TA COR - Sentencia 23001-33-33-010-2025-00227-01 (20-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, veinte (20) de agosto del dos mil veinticinco (2025)

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Acción de Tutela Radicación: 23001333301020250022701

Accionante(s): Sugey Isabel Mórelo Suarez Accionado(s): Vinculado(s): Salud Total EPS y Colpensiones Protección S.A.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir sobre la impugnación presentada por Protección AFP en contra de la Sentencia de Primera instancia proferida el 23 de julio de 2025, por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se amparó el derecho al mínimo vital de la accionante.

II. ANTECEDENTES

a). Hechos1. En el libelo de tutela, se narran los siguientes hechos:

La señora Sugey Isabel Mórelo Suarez le diagnosticaron las siguientes patologías «traumatismo del tendón de Aquiles y diabetes mellitus insul inodependiente con complicaciones circulatorias periféricas, con una fístula posterior en relación a una herida quirúrgica con salida de líquido. De modo que, se encuentra en constante valoración médica y fue remitida a infectología, circunstancia médica que ha generado incapacidades durante más de 732 días, empero, indicó que desde el 5 de octubre del 2024, no se la han realizado los pagos correspondientes al auxilio de incapacidad. Frente a esta situación, solicitó el pago de las incapacidades ante Colpensiones (sic),

más de 732 días, empero, indicó que desde el 5 de octubre del 2024, no se la han realizado los pagos correspondientes al auxilio de incapacidad. Frente a esta situación, solicitó el pago de las incapacidades ante Colpensiones (sic), entidad que le indicó que no procedería a su reconocimiento debido a que Salud Total EPS no había emitido concepto de rehabilitación, transfiriendo así la responsabilidad a la EPS. En virtud de ello, el accionante procedió a realizar los trámites correspondientes ante la mencionada EPS, la cual indicó que las incapacidades se encuentran por fuera de los 180 días que le corresponde pagar, negándose a efectuar dicho pago, lo que estima la actora como un círculo vicioso de negativas, que la dejan en total desamparo.

En ese sentido, expresó que las dos entidades se encuentran vulnera ndo sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la salud, debido a que el pago de dichas incapacidades constituyen su única fuente de ingresos para la subsistencia y que, además, su situación se agrava debido a que la s patologías médicas que padece requieren de gastos adicionales en medicamentos, cuidados especiales y traslados médicos frecuentes, que no puede costear sin el reconocimiento de las prestaciones económicas a las que se hizo referencia previamente.

Finalmente, manifestó que, debido a esto, se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, puesto que el deterioro progresivo de su calidad de vida, sumado a la imposibilidad de generar ingresos por su condición de salud , compromete no sólo su bienestar, sino también el de su núcleo familiar, el cual, depende de ella.

extrema, puesto que el deterioro progresivo de su calidad de vida, sumado a la imposibilidad de generar ingresos por su condición de salud , compromete no sólo su bienestar, sino también el de su núcleo familiar, el cual, depende de ella.

1 PDF nro. 01 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301020250022701

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b). Peticiones2. En el escrito de tutela, se hicieron las siguientes peticiones:

• Que se amparen los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida digna, salud e integridad física de la accionante.

• Que se ordene a Salud Total EPS y Colpensiones (sic) realizar el reconocimiento de los pagos de las incapacidades correspondientes a 68 días , comprendidos entre el 5 de octubre de 2024 y el 2 de enero de 2025, por valor equivalente a su salario base de cotización y conforme a la normatividad vigente, incluyendo intereses moratorios si a ello hubiere lugar.

c). Informes de las entidades accionadas

• Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones3

La directora de acciones constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, informó que la señora Sugey Isabel Mórelo Suarez, no se encuentra afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

Bajo ese marco, informó que en los anexos de la acción de tutela, se evidencia escrito de remisión suscrito por Salud Total EPS dirigido a la AFP P rotección, de manera que, al no

