TA COR - Sentencia 23001-33-33-009-2023-00097-01 (11-04-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300920230009701

Demandante(s): Omar Enrique Zabala Muñoz Demandado(s): NaciónFiscalía General de la Nación Tema(s): Bonificación Judicial . Factor salarial. Prescripción. Inaplicación Decreto 0 383 de 2013.

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia proferida el día 19 de julio de 2024, por el Juzgado 403 Administrativo Transitorio de Montería, mediante la cual se resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

a) La demanda1

El demandante pretende que se emitan las siguientes declaraciones y condenas:

Que se inaplique por inconstitucional e ilegal la expresión “a quienes se las aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993 y que vienen rigiéndose por el Decreto 875 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o lo sustituyan” contenida en el artículo 1.° del Decreto 0382 del 6 de marzo de 2013, así como el contenido del artículo 2° del mismo y demás normas modificatorias. Que se declare la nulidad del oficio nro. 000081 del 1° de septiembre de 2022, mediante el

del mismo y demás normas modificatorias. Que se declare la nulidad del oficio nro. 000081 del 1° de septiembre de 2022, mediante el cual se negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales desde el 20 de diciembre de 1989 y hasta la fecha d e terminación de la relación laboral , incluyendo la diferencia entre lo efectivamente percibido y lo que debió ser reconocido, con la correspondiente indexación. Finalmente, pide que se imponga condena en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. Como fundamentos fácticos, se afirmó en la demanda que:

El actor laboral al servicio de la Rama Judicial -Fiscalía General de la Nación desde el 20 de diciembre de 1989 hasta la actualidad.

En virtud ello, el 13 de agosto de 2022, solicitó a la Dirección Administrativa de la Rama Judicial, para que se le reliquidaran sus prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como fator salarial.

1 PDF 10 C01. Expediente digital. Las demás referencias a PDF corresponden al mismo exp.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23-001-33-33-009-2023-00097-01

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Mediante correo electrónico del 16 de agosto de 2022, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería - Talento Humano, señaló no ser la competente para responder de fondo la solicitud, y trasladó a la Fiscalía General de la Nación, quien mediante

Administración Judicial de Montería - Talento Humano, señaló no ser la competente para responder de fondo la solicitud, y trasladó a la Fiscalía General de la Nación, quien mediante acto administrativo contenido en el oficio nro. 000081 del 1° de septiembre de 2022 negó la solicitud de reconocimiento de reliquidación de prestaciones económicas.

Como normas violadas , invocó los artículos 13, y 53, de la Constitución Política de Colombia; 127 del Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 0382 de 2013. En el concepto de la violación, el demandante adujo que los actos administrativos acusados vulneraron los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, en tanto desconocieron sus derechos sociales y la aplicación de los principios constitucionales que deben regir las actuaciones de la administración. Señaló que las decisiones se fundamentaron en normas que, aunque regulan el derecho reclamado, fueron incorrectamente aplicadas e interpretadas, transgrediendo garantías fundamentales, en especial el derecho a la igualdad , al no recon ocer la bonificación judicial como factor salarial, pese a existir precedentes favorables en casos similares. Sostuvo que el artículo 53 de la Constitución establece principios como la igualdad y la aplicación de la condición más favorable al trabajador, los cuales fueron desconocidos por la coexistencia de dos regímenes salariales en la Rama Judicial. Argumentó que el Decreto 0382 de 2013, aunque pretendía corregir dicha desigualdad mediante la bonificación judicial, no representó una nivelación real, ya q ue no se incluyó como factor para la liquidación de prestaciones sociales desde enero de 2013. Finalmente, indicó que la administración tenía conocimiento de la jurisprudencia vigente

judicial, no representó una nivelación real, ya q ue no se incluyó como factor para la liquidación de prestaciones sociales desde enero de 2013. Finalmente, indicó que la administración tenía conocimiento de la jurisprudencia vigente antes de expedir los actos acusados, lo que se evidencia en múltiples fa llos judiciales que han ordenado la reliquidación de prestaciones sociales a favor de otros funcionarios. Por lo anterior, concluyó que las motivaciones de los actos acusados carecen de legalidad, pues desconocen la jurisprudencia aplicable y vulneran dere chos fundamentales del demandante. b) Contestación de la demanda2

Al contestar la demanda, l a Fiscalía General de la Nación , mediante apoderado, se pronunció sobre los hechos de la demanda y se opuso a todas y cada una de las pretensiones.

