TA VAL - Sentencia 76001-23-33-000-2025-00025-00 (10-02-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA TERCERA DE DECISIÓN Magistrado Ponente: OMAR EDGAR BORJA SOTO Santiago de Cali, diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025). Sentencia de única instancia No.011.

Magistrado Ponente: OMAR EDGAR BORJA SOTO Medio de Control Revisión de Acuerdo municipal

Ref. Proceso 76001-23-33-000-2025-00025-00

Demandante DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

njudiciales@valledelcauca.gov.co gapalacios@valledelcauca.gov.co gustavoadolfopalasin@gmail.com Demandado Municipio de Cartago – Valle del Cauca notificacionesjudiciales@cartago.gov.co despacho@cartago.gov.co Ministerio Público fjmoreno@procuraduria.gov.co Expediente virtual SAMAI | Proceso Judicial Decisión Declara infundada la objeción efectuada por la Gobernación del Valle del Cauca

La Ley 2080 del 2021, vigente en materia procesal a partir del 26 de enero de este año, reformó el CPACA, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

El expediente digital está en la sede electrónica  SAMAI, donde podrá consultar las actuaciones en el botón “CONSULTA DE PROCESOS”  en el siguiente link https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL,

link https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/ donde los sujetos procesales podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos, pedir CITA VIRTUAL y además deberán RADICAR  MEMORIALES Y ESCRITOS los cuales se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, ec onomía, eficiencia, transparencia y publicidad, por tanto, es  el canal oficial para recibir memoriales desde el 16 de mayo de 2022.

Para el ACCESO A LOS EXPEDIENTES debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Acceso a expedientes” aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo, anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso.

Para radicar memoriales debe ingres ar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Memoriales y/o Escritos”, aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso y cargar los archivos con destino al proceso en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB. En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI VENTANILLA VIRTUAL

cargar los archivos con destino al proceso en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB. En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI VENTANILLA VIRTUAL Solo de manera subsidiara continuarán recibiéndose escritos y memoriales en el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co  identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG.

I. OBJETOTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00025-00 2

Surtido el trámite que impone la ley, procede la Sala de Decisión conformada por los doctores Omar Edgar Borja Soto, magistrado ponente, Juan Pablo Dossman Cortez y Eduardo Antonio Lubo Barros, a decidir sobre la validez de los artículos 3º y 4º del Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024 “ por medio del cual, se modifica el presupuesto general de ingresos y gastos, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024”, expedido por el Concejo municipal de CartagoValle del Cauca , por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad hechas por la Gobernadora del Valle del Cauca.

II. ANTECEDENTES.

1. La Demanda.

1.1. Petición.

Valle del Cauca , por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad hechas por la Gobernadora del Valle del Cauca.

II. ANTECEDENTES.

1. La Demanda.

1.1. Petición.

La señora Gobernadora del Valle del Cauca , por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de lo dispuesto en el numeral 10 del art. 305 de la Constitución Política, arts. 119 y 120 del Decreto 1333 de 1986, presentó la siguiente petición:

“Se solicita al Honorable Tribunal se decida sobre la validez de los artículos 3º y 4º del Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024.”.

1.2. Hechos.

Señaló como hechos los siguientes:

“Primero: El Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca), expidió el Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024 “ por medio del cual, se modifica el presupuesto general de ingresos y gastos, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024”.

Segundo: El Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024, fue debatido en diferentes fechas así: primer debate el 29 de noviembre de 2024 y segundo debate el 04 de diciembre de 2024.

Tercero: El Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024, fue sancionado por el señor Alcalde Municipal el 9 de diciembre de 2024.

Cuarto: El Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024, fue publicado el 9 de diciembre de 2024, en la página web de la entidad, de conformidad a la certificación

Alcalde Municipal el 9 de diciembre de 2024.

Cuarto: El Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024, fue publicado el 9 de diciembre de 2024, en la página web de la entidad, de conformidad a la certificación expedida por el Personero Municipal de Cartago (Valle del Cauca).