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

Bajo ese marco, informó que en los anexos de la acción de tutela, se evidencia escrito de remisión suscrito por Salud Total EPS dirigido a la AFP P rotección, de manera que, al no estar afiliada la accionante a Colpensiones, esta no es competente para asumir el pago de incapacidades. En ese sentido, indicó que Colpensiones es incapaz de atender lo solicitado por el accionante en el trámite de tutela, teniendo en cuenta que , dichas pretensiones, no están dirigidas contra la ya mencionada Administradora y que, además, carece de competencia para r esolver lo requerido; solicitando así su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

• Protección S.A.4

El representante legal judicial de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., indicó que la señora Sugey Isabel Mórelo Suarez, se encuentra afiliada al fondo de Pensiones Obligatorias Administrado por Protección S.A. desde el 1° de enero de 2006 y con fecha de afiliación del 2 de enero de 2006 como vinculación inicial al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

A renglón seguido, manifestó que, la señora Sugey Isabel Mórelo Suárez presentó ante la accionada AFP solicitud de subsidio por incapacidad y/o calificación de pérdida de capacidad laboral, y que la entidad con el fin de resolver la solicitud, remitió el caso ante la Comisión Médico Laboral, a fin de evaluar su estado de salud y poder determinar si debía reconocer y pagar el subsidio de incapacidad desde el día 181 hasta el 540 por contar con

Comisión Médico Laboral, a fin de evaluar su estado de salud y poder determinar si debía reconocer y pagar el subsidio de incapacidad desde el día 181 hasta el 540 por contar con pronóstico favorable de rehabilitación o si por el contrario se debía proceder con la calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinar si generaría el derecho al pago de alguna de las prestaciones económicas consagradas para el Régimen de Ahorro Individual en caso de invalidez.

Por otro lado, indicó que, la EPS Salud Total, no cumplió con la obligación legal de realizar la remisión formal de su caso, a la AFP Protección S.A., antes de cumplirse el día 150 de incapacidad sino tan solo hasta el día 20 de diciembre del 2024 tal como obra en los soportes adjuntos, y que por tanto, la mencionada previamente, debe asumir el pago de las incapacidades generadas con posterioridad al día 181, hasta la fecha de remisión del respectivo concepto, con base en la sanción establecida, para las EPS, en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012.

Asimismo, manifestó que, Protección S.A. autorizó a la parte accionante el pago de las incapacidades originadas desde la fecha en que recibió el concepto de rehabilitación y hasta completar el día 540 de incapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 e indicó que habían sido efectuados los pagos de las siguientes incapacidades:

2 PDF nro. 01 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 3 PDF nro. 06 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.

efectuados los pagos de las siguientes incapacidades:

2 PDF nro. 01 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 3 PDF nro. 06 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 4 PDF nro. 09 (Págs. 4-12) del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301020250022701

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FECHA

INICIO

(DESDE)

FECHA FIN

(HASTA)

CUENTA

BANCARIA

TIPO DE PAGO

FECHA DE

PAGO

VALOR DEL

SUBSIDIO

DÍAS

PAGADO

S VALOR PAGADO 20/12/2024 31/12/2024 9134984608 Normal 31/01/2025 $1,300,000.00 12 $520,000.00 01/01/2025 30/01/2025 9134984608 Normal 10/02/2025 $1,423,500.00 30 $1,423,500.00 31/01/2025 01/03/2025 9134984608 Normal 17/02/2025 $1,423,500.00 30 $1,423,500.00 02/03/2025 31/03/2025 9134984608 Normal 21/05/2025 $1,423,500.00 30 $1,423,500.00 01/04/2025 29/04/2025 9134984608 Normal 21/05/2025 $1,423,500.00 29 $1,376,050.00

01/05/2025 30/05/2025 9134984608 Normal 08/07/2025 $1,423,500.00 30 $1,423,500.00 31/05/2025 29/06/2025 9134984608 Normal 09/07/2025 $1,423,500.00 30 $1,423,500.00

TOTAL 191 $9,013,550.00

Finalmente, manifestó que la acción de tutela interpuesta por la accionante no cumple con los requisitos de procedibilidad, por lo que debía declararse improcedente. Para sustentar su postura, citó el artículo 89 de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la Sentencia T -503 de 2019, entre otras, y argumentó que la accionante no acreditó, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario sería ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.

