TA COR - Sentencia 23001-33-33-008-2024-00492-01 (06-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, seis (6) de febrero del dos mil veinticinco (2025)

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Acción de Tutela Radicación: 23001333300820240049201

Accionante(s): Ubaldina López Charrasquiel Accionado(s):

Ministerio del Interior y Alcaldía Municipal de Puerto Escondido - Córdoba

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir sobre la impugnación presentada por la parte accionante, contra la Sentencia de Primera Instancia, proferida el día nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la accionante.

II. ANTECEDENTES

a). Hechos1. En el libelo de tutela, se narran los siguientes hechos:

El día 12 de marzo de 2023, l a señora Ubaldina López Charrasquiel fue elegida Capitana Menor en Asamblea General de la comunidad del Cabildo Indígena de Tuchincito, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, conforme a los usos, costumbres y normativa interna de la comunidad indígena. En virtud de ello , dicha elección fue registrada en acta y reconocida formalmente por la Alcaldía de Puerto Escondido, mediante acto de posesión de fecha 17 de marzo de 2023.

dicha elección fue registrada en acta y reconocida formalmente por la Alcaldía de Puerto Escondido, mediante acto de posesión de fecha 17 de marzo de 2023.

Bajo ese contexto, con el fin de formalizar su mandato , el Ministerio del Interior emitió certificado mediante su plataforma digital el 16 de agosto y el 23 de septiembre de 2024, respectivamente, en donde se reconocía su periodo hasta el 31 de diciembre de 2025 , documento que, según expresó, es fiel al mandato legítimo otorgado por la comunidad y confirma el ejercicio de sus derechos de autonomía y jurisdicción especial indígena . Sin embargo, señaló que el 31 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior expidió un nuevo certificado en el que modificaba la fecha de finalización de su mandato, reduciendo su vigencia al 30 de junio de 2024, sin justificación legal o previa notificación. En efecto, resaltó que dicha modificación afectó la autonomía de su comunidad indígena, pues, no se llevó a cabo ninguna asamblea, consulta ni decisión interna del cabildo para aprobarla.

En virtud de lo anterior, con base en el referido certificado, manifestó que la Alcaldía de Puerto Escondido reconoció a un nuevo Capitán Menor, el señor Édison Manuel Jiménez Páez, lo que a su juicio, generó una duplicidad de autoridades dentro del cabildo indígena y afectó la legitimidad, cohesión y estabilidad social de la comunidad.

Ante ello, el día 17 de octubre de 2024, presentó petición al Ministerio del Interior, solicitando que se le reconociera como única Capitana Menor, que se anulara el reconocimiento al señor Jiménez Páez y que le entregaran copias de los documentos que

solicitando que se le reconociera como única Capitana Menor, que se anulara el reconocimiento al señor Jiménez Páez y que le entregaran copias de los documentos que este presentó para recibir dicho reconocimiento. Pese a ello, señaló que hasta la fecha, el Ministerio del Interior no ha emitido respuesta, incurriendo en omisión administrativa y vulneración a su derecho de petición y debido proceso administrativo.

Finalmente, expresó que la alteración de la información registrada vulneró la legitimidad de sus autoridades y genera un conflicto interno en el cabildo Tuchincito, en detrimento de la paz y la seguridad jurídica de la comunidad.

1 PDF nro. 01 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23-001-33-33-008-2024-00492-01 2

b). Petición2. En el escrito de tutela, se indicaron las siguientes pretensiones:

 Que se ampar en los derechos fundamentales a la autonomía y jurisdicción especial indígena, igualdad, al debido proceso administrativo y de petición.

 Que se ordene al Ministerio del Interior que restablezca el periodo de mandato original de la señora Ubaldina López Charrasquiel como Capitana Menor del Cabildo Indígena Tuchincito hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme al certificado original del 23 de septiembre de 2024.

 Que se suspenda de manera inmediata cualquier acto administrativo que reconozca al señor Édison Manuel Jiménez Páez como Capitán Menor del Cabildo Indígena Tuchincito mientras se define la situación administrativa.

 Que se ordene a la Alcaldía de Puerto Escondido abstenerse de intervenir en el proceso

señor Édison Manuel Jiménez Páez como Capitán Menor del Cabildo Indígena Tuchincito mientras se define la situación administrativa.

