TA COR - Sentencia 23001-33-33-010-2024-00275-01 (10-10-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, diez (10) de octubre dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación 23001333301020240027501

Demandante FARID DARÍO NAVARRO AGUAS

Demandado NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG Y

OTRO Tipo de providencia SENTENCIA

Temas SANCIÓN MORATORIA LEY 244 DE 1995 –

RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES A CARGO

DE LA PRESTACIÓN – LEY 1955 DE 2019

Decisión MODIFICA NUMERALES 2° Y 3° Y ADICIONA

NUMERAL

1. ASUNTO

El tribunal decide los recursos de apelación formulado s por la parte demandante y el departamento de Córdoba contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 2025, emitida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería1.

2. LA DEMANDA

2.1. Hechos

2.1.1. La parte actora aduce que, por laborar como docente en los servicios educativos estatales en el departamento de Córdoba, el día 13 de agosto de 2019 le solicitó al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho.

2.1.2. Manifiesta que mediante la Resolución No. 4575 del 18 de noviembre de 2019,

reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho.

2.1.2. Manifiesta que mediante la Resolución No. 4575 del 18 de noviembre de 2019, expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba le fue reconocida la cesantía solicitada.

2.1.3. Expone que la prestación no fue pagada a tiempo, es decir, ni la entidad territorial expidió el acto administrativo dentro de los 15 días que exige la ley, ni el Fomag pagó la cesantía dentro de los 45 días hábiles otorgados por el ordenamiento jurídico.

1La presente sentencia se profiere alterando el orden de los expedientes que se encuentra para fallo, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 115 de las Leyes 446 de 1998 y 1395 de 2010, toda vez que el tema debatido ha sido decantado por esta Corporación. 2 FOMAG.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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CO-SC5780-99 2.1.4. El valor reconocido por cesantías se puso a disposición en la entidad bancaria el 13 de febrero de 2020. 2.1.5. El 14 de febrero de 2022, le fue hecho pago parcial por concepto de sanción mora por la suma de $ 2.448.994, y quedó como saldo líquido el valor de $ 4.187.227 correspondiente a la totalidad de la sanción.

2.1.6. Finalmente, comenta que, el día 30 de septiembre de 2021 presentó petición de reconocimiento de sanción mora de conformidad con los parámetros fijados en la Ley 1071

2.1.6. Finalmente, comenta que, el día 30 de septiembre de 2021 presentó petición de reconocimiento de sanción mora de conformidad con los parámetros fijados en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019 ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y con copia ante el departamento de Córdoba. La petición se contestó negativamente según acto fico negativo configurado el 30 de diciembre de 2021.

2.2. Pretensiones

2.2.1. Que se declare la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio administrativo configurado el día 30 de diciembre de 2021 frente a la petición realizada por el demandante el 30 de septiembre de 2021, a través del cual se niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

2.2.2. A título de restablecimiento del derecho, se declare que tiene derecho a la sanción pecuniaria solicitada establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de su salario por cada día de retardo, por el pago tardío de sus cesantías. En consecuencia, se ordene a las entidades demandadas reconocer y pagar la sanción moratoria fijada en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y según el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

2.2.3. Asimismo, solicita que las sumas reconocidas se indexen tomando como base la

de 1995 y 1071 de 2006 y según el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

2.2.3. Asimismo, solicita que las sumas reconocidas se indexen tomando como base la variación del índice de precios al consumidor, que se ordene cumplir la sentencia según los artículos 187 y 192 del CPACA, respectivamente y, se condene en costas a su contra parte.

2.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

La parte actora estima vulneradas las siguientes disposiciones: artículo s 5 y 15 de la Ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 1272 de 2018.

3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia anticipada del 21 de marzo de 2025, el a quo declaró la nulidad del acto administrativo ficto negativo frente a la petición elevada el 30 de septiembre de 2021, mediante el cual las entidades demandadas negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria al actor.