• Salud Total EPS

Guardó silencio en esta oportunidad procesal.

d). Fallo impugnado5

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante fallo de fecha 23 de julio de 2025, el citado despacho judicial dispuso:

PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al mínimo vital de la señora Sugey Isabel Mórelo Suárez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a Salud Total EPS, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reconozca y ordene el pago de las siguientes incapacidades en favor de la señora Sugey Isabel Mórelo

Suárez:

Autorización Fecha Inicial Fecha Final Días

ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reconozca y ordene el pago de las siguientes incapacidades en favor de la señora Sugey Isabel Mórelo

Suárez:

Autorización Fecha Inicial Fecha Final Días P14443128 05/10/2024 03/11/2024 30 P14575697 04/11/2024 03/12/2024 30 P14766441 04/12/2024 20/12/2024 16

TERCERO: Ordenar a Protección S.A., que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reconozca y ordene el pago de las siguientes incapacidades en favor de la señora Sugey Isabel Mórelo

Suárez:

Autorización Fecha Inicial Fecha Final Días P14766441 20/12/2024 28/12/2024 8

5 PDF nro. 10 Cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301020250022701

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P14709434 28/12/2024 02/01/2025 5

CUARTO: Desvincular a la entidad Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Negar las demás pretensiones propuestas en el escrito de tutela.

El a quo con el propósito de fundamentar su decisión, indicó que se está plenamente acreditado en el expediente que la señora Sugey Isabel Mórelo Suárez se encuentra afiliada a la EPS Salud Total y al Fondo de Pensiones Protección S.A., razón por la cual debe descartarse cualquier responsabilidad en cabeza de Colpensiones respecto del pago de las

acreditado en el expediente que la señora Sugey Isabel Mórelo Suárez se encuentra afiliada a la EPS Salud Total y al Fondo de Pensiones Protección S.A., razón por la cual debe descartarse cualquier responsabilidad en cabeza de Colpensiones respecto del pago de las incapacidades objeto de controversia.

Respecto de las incapacidades, señala, que la accionante superó los 180 días de incapacidad el 7 de Julio de 2024, según constancia expedida por Salud Total EPS, por lo tanto, desde esa fecha, la responsabilidad de reconocer las incapacidades posteriores recaería en la administradora de fondos de pensiones, siempre y cuando se cumplieran los requisitos legales, incluyendo, entre otros, que la EPS enviara oportunamente el concepto de rehabilitación.

En este mismo sentido , manifestó, que tal como se expone, en el informe rendido por Protección S.A., dicha AFP no asumió el pago de las incapacidades reclamadas debido a que la EPS Salud Total remitió el concepto de rehabilitación de manera extemporánea, el día 20 de diciembre de 2024, mucho después de vencido e l día 150 de incapacidad , vulnerando de esta manera, lo dispuesto en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, la cual establece que, en los casos de enfermedad común, cuando haya concepto favorable de rehabilitación, las EPS están obligadas a remitirlo antes del día 150 de incapacidad al fondo de pensiones correspondiente. Si no lo hacen en ese plazo, deben asumir el pago de las incapacidades posteriores al día 180 y hasta el momento en que se emita y remita oportunamente dicho concepto.

Por lo anterio rmente expuesto, el incumplimiento de Salud Total EPS en la remisión

las incapacidades posteriores al día 180 y hasta el momento en que se emita y remita oportunamente dicho concepto.

Por lo anterio rmente expuesto, el incumplimiento de Salud Total EPS en la remisión oportuna del concepto de rehabilitación genera su responsabilidad en el pago de las incapacidades comprendidas entre el 5 de octubre de 2024 y el 20 de diciembre de 2024, fecha en la cual fue recibida la documentación por parte de Protección S.A. A partir de esta última fecha, la responsabilidad en el reconocimiento de incapacidades recae en la AFP.

