TA COR - Sentencia 230013333002201500566-01 (31-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de segunda instancia

Medio de control: Reparación directa Radicación: 230013333002201500566-01

Demandante (s): Luis Eduardo Berrio Herazo y Otros. Demandado (s): Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Educación Nacional y Universidad de Córdoba.

Tema:

Decisión: Responsabilidad por lesiones a civil en disturbios con la Fuerza Pública.

Confirma sentencia de primera instancia La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Policía Nacional contra la sentencia del 21 de septiembre de 2020 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1 Pretensiones Solicita que las entidades demandadas sean declaradas responsables administrativa, patrimonial y extrapatrimonialmente por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de las lesiones sufridas por el señor Luis Eduardo Berrío Herazo dentro de las instalaciones de la Universidad de Córdoba, en hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2013, cuando resultó herido po r un proyectil durante un enfrentamiento entre estudiantes y miembros de la Policía Nacional.

Como consecuencia de lo anterior , se condene a las entidades demandadas al

cuando resultó herido po r un proyectil durante un enfrentamiento entre estudiantes y miembros de la Policía Nacional.

Como consecuencia de lo anterior , se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados a favor de l os demandantes, debidamente actualizados conforme a la ley, así como al pago de las costas y agencias en derecho.

1.2 Fundamentos fácticos El señor Luis Eduardo Berrío Herazo era estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Córdoba para la época de los hechos. El 3 de diciembre de 2013, sepresentaron disturbios dentro de las instalaciones de la institución, lo que ocasionó la intervención de miembro s de la Policía Nacional . Sin embargo, la universidad , mediante comunicado, informó que las clases continuarían con normalidad.

En medio de los enfrentamientos entre los estudiantes y la Fuerza Pública se produjeron varios disparos, resultando herido el señor Berrío Herazo por un proyectil de arma de fuego que le impactó en la rodilla izquierda, motivo por el cual fue trasladado de inmediato a la Clínica Montería, donde permaneció hospitalizado hasta el 12 de diciembre de 2013.

Posteriormente fue incapacitado por un lapso de 95 días, debido a las secuelas derivadas de la lesión , y con ocasión al disparo recibido se inició una investigación por parte de la Fiscalía Quinta Seccional de Montería.

1. Contestación de demanda 2.1. Universidad de Córdoba La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda por considerarlas contrarias a derecho y a la realidad.

Sostiene que la responsabilidad por las lesiones del señor Luis Eduardo Berrío Herazo

2.1. Universidad de Córdoba La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda por considerarlas contrarias a derecho y a la realidad.

Sostiene que la responsabilidad por las lesiones del señor Luis Eduardo Berrío Herazo recae exclusivamente en l a Policía Nacional, pues los daños se originaron en el uso desmedido de la fuerza y abuso de autoridad por parte de sus agentes durante los disturbios del 3 de diciembre de 2013 al interior de la Universidad de Córdoba.

Precisa que la investigación penal adelantada por la Fiscalía Quinta Seccional de Montería fue remitida a la Justicia Penal Militar para su trámite contra los uniformados implicados, lo que demuestra que el hecho dañoso provino de su actuación y no de la i nstitución educativa.

Afirma que el demandante no aporta prueba que demuestre que la Universidad haya sido causante de los daños reclamados, por el contrario, su intervención se limitó a solicitar apoyo de la policía con el fin de conservar el orden y brindar seguridad a la com unidad universitaria.

Finalmente, propuso como excepciones de fondo las de: hecho exclusivo de un tercero, inexistencia de la falla del servicio e inexistencia de responsabilidad extracontractual de la universidad de Córdoba.