En sustento de su posición, manifestó que los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 0382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

Además, aclara que el Decreto 0382 de 2013 es una norma claramente constitucional y legal, solo solo en la forma en la que se promulgó, sino que obedece a las facultades constitucionales que le fueron otorgadas el Gobierno Nacional.; siendo claro que la norma goza de plena validez jurídica y de presunción de legalidad dado que sobre ella no pesa ninguna decisión de inconstitucionalidad, ilegalidad o derogación.

Por lo expuesto, señaló que la entidad únicamente expide actos administrativos en cumplimiento de un deber legal.

ninguna decisión de inconstitucionalidad, ilegalidad o derogación.

Por lo expuesto, señaló que la entidad únicamente expide actos administrativos en cumplimiento de un deber legal.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: «cobro de lo no debido», «prescripción de los derechos laborales», «buena fe» y «la genérica»

2 PDF 13 C01Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23-001-33-33-009-2023-00097-01

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c) La sentencia apelada3

El Juzgado 403 Administrativo Transitorio de Montería emitió sentencia de primera instancia el día 19 de julio de 2024, en la cual decidió:

(...) SEGUNDO: Inaplicar por inconstitucional la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el Decreto N° 382 de 2013 y los Decretos subsiguientes que lo modifiquen, siempre y cuando permanezca vigente el vínculo laboral y c ontinúe percibiendo tal bonificación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Declarar la nulidad del acto administrativo oficio No. DS.SRANOC.GSA 04. Nro. 000081 del 1 de septiembre de 2022, que negó a la parte demandante el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

CUARTO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, como pasa a decidirse.

QUINTO: Como restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Fiscalía General de

pago de la bonificación judicial como factor salarial.

CUARTO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, como pasa a decidirse.

QUINTO: Como restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Fiscalía General de la Nación para que reconozca, reliquide y pague al Dr. Omar Enrique Zabala Muñoz, todas las prestaciones sociales reconocidas, pagadas y causadas, desde el 16 de agosto de 2019, -por prescripción-, con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, si persiste el vínculo laboral y sigue percibiendo tal bonificación.

SEXTO: Condenar a la entidad demandada que sobre las sumas de dinero resultantes de la presente condena efectúe los correspondientes ajustes de ley, conforme al porcentaje ordenado para cada año por el Gobierno Nacional.

OCTAVO: Condenar a la demandada a ajustar el valor de la condena aquí impuesta conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, empleando para ello la formula universal adoptada por el H. Consejo de Estado, y que fue señalada en la parte motiva de esta providencia.

(...)

Para ello, estableció que el actor se encuentra vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde el 1° de julio de 1992, desempeñando el cargo de Agente de Protección y Seguridad

II. En contraprestación, percibe la bonificación judicial creada mediante el Decreto nro. 0382 de 2013, sin que ésta haya sido considerada como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales.

El 16 de agosto de 2022, la parte actora presentó derecho de petición solicitando la demandada, reconocer la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de

prestaciones sociales.

El 16 de agosto de 2022, la parte actora presentó derecho de petición solicitando la demandada, reconocer la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas. La petición fue resuelta desfavorable mente por el oficio nro. DS.SRANOC.GSA-04 nro. 000081 del 1° de septiembre de 2022.

Seguidamente, advirtió que la bonificación judicial tiene naturaleza salarial, dado que fue creada con el propósito de nivelar los ingresos de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y, por tanto, constituye un incremento del salario , todo lo cual se refuerza teniendo en cuenta el carácter habitual, en tanto se percibe mensualmente como retribución del trabajo. Así, excluirla como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales representa una disminución injustificada de los montos reconocidos, lo que contraviene el artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, que prohíbe la desmejora de los derechos adquiridos de los servidores públicos y la Constitución Política, pues, si bien el Gobierno Nacional está facultado para nivelar el salario de los servidores públicos, la exclusión de un concepto salarial es una competencia exclusiva del Congreso de la República.