En consecuencia, condenó al departamento de Córdoba a reconocer la sanción moratoria a favor del demandante, por el período comprendido entre el 23 de noviembre de 2019 y el 12 de febrero de 2020, equivalente a 82 días. No obstante, se ordenó a la entidad territorial pagar al actor la suma de $2.733.578, correspondiente a 43 días de mora, toda vez que ya se había efectuado el pago de una suma equivalente a 39 días, descontándose así de la totalidad del tiempo causado.

pagar al actor la suma de $2.733.578, correspondiente a 43 días de mora, toda vez que ya se había efectuado el pago de una suma equivalente a 39 días, descontándose así de la totalidad del tiempo causado.

El a quo se refirió a la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 y a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018 con radicado 73001 -23-33-Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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CO-SC5780-99 000-2014-00580-01(4961-15) CE -SUJ2-012-18, M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez . En concreto señaló:

«(…) Conforme al material probatorio aportado al plenario, se acreditó que el 13 de agosto de 2019 el actor elevó solicitud de reconocimiento de cesantías parciales a través de oficio radicado ante la secretaria de educación del Departamento de Córdoba.

Mediante resolución No. 4575 del 18 de noviembre de 2019, la secretaria de educación del Departamento de Córdoba, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconoció las cesantías parciales a su favor; dicha prestación fue puesta a disposición del docente el 13 de febrero de 2020.

En ese orden de ideas, tenemos:

Fecha de solicitud 13 de agosto de 2019 Término para expedir el acto administrativo (15 días hábiles) 3 de septiembre de 2019 Fecha de expedición del acto administrativo 18 de noviembre de 2019

Fecha de solicitud 13 de agosto de 2019 Término para expedir el acto administrativo (15 días hábiles) 3 de septiembre de 2019 Fecha de expedición del acto administrativo 18 de noviembre de 2019 Fecha en que se cumplieron los 70 días hábiles 22 de noviembre de 2019 Fecha de disposición del dinero 13 de febrero de 2020

Entonces, determinado que la fecha de solicitud de reconocimiento de las cesantías fue el 13 de agosto de 2019, y la de expedición del acto administrativo el 18 de noviembre de 2019, es claro que éste último fue expedido en forma extemporánea (acto escrito extemporáneo), de conformidad a la hipótesis de la jurisprudencia vista en los fundamentos de la decisión; y por tanto, no es necesario precisar la fecha de notificación del mismo, debido a que la sanción moratoria corre 70 días hábiles posteriores a la petición.

En ese orden, los 70 días con los que contaba la entidad demandada para pagar las cesantías solicitadas, fenecían 22 de noviembre de 2019; comenzando a correr la sanción moratoria a partir del día siguiente, esto es, 23 de noviembre de 2019, hasta el día antes del pago de las cesantías al actor, 12 de febrero de 2020, lo que arroja un retardo de 82 días, a los cuales tiene derecho de pago de sanción moratoria.

En este punto se destaca que, la parte demandante afirmó haber recibido un pago parcial por valor de $2.448.994 y como prueba aportó certificado pago de fecha 28 de junio de 2023 expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo cual fue confirmado por la entidad en su contestación de demanda.

por valor de $2.448.994 y como prueba aportó certificado pago de fecha 28 de junio de 2023 expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo cual fue confirmado por la entidad en su contestación de demanda.

Para efectos de liquidación de esta sanción moratoria, por tratarse de cesantías parciales, se debe tener como base la asignación básica al momento en que se causa la sanción, esto es noviembre de 2019.

Dentro de los anexos de la demanda, se encuentra certificado de nómina de fecha 2 de septiembre de 2021, expedido el aplicativo humano en línea de la secretaria de educación departamental de Córdoba, donde consta que el docente para el año 2019 recibía una asignación básica mensual de $1.896.063.

En ese orden de ideas, el demandante tiene derecho a que se le reconozcan 82 días de mora, los cuales equivalen a $5.182.5724, teniendo en cuenta que Fiduprevisora pagó la suma de $2.448.994, la entidad demandada Departamento de Córdoba le adeuda al actor un total de $2.733.578 correspondiente a 43 días de mora. (…)»Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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4. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Mediante memorial es allegados los días 26 de marzo y 8 de abril de 2025, la pa rte demandante y el departamento de Córdoba interpusieron recursos de apelación contra la providencia emitida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería3.

demandante y el departamento de Córdoba interpusieron recursos de apelación contra la providencia emitida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería3.