 Que se ordene a la Alcaldía de Puerto Escondido abstenerse de intervenir en el proceso de elección de autoridades indígenas del cabildo Tuchincito y reconocer a la señora López Charrasquiel en su cargo de Capitana Menor hasta el término establecido por su comunidad.

 Que se instruya al Ministerio del Interior y la Alcaldía de Puerto Escondido para que se abstengan de realizar modificaciones al registro de autoridades indígenas sin la notificación previa a la comunidad y sus representantes.

c). Informes de las entidades accionadas

 Municipio de Puerto Escondido3

La alcaldesa del Municipio de Puerto Escondido señaló que el Municipio no vulneró los derechos fundamentales del Cabildo Indígena de Tuchincito, puesto que, la petición presentada por la accionante el día 18 de octubre de 2024, fue resuelta oportunamente el 31 de octubre de 2024, informándole que no era posible anular el reconocimiento del señor Edison Manuel Jiménez Páez como capitán menor, debido a que este se encontraba registrado en la base de datos del Ministerio del Interior como tal, siendo esta entidad la encargada de supervisar, vigilar y garantizar los derechos de las comunidades indígenas, por ello, contradecir este registro sería una transgresión tanto a los der echos del cabildo como a los del nuevo líder elegido.

En ese sentido, expuso que los estatutos del Cabildo Indígena de la comunidad Tuchincito, específicamente en su artículo 10, establecen que la asamblea general es la máxima

como a los del nuevo líder elegido.

En ese sentido, expuso que los estatutos del Cabildo Indígena de la comunidad Tuchincito, específicamente en su artículo 10, establecen que la asamblea general es la máxima autoridad en la toma de decisiones dentro de su estructura de gobierno. En virtud de esta disposición, indicó que las decisiones adoptadas por la asamblea, incluyendo la designación del nuevo capitán menor, deben ser respetadas como expresión de la autonomía reconocida constitucionalmente a las comunidades indígenas.

Informó que como entidad territorial y en respeto a la autonomía otorgada por la Constitución Política de Colombia, el municipio no tiene facultad para evaluar la validez o irregularidades de los procesos internos del cabildo ni para desconocer las decisiones tomadas por su asamblea general y cualquier controversia sobre la legalidad o legitimidad de estos actos deberá ser resuelta en el marco de las instancias internas de la comunidad o, en su defecto, ante las autoridades judiciales competentes.

Al hilo de lo anterior, expresó que l a alcaldía municipal actúa únicamente como receptora y garante del cumplimiento formal de los actos administrativos derivados de dichas decisiones. Es decir, que su función consiste en verificar que los documentos presentados, como las actas de asamblea, estén debidamente constituidos, firmados por la mayoría de los miembros del cabildo, y sean el resultado de los procedimientos democráticos y legítimos establecidos por su asamblea general.

Indicó que en este caso particular, el Municipio de Puerto Escondido cumplió con todos los requisitos de manera adecuada y que no existió injerencia alguna de su parte en la elección del capitán menor o en las decisiones adoptadas por la asamblea general.

Indicó que en este caso particular, el Municipio de Puerto Escondido cumplió con todos los requisitos de manera adecuada y que no existió injerencia alguna de su parte en la elección del capitán menor o en las decisiones adoptadas por la asamblea general.

2 PDF nro. 01 (pág. 4) del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 3 PDF nro. 13 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23-001-33-33-008-2024-00492-01 3

Finalmente, r eiteró que las decisiones del cabildo son informadas a la alcaldía como autoridad territorial, y su función es acatarlas y registrarlas, no evaluarlas o modificarlas, lo que expresó que garantiza el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas, en cumplimiento de lo estipulado en la Constitución y las leyes que protegen su derecho al autogobierno y a la autogestión.

 Ministerio del Interior

Guardó silencio en esta oportunidad procesal.

d). Fallo impugnado4

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Montería, mediante fallo del nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió lo siguiente:

PRIMERO: CONCEDER, la presente acción de tutela instaurada por el doctor Wilfredy Torres Regino, en calidad de apoderado de la señora Ubaldina López Charrasqui contra el Ministerio del Interior y la Alcaldía Municipal de Puerto Escondido. Por las razones expuesta en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENESE al Ministerio del Interior, que en el término de (48) horas seguidas

del Interior y la Alcaldía Municipal de Puerto Escondido. Por las razones expuesta en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENESE al Ministerio del Interior, que en el término de (48) horas seguidas a la notificación de la presente providencia se sirva dar respuesta de forma congruente y de plano a las peticiones de la parte accionante, de fecha 17 de octubre de 2024.