Por lo tanto, concluyó que el Decreto nro. 382 de 2013 y sus modificaciones, son contrarios a la Constitución y la Ley, razón por la cual se debía inaplicar. Por ende, los actos demandados resultan ilegales. En cuanto a la prescripción, el juez precisó que el término aplicable es de tres (3) años, contados a partir de la exigibilidad del derecho. Así las cosas, sostuvo que la reclamación

demandados resultan ilegales. En cuanto a la prescripción, el juez precisó que el término aplicable es de tres (3) años, contados a partir de la exigibilidad del derecho. Así las cosas, sostuvo que la reclamación administrativa fue formulada el 16 de agosto de 2022, y como la interrupc ión de la

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prescripción surte efectos 3 años atrás, los derechos reclamados antes del 16 de agosto de 2019 están prescritos. Con el siguiente cuadro ilustró para mayor precisión: Fecha de vinculación a la entidad Fecha de presentación de la petición. Operación de la prescripción trienal. (3 años hacia atrás desde la fecha de la petición) 1° de julio de 1992 16 de agosto de 2022 16 de agosto de 2019

Finalmente, a título de restablecimiento del derecho, el juez ordenó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la exclusión de la bonificación judicial como factor salarial en la liquidación de las prestaciones so ciales, dejadas de percibir por el demandante desde el 16 de agosto de 2019 –por prescripción-, mientras perciba la bonificación judicial.

d) El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión de primera instancia , la entidad demandada4, por intermedio de su apoderada, cuestionó la decisión adoptada al considerar que los actos administrativos reprochados en el presente medio de control fueron expedidos en cumplimiento de un deber

Inconforme con la decisión de primera instancia , la entidad demandada4, por intermedio de su apoderada, cuestionó la decisión adoptada al considerar que los actos administrativos reprochados en el presente medio de control fueron expedidos en cumplimiento de un deber legal que se le impuso a la Fiscalía por medio del Decreto 0382 de 2013. En efecto, sostuvo que el Decreto 0382 de 2013 fue expedido por el Gobierno Nacional en virtud de lo consagrado en el artículo 150 de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992, dichos preceptos normativos le confieren la facultad de fijar e l régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluyendo a los empleados de la Fiscalía General de la Nación.

En el mismo contexto, adujo que en el ordenamiento jurídico interno y externo no existen normas que establezcan que aquellos ing resos que el trabajador perciba habitualmente deba ser considerado como salario para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, puesto que le corresponde al legislador determinar qué se considera salario, lo cual ha sido ratificado por la Corte Constitucional en diferentes sentencias como las C-521 de 1995, C279 de 1996, C-052 de 1999, C-681 de 2003 y C-244 de 2013.

Por lo demás, reiteró sus argumentos de contestación de la demanda, insistiendo en que el Decreto 0382 de 2013 es el resultado de una negociación colectiva que desarrolla los convenios de la OIT y la jurisprudencia constitucional, puesto que, los empleados pertenecientes al sindicato de la Fiscalía y el Gobierno Nacional llegaron a la conclusión de forma voluntaria que la bonificación judicial tendrá efectos salariales restringidos.

convenios de la OIT y la jurisprudencia constitucional, puesto que, los empleados pertenecientes al sindicato de la Fiscalía y el Gobierno Nacional llegaron a la conclusión de forma voluntaria que la bonificación judicial tendrá efectos salariales restringidos.