La parte demandante expres ó que, en sentencia del 26 de agosto de 2019, dentro del proceso radicado 68001 -23-33-000-2016-00406-01, el Consejo de Estado precisó los alcances de la SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018. Asegura que, de la mencionada sentencia se desprende que hay lugar a aplicar el artículo 187 del CPACA desde que termina de causarse la sanción, ya que dicha indexación opera luego de la ejecutoria de la sentencia y que en ningún caso hay lugar a la indexación de la sanción moratoria como tal.

En ese sentido, solicita que la sentencia de primera instancia sea revocada parcialmente y se ordene el ajuste de las sumas reconocidas tomando como base el índice de precios al consumidor según el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

El departamento de Córdoba manifestó que, si bien es la entidad que proyecta la liquidación de las prestaciones sociales de los docentes que se encuentran afiliados al FOMAG por delegación, es el fondo quien a través de la Fiduprevisora S.A. aprueba y paga las cesantías, pues, al ente territorial no llegan los recursos para el pago de la prestación.

En ese orden, aseguró que no está obligado a responder por lo solicitado en la demanda, ya que, la docente demandante se encuentra afiliada al FOMAG, por ende, en el escenario en que se accediera a las pretensiones de la demanda, es el fondo quien está llamado a responder.

ya que, la docente demandante se encuentra afiliada al FOMAG, por ende, en el escenario en que se accediera a las pretensiones de la demanda, es el fondo quien está llamado a responder.

Agregó que, la solicitud de reconocimiento fue formulada en la fecha consignada en la Resolución No. 4575 del 18 de noviembre de 2019 , a través de la cual se le reconocieron las cesantías al docente.

En ese sentido, el acto administrativo de reconocimiento fue debidamente notificado y, no fue objeto de recurso por la parte demandante, por ende, quedó en firme. Así, es claro que la parte actora estuvo de acuerdo con todos los considerandos de la resolución que le reconoció la prestación , en especial con la fecha consignada como data en la elevó la solicitud de reconocimiento prestacional.

5. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el departamento de Córdoba fueron admitidos mediante auto de fecha 19 de septiembre del 2025, sin que previo a ingresar al despacho para fallo las partes y el Ministerio Público intervinieran en esta instancia.

6. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

6.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este tribunal es competente para conocer en segunda

3 Ver archivos 18Recurso.pdf y 19Recurso.pdf del expediente.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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CO-SC5780-99 instancia de la apelación de la sentencia emitida por un juzgado administrativo del circuito judicial de Montería.

Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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CO-SC5780-99 instancia de la apelación de la sentencia emitida por un juzgado administrativo del circuito judicial de Montería.

6.2. Impedimento manifestado por integrante de la sala

Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala dual integrada con la doctora María Bernarda Martínez Cruz procede al análisis del impedimento manifestado por la magistrada María Virginia Lorduy Villarreal, quien considera estar impedida para conocer del pr esente proceso por las siguientes razones:

Según lo expuesto, la magistrada intervino previamente en el trámite, en calidad de Procuradora 190 Judicial I para Asuntos Administrativos, actuando como conciliadora extrajudicial en virtud de lo dispuesto en la Ley 2220 de 2022. Con fundamento en lo anterior, considera que su participación constituye una actuación previa en una instancia anterior, circunstancia que, a su juicio, afecta su habilitación para intervenir como juzgadora en el presente asunto.

El artículo 141 del Código General del Proceso establece como causal de recusación: “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.” La finalidad de esta causal es salvaguardar la imparcialidad judicial, impidiendo que un juez conozca en grado superior de una decisión previamente adoptada por él mismo o por alguno de sus parientes, lo cual podría comprometer la objetivi dad de su juicio4.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 12 de octubre de

por él mismo o por alguno de sus parientes, lo cual podría comprometer la objetivi dad de su juicio4.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 12 de octubre de 2018 (Exp. 11001020300020180117300), precisó que esta causal exige el cumplimiento de dos condiciones concurrentes: (i) que el juez haya realizado una actuación previa identificable de manera objetiva, y (ii) que dicha actuación se haya producido en una instancia anterior, conforme al principio de la doble instancia.