2.2. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos jurídicos y probatorios.Manifestó que no existió omisión alguna por parte de la Ins titución que pueda constituirse en causa del daño, pues el Estado no está obligado a responder por perjuicios ocasionados por la comisión de delitos.

en causa del daño, pues el Estado no está obligado a responder por perjuicios ocasionados por la comisión de delitos. Indicó que no está demostrada participación ni extralimitación de la Policía Nacional en las lesiones sufridas por el señor Luis Eduardo Berrío Herazo, las cuales fueron producto del accionar de un grupo de personas, estudiantes de la Universidad de Córdoba, que procedieron a bloquear la vía que conduce del municipio de Montería a Cereté, agredir a los ciudadanos y dañar los vehículos que transitaban por el sector, ante lo cual la Policía Nacional acudió al lugar para restablecer el orden y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los involucrados y demás ciudadanos, resultando varios unifo rmados lesionados, conforme al oficio radicado No. 1964 DISPO 1 ESTPO Montería del 3 de diciembre de 2013. Señaló que endilgarle responsabilidades infundadas a la entidad equivale a pretender un enriquecimiento sin justa causa, toda vez que del acervo probatorio se colige que la Policía Nacional no tuvo responsabilidad por acción u omisión en las lesiones ocasionadas al demandante. Afirmó que el material probatorio no demuestra que las lesiones hayan sido causadas por funcionarios de la Policía Nacional, pu es estos nunca accionaron sus armas de fuego en contra de los estudiantes y, cuando las utilizaron, lo hicieron prudentemente y no contra la humanidad de persona alguna. Sostuvo que la lesión del demandante fue producto de disparos efectuados por personas desconocidas y ajenas a la Institución, y que la actuación policial fue legítima, proporcional e inminente frente a las agresiones que estaban recibiendo. Finalmente propuso como excepciones el hecho de un tercero y falta de causalidad entre

policial fue legítima, proporcional e inminente frente a las agresiones que estaban recibiendo. Finalmente propuso como excepciones el hecho de un tercero y falta de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, y solicitó negar las pretensiones de la demanda y declarar la exoneración de responsabilidad por configurarse el hecho exclusivo de un tercero. 2.3 Ministerio de Educación Nacional Contestó la demanda extemporáneamente. 3) La sentencia apelada El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante sentencia de primera instancia proferida el 21 de septiembre de 2020, consideró que el Ministerio de Educación Nacional carecía de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la lesión sufrida por el joven Luis Eduardo Berrio Herazo no se derivó del cumplimiento de sus funciones. Igual decisión adoptó frente a la Universidad de Córdoba, al estimar que esta no autorizó el ingreso de la Policía Nacional a sus instalaciones, que la seguridad estaba a cargo de personal de la empresa Vipers Ltda. y que, al conocer los hechos, la rectora ordenó el retiro de los uniformados. Añadió que, aun en el evento de haber autorizado suentrada, no se configuraba un daño antijurídico atribuible a la institución, puesto que ningún empleado público, trabajador oficial o contratista suyo lesionó al estudiante.

El juez de instancia consideró que a la Policía Nacional le correspondía indemnizar al demandante por los perjuicios causados, en razón a que sus miembros ingresaron al campus universitario sin autorización, vulnerando la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política.

demandante por los perjuicios causados, en razón a que sus miembros ingresaron al campus universitario sin autorización, vulnerando la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política.

Indicó que, aunque no se practicó examen de balística para cotejar el proyectil extraído con las armas de dotación oficial, el juez concluyó que dicho proyectil provino de éstas teniendo en cuenta que los manifestantes no usaron armas de fuego; que los miembros de la Policía Nacional ingresaron a las instalaciones de la Universidad de Córdoba con sus armas de dotación; que el Patrullero Yesid Alexis Marulanda Silva y el Subintendente Said Pérez Morgan las accionaron a pesar de que uso no se encuentra permit ido para disolver disturbios tal como consta en el Oficio N° S -2014-00287/COMAN-ASJUR 29 de fecha 10 de enero de 2014 suscrito por el Comandante del Departamento de Policía de Córdoba en el que informó “que en el manejo de disturbios, son empleados element os tales como bastón tonfa, cascos y escudos, gases irritantes y de aturdimiento”; que ningún miembro de la Policía Nacional resultó lesionado con arma de fuego; que se encontró una vainilla calibre 9 milímetros en la zona verde de la facultad de enfermerí a de la Universidad de Córdoba; que se observaron varios impactos en los troncos de los árboles producidos por arma de fuego; y que el joven mencionado no se encontraba entre los miembros de la Policía Nacional y los manifestantes sino detrás de estos, es decir, físicamente era imposible que un proyectil disparado por los manifestantes hacia los miembros de la Policía Nacional, lo hiriera.