Quinto: El Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024, fue recibido por el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca para la correspondiente revisión legal y constitucional el 16 de diciembre de 2024 en ventanilla única con consecutivo de recibido No. 2024052661.

Sexto: Revisado el Acto Administrativo y sus documentos soportes, de conformidad a la facultad constitucional y legal que le asiste a la Señora Gobernadora contenida en el artículo 305 numeral 10 de la Constitución Política y el artículo 119 del DecretoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00025-00 3

1333 de 1986, se encontraron razones jurídicas que lo hacen contrario a disposiciones constitucionales y legales.”.

1.3. Normas violadas.

Dice el escrito de observaciones que el Acuerdo en revisión es violatorio de la siguiente norma procedimental para su formación:

• Constitución Política – Artículos 313 numeral 3º y 5º, 345, 346, 347. - Ley 136 de 1994 – Artículos 32 (numeral 9°) Articulo 91 (literal a numeral 3°, literal d numeral 5°).

• Constitución Política – Artículos 313 numeral 3º y 5º, 345, 346, 347. - Ley 136 de 1994 – Artículos 32 (numeral 9°) Articulo 91 (literal a numeral 3°, literal d numeral 5°). - Decreto 111 de 1996 – Artículos 60, 64, 79, 80, 82, - DUR 1068 de 2015: Artículo 2.8.1.5.6. Modificaciones al Detalle del Gasto. - Sentencia C-036 de 2023 de la Corte Constitucional.

Concluyendo que el citado Acuerdo adolece de las siguientes falencias:

“CARGO UNICO: FALTA DE COMPETENCIAS DEL CONCEJO EN

MATERIA DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO”. (…) “Los Artículos 3º y 4º del Acuerdo sub examine reducen el presupuesto de ingresos y gastos. Dicha contraviene las reglas y subreglas establecidas por la Corte Constitucional en Sentencia C-036 de 2023, toda vez que, en concordancia con el artículo 76 del EOP, las reducciones se adelantan directamente por el Gobierno, para el caso, municipal.

En este contexto, se evid encia que el acto administrativo objeto de revisión contraría el ordenamiento jurídico en la cual debería fundarse, irregularidad que se constituye en una causal que vicia la validez del acto administrativo objeto de revisión. ”.

2. Contestación Municipio de Cartago.

El Municipio de Cartago a tenor literal sostuvo lo siguiente:

“…1. La entidad que solicita la revisión no desvirtúa la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.

De manera preliminar e inmediata, debo advertir a su despacho la carencia de

“…1. La entidad que solicita la revisión no desvirtúa la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.

De manera preliminar e inmediata, debo advertir a su despacho la carencia de argumentos claros, suficientes, congruentes, pertinentes y específicos que logren desvirtuar la presunción de legalidad de la que gozan los artículos 3 y 4 del Acuerdo Municipal No. 023 de 2025.

Si se lee detenidamente el escrito de solicitud de revisión presentado por el apoderado del Departamento del Valle del Cauca, el apoderado se limita a transcribir artículos de la Constitución Política de Colombia, normas sobre el régimen político y administrativo de los municipios y una sentencia de constitucionalidad, además de citar varios pronunciamientos que autodenomina “precedente” del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a sabiendas, que los pronunciamientos de un órgano judicial que no es de cierre, no hace tránsito a precedente judicial.

De resto, el apoderado se limita, de manera vaga, a manifestar que el Concejo Municipal de Cartago “no tiene la potestad de delegar o facultar al alcalde para el ejercicio de funciones que ya le han sido otorgadas por la ley, puesto que dichaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00025-00 4

facultad ya está intrínsecamente concedida por la legislación nacional” y que “cualquier acuerdo del Concejo Municipal que intente facultar al alcalde para el ejercicio de funciones que ya le han sido conferidas por la ley carecería de validez

4

facultad ya está intrínsecamente concedida por la legislación nacional” y que “cualquier acuerdo del Concejo Municipal que intente facultar al alcalde para el ejercicio de funciones que ya le han sido conferidas por la ley carecería de validez jurídica y eficacia, al ser una reiteración innecesaria y no conforme con el ordenamiento jurídico”.