TERCERO: Desvincular de la presente acción a la A lcaldía Municipal de Puerto Escondido conforme a lo expuesto.

CUARTO: Declarar improcedente la acción de tutela respecto de la solicitud de suspensión y el restablecimiento de los actos administrativos indicados por la parte accionante, por las consideraciones expuestas.

El A quo fundamentó su decisión, argumentando que se encuentra acreditado que el accionante presentó petición el 17 de octubre de 2024 ante e l Ministerio del Interior, solicitando ser reconocida como única Capitana Menor, que se anulara el reconocimiento dado al señor Jiménez Páez y que le entregaran copias de los documentos que este último presentó para recibir dicho reconocimiento . Sin embargo, el Ministerio del Interior no dio respuesta a dicha petición. Por otro lado, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela, manifestó que cuando el actor pretende controvertir un acto administrativo, debe considerarse que el CPACA consagró mecanismos de autotutela y , los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En ese sentido, indicó que la jurisprudencia constitucional ha definido por regla general, la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en atención a: la existencia de mecanismos de autotutela; la

constitucional ha definido por regla general, la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en atención a: la existencia de mecanismos de autotutela; la disponibilidad de medios judiciales ordinarios previstos para impugnar las actuaciones de la administración dentro del marco normativo; la presunción de legalidad que se atribuye a dichos actos; y la posibilidad de recurrir a medidas cautelares o provisionales, que permiten adoptar remedios idóneos y eficaces para la protección de los derechos a través de los mecanismos ordinarios establecidos. Finalmente, ante la negativa del Ministerio del Interior en atender la petición presentada por la accionante, el A quo amparó el derecho fundamental de petición, a fin de que se dé una resolución a lo peticionado. No obstante, aclaró que dicho amparo no se extendió a las solicitudes de restablecimiento o suspensión de los actos administrativos de los cuales denota la inconformidad, d ebido a la improcedencia de la tutela para controvertir tales actos. e) La impugnación5

Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante presentó impugnación solicitando la revocatoria de la presente acción constitucional, argumentando la vulneración de la autonomía y Jurisdicción Especial Indígena, pues, considera que el acto unilateral del Ministerio del Interior al modificar la duración del mandato y reconocer a otro líder, vulnera directamente la autonomía indígena.

De igual forma, indica que su mandato finaliza el 31 de diciembre de 2025, siendo que, si espera el trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, su mandato

4 PDF nro. 14 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.

espera el trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, su mandato

4 PDF nro. 14 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 5 PDF nro. 16 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23-001-33-33-008-2024-00492-01 4

habrá concluido tornándose ineficaz su acceso a la justicia, en tanto, el daño se habría consumado antes de obtener una decisión definitiva.

Además, considera que se ha vulnerado su derecho al debido proceso administrativo, puesto que el Ministerio del Interior no notificó ni permitió la participación de la comunidad ni de la Capitana López Charrasquiel en la decisión de modificar el mandato. Aunado a ello, el Ministerio del Interior otorgó un trato diferente a la Capitana López Charrasquiel y al señor Édison Manuel Jiménez Páez, a pesar de que ambos procesos de reconocimiento estaban sujetos a las mismas reglas, lo que estima como una violación al derecho de igualdad.

Por último, considera violatorio de las normas internacionales de derechos humanos, ya que el Estado Colombiano tiene la obligación de proteger la autonomía indígena bajo la normativa internacional, así, la intervención del Ministerio del Interior violó el convenio 169 de la OIT, el cual tiene rango de norma perteneciente al bloque de constitucionalidad.

f) Memorial presentado por la accionadaMinisterio del Interior6

El día 19 de diciembre de 2024, la Directora Jurídica del Ministerio del Interior, conforme a la información y documentación proporcionada por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom

f) Memorial presentado por la accionadaMinisterio del Interior6

El día 19 de diciembre de 2024, la Directora Jurídica del Ministerio del Interior, conforme a la información y documentación proporcionada por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, informó que en aras de dar cumplimiento integral a la providencia del 9 de diciembre de 2024 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería respondió a la solicitud que motivó la acción de tutela mediante Oficio nro. 20242-002104-064969 Id: 457655; donde explicó el procedimiento adelantado para el registro y posterior certificación del señor Edinson Manuel Jiménez Páez, como Capitán Menor de la «Comunidad Indígena de Tuchincito» y manifestaron las razones por las cuales no fue procedente la petición de anulación del registro del mismo.