Nacional y los manifestantes sino detrás de estos, es decir, físicamente era imposible que un proyectil disparado por los manifestantes hacia los miembros de la Policía Nacional, lo hiriera.

Finalmente, el A quo sostuvo, que, al accionar sus armas de dotación, los miembros de la Policía emplearon la fuerza de manera excesiva, injusta y desproporcionada para contener la propuesta, causando la lesión del joven, quien no hacía parte de los disturbios ni representaba peligro alguno.

En consecuencia, declaró responsable a la Policía Nacional, desestimó las excep ciones propuestas y fijó las condenas correspondientes por concepto de daño emergente e indemnización de perjuicios morales, cuya liquidación se ordenó en abstracto conforme al artículo 193 del CPACA, además de abstenerse de imponer costas por falta de pru eba sobre su causación.

1. El recurso de apelación 4.1 Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional La apoderada judicial de la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. En el recurso, inicialmente hace referencia a conceptosgenerales sobre la responsabilidad del Estado por falla del servicio, para luego indicar que en el caso concreto se encuentra acreditado el eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, toda vez, que el demandante resultó lesionado por un impacto de arma de fuego, pero no existe material probatorio que con certeza demuestre que el proyectil pertenecía a un arma de dotación de la Policía Nacional.

Indica que los uniformados acudieron al lugar para restablecer el orden público que había

pero no existe material probatorio que con certeza demuestre que el proyectil pertenecía a un arma de dotación de la Policía Nacional.

Indica que los uniformados acudieron al lugar para restablecer el orden público que había sido alterado por antisociales que bloquearon la vía, que se acreditó que se trató de hechos de alta tensión donde se presentaron desmanes, donde quienes perturbaban el orden público lanzaban artefactos explosivos, objetos contundentes, botellas de gasolina y bombas molotov y miembros de la Policía Nacional trataba de contrarrestar los ataques para proteger las instalaciones y la vida e integridad de las personas que no hacían parte de los disturbios.

Precisa que el daño irrogado descrito en la demanda, no es imputable a la Policía Nacional sino un tercero, dado que de la situación fáctica del día 03 de diciembre de 2013 se puede predicar que la afectación física sufrida por el demandante con arma de fuego resultó de los sujetos que emplearon toda clase de elementos contundentes contra la fuerza pública, es ahí donde se rompe el nexo causal que debe existir entre los elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado.

Conforme lo anterior, solicita se revoque la sentencia apelada y se nieguen las pretensiones de la demanda, en tanto, en todo el material probatorio no existe ninguno que acredite que efectivamente la Policía Nacional haya actuado de manera irregular y no se allegó prueba alguna que permita evidenciar la existencia de una relación de causalidad entre el daño y la supuesta falla del servicio.

1. El trámite de segunda instancia El recurso de apelación presentado por la parte demandada -Policía Nacional-, fue admitido

alguna que permita evidenciar la existencia de una relación de causalidad entre el daño y la supuesta falla del servicio.

1. El trámite de segunda instancia El recurso de apelación presentado por la parte demandada -Policía Nacional-, fue admitido por el Despacho 04 mediante auto de fecha 21 de octubre de 2021.

Las partes no presentaron escrito de alegatos, así como tampoco concepto por parte del señor Agente del Ministerio Público.

Posteriormente y en cumplimiento a lo ordenado por los Acuerdos PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 2023, y CSJCOA24 -27 del 16 de abril de 2024, del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura de Córdoba respectivamente, se remitió el expediente al Despacho 006 de este Tribunal por redistribución.

