TA COR - Sentencia 23001-33-33-011-2025-00275-01 (14-10-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

DESPACHO 04

MAGISTRADA: Dra. MARÍA BERNARDA MARTÍNEZ CRUZ

Montería, catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Acción Tutela Expediente 23001333301120250027501 Accionante Camilo Andrés Torres Casarrubia Accionado (s) Nación – Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá – CAI Salitre Decisión Confirmar Sentencia

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionada contra el fallo de tutela de fecha 25 de agosto del 2025, emitido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante el cual se tutelaron los derechos invocados por el actor.

I. ANTECEDENTES

a) Hechos

Manifiesta la parte actora que, el día 25 de junio de 2025, se presentó en las instalaciones de la Policía Nacional en la ciudad de Montería, Córdoba, con el propósito de realizar el registro correspondiente para la prestación del servicio militar obligatorio.

Menciona que durante el trámite, al ingresar su número d e cédula de ciudadanía 1.064.311.813 en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), se evidenció la existencia de un expediente identificado con el número 11 -001-62018-363238, el cual contiene anotaciones en su contra por presuntos comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, razón por la cual no se le permitió registrarse para prestar el servicio

2018-363238, el cual contiene anotaciones en su contra por presuntos comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, razón por la cual no se le permitió registrarse para prestar el servicio militar, ni en otra institución que el Gobierno Nacional tiene dispuestas para ese fin.

Indica que debido a que nunca ha tenido proceso policivo alguno, ni ha estado detenido, ni registrado ante autoridad judicial, ni ha tenido comportamientosImpugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501 contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, procedió a presentar derecho de petición ante la Policía Nacional, solicitando que se realice una corrección o modificación en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC, que expide la Página Oficial de la Policía Nacional de Colombia, respecto al ciudadano Luis Javier Pérez Mercado, quie n verdaderamente se identifica con el número de cédula de ciudadanía 1.064.311.912 y no con el número de cédula de ciudadanía 1.064.311.813 el cual le pertenece, teniendo en cuenta que, su fecha de nacimiento se dio el 10 de diciembre de 2005 y en consecuencia la mayoría de edad fue cumplida el 10 de diciembre de 2023, por tanto no poseía cédula de ciudadanía para el año 2018 cuando se registraron los hechos o antecedentes contra el señor Pérez Mercado.

Señala que el 25 de julio de 2025, la Subteniente Johana Patricia Piñeros Córdoba dio respuesta al derecho de petición, informando que se iniciaron los trámites de corrección en el aplicativo RNMC bajo el radicado GS-2025-352035-MEBOG, y que

dio respuesta al derecho de petición, informando que se iniciaron los trámites de corrección en el aplicativo RNMC bajo el radicado GS-2025-352035-MEBOG, y que se comunicarían por correo electrónico ante cualquier novedad , t ambién se proporcionó el número telefónico del CAI Salitre para atender inquietudes.

Sostiene que el 8 de agosto de 2025, revisó el aplicativo Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC, encontrando que no se ha realizado la corrección , impidiendo con esto, poder acceder a la inscripción para prestar el servicio militar, procediendo a llamar al número de teléfono del CAI EL SALITRE que me envió la Subteniente P iñeros Córdoba y le informaron que ese número era para reportar emergencias en la ciudad de Bogotá, que buscara otra forma de comunicar se con la Subteniente en mención.

b) Pretensiones

El accionante solicita que se tutelen los derechos al buen nombre, a la honra y a la rectificación en condiciones de igualdad y se ordene a la Policía para que autorice a quien corresponda realizar la corrección o modificación en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC, respecto al ciudadano Luis Javier Pérez Mercado, quien verdaderamente se identifica con el número de cédula de ciudadanía 1.064.311.912 y no con el número de cédula de ciudadanía 1.064.311.813 el cual le pertenece, teniendo en cuenta que, su fecha de nacimientoImpugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501 se dio el 10 de diciembre de 2005 y en consecuencia la mayoría de edad fue cumplida el 10 de diciembre de 2023, por tanto, no poseía cédula de ciudadanía

Radicado: 23001333301120250027501 se dio el 10 de diciembre de 2005 y en consecuencia la mayoría de edad fue cumplida el 10 de diciembre de 2023, por tanto, no poseía cédula de ciudadanía para el año 2018, cuando se registraron los hechos o antecedentes contra el señor

Pérez Mercado.

