados se deberá realizar dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación y pago de la prestación social solicitada.

A partir del día hábil sesenta y uno (61), se deberán reconocer a título de mora en el pago, intereses legales a una tasa equivalente a la DTF efectiva anual, causado diariamente por la suma no pagada.»

124. Es clara la intención del legislador de estipular el término de 60 días siguientes a la firmeza del acto de reconocimiento, para que el Fomag efectuara el pago de las cesantías

diariamente por la suma no pagada.»

124. Es clara la intención del legislador de estipular el término de 60 días siguientes a la firmeza del acto de reconocimiento, para que el Fomag efectuara el pago de las cesantías parciales o definitivas, computando a partir del día 61 una sanción por mora equivalente a los intereses legales a la tasa DTF efectiva anual, causada diariamente por la suma no pagada.

125. La anterior disposición, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de

la Sentencia C-489 de 2016 al considerar que:

«El plazo para su pago [de las cesantías] tiene relevancia pues, precisamente, pretenden auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo, razón por la cual es necesario que el lapso de espera sea razonable y, aunque no le corresponde a la Corte establecer cuál es, exactamente, ese plazo razonable, sí es claro para este tribunal que ampliarlo, sin razones poderosas para hacerlo, es inconstitucional. En lo que tiene que ver con el interés por mora ocurre algo semejante. La razón por la cual en algunas normas sustantivas el legislador ha incorporado la sanción de un día de salario por cada día de mora es, precisamente, porque una persona sin trabajo sufre cada día una lesión intensa a su mínimo vital. Una vez más, lo anterior no significa que esta sea la única forma válida de calcular tal interés, pero su modificación por otra fórmula debe basarse en razones constitucionales que justifiquen la regresión.

Por otra parte, es imprescindible señalar que el análisis de regresividad sí admite ‘pasos atrás’, pero que la carga de justificarlos radica en quien impone la medida, es decir, para

Por otra parte, es imprescindible señalar que el análisis de regresividad sí admite ‘pasos atrás’, pero que la carga de justificarlos radica en quien impone la medida, es decir, para el caso de las leyes, en el Congreso de la República. En este trámite, sin embargo, no existe una justificación específica y satisfactoria que, en el proceso de elabor ación de la ley, explique la decisión de modificar el plazo y la sanción por mora en el pago de las cesantías. Y ello es explicable, en la medida en que se trata de una norma incluida en una ley que trataba un aspecto totalmente distinto, según se ha concluido en el estudio por violación al principio de unidad de materia.

Así las cosas, resulta que con la introducción del artículo 89 de la Ley 1769 de 2015 no sólo se desconoció el principio de unidad de materia, sino que, además, se creó un régimen más oneroso y regresivo en términos de pago de cesantías y de intereses de mora, que modifica lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, ya que el plazo para el pago de las cesantías pasa de cuarenta y cinco (45) días hábiles a sesenta (60) días hábiles, que en términos reales puede llegar a ser desde ochenta (80) días hábiles hasta ochenta y cinco (85) días hábiles por la utilización de los recursos, dando lugar a que se amplíe en un término de hasta quince días el pago de las cesantías para los docentes oficiales.

Lo mismo sucede con el pago de los intereses de mora ya que cambia el valor establecido en la Ley 1071 de 2006 de un día de salario por cada día de retardo hasta

docentes oficiales.

Lo mismo sucede con el pago de los intereses de mora ya que cambia el valor establecido en la Ley 1071 de 2006 de un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, a lo regulado en el pará grafo del artículo 89 de la Ley 1769 de 2015 de una tasa de intereses legales equivalente a la DTF efectiva anual, causado diariamente por la suma no pagada.» (Se destaca)

126. En criterio de la Corte, que esta Sala también comparte, el establecimiento de un nuevo término para el pago de la cesantía para los docentes afiliados al Fomag, es regresivo yMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001-33-33-008-2022-00497-01

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modifica además el plazo general de 45 días previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1071 de 2006, razón por la cual, no es posible tal previsión para el ordenamiento jurídico.