Conforme lo anterior, el Despacho sustanciador avocó el conocimiento del presente proceso mediante providencia de 28 de mayo de 2024.Cumplido el trámite pertinente y sin que se avizore irregularidad o causal que afecte la legalidad de la actuación se procede a proferir la sentencia que en derecho corresponda previas las siguientes

II. Consideraciones del tribunal a) Competencia El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia emitida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De otra, parte, y en cuanto a la competencia del superior, de cara al recurso de apelación, se recuerda que el artículo 328 del CGP, indica que “ el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expu estos por el apelante, sin perjuicio de

se recuerda que el artículo 328 del CGP, indica que “ el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expu estos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley .” Y agrega la norma, que el juez “no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fu era indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.”

2.2.- Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala, conforme al contenido del recurso de apelación presentado por las partes, resolver los siguientes cuestionamientos:

Si en el caso concreto se encuentra acreditado el eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero y en consecuencia no existe responsabilidad de la Policía Nacional en el daño causado a los demandantes, lo cual daría lugar a revocar la sentencia de primera instancia.

Para resolver lo anterior, la Sala hará alusión a los siguientes temas: (i) Del régimen de imputación aplicableResponsabilidad del Estado por riesgo excepcional - lesiones de civil en disturbios con la Fuerza Pública y (iii) Caso concreto.

2.3 Premisa normativa y jurisprudencial.

2.3.1. Del régimen de imputación aplicable En Consejo de Estado en sentencia de unificación de fecha 19 de abril 2012 1, sentó su posición para indicar que en lo que se refiere a los daños antijuridicos, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción

responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Así las cosas, se ha dado cabida a la utilización de diversos

1 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Expediente: 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.títulos de imputación para la soluc ión de los casos, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación. En este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable, de cara a los hechos probados en el proceso, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso o que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria. 2.3.1.1 Responsabilidad del Estado por daño especiallesiones de civil en disturbios con la Fuerza Pública La responsabilidad del Estado se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, según el cual, el estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades.

Sobre este régimen de responsabilidad en eventos de disturbios en los que se causan

de Colombia, según el cual, el estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades.

Sobre este régimen de responsabilidad en eventos de disturbios en los que se causan daños a civiles por parte de la Fuerza Pública la Sección Tercera Consejo de Estado2 ha señalado que ante la ausencia de pruebas que acrediten la existencia de una falla d el servicio por parte de los miembros de la Fuerza Pública , que tuvo lugar alguna de las causales exonerativas de responsabilidad o que se produjo un evento de concurrencia de acciones u omisiones, lo procedente es analizar esos casos desde la óptica del r égimen objetivo y concretamente del daño especial, de este modo, precisó:

“De igual manera ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se precisa del acaecimiento de falta o falla alguna en el funcionamiento del servicio para que res ulte posible deducir la responsabilidad de la entidad normativamente encargada de prestarlo; se trata de los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta”, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarad a con independencia de que su actividad o la conducta –activa u omisiva– de sus agentes se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico. Los referidos eventos son aquellos en los que esta Corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado.

Precisamente, esta Subsección, al resolver casos similares al que ahora se estudia, ha considerado que, en eventos como el presente, no se requiere individua lizar al causante del daño para imputar

Estado.

Precisamente, esta Subsección, al resolver casos similares al que ahora se estudia, ha considerado que, en eventos como el presente, no se requiere individua lizar al causante del daño para imputar responsabilidad al Estado, dada la magnitud anormal o especial del daño que da lugar a la reclamación resarcitoria, independientemente de la naturaleza del hecho que lo causó. En este sentido se ha expuesto: Como consecuencia, acreditado como está que la lesión sufrida por el señor Omar Antonio Calderón Cardona fue causada en momentos en que se presentaba una confrontación entre los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMADy un grupo de estudiantes que realizaban una protesta en el marco de un paro nacional universitario, la Sala encuentra que resulta irrelevante determinar la autoría del causante del daño para imputar responsabilidad al Estado, toda vez que su declaratoria en estos precisos eventos solo exi ge que el daño se produzca en el marco de un enfrentamiento en el que estén involucradas fuerzas estatales, lo cual impone la necesidad de declarar la existencia de responsabilidad en cabeza de la demandada, por cuanto la obligación indemnizatoria que se d educe proviene del imperativo

2 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso AdministrativoSección Tercera Subsección A, cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00068-01(65350)de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad y, por cuanto para la víctima injustamente afectada, el daño irrogado entrañó un claro rompimiento de las cargas públicas que normalmente debían soportar”.