No obstante, dicha ideación no es desarrollada con exactitud en su escrito, limitándose a agregar páginas y páginas de transcripciones de norma y pronunciamientos judiciales, sin explicar de manera adecuada, la utilidad de todas las normas citadas y pronunciamientos esbozados, con el caso concreto.

La carencia de justificación llega a tal punto que el apoderado del Departamento del Valle del Cauca, manifiesta que el Concejo Mun icipal no puede facultar o delegar al Alcalde sobre competencias que ya radican en él. Sin embargo, cuando se observan los artículos acusados de inconstitucionales, nada se encuentra sobre delegación o facultad alguna otorgada por el Concejo Municipal al Alcalde Municipal. De ahí la necesidad de preguntarse: ¿Cuál fue entonces la necesidad de citar normas y pronunciamientos sobre las facultades extraordinarias de los Concejos Municipales a los Alcaldes Municipales?

Así las cosas, se evidencia que la part e solicitante no agotó en debida forma la argumentación mínima requerida para acusar una norma de inconstitucional y por ende, al no desvirtuarse la presunción de legalidad del acto administrativo, éste debe conservar su validez y presencia en el ordenamie nto jurídico para que surta los efectos para los cuales fue expedido.”

ende, al no desvirtuarse la presunción de legalidad del acto administrativo, éste debe conservar su validez y presencia en el ordenamie nto jurídico para que surta los efectos para los cuales fue expedido.”

2. El Concejo Municipal sí es competente para realizar reducciones al presupuesto, cuando se trata de supuestos de hechos diferentes a los señalados en el artículo 76 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Cómo se anticipó desde el acápite anterior, el Departamento del Valle del Cauca no cumplió con los requisitos mínimos de claridad, suficiencia, congruencia, pertinencia y especificidad sobre los argumentos de inconstitucionalidad e ilegalidad del Acuerdo Municipal No. 023 de 2024; prueba de ello, es que ni siquiera se tomó la prudencia de leer detenidamente el contenido de la disposición jurídica contenida en el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que a su tenor literal, manifiesta:

“Artículo 76. En cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos: o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes , para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; o que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados; o que la coherencia

Congreso o que los aprobados fueren insuficientes , para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; o que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados; o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Del artículo citado, se extrae que, la facultad legal de los Alcaldes se circunscribe a uno de los siguientes eventos: (I) los recaudos sean inferiores a los gastos que se pretenden cubrir con dichos recursos, (II) los recursos sean insuficientes para atender los gastos del artículo 347 de la Constitución Política de Colomb ia, (III) no se perfeccionen los recursos de crédito autorizados y, (IV) la coherencia macroeconómica así lo exija.

(…)TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00025-00 5

La misma Corte Constitucional, máxima interprete de la Constitución Política de Colombia y guardiana de la misma, considera que, la Le y no puede conferir una facultad abierta y total a los Alcaldes para la reducción de los presupuestos, pues ello sería contrario a las cláusulas propias del Estado de Derecho, del ejercicio del poder sometido a las reglas jurídicas.

Así pues, se reitera y critica la poquísima carga argumentativa esgrimida por el Departamento del Valle del Cauca, quien se atreve a afirmar, a través de su apoderado que los Alcaldes tienen la facultad para modificar el presupuesto para su

Así pues, se reitera y critica la poquísima carga argumentativa esgrimida por el Departamento del Valle del Cauca, quien se atreve a afirmar, a través de su apoderado que los Alcaldes tienen la facultad para modificar el presupuesto para su reducción, en todos los casos y sin distinción alguna, es decir, justo lo contrario a lo que considera la propia Corte Constitucional sobre dicha facultad.