En el caso bajo estudio, verificado el expediente, se constata que la participación de la magistrada se limitó a una intervención conciliatoria en sede extrajudicial. Dicha actuación no constituyó conocimiento formal del proceso ni implicó la emisión de pr onunciamiento alguno sobre el fondo del litigio. Además, no tuvo carácter jurisdiccional ni comprometió su independencia o criterio en el ejercicio de su función como juzgadora.

En este contexto, la Sala concluye que no se configura la causal invocada, toda vez que la actuación referida no corresponde a una instancia procesal en los términos exigidos por el artículo 141 del Código General del Proceso. En consecuencia, se declara i nfundado el impedimento manifestado por la magistrada María Virginia Lorduy Villarreal, quien continuará conociendo del presente proceso en su condición de integrante de la Sala.

6.3. Problema jurídico

Establecer si en el presente asunto el a quo contabilizó adecuadamente el monto de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, en favor de la parte actora, y si procede el ajuste o indexación de la condena en los términos

sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, en favor de la parte actora, y si procede el ajuste o indexación de la condena en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. Además, determinar si es procedente condenar a su pago a la entidad territorial demandada según la Ley 1955 de 2019.

4 Código General del Proceso, Parte General. López Blanco, Hernán Fabio. Bogotá D.C DUPRE Editores Ltda, pág.270-271.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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6.3.1. Marco normativo

El Consejo de Estado en sentencia de unificación5 estableció a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la sanción moratoria:

“95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social -cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006 5), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles

decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006”

La citada sentencia sostiene que si bien el trámite de reconocimiento y pago de prestaciones sociales contiene una regulación particular en el Decreto 2831 de 2005 que difiere del establecido en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, prevalece el procedimiento indicado en estas últimas por cuanto gozan de mayor jerarquía normativa que el citado decreto, por consiguiente, debe aplicarse la disposición legal en lo concerniente a términos para el reconocimiento de las cesantías parciales o def initivas de docentes en atención a su naturaleza jurídica de servidores públicos, al igual que en el caso de la sanción moratoria.

En la aludida sentencia de unificación se establecieron las reglas que deben tenerse en cuenta para contabilizar el inicio de la causación de la sanción moratoria, teniendo en cuenta el procedimiento que debe llevarse a cabo en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas. Las referidas reglas se discriminan en el siguiente cuadro6:

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Sandra

cesantías parciales o definitivas. Las referidas reglas se discriminan en el siguiente cuadro6:

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C. dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), Rad. No.: 73001-23-33000-2014-00580-01(4961-15). 6 Ibídem.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE

EJECUTORIA

TÉRMINO

PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificaciónMedio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho

EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificaciónMedio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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En esta providencia también se precisó la improcedencia de la indexación así:

“191. En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y prolongado en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del ajuste del salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria no pued e indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda del Consejo de Estado sentará jurisprudencia en tal sentido. Sin embargo, ello no implica el ajuste a valor de la condena eventual, en los términos descritos en el artículo 187 del CPACA."

No obstante, con fundamento en la sentencia de unificación en cuanto al ajuste de la suma reconocida por sanción moratoria el Consejo de Estado 7 ha ordenado el reajuste de las sumas en aplicación del artículo 187, así lo señaló en providencia del 12 de noviembre de 2020:

“Por otro lado, se advierte que, si bien es cierto que no procede la indexación del capital base de liquidación, esto es, el reajuste de la asignación básica con la cual debe ser calculada la sanción, no lo es menos que ello no es óbice para dar aplicación al artículo 187 (inciso final) del CPACA, en el sentido de actualizar las sumas líquidas de dinero que correspondan a la condena irrogada, tal como fue determinado por esta sección en

calculada la sanción, no lo es menos que ello no es óbice para dar aplicación al artículo 187 (inciso final) del CPACA, en el sentido de actualizar las sumas líquidas de dinero que correspondan a la condena irrogada, tal como fue determinado por esta sección en sentencia de unificación de 18 de julio de 2018.

En tal virtud, la suma que deberá cancelar la entidad condenada por concepto de sanción moratoria se actualizará de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la acusación de la sanción).”