2.3.2 Caso concreto

para la víctima injustamente afectada, el daño irrogado entrañó un claro rompimiento de las cargas públicas que normalmente debían soportar”.

2.3.2 Caso concreto

Es necesario precisar inicialmente que aun cuando el juez de primera instancia no lo dice expresamente el análisis en el caso objeto de estudio lo realizó bajo el título de imputación de falla del servicio al señalar entre otras cosas que los miembros de la Policía Nacional al haber accionado sus armas de dotación oficial, usaron la fuerza de forma excesiva, injusta y desproporcional para contener la protesta; situación q ue produjo la lesión del joven Luis Eduardo Berrio Herazo, quien no hacia parte del grupo de manifestantes y no representaba un peligro para aquellos. No obstante, lo anterior para esta Sala no es dable considerar dicho análisis bajo ese título de imputación sino bajo el régimen objetivo de responsabilidad de daño especial por cuanto es un criterio de imputación que conlleva la realización de un análisis tomando como punto de partida el daño sufrido por los particulares debido a las actividades lícitas del Estado, pues el material probatorio e s insuficiente para probar una falla en el servicio por un uso arbitrario de la fuerza , dado que no se acreditó en el caso concreto que el arma de fuego que lesionó al demandante haya sido disparada por un miembro de la Policía Nacional.

No desconoce la Sala tal y como concluyó el A quo que los miembros de la Policía Nacional ingresaron a las instalaciones de la Universidad de Córdoba con sus armas de dotación, que dos de los patrulleros reconocieron que dispararon y que ningún miembro de la Policía resultó herido por arma de fuego, no obstante, ello no quiere decir que se acreditó sin lugar

que dos de los patrulleros reconocieron que dispararon y que ningún miembro de la Policía resultó herido por arma de fuego, no obstante, ello no quiere decir que se acreditó sin lugar a dudas que los manifestantes no portaran armas o que el arma que le causó el daño al demandante la disparó un miembro de la Policía lo cual se hubiese podido advertir si al plenario se hubiese allegado prueba de balística, documental que al no encontrarse no es posible hacer el análisis del proceso bajo ese título de imputación de falla del servicio.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que en casos de lesiones de civiles en disturbios con la Fuerza Pública en los que no se acredita la falla del servicio el análisis del caso debe realizarse a través del daño especial, en tanto, lo que se advierte es el desequilibrio de las cargas públicas, al respecto, e n una sentencia emitida por el Consejo de Estado3 dentro de una acción de tutela de fecha 10 de julio de 2025, con similar supuesto fáctico que en este caso y que fue presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, esa Corporación decidió revocar la decisión de segunda instancia por vulneración al precedente judicial, al considerar lo siguiente:

Sobre el particular, en los eventos relacionados con el daño especial, la Sección Tercera de esta Corporación ha destacado los casos en que ha sido aplicado como título de imputación, “cuando el acto estuvo dirigido contra un objetivo estatal en ejecución del cual se afectó un interés particular” y, en ese sentido, los daños no deben ser asumidos por la víctima por razones de equidad y solidaridad.

3 Consejo De Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Cuarta, Consejero Ponente: Luis Antonio Rodríguez

interés particular” y, en ese sentido, los daños no deben ser asumidos por la víctima por razones de equidad y solidaridad.