Finalmente, sostuvo que la negativa de las entidades accionadas, Salud Total y Protección S.A. de asumir el pago de las incapacidades generadas en los periodos solicitados por la accionante, configura una vulneración a los derechos al mínimo vital, seguridad social y dignidad humana de la actora, en tanto se ha visto pr ivada de una prestación económica que constituye el único medio de subsistencia de la accionante.

e). La impugnación6

Inconforme con el fallo de primera instancia, Protección S.A presentó impugnación contra la citada decisión, argumentando la acción constitucional no cumple con los requisitos de procedibilidad y que no se configura vulneración alguna por parte de la administradora. En ese sentido, indica que, tras revisar sus sistemas de información, se constató que la afiliada se encuentra vinculada desde el 2 de enero de 2006. En relación con la solicitud de subsidio por incapacidad, Protección S.A. informa que el caso fue remitido a la Comisión Médico Laboral para evaluación, conforme a los protocolos establecidos. Precisa que, de acuerdo con el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, el pago de

por incapacidad, Protección S.A. informa que el caso fue remitido a la Comisión Médico Laboral para evaluación, conforme a los protocolos establecidos. Precisa que, de acuerdo con el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, el pago de incapacidades posteriores al día 180 corresponde a la AFP únicamente si la EPS remite oportunamente el concepto favorable de rehabilitación. En este caso, la EPS Salud Total realizó dicha remisión de forma extemporánea, el 20 de diciembre de 2024, lo que implica que debe asumir el pago de las incapacidades generadas entre el día 181 y la fecha de remisión. Bajo ese contexto, Protección S.A. informa que autorizó el pago de las incapacidades desde el 20 de diciembre de 2024 hasta completar el día 540, conforme a la normativa vigente, y

6 PDF nro. 12 Cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301020250022701

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que dichas sumas ya fueron efectivamente desembolsadas, como consta en los certificados anexos. Adicionalmente, la administradora sostiene que la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que existen mecanismos judiciales ordinarios para resolver la controversia, como lo ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos. Igualmente, señala que no se config ura un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional, pues no se acreditan los elementos de inminencia, gravedad ni urgencia exigidos por la jurisprudencia. Finalmente, aduce que en caso de que el despacho considere conceder la tutela, solicita

elementos de inminencia, gravedad ni urgencia exigidos por la jurisprudencia. Finalmente, aduce que en caso de que el despacho considere conceder la tutela, solicita que se otorgue con efectos transitorios por el término de cuatro meses, mientras la accionante acude a la jurisdicción ordinaria laboral, conforme al artículo 8 del Decreto 2591 de 1991. f). Trámite de segunda instancia

Por Auto de fecha 12 de agosto de 20257, se admitió la impugnación presentada por Protección S.A. contra el fallo de fecha 23 de julio de 2025, proferido en primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

a). De la competencia

Este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la impugnación presentada por la entidad accionada, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser el superior funcional, al haber sido proferida la providencia impugnada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería.

b). Problema jurídico

Para resolver la presente causa constitucional, deberá la Sala verificar si en el sub examine, se cumplen con los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela. En caso de que se considere que la acción de tutela es procedente, se pasará a determinar si Salud Total EPS y Protección AFP , se encuentran vulnerando los derechos fundamentales a l mínimo vital, seguridad social, vida digna, salud e integridad física de la accionante al presuntamente no haberle ordenado el reconocimiento y pago de sus incapacidades.

Total EPS y Protección AFP , se encuentran vulnerando los derechos fundamentales a l mínimo vital, seguridad social, vida digna, salud e integridad física de la accionante al presuntamente no haberle ordenado el reconocimiento y pago de sus incapacidades.

Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a estudiar los siguientes aspectos: i). Generalidades de la acción de tutela; ii). Derechos funda mentales invocados como vulnerados; y iii). Procedencia de la tutela para ordenar el pago de incapacidades.

i). Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, en tanto ella sólo procede en el evento en el que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea presentada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuic io irremediable, art. 86 de la Constitución Política. La Corte Constitucional8 ha indicado que la acción de tutela es un verdadero instrumento a través del cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales, los cuales, sin ella, comprometerían su eficacia, la cual se car acteriza por ser un instrumento i) subsidiario; ii) inmediato; iii) sencillo; iv) específico; y v) eficaz; y se rige por los principios de informalidad y de oficiosidad.

ser un instrumento i) subsidiario; ii) inmediato; iii) sencillo; iv) específico; y v) eficaz; y se rige por los principios de informalidad y de oficiosidad.

7 PDF nro. 04 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital. 8 Corte Constitucional. Sentencia C -483 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008).Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301020250022701

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ii). Derechos fundamentales invocados como vulnerados El derecho a la seguridad social, el cual se encuentra previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, debe indicarse que la Corte ha determinado que el mismo es un derecho fundamental, lo cual expo ne que conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad social es un real derecho fundamental cuya efectividad se deriva «de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal, en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela9. Respecto al derecho al mínimo vital ha sido definido por la Corte Constitucional como «la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya

porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad huma na, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional». En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo, comporta la negación de la dignidad que le es propia; es por eso que la salvaguarda del derecho al mínimo vital se materializa en la satisfacción de las necesidades básicas del individuo, configurando una de las garantías de mayor relevancia en el Estado Social de Derecho.10 iii). Procedencia de la tutela para ordenar el pago de incapacidades

La jurisprudencia constitucional indica que la tutela, en principio, no resulta procedente para obtener el pago de acreencias laborales, entre ellas, las incapacidades, pues, para ventilar y decidir sobre controversias que se susciten por su reconocimiento y/o pago, existen medios idóneos y eficaces ante la jurisdicción ordinaria, en los que se puede garantizar y obtener protección de los derechos de los trabajadores que se ven afectado s por su falta de pago.

Ahora bien, en el evento que se demuestre que el trabajador no cuenta con otra fuente de ingresos para garantizar su propio sostenimiento o el de su familiar, se admite la excepción

de pago.

Ahora bien, en el evento que se demuestre que el trabajador no cuenta con otra fuente de ingresos para garantizar su propio sostenimiento o el de su familiar, se admite la excepción a la regla antes anotada, por lo que, bajo esas condiciones, la negativa de las entidades a cargo del reconocimiento y pago de prestaciones económicas por incapacidad, según corresponda, suponen una vulneración de los derechos fundamentales, que habilitan la intervención del juez constitucional.

En lo que tiene que ver con las prestaciones económicas por incapacidad laboral, la Corte Constitucional11 las ha definido como las:

[…] sumas de dinero que sustituyen el salario durante el tiempo en el cual el trabajador se encuentra imposibilitado –por enfermedad común o de origen profesionalpara desempeñar normalmente sus labores. También son el sustento económico que posibilita una recuperación de la salud de manera tranquila para el sostenimiento del trabajador y de su grupo familiar, con el fin de garantizar unas condiciones de vida digna.

En el desarrollo de su jurisprudencia, la Corte Constitucional 12 ha ordenado el pago de incapacidades laborales, cuando la EPS no cumplen con la obligación legal sin justificación, ejemplo de ello, son las subreglas desarrolladas para el reconocimiento de esta prestación:

9 Corte Constitucional. Sentencia T-047 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013). 10 Corte Constitucional. Sentencia T-678 de 2017, M. P. Carlos Bernal Pulido, Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

de febrero de dos mil trece (2013). 10 Corte Constitucional. Sentencia T-678 de 2017, M. P. Carlos Bernal Pulido, Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 11 Corte Constitucional. Sentencia T004 de 2014.Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 12 Corte Constitucional. Sentencia t-263 de 2012 Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012).Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301020250022701