Bajo ese contexto, indicó que el precitado Oficio fue enviado el 5 de diciembre de 2024 a la dirección electrónica wiltorres-abogado@hotmail.com; misma indicada por la accionante al momento de radicar su solicitud. En efecto, sostuvo que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior dio cumplimiento efectivo a lo ordenado por el A quo el 9 de diciembre de 2024 y solicitó se declare cumplida la orden contenida en el fallo.

g) Trámite de segunda instancia

Por Auto de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veinticuatro (2024)7, se admitió la impugnación presentada por la parte accionante contra el fallo del nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro ( 2024), proferido en primera instancia por el Juzgado Octavo

impugnación presentada por la parte accionante contra el fallo del nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro ( 2024), proferido en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

a) De la competencia

Este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la impugnación presentada por la accionante, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser el superior funcional del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, quien profirió el fallo objeto de impugnación.

b) Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar, si en el sub examine, se cumplen los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de tutela. En caso de que se considere que la acción de tutela es procedente, se determinará si existe vulneración de los derechos fundamentales de petición, debido proceso administrativo, autonomía de las comunidades indígenas e igualdad por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Puerto Escondido.

Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a estudiar los siguientes aspectos: i) generalidades de la

6 PDF nro. 17 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 7 PDF nro. 4 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23-001-33-33-008-2024-00492-01 5

acción de tutela; ii) derechos fundamentales considerados vulnerados; y iii) autonomía,

Rad: 23-001-33-33-008-2024-00492-01

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acción de tutela; ii) derechos fundamentales considerados vulnerados; y iii) autonomía, autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas.

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, en tanto ella sólo procede en el evento en el que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea presentada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, art. 86 de la Constitución Política. La Corte Constitucional8 ha indicado que la acción de tutela es un verdadero derecho fundamental, a través del cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales, los cuales, sin ella, comprometerían su eficacia, la cual se caracteriza por ser un instrumento i) subsidiario; ii) inmediato; iii) sencillo; iv) específico; y v) eficaz; y se rige por los principios de informalidad y de oficiosidad.

1. Derechos fundamentales considerados vulnerados

Por otra parte, e l derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 9 de la Constitución Política, y es indiscutible su categoría de fundamental. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta

Constitución Política, y es indiscutible su categoría de fundamental. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, y que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

De igual forma, el derecho fundamental de petición está regulado en la Ley 1755 del 30 de junio de 2 015; norma que sustituyó el Título II Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, texto normativo que en su artículo 14, contiene los términos con los cuales cuenta la correspondiente entidad pública o el particular requerido para resolver las peticiones presentadas, no obstante, cuando un determinado procedimiento administrativo cuenta con un término especial, el término general deja de ser aplicable y en su lugar, es remplazado por el especial contenido en la norma que regula el caso concreto. Al respecto, la Cort e Constitucional, precisó:

En cuanto al núcleo esencial del derecho de petición, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que aquel consiste en la “posibilidad de presentar solicitudes de manera respetuosa ante las autoridades públicas o ante los particulares, surgiendo a cargo de sus destinatarios el deber de recibirlas, tramitarlas y resolverlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido. Ahora bien, en sentencia T-377 de 2000 esta Alta Corte expuso las principales características del derecho de petición: «a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros

del derecho de petición: «a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimien to del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.10

Asimismo, es importante resaltar que los requisitos de la respuesta al derecho de petición, oportunidad, contenido y notificación de la misma, la Corte Constitucional en sentencia T -138 de 2017 11, ha establecido que la oportunidad implica la contestación dentro del término establecido para la petición y en caso de no poder realizarse dentro del