3 Consejo De Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Cuarta, Consejero Ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño, diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 11001-03-15-000-2025-01516-01Así las cosas, el daño especial como título de imputación en la responsabilidad extracontractual del Estado, ha sido definido por el Consejo de Estado como aquel perjuicio que, a pesar de originarse en una actuación legítima de la administración, afecta de manera anormal, singular y desproporcionada a un particular, sin que exista la obligación jurídica de soportarlo. En este sentido, la Sección Tercera de esa corporación precisó que “se presenta daño especial cuando se le impone a una persona una carga excesiva o superior a la que deben soportar los demás ciudadanos, en razón de un acto legítimo del Estado, sin que medie compensación alguna”27. Este título de imputación se fundamenta en el principio de igualdad ante las cargas públicas y busca rest ablecer el equilibrio roto por la afectación injustificada a derechos o bienes de un individuo, aun cuando no exista falla en el servicio. En ese orden de ideas, la Sección Tercera de esta Corporación en reiterados casos aplicó como título de imputación e l daño especial, cuando el Estado actuando de forma legítima ocasiona un daño antijurídico a un particular que no está en la obligación de soportarlo, razón por la cual el Estado se encuentra en la obligación jurídica de equilibrar nuevamente las cargas. (..)

ocasiona un daño antijurídico a un particular que no está en la obligación de soportarlo, razón por la cual el Estado se encuentra en la obligación jurídica de equilibrar nuevamente las cargas. (..)

A juicio de la Sala y siguiendo precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a partir de los elementos de prueba allegados al expediente ordinario, era plausible realizar un pronunciamiento bajo el régimen objetivo de responsabilidad rel ativo al título de imputación de daño especial, con el fin de que el juez natural ordinario determinara si era dable o no que se reparara el daño y si existió un rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas.

Sobre el principio de igualdad ante las cargas públicas, el cual impone que ningún ciudadano debe soportar de manera individual o desproporcionada los perjuicios derivados de la actuación legítima del Estado en beneficio del interés general, se encuentra fundamentado en los artículos 2 ° y 13 de la Constitución Política y busca garantizar que las cargas generadas por decisiones o actuaciones estatales, incluso cuando son lícitas, no recaigan exclusivamente sobre ciertos particulares sin que medie una justa compensación.

De este modo, en el caso concreto el análisis se efectuará bajo el régimen objetivo de responsabilidad de daño especial, en el cual la carga de la prueba se invierte y le corresponde a la entidad demandada acreditar los hechos que rompan el nexo de causalidad que se le at ribuyó. Definido lo anterior, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, el cual se recuerda en esta oportunidad:

Si en el caso concreto se encuentra acreditado el eximente de responsabilidad

causalidad que se le at ribuyó. Definido lo anterior, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, el cual se recuerda en esta oportunidad:

Si en el caso concreto se encuentra acreditado el eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero y en consecuencia no existe responsabilidad de la Policía Nacional en el daño causado a los demandantes, lo cual daría lugar a revocar la sentencia de primera instancia.

Del material probatorio allegado al expediente se advierte que los hechos que dieron origen a la presente demanda tuvieron ocurrencia el 03 de diciembre de 2013 mientras se concentraba en la Universidad de Córdoba unos disturbios entre algunos manifestantes y la Fuerza Pública, en los cuales se advierte la ocurrencia de varios disparos, y en los que resultó lesionado el señor Luis Eduardo Berrio Herazo.De la historia clínica se tiene que el demandante Berrio Herazo fue herido con un arma de fuego causándole fractura abierta de femur distal por lo que, debieron realizarle en quirófano lavado quirúrgico bajo anestesia y le ordenaron incapacidad inicialmente por 60 días.

Se encuentra en el plenario Informe pericial de clínica forense N° DSCORD -DRNROCC03327-2015 realizado al joven Luis Eduardo Berrio Herazo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Dirección Seccional Córdoba. Se hicieron las siguientes anotaciones:

“Presenta al examen médico legal : Se palpa cuerpo extraño de 2x1.5cm, duro, sólido, ligeramente dolorosa, en el muslo izquierdo en su tercio inferior. Limitació