Que se ordene a la accionada que la corrección en el RNMC se realice lo más pronto posible, dado que, por el posible error de transcripción cometido, se están violando sus derechos fundamentales, causándole un gran perjuicio al no poder ingresar a la Policía Nacional ni a otra Institución del Estado para poder prestar el Servicio Militar, al cual está obligado por mandato Legal.

Que se exhorte a la accionada para que sea más diligente y precavida al momento de identificar y registrar ciudadano s que hayan cometido conductas contrarias al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

c) Contestación

Nación – Policía Nacional – Policía Metropolitana – de Bogotá – CAI Salitre

En esta oportunidad no contestó.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no intervino en esta oportunidad.

d) Sentencia de primera instancia

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería , mediante providencia de fecha 25 de agosto del 2025 decidió tutelar los d erechos fundamentales de petición, habeas data, buen nombre, honra y a la rectificación vulnerados al accionante Camilo Andrés Torres Casarrubia, ordenando a la accionada que en un término que no exceda de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la sentencia, proceda a responder la petición

vulnerados al accionante Camilo Andrés Torres Casarrubia, ordenando a la accionada que en un término que no exceda de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la sentencia, proceda a responder la petición de manera clara precisa, congruente y de fondo, elevada por el actor el día 9 de julio del 2025, en la que solicita la eliminación, corrección o modificación de su nombre y número de cédula en Sistema Nacional de Registro de Medidas Correctivas en la que aparece con anotaciones erróneas.Impugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501

Manifiesta que la Corte Constitucional ha manifestado en reiteración de jurisprudencia, que, al resolver una acción de tutela, el juez no está limitado únicamente a los derechos invocados por quien la interpone. Incluso si un derecho fundamental no fue expresamente alegado por el accionante, el juez puede y debe examinar si existe vulneración de otros derechos. Lo que significa que, en sede de tutela, la protec ción no se circunscribe a la petición del accionante, sino que se extiende a derechos potencialmente afectados, aunque no hayan sido explícitamente invocados, como lo es en el presente caso, por lo tanto, el A quo consideró necesario hacer el estudio de la violación a los derechos fundamentales de petición y habeas data, por parte de la entidad accionada, aunque los mismos no fueron invocados por el accionante.

Expone que de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 15 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar; por lo que, en el

Expone que de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 15 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar; por lo que, en el presente caso, se evidencia que la de Nación – Policía Naciona l – Policía Metropolitana – de Bogotá – CAI Salitre ha incurrido en una vulneración de dichos derechos fundamentales, al mantener en el Sistema de Registro de Medidas Correctivas información que vincula al accionante con una supuesta infracción que no cometió.

Menciona que tal actuación, afecta la honra y el buen nombre del accionante, vulnerando así el derecho fundamental de habeas data, exponiéndolo a una estigmatización social injustificada, afectando su reputación y generando consecuencias negativas en su entorno familiar y laboral.

Expresa que la inclusión de datos erróneos o falsos en bases de datos estatales, especialmente cuando se trata de registros públicos o de acceso institucional, constituye una forma de afectación ilegítima al buen nombre, y contraviene derechos fundamentales, por lo tanto, se hace necesaria la inmediata actualización y rectificación de la información del joven accionante en el Sistema de Registro de Medidas Correctivas. En consecuencia, encontró acreditada la vulner ación de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del accionante, razón por la cual se procederá a ordenar el amparo invocado.

Con relación a la petición presentada por el actor, consideró que teniendo en cuenta que han pasado más de 15 días desde su presentación desde el 9 de julio del 2025, y aunque la entidad contestó el 25 de julio del 2025, no se evidencia que a la

Con relación a la petición presentada por el actor, consideró que teniendo en cuenta que han pasado más de 15 días desde su presentación desde el 9 de julio del 2025, y aunque la entidad contestó el 25 de julio del 2025, no se evidencia que a la presente la entidad accionada haya demostrado si quiera sumariamente iniciar los trámites administrativos con la finalidad de responder la solicitud de fondo, es decir,Impugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501 de manera clara, precisa y congruente, por ello se tutelará también el derecho fundamental de petición, en consecuencia se orden ó a la accionada Nación – Policía Nacional – Policía Metropolitana – de Bogotá – CAI Salitre a través de su director Carlos Fernando Triana Beltrán o quien haga sus veces, que proceda a responder la petición de manera clara, precisa, congruente y de fondo.