8 Corte Constitucional. Sentencia C -483 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008). 9 ARTICULO 23. «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas

mil ocho (2008). 9 ARTICULO 23. «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.» 10 Corte Constitucional, Sentencia T-377-2000. M.P: Alejandro Martínez Caballero. Santa Fe de Bogotá, tres (3) de abril de dos mil (2000). 11 Corte Constitucional. Sentencia T-138 de 2017, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23-001-33-33-008-2024-00492-01 6

mismo deben exponerse las razones del caso y manifestar el término en el cual se dará respuesta. Por su pa rte, el contenido, es decir lo decidido en la respuesta debe ser i) claro, lo que implica un lenguaje sencillo y argumentos comprensibles para el peticionario, ii) de fondo, se refiere a que resuelvan todos los aspectos sobre los cuales se pronuncia el titular y solicita sean resueltos, iii) suficiente, resolver materialmente lo pedido por el actor sin que implique una respuesta favorable, iv) efectiva, que solucione el caso planteado, v) congruente, alude a la relación entre lo pedido y lo resuelto, y fin almente, la notificación implica la puesta en conocimiento de la respuesta al interesado a fin de evitar que esta omisión sea asimilable a la falta de contestación.

Con respecto al Derecho fundamental al debido proceso administrativo, el artículo 29 Constitucional prevé que el debido proceso se aplica tanto actuaciones judiciales como

que esta omisión sea asimilable a la falta de contestación.

Con respecto al Derecho fundamental al debido proceso administrativo, el artículo 29 Constitucional prevé que el debido proceso se aplica tanto actuaciones judiciales como administrativas. En ese sentido, su eficacia no solamente conlleva el cumplimiento de ritualidades que dispone el ordenamiento jurídico, sino la garantía para la protección de otros derechos constitucionales. La Corte Constitucional en sentencia T -262 de 2019, indicó que este derecho es: «el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción(...)».

De la misma manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido los elementos del derecho fundamental al debido proceso, dentro de los cuales se encuentran:

(…) (iii) El derecho a la defensa, que consiste en la facultad de pedir y allegar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, formular peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten. El ejercicio de este derecho tiene como presupuesto indispensable la publicidad del proceso, mediante las citaciones para obtener comparecencia, los traslados de actos procesales de las partes o de los auxiliares de la justicia y las notificaciones, comunicaciones y publicaciones de las decisiones adoptadas. (iv) El derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de legalidad de la función pública y de independencia funcional del

notificaciones, comunicaciones y publicaciones de las decisiones adoptadas. (iv) El derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de legalidad de la función pública y de independencia funcional del juez, con prevalencia del derecho sustancial (Arts. 6º, 121, 123, 228 y 230 C. Pol. ) (v) El derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas

Así las cosas, el debido proceso no solo se refiere a los actos finales de la administración, sino también a las actuaciones intermedias, toda vez que lo que se busca es que, el ciudadano conozca el procedimiento de los actos intermedios y que los mismos no dependan de la discrecionalidad de la administración, de tal suerte que tenga claridad sobre los trámites y los requisitos dentro del procedimiento que enfrentará.

En la misma línea, la Corte Constitucional resalta que la finalidad del debido proceso administrativo es buscar garantizar el interés general, y que la función administrativa sea ágil y rápida, para así lograr mayor eficacia y garantí a a la realización de los derechos de los administrados.

En conclusión, el derecho fundamental al debido proceso administrativo conlleva a garantizar que todas las personas tengan derecho a que las actuaciones desarrolladas dentro de un proceso judicial o administrativo se surtan de forma clara y eficaz. Como consecuencia, los ciudadanos esperan que dichos procesos se lleven a cabo de forma célere, transparente y ajustándose al principio de economía procesal.

iii). Autonomía, autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas

De acuerdo con la organización política - administrativa consagrada en la Constitución

célere, transparente y ajustándose al principio de economía procesal.

iii). Autonomía, autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas

De acuerdo con la organización política - administrativa consagrada en la Constitución Política, el Estado Colombiano se construye a partir del principio unitario, pero garantizando, al mismo tiempo, un ámbito de autonomía para sus entidades territoriales. Dentro de dichas entidades, que ostentan personería jurídica, se encuentran los territorios indígenas.

En efecto, los artículos 286 y 287 de la Constitución Política, disponen:

Artículo 286: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23-001-33-33-008-2024-00492-01 7

La ley podrá darles el carácter de ent idades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.

Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud, tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales. (Negrilla fuera del texto)

Frente a las nociones de autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas, el Constituyente consagró los siguientes artículos:

funciones.

4. Participar en las rentas nacionales. (Negrilla fuera del texto)

Frente a las nociones de autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas, el Constituyente consagró los siguientes artículos:

Artículo 329: La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamient o Territorial, y su de