De una lectura detenida de la parte motiva del Acto Administrativo acusado, se puede llegar a la conclusión que, la reducción ordenada p or el Concejo Municipal, sobre el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de Cartago, no obedeció a ninguno de los eventos que señala el artículo 76 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, pues se trató de la reducción por recursos percibidos, pero no ejecutados, supuesto de hecho que se escapa de alguno de los eventos contemplados en el artículo señalado.

En ese sentido, de manera natural y obvia, siendo el Concejo Municipal, la Corporación Político-Administrativa constitucional y legalmente competente para la expedición del presupuesto, en virtud del principio de legalidad del gasto público y principio democrático del gasto público; se encontraba en pleno y legítimo uso de sus competencias constitucionales y legales sobre las modificaciones a l presupuesto que esta misma Corporación aprobó.

3. En virtud del principio democrático y participativo de nuestro Estado Social de Derecho, el Concejo Municipal es competente para realizar cualquier modificación sobre el presupuesto que tenga relación con su reducción.

Aunque con los argumentos hasta acá expuestos, es suficiente para defender la presunción de legalidad del acto administrativo acusado, no resultaría impertinente

modificación sobre el presupuesto que tenga relación con su reducción.

Aunque con los argumentos hasta acá expuestos, es suficiente para defender la presunción de legalidad del acto administrativo acusado, no resultaría impertinente hacer referencia que, de conformidad con nuestra configuración constitucional de Estado Social de Derecho, pluralista, participativo y democrático, el Concejo Municipal de cada municipio, es el espacio de discusión político-administrativo más amplio, participativo, democrático y pluralista para las decisiones de cada municipio.

Se debe recordar que el principio universal y general del derecho “Qui potest plus, potest minus”, traducido como "quien puede lo más, puede lo menos", es un axioma del razonamiento jurídico utilizado en diversas ramas del derecho. Su aplicación implica que si una norma o facultad jurídica permite realizar una acción de mayor alcance, entonces también debe comprender la posibilidad de ejercer una acción de menor impacto o extensión dentro del mismo marco normativo; como en el caso del Presupuesto General de I ngresos y Gastos, donde el Concejo Municipal es el competente para aprobarlo y expedirlo y por ende, debe ser competente para modificarlo, incluso reducirlo.

Este principio es una manifestación del principio de legalidad y razonabilidad en la interpretación normativa. Se sustenta en la lógica jurídica de que quien tiene una potestad amplia, por naturaleza, tiene implícita la posibilidad de ejercer una potestad menor sin necesidad de una habilitación específica. El uso de este principio facilita la aplicaci ón armónica del derecho al evitar que los operadores jurídicos requieran una habilitación normativa específica para cada acción de menor entidad que esté contenida implícitamente en una disposición más amplia.

facilita la aplicaci ón armónica del derecho al evitar que los operadores jurídicos requieran una habilitación normativa específica para cada acción de menor entidad que esté contenida implícitamente en una disposición más amplia.

Así pues, si el constituyente y el legislador consideraron que el Concejo Municipal era la Corporación Político -Administrativa competente para aprobar y expedir el Presupuesto General de Ingresos y Gastos, de igual forma, esta Corporación, debería tener la facultad de menor gradode reducir el mismo presupuesto que ella ha aprobado, independientemente que, en algunos casos, el Alcalde Municipal,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00025-00 6

tenga la facultad dispositiva de hacerlo de manera directa, en los términos del artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Lo anterior, teniendo en cuenta inclusive, que fue el propio Gobierno Local, quien presentó para trámite el proyecto de Acuerdo Municipal, que desembocó en la expedición del Acuerdo Municipal No. 023 de 2024, es decir, fue una decisión cuya iniciativa tuvo lugar en el propio Gobie rno, supuestamente facultado, según los dichos del Departamento del Valle del Cauca, razón por la cual, sus vagos argumentos no tendrían vocación de prosperidad.

SOLICITUD

Por lo argumentos expuestos con anterioridad, solicito al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declare la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo Municipal No. 023 de 2024, y por lo tanto, niegue la solicitud elevada por la apoderada del Departamento del Valle del Cauca…”.