g) Impugnación

La parte accionante presentó impugnación contra el fallo de t utela de fecha 25 de agosto del 2025 , emitido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería , manifestado que la Policía Metropolitana de Bogotá -CAI Salitre, no ha vulnerado los derechos fundamentales alegado por el actor teniendo en cuenta que el objeto del mecanismo constitucional fue resuelto de manera clara, precisa, de fondo y congruente con lo pedido, por parte de la subteniente Johana Patricia Piñeros Córdoba , Comandante de Atención Inmediata - CAI Salitre, mediante comunicación oficial GS -2025-436658-MEBOG, brindando respuesta al ciudadano accionante a su correo electrónico.

Alega que de acuerdo con la expedición de la documentación mencionada, se

mediante comunicación oficial GS -2025-436658-MEBOG, brindando respuesta al ciudadano accionante a su correo electrónico.

Alega que de acuerdo con la expedición de la documentación mencionada, se cumplió de manera integral la respuesta a las pretensiones solicitadas, por lo tanto, encuadra perfectamente dentro de los postulados de la teoría jurisprudencial de hecho superado, por cuanto el objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales en aquellos casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la Constitución y la Ley.

Concluye que se deduce que el hecho superado se da cuando entre el momento del fallo de la acción constitucional se satisface por completo la pretensión solicitada por el accionante, en otras palabras, aquellos que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo emitiera alguna orden.

Así las cosas , se solicita respetuosamente la revocatoria del fallo de primera instancia y que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado. Como pruebas, se aportan las comunicaciones oficiales GS -2025-436658-MEBOG, GS2025-436586-MEBOG y el respectivo acuse de recibido.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de fecha 8 de septiembre del 2025, se admitió la impugnación presentada por la parte accionada contra el fallo de tutela de fecha 25 de agosto del 2025.Impugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

por la parte accionada contra el fallo de tutela de fecha 25 de agosto del 2025.Impugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) Competencia

El Tribunal Administrativo de Córdoba es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

b) Problema Jurídico

Corresponde a la Sala en esta oportunidad, determinar si operó el fenómeno denominado “carencia actual de objeto por hecho superado ”, en relación con la acción de tutela interpuesta por la falta de respuesta clara, precisa y de fondo a la petición presenta da por el actor Camilo Andrés Torres Casarrubia ante la Policía Nacional. O si, por el contrario, aún persiste la vulneración de los derechos invocados por la parte actora.

De la respuesta a su formulación, dependerá la conformación, modificación o revocatoria de la sentencia impugnada.

c) Procedencia de la Acción de Tutela

El artículo 86 de la Carta Política, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmedia ta de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Se advierte que con ella se propende la protección inmediata de derechos fundamentales.

Así entonces, se verificarán los siguientes presupuestos generales: (i) legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad.

• Legitimación en la causa por activa

En el presente caso , se acredita la legitimación en la causa por activa, no existe duda del interés que les asiste al tutelante, al poner de presente la vulneración deImpugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501 los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la rectificación en condiciones de igualdad, sumados a los que el A quo consideró como vulnerados derecho de petición y habeas data por no dar respuesta precisa, clara y de fondo a la solicitud elevada por la accionante ante la NaciónPolicía Nacional - Policía Metropolitana de Bogotá - CAI Salitre el 9 de Julio del 2025.

• Legitimación en la causa por pasiva

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, refiere a q uien va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, prescribe “(…) se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”. La Nación - Policía Nacional - Policía Metropolitana de Bogotá - CAI Salitre se encuentra legitimada en la causa por

contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”. La Nación - Policía Nacional - Policía Metropolitana de Bogotá - CAI Salitre se encuentra legitimada en la causa por pasiva en la medida que, esta fue la entidad que presuntamente vulneró el derecho fundamental de petición, habeas data, buen nombre, honra y a la rectificación, por no dar respuesta precisa, clara y de fondo a la solicitud elevada por la accionante.

• Inmediatez

La inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela que nace como herramienta para cumplir con el fin de hacer de la acción de tutela un medio de amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.

En el sub examine cumple con este requisito por cuanto la petición se presentó el 9 de julio del 2025 y la presentación de la acción de tutela en fecha de 11 de agosto del 2025, es decir, dentro después de 23 días de la petición.