-Negrilla fuera del texto7 Sentencias bajo radicado 08001-23-33-000-2012-00224-02(1752-15) del 30 de octubre de 2020 y 08001-2333-000-2014-01207-01(0902-17) del 12 de noviembre de 2020. ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia

al intento de notificación personal 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN

RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recursoMedio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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El 23 de julio de 2018, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1272 de 20188 y ajustó el plazo -no el procedimiento - para atender las solicitudes de reconocimiento de cesantías a los docentes afiliados al Fomag a máximo 15 días hábiles, contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario (artículo 2.4.4.2.3.2.22.).

Por su parte, procedimiento exigía a la autoridad administrativa que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de la prestación, elaborara un proyecto de acto administrativo, el cual dentro del mismo plazo debía remitirlo a la Fiduciaria para que esta

Por su parte, procedimiento exigía a la autoridad administrativa que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de la prestación, elaborara un proyecto de acto administrativo, el cual dentro del mismo plazo debía remitirlo a la Fiduciaria para que esta lo revisara (art. 2.4.4.2.3.2.23.); a su vez, la Fiduciaria, dentro de un término idénticocontado desde el recibo del proyecto de acto administrativo - debía impartir su aprobación o desaprobación argumentando de manera precisa el sentido de su decisión y remitir a la entidad territorial lo decidido (art. 2.4.4.2.3.2.24.). Finalmente, los cinco (5) días hábiles restantes -de los 15 - debían emplearse por la entidad territorial para expedir el acto administrativo definitivo, contados desde que se recibiera la decisión de la Fiduciaria (art. 2.4.4.2.3.2.25.), el cual, luego de su ejecutoria, debía ser remitido nuevamente a esta última entidad para el pago de la prestación, para lo cual no podía exceder del término de 45 días hábiles, siguientes a la ejecutoria del acto administrativo (arts. 2.4.4.2.3.2.26. y 2.4.4.2.3.2.27.).

La misma norma reglamentaria en su artículo 2.4.4.2.3.2.26. dispuso que el pago de la sanción moratoria por incumplimiento de los términos para el pago de las cesantías previstos en la Ley 1071 de 2006 -aplicados también en el nuevo reglamentose haría con cargo a los recursos del Fomag «sin perjuicio de las acciones legales o judiciales

previstos en la Ley 1071 de 2006 -aplicados también en el nuevo reglamentose haría con cargo a los recursos del Fomag «sin perjuicio de las acciones legales o judiciales correspondientes que se deban adelantar en contra de quien dé lugar a la configuración de la sanción moratoria, con el fin de que el Fondo recupere las sumas pagadas». Asimismo, estableció el deber a la sociedad fiduciaria de «interponer las acciones legales correspondientes en contra de las entidades territoriales certificadas en educación por el incumplimiento de los términos indicados en la Ley 1071 de 2006 y reintegrar las sumas de dinero canceladas con ocasión del pago de la sanción moratoria que le sea atribuible».

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1955 de 20199, se modificó el trámite previsto para el reconocimiento de cesantías, pues, de una actuación conjunta entre la entidad territorial y la Fiduciaria, se redujo a un solo partícipe la expedición del acto administrativo de reconocimiento de estas. Aunado, se dispuso: (i) a prohibición expresa de decretar el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fomag, lo que incluye a la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, (ii) la obligación legal de que las entidades territoriales asuman con sus propios recursos el pago de las sanciones por mora en el pago de cesantías, cuando la mora se cause por cuenta del retraso imputable a estas y (iii) un parágrafo transitorio con el cual se autoriz ó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para expedir títulos de tesorería (TES), para el

del retraso imputable a estas y (iii) un parágrafo transitorio con el cual se autoriz ó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para expedir títulos de tesorería (TES), para el pago de las sanciones moratorias a cargo de Fomag, causadas a diciembre de 2019, pero esto se extendió a diciembre de 2023 con la Ley 2294 de 2023, de modo que estos recursos integrarían presupuestalmente el Fomag, pero estarían destinados únicamente a cubrir la obligación que se genere a su cargo por la mora en el pago de cesantías.

El artículo 57 de la referida ley dice:

ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas

8 Por el cual se modifica el Decreto número 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación –, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones. 9 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333301020240027501

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CO-SC5780-99 por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (…) Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán

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CO-SC5780-99 por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (…) Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decr