127. En tal virtud, si la nueva ley no podía ampliar los términos para el pago de la cesantía y causación de sanción moratoria de los docentes, con mayor razón una norma reglamentaria tiene vedado igual propósito, como es el decreto q ue regula el trámite de reconocimiento de prestaciones a cargo del Fomag.

128. Así las cosas, la Sala de Sección considera que no hay lugar a la aplicación conjunta del Decreto 2831 de 2005 en el trámite del reconocimiento y pago de las cesantías de los d ocentes, y de la Ley 1071 de 2006 para la sanción moratoria en el

conjunta del Decreto 2831 de 2005 en el trámite del reconocimiento y pago de las cesantías de los d ocentes, y de la Ley 1071 de 2006 para la sanción moratoria en el evento en que la entidad pagadora incumpla el plazo, pues ello desconocería la jerarquía normativa de la ley sobre el reglamento.

129. Para esta Sala de Sección es muy importante recalcar esa jerarquía normativa en cuya virtud debe prevalecer el mandato contenido en la Ley 1071 de 2006 en el trámite de las solicitudes de cesantías que promuevan los docentes oficiales; por lo que tant o entes territoriales como el Fomag procurarán su cumplimiento para tales propósitos. Así mismo, el Gobierno Nacional la tendrá en cuenta para si es del caso disponga de una reglamentación acorde con la ley.

130. En consecuencia, estima la Sala que el Decreto Reglamentario 2831 de 2005 desconoce la jerarquía normativa de la ley, al establecer trámites y términos diferentes a los previstos en ella para el reconocimiento y pago de la cesantía, que como hemos visto, resultan aplicables al sector docente oficial. Por ende, y a pesar de no ser objeto de este proceso, en desarrollo de la llamada «excepción de ilegalidad» , consagrada en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, la Sala inaplicará para los efectos de la unificación jurisprudencial contenida en est a providencia, la mencionada norma reglamentaria, e instará al Gobierno Nacional a que en futuras reglamentaciones tenga en cuenta los términos y límites prescritos en la ley para la causación de la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías .

(…)

futuras reglamentaciones tenga en cuenta los términos y límites prescritos en la ley para la causación de la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías .

(…)

132. Esta potestad del juez de lo contencioso se deriva del artículo 148 de la Ley 1437 de

2011, cuyo tenor es el siguiente:

«Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.».

133. La figura de la «excepción de ilegalidad» es connatural a la decisión del Constituyente de poner en manos de una jurisdicción especializada la facultad de decidir sobre la legalidad del actuar de la Administración Pública, y constituye una clara materialización de los principios de jerarquía normativa, seguridad jurídica y unidad, coherencia y armonía del sistema jurídico.

(…)

De esta condición jerárquica del sistema jurídico, se desprende entonce s la necesidad de inaplicar aquellas disposiciones que por ser contrarias a aquellas otras de las cuales derivan su validez, dan lugar a la ruptura de la armonía normativa. Así, resulta obvio que las disposiciones superiores que consagran rangos y jerarquí as normativas, deben ser implementadas mediante mecanismos que las hagan efectivas, y que, en ese sentido, la

disposiciones superiores que consagran rangos y jerarquí as normativas, deben ser implementadas mediante mecanismos que las hagan efectivas, y que, en ese sentido, la jurisdicción de lo contencioso ostenta la facultad de inaplicar las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las c uales por disposición constitucional deben subordinarse, de conformidad con el artículo 148 del CPACA ya citado. (Negrilla subrayada del Tribunal).

Pocos días después de este pronunciamiento de unificación jurisprudencial, exactamente el 23 de julio de 20 18, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1272 de 2018 10, y ajustó el

10 Por el cual se modifica el Decreto número 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación–, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001-33-33-008-2022-00497-01 8

plazo -que no el procedimiento -, para atender las solicitudes de reconocimiento de cesantías a los docentes afiliados al