• Subsidiariedad

Ha de entenderse que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha ent endido que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que están a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y en efectiva cuando está

los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y en efectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados oImpugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501 vulnerados. Por lo anterior, como se encuentra en debate la protección de un derecho fundamental al debido proceso y la defensa, al no haberse notificado al accionante del presunto incumplimiento, hay lugar a resolver la acción de tutela.

Con relación a la eventual violación del derecho fundamental al habeas data, en particular en este caso cuando se trata del registro de medidas correctivas en la base de datos, se ha establecido que la tutela es el único mecanismo judicial que posee un niv el adecuado de eficacia para solucionar este tipo de controversia s, debido a que la afectación del derecho al habeas data, tiene la capacidad de amenazar otros derechos fundamentales, tales como el trabajo, el buen nombre , intimidad entre otros.

d) Marco Normativo y Jurisprudencial

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolu ción. Tal derecho permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía por ser el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes. Este derecho implica tres elementos: (i) la posibilidad de formular

que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía por ser el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes. Este derecho implica tres elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal respectivo. El primer elemento, pretende la garantía efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los procesos establecidos por la ley, sin que puedan abstenerse de recibirlas y tramitarlas. El segundo, implica que las autoridades y los particulares, en los casos definidos por la ley, deben resolver de fondo las peticiones interpuestas, de manera clara, precisa y congruente. Por último, el tercer elemento refiere a que se debe dar respuesta en el término legal establecido y a notificar esta respuesta al peticionario de manera idónea.

Respecto a la protección constitucional de los derechos a la intimidad, la honra, el buen nombre y al habeas data , la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente: (…) “48. Los derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y el buen nombre gozan de amplia protección constitucional. Sobre esos derechos, la Corte ha indicado que se trata de derechos personalísimos cuyo f undamento último es la dignidad humana[61], ya que a partir de estos se construye el individuo y, por losImpugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501 otros asociados, su imagen y concepto [62]. En este sentido, el artículo 15 de la Constitución Política[63] reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar, y establece expresamente el derecho de todas las personas a su buen nombre y

otros asociados, su imagen y concepto [62]. En este sentido, el artículo 15 de la Constitución Política[63] reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar, y establece expresamente el derecho de todas las personas a su buen nombre y el deber del Estado de respetar y hacer respetar esos derechos[64]. Por su parte, el artículo 21 garantiza el derecho a la honra y el inciso segundo del artículo 2 incluye, entre los deberes de las autoridades, el de proteger en su honra a todas las personas residentes en Colombia [65]. Cabe destacar que estos derechos tienen relación de interdependencia material entre sí, de manera que la afectación de uno de ellos, generalmente, comprende la vulneración del otro[66].

49. El derecho a la intimidad protege la esfera privada de la vida personal y familiar frente a intervenciones arbitrarias estatales o de terceros [67]. Busca evitar la difusión no autorizada de temas íntimos, que generalmente no son de interés público, evitando así exposiciones indeseadas a la opinión pública [68].

Según esta Corporación, el derecho a la intimidad permite el manejo autónomo de la existencia personal con mínimas interferencias externas; de ahí que haya identificado como vulneraciones a este derecho aspectos como: (i) intromisiones materiales en aspectos reservados de la vida personal, incluso sin divulgación; (ii) revelación de hechos p rivados, aun siendo verídicos, pero no públicamente relevantes; y (iii) difusión de información falsa sobre supuestos hechos íntimos[69]. Finalmente, para proteger la privacidad contra injerencias externas no justificadas, el derecho a la intimidad se fundamenta en cinco principios: (i) libertad; (ii) finalidad; (iii) necesidad; (iv) veracidad; y (v) integridad.

Finalmente, para proteger la privacidad contra injerencias externas no justificadas, el derecho a la intimidad se fundamenta en cinco principios: (i) libertad; (ii) finalidad; (iii) necesidad; (iv) veracidad; y (v) integridad.

50. De otra parte, e l derecho a la honra ha sido definido por esta Corte como la estimación o deferencia con la q ue, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan [70]. Además, asegura que es un “derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad” [71]. El alcance de este derecho ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en dos campos:

(i) vinculando su desarrollo al concepto del honor, es decir, a la buena reputación que se presume por parte del individuo a partir de la ejecución de un comportamiento virtuoso, y (ii) superando dicho criterio eminentemente subjetivo y, en su lugar, sujetándolo a la conformidad o aquiescencia del sujeto con las opiniones que los demás tienen sobre sus virtudes[72].