Por último, reprochó sobre la sostenibilidad fiscal, dado que acceder a las pretensiones implicaría una disposición de recursos adicionales para sufragar necesidades que no fueron proyectadas con anterioridad; lo cual desbordaría el presupuesto, y a su vez esto podría llevar a una crisis fiscal dentro del Estado Colombiano.

e) El trámite en segunda instancia

Siguiendo el trámite procesal de la segunda instancia, los recursos de apelación fueron admitidos, mediante auto del 3 de marzo de 2025 5. En la oportunidad procesal para pronunciarse sobre los recursos de apelación, el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) La competencia

Este Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada en el presente proceso, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

4 PDF 20 C01 5 PDF 04 C02.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23-001-33-33-009-2023-00097-01

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De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico

Para resolver el asunto sometido a consideración judicial, conforme las competencias del

invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico

Para resolver el asunto sometido a consideración judicial, conforme las competencias del juez de segunda instancia, previstas en los artículos 3206 y 3287 del CGP8, la Sala deberá establecer, si la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013, modificado por el Decreto 1269 de 2015, constituye un factor salarial más allá de su destinación exclusiva para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, deberá anali zarse si la parte demandante tiene derecho a que dicha bonificación sea reconocida como un componente salarial con incidencia en otras prestaciones.

Definida esa cuestión, en caso de ser procedente, se revisará lo relativo a la prescripción.

c) Marco normativo y jurisprudencial

Previo a resolver el problema jurídico planteado, y con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a traer a colación el marco legal y jurisprudencial que gobierna la bonificación judicial creada en favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

De la bonificación judicial

En el marco de la Constitución Política de 1991, la competencia para regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos quedó establecida de manera concurrente entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. En este sentido, el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), otorga n al Congreso la facultad de expedir las leyes y fijar los lineamientos generales que deberá observar el Gobierno Nacional para:

entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. En este sentido, el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), otorga n al Congreso la facultad de expedir las leyes y fijar los lineamientos generales que deberá observar el Gobierno Nacional para: • Fijar el régimen salarial y prestacional de los e mpleados públicos, los miembros del Congreso y la Fuerza Pública -literal e-. • Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficialesliteral f-.

En virtud de esa atribución constitucional, se expidió la Ley 4ª de 1992, a través de la cual se estableció que corresponde al Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, conforme a los criterios definidos por el Congreso de la República en dicha ley marco.

Dicha norma legal establece el marco general dentro del cual el Gobierno Nacional debe ejercer la competencia que le ha sido asignada, para efectos de fijar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, entre ellos los de la Fiscalía General de la Nación9, con observancia de las normas, objetivos y criterios señalados en aquella.

6 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. 7 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. 7 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. 8 Norma aplicable por la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 2.°.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23-001-33-33-009-2023-00097-01

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En lo relativo a la bonificación judicial, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que el Gobierno Nacional establecería una prima especial, sin carácter salarial, con efectos a partir del 1.º de enero de 1993, para algunos servidores públicos. Junto a ese dispositivo, incluyó en el parágrafo la obligación de que revisara el sistema de remun eración tanto de funcionarios como de empleados de la Rama Judicial. Textualmente, la norma en cuestión establece:

en el parágrafo la obligación de que revisara el sistema de remun eración tanto de funcionarios como de empleados de la Rama Judicial. Textualmente, la norma en cuestión establece:

ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registrador es del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

Para la Sección Segunda del Consejo de Estado, «lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcio narios y empleados de la Rama Judicial” , le estaba vedado al Gobierno Nacional incumplir el mandato legal y exceder el marco y criterios allí fijados, teniendo en cuenta, se reitera, que la Ley no realizó discriminación alguna en ese sentido,

Gobierno Nacional incumplir el mandato legal y exceder el marco y criterios allí fijados, teniendo en cuenta, se reitera, que la Ley no realizó discriminación alguna en ese sentido, además que lo que se dispuso fue la nivelación o reclasificación de la remuneración salarial, lo que en ambos sentidos implica incremento salarial»10.

Ante la falta de nivelación ordenada por el legislador, en el año 2012 se suscitó un conflicto laboral entre el Gobierno Nacional y los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, junto a la Fiscalía General de la Nación, que llegó a su fin con la suscripción del Acta de Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 donde se estableció11:

[C]on el fin de realizar la nivelación de la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación y el Gobierno N acional, por intermedio de los Ministerios de Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Seguridad Social, junto con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la

Fiscalía General de la Nación:

ACUERDAN

1.- Reconocer el derecho a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, atendiendo criterios de equidad.

(…)

3.- A partir del año 2013, se iniciará el proceso de nivelación de la Rama Judicial, en la cuantía apropiada para el efecto, esto es, CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($120.000.000.000).