Valle del Cauca, que declare la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo Municipal No. 023 de 2024, y por lo tanto, niegue la solicitud elevada por la apoderada del Departamento del Valle del Cauca…”.

3. Concepto del Ministerio Público.

El agente del ministerio público emitió concepto en los siguientes términos:

“3.3.1. El caso concreto.

Lo primero sea señalar que, la reducción del presupuesto de la vigencia 2024 prevista en los artículos acusados no corresponde a ninguna de las causales previstas en el artículo 76 del Decreto 111 de 1996. Inclusive, se trata de recursos percibidos y no ejecutados.

12. Que para el caso de las reducciones presupuestales contenidas en el presente acto administrativo, el Jefe de Presupuesto certifica que los conceptos a reducir se encuentran libres de afectación presupuestal y no están comprometidos, como consta en documento expedido con fecha 15 de noviembre del año2024”.

En el caso del rubro relativo a la prevención y control de incendios, no dice nada la parte motiva del acuerdo. En el caso del rubro relativo a la tasa bomberil, señala la parte motiva que la causa es la no ejecución de gasto.

22. Con el fin de adicionar el recaudo en exceso neto correspondiente al grupo de la fuente 008 denominada: SOBRETASA BOMBERIL, se debe realizar los ajustes presupuestales mediante reducción presupuestal de los saldos por ejecutar y adición presupuestal de los saldos recaudados en exceso, para obtener la adición del recaudo en exceso neto.

Los movimientos presupuestales que correspondientes son los siguientes: ”.

mediante reducción presupuestal de los saldos por ejecutar y adición presupuestal de los saldos recaudados en exceso, para obtener la adición del recaudo en exceso neto. Los movimientos presupuestales que correspondientes son los siguientes: ”.

Conforme a lo anterior, como la causa de la reducción presupuestal no es que (i) los recaudos sean inferiores a los gastos que s e pretenden cubrir con dichos recursos, (ii) los recursos sean insuficientes para atender los gastos del artículo 347 de la Constitución, (iii) no se perfeccione los recursos de crédito autorizados o (iv) la coherencia macroeconómica lo exija, la competencia recae en cabeza del concejo municipal

CONCLUSIÓN.

Como conclusión, los artículos 3º y 4º del Acuerdo 023 del 09 de diciembre de 2024 son legales porque se trata de una competencia que se encuentra en cabeza de los concejos municipales.

PETICIÓN EN SENTIDO ESTRICTO

Por las razones expuestas, la Procuraduría 166 Judicial II delegada ante esa Corporación, solicita de manera respetuosa,

NEGAR la NULIDAD de los artículos 3º y 4º del Acuerdo 023 del 09 de diciembre de 2024, proferido por el Concejo Municipal de Cartago.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00025-00 7

4. Trámite procesal.

Mediante providencia No. 002 del 17 de enero de 20 25, se dispuso avocar el conocimiento y se procedió a fijar en lista por diez días conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986.

Mediante providencia No. 002 del 17 de enero de 20 25, se dispuso avocar el conocimiento y se procedió a fijar en lista por diez días conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986.

Agotado todo el trámite previsto en el art. 121 del Decreto 1333 de 1986, habida cuenta que no existe ninguna p rueba por decretar y encontrándose dentro de la oportunidad legal para ello, se procede a dictar la presente providencia, bajo las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

1. Es competente este Tribunal para resolver en única instancia el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 151 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, por tratarse de observaciones formuladas por la señora Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, acerca de la constitucionalidad y legalidad de un acuerdo o Decreto, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 119 del Decreto 1333 de 1986.

2. Problema jurídico.

2. Se contrae a establecer, si los artículos 3º y 4º del Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024 “por medio del cual, se modifica el presupuesto general de ingresos y gastos, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024”, expedido por el Concejo municipal de Cartago - Valle del Cauca, es válido o no, teniendo en cuenta los cargos formulados por el Departamento del Valle del Cauca, o si por el contrario se encuentran ajustados a lo establecido por la Ley.