51. El derecho al buen nombre, a su turno, ha sido entendido como la reputación o la imagen que de una persona tienen los demás miembro s de la comunidad. Esta garantía de carácter fundamental, habilita a las personas a exigir su protección constitucional mediante acción de tutela frente a expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que generen

comunidad. Esta garantía de carácter fundamental, habilita a las personas a exigir su protección constitucional mediante acción de tutela frente a expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o la pérdida del respeto de su imagen personal[73]. Son atentados al derecho al buen nombre entonces, todas aquellasImpugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501 informaciones que contrarias a la verdad, distorsionen el prestigio social que tienen una persona, sin justificación alguna[74].

52. Cabe resaltar que el derecho a la honra y el derecho al buen nombre, se diferencian en que, el primero responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella, mientras que el segundo se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad[75].

53. El artículo 15 de la Constitución también consag ra el derecho al habeas data, el cual comprende la facultad que tiene cualquier persona de conocer, actualizar y rectificar toda información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en bancos de datos de entidades públicas o privadas.

Asimismo, establece límites al posible abuso del poder informático que detentan las entidades encargadas de reportar y de administrar la información sobre diversos aspectos de la vida de las personas[76]. Por su parte, el legislador expidió la ley 1266 de 2008[77] la cual desarrolla este derecho constitucional.

54. La esencia del derecho al habeas data se resume en tres

diversos aspectos de la vida de las personas[76]. Por su parte, el legislador expidió la ley 1266 de 2008[77] la cual desarrolla este derecho constitucional.

54. La esencia del derecho al habeas data se resume en tres aspectos fundamentales reconocidos por el artículo 15 de la Constitución a sus beneficiarios: el derecho a conocer [78], actualizar [79] y corregir [80] la información personal almacenada en las bases de datos de entidades tanto públicas como privadas[81].

55. Con base en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que el derecho al habeas data puede ser vulnerado o amenazado cuando la información contenida en una central o banco de datos: “(i) es recogida de forma ilegal, es decir, sin el consentimiento del titular; (ii) no es veraz, o (iii) recae sobre aspectos íntimos de la vida del titular, no susceptibles de ser conocidos públicamente. Y en estos casos, el titular de la información puede acudir a la acción de tutela para solicitar la protección de su derecho fundamental” [82]. (…)

57. A su turno, la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.” Define el principio de finalidad de la siguiente manera: “[e]l Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular”[86] En el análisis previo de constitucionalidad de dicha norma, llevado a cabo en la Sentencia C-748 de 2011 que se viene citando, la Corte advirtió que, en el manejo de datos personales, el tratamiento debe alinearse con una finalidad legítima, informada al titular y realizó algunas precisiones:

cabo en la Sentencia C-748 de 2011 que se viene citando, la Corte advirtió que, en el manejo de datos personales, el tratamiento debe alinearse con una finalidad legítima, informada al titular y realizó algunas precisiones:

“Por una parte, los datos personales deben ser procesados con un propósito específico y explícito. En ese sentido, la finalidad no sólo debe ser legítima, sino que la referida información se destinará a realizar los fines exclusivos para losImpugnación de acción de tutela Radicado: 23001333301120250027501 cuales fue entregada por el titular. Por ello, se deberá informar al Titular del dato de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la información suministrada y por tanto, no podrá recopilarse datos sin la clara especificación acerca de la finalidad de los mismos. Cualquier utilización diversa, deberá ser autorizada en forma expresa por el Titular. (…)

58. En conclusión, los derechos fundamentales a la intimidad, la honra, el buen nombre y al habeas data son pilares esenciales para la dignidad humana y cuentan con protección constitucional. Estos derechos representan la base sobre la cual se construye la imagen y concepto del individuo en la sociedad y se encuentran estrechamente relacionados entre sí. La intimidad salvaguarda la esfera personal y familiar de las personas, asegurando autonomía y privacidad.

La honra, vinculada a la dignidad, se relaciona con la percepción que los demás tienen del comportamiento del individuo. El buen nombre, por su parte, se refiere a la reputación y la imagen pública del individuo, defendiéndolo contra informaciones falsas o distorsionadas. Por último, el habeas data, protege la

tienen del comportamiento del individuo. El buen nombre, por su parte, se refiere a la reputación y la imagen pública del individuo, defendiéndolo contra informaciones falsas o distorsionadas. Por último, el habeas data, protege