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1. El pago de las incapacidades sustituye el salario del trabajad or dependiente o independiente, durante el tiempo que por razones médicas está imped ido para desempeñar sus labores, cuando las incapacidades laborales son presumiblemente la única fuente de ingreso con que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar. ii) Constituye también una garantía del derecho a la salud del trabajador, puesto que coadyuva a que se recupere satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por la reincorporación anticipada a sus actividades laborales, con el fin de obtener recursos para su sostenimiento y el de su familia. iii) Además, los principios de dignidad humana e igualdad exig en que se brinde un tratamiento especial al trabajador, quien debido a su enfermedad se encuentr a en circunstancia de debilidad manifiesta.

En lo que tiene que ver con las incapacidades superiores a 180 días, el Decreto 1406 de 1999, modificado por el Decreto 2943 de 2013, establece que si la incapacidad es igual o

circunstancia de debilidad manifiesta.

En lo que tiene que ver con las incapacidades superiores a 180 días, el Decreto 1406 de 1999, modificado por el Decreto 2943 de 2013, establece que si la incapacidad es igual o menor a 2 días, es asumida por el empleador, a partir del día 3 y hasta el 180 por la entidad promotora de salud, y, remitido el concepto favorable de rehabilitación, desde el día 181 hasta por 360 días adicionales, la obligación corresponde a la Administradora de Pensiones, conforme lo dispone el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 201213. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que los términos de las incapacidades están diseñados para que el trabajador se recupere o se pensione, para lo que resulta primordial que se califique su pérdida de capacidad l aboral con el fin de deter minar si mejoró de la enfermedad que imposibilita su desempeño, o si, por el contrario, la imposibilidad en la reincorporación a las actividades habituales, hacen proc edente el reconocimiento de una pensión por invalidez.

En Sentencia T -265 de 2022, la Corte Constitucional sostuvo que si un trabajador no se encuentra en condición de generar un ingreso económico para su subsistencia y la de su familia, a causa de afecciones en su estado de salud, el reconocimiento de incapacidades constituye una garantía de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna durante los periodos correspondientes a las incapacidades. Es así, como a la letra, el citado cuerpo colegiado precisó:

4.3. Por lo tanto, es claro que si un trabajador no se encuentra en condición de generar un ingreso económico para su subsistencia y la de su familia a causa de

letra, el citado cuerpo colegiado precisó:

4.3. Por lo tanto, es claro que si un trabajador no se encuentra en condición de generar un ingreso económico para su subsistencia y la de su familia a causa de afecciones en su estado de salud, el reconocimiento de incapacidades constituye una garantía de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna durante los periodos correspondientes a las incapacidades. De ahí, que la Corte Constitucional reconozca que “sin dicha prestación, se presume la vulneración de los derechos en mención14.

[…]

5.6. Finalmente, en la sentencia T-194 de 202115 esta corporación conoció el caso de una persona diagnosticada con trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, trastorno de adaptación, dolor crónico y episodio depresivo moderado; y que, como consecuencia de ello, estaba siendo tratada farmacol ógicamente. Además, contaba con incapacidades superiores a los 540 días debido a distintos diagnósticos médicos, tales como, enfermedad de la glándula de bartolin o, divertículo de la uretra, cálculo de las vías urinarias o de riñón y otros dolores abdominales16. En dicha ocasión, al referirse al responsable del pago de incapacidades superiores a 540 días, la Corte reiteró lo siguiente:

(…) el Sistema General de Seguridad Social no previó esta situación dentro de su marco normativo y, por tanto, los asegura dos incursos en estas circunstancias, antes de la promulgación de la Ley 1753 de 2015 (…), se encontraban desprotegidos legalmente como consecuencia de la ausencia de claridad respecto de la entidad que debía asumir el pago del auxilio por incapacidad cuan do los

antes de la promulgación de la Ley 1753 de 2015 (…), se encontraban desprotegidos legalmente como consecuencia de la ausencia de claridad respecto de la entidad que