3.- A partir del año 2013, se iniciará el proceso de nivelación de la Rama Judicial, en la cuantía apropiada para el efecto, esto es, CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($120.000.000.000).

El proceso de ajustes en los sistemas de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, iniciará igualmente en la vigencia fiscal del 2013 y se realizará de forma equivalente al proceso que se realice para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con el monto que para ello se requiera.

10 Sentencia del 6 de abril de 2022 (exp. 0470-2020, Conjuez Ponente: Carmen Anaya de Castellanos) 11Se puede consultar en https://www.lavozdelderecho.com/index.php/opinion/item/2341-acuerdo-con-rama-judicial-paranivelacion-salarial Director de la emisora: Dr. José Gregorio Hernández GalindoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23-001-33-33-009-2023-00097-01

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4.- Se conformará una Mesa Té cnica Paritaria con el objeto de realizar y aplicar las cifras y montos establecidos en el numeral segundo, referidos a la nivelación de la remuneración en los términos de la Ley 4 de 1992. (…)

En consonancia con lo anterior, el Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 4ª de 1992 expidió el Decreto 382 del 6 de marzo de 2013, mediante la cual instituyó la bonificación judicial para los servidores públicos al servicio de la Fisc alía General de la Nación. En este contexto, el citado decreto reconoce que esta prestación económica solo

la bonificación judicial para los servidores públicos al servicio de la Fisc alía General de la Nación. En este contexto, el citado decreto reconoce que esta prestación económica solo constituye salario para efectos de liquidar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, por tanto, quedó excluido para efectos de liquidar prestaciones sociales12.

Además, el artículo 2º. del Decreto 382 de 2013 dispone que esta bonificación judicial se aplica a los empleados que se vincularon en vigencia del Decreto 53 de 1993 o aquellos que se hayan acogido a dicho régimen. Sin embargo, esta disposición normativa establece que aquellos empleados del régimen anterior que no se hayan acogido al Decreto 53 de 1993, y que a su vez, en el año 2013 perciban un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial, respecto de quien ocupa el mismo cargo, pero que se les aplica el régimen del Decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial mientras se encuentren activos.

Por su parte, l a noción de salario, según lo establecido en el Convenio 95 relativo a la protección del salario 12, de la OIT (aplicable en la legislación interna por expresa disposición del artículo 53 de la Constitución), «significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar».

fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar».

En la misma línea, el artículo 127 del CST establece que no solo la remuneración ordinaria, fija variable, constituye salario, «sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».

Similar connotación dio el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, e n lo concerniente a los factores que integran el salario de los empleados públicos, al advertir que son de naturaleza salarial todas aquellas sumas que el trabajador percibe de manera habit ual y periódica en contraprestación por sus servicios.

Dada la irrenunciabilidad a un trabajo remunerado y atendiendo los principios que inspiran el Estado Social de Derecho, la Corte Constitucional ha advertido que su regulación debe ceñirse a criterios de justicia, equidad, racionalidad y razonabilidad, además , consultando principios básicos constitucionales como la igualdad, la garantía de una re muneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos y la primacía de la realidad sobre la formalidad13.

A partir de lo analizado en precedencia, para esta judicatura, no podía el Ejecutivo desatender la orden del legislador en cuanto a la nivelación salarial de los servidores de la

beneficios mínimos y la primacía de la realidad sobre la formalidad13.

A partir de lo analizado en precedencia, para esta judicatura, no podía el Ejecutivo desatender la orden del legislador en cuanto a la nivelación salarial de los servidores de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, previendo un emolumento que le diera la categoría de factor salarial únicamente para efectos de aportes al SGSS. Ello además de inequitativo, resulta un contrasentido normativo, si se tiene en cuenta que la norma que gobierna la cotización al SGSS (artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1 993) señala que la base para calcular las cotizaciones corresponde al «salario mensual» y, de hecho, para el caso de los servidores públicos indica que lo será el salario que señale el Gobierno, de conformidad con la Ley 4 a de 1992. En cualquier caso, justamente la noción de salario es

12 Adoptado en la