3. Acto acusado.

cuenta los cargos formulados por el Departamento del Valle del Cauca, o si por el contrario se encuentran ajustados a lo establecido por la Ley.

3. Acto acusado.

3. Se solicita en este proceso la nulidad de los artículos 3º y 4º del Acuerdo No. 023 del 9 de diciembre de 2024 “por medio del cual, se modifica el presupuesto general de ingresos y gastos, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024”.

1Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, en adelante por sus siglas, CPACA.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00025-00 8

4. Antecedentes normativos de la revisión constitucional, legal y reglamentario de las ordenanzas y los acuerdos territoriales.

4. La constitución política de 1991 estableció como facultad de los gobernadores la objeción por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia a los proyectos de ordenanza.

5. Asimismo, les atribuyó la revisión de los actos de los concejos y los alcaldes por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad ordenándole la remisión de los mismos al tribunal administrativo para que este decida sobre su validez. Los numerales 9 y

10 del art. 305 constitucional prescriben:

ARTICULO 305. Son atribuciones del gobernador:

9. Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.

ARTICULO 305. Son atribuciones del gobernador:

9. Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.

10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez.

6. A su vez el art. 315 constitucional faculta al alcalde para objetar por inconveniente o contrario al ordenamiento jurídico los acuerdos aprobados por el concejo, según

se lee en dicho precepto:

ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.

7. De otra parte, el Decreto Ley 1333 de 1986 (Código De Régimen Municipal), Título V, De Los Acuerdos , regula la objeción de los proyectos de acuerdo por inconveniencia o por contrariar la constitución, la ley o las ordenanzas, al prescribir

en los artículos 112, 113 y 114, lo siguiente:

ARTICULO 112. Los alcaldes pueden objetar los proyectos de acuerdo aprobados por los Concejos, por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley o las ordenanzas, dentro de los términos que señala el artículo siguiente.

ARTICULO 113. El alcalde dispone del término d e cinco días para devolver con objeciones un proyecto que no conste de más de veinte artículos, y de ocho días

la ley o las ordenanzas, dentro de los términos que señala el artículo siguiente.

ARTICULO 113. El alcalde dispone del término d e cinco días para devolver con objeciones un proyecto que no conste de más de veinte artículos, y de ocho días cuando el proyecto pase de ese número de artículos.

Si el alcalde una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto objetado, deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si el Concejo se pusiere en receso dentro de esos términos, el alcalde está en la obligación de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de lo s seis días siguientes a aquel en que el Concejo haya cerrado sus sesiones.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00025-00 9

ARTICULO 114. El alcalde sancionará sin poder presentar nuevas objeciones el proyecto que reconsiderado por el Concejo fuere aprobado. Sin embargo, si el Concejo rechaza las ob jeciones por violación a la Constitución, la ley o la ordenanza, el proyecto será enviado por el alcalde al Tribunal Administrativo, dentro de los diez (10) días siguientes , acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), para que éste decida conforme al trámite señalado en el artículo 121 de este Código.

8. Para la interpretación de estos artículos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley 136 de 1994 , "por la cual se dictan normas

trámite señalado en el artículo 121 de este Código.

8. Para la interpretación de estos artículos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley 136 de 1994 , "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el fun cionamiento de los municipios",

veamos:

"ARTÍCULO 78. OBJECIONES. El alcalde puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas.

El Alcalde dispone de cinco días para devolver con objeciones un proyecto de no más de veinte artículos, de diez días cuando el proyecto sea de veintiuno a cincuenta artículos y hasta de veinte días cuando el proyecto exceda cincuenta artículos.

Si el Concejo no estuviere reunido, el alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las objeciones. Este período de sesiones no podrá ser superior a cinco días.".

"&$&$ARTÍCULO 79574. OBJECIONES POR INCONVENIENCIA . <Artículo subrogado por el artículo 4575o. de la Ley 177 de 1994. Si la plenaria del Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el Alcalde deberá sancionar el proyecto en un término no mayor de ocho (8) días. Si no lo sanciona, el Presidente de la Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo.

&