TA VAL - Sentencia 76001-23-33-000-2025-00056-00 (19-02-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA SALA TERCERA DE DECISIÓN Sentencia de única instancia No.028.

Santiago de Cali, diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticinco (2025). Magistrado Ponente OMAR EDGAR BORJA SOTO Medio de Control Revisión de Acuerdo municipal Ref. Proceso 76001-23-33-000-2025-00056-00

Demandante DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

njudiciales@valledelcauca.gov.co garciapatinomarthalucia@yahoo.es Demandado Municipio de Roldanillo – Valle del Cauca alcaldia@roldanillo-valle.gov.co concejo@roldanillo-valle.gov.co personeriamunicipal@roldanillo-valle.gov.co Ministerio Público fjmoreno@procuraduria.gov.co Expediente virtual SAMAI | Proceso Judicial Decisión Declara fundada la objeción efectuada por la Gobernación del Valle del Cauca

La Ley 2080 del 2021, vigente en materia procesal a partir del 26 de enero de este año, reformó el CPACA, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

El expediente digital  está en la sede electrónica  SAMAI, donde podrá consultar las actuaciones en el botón “CONSULTA DE PROCESOS”  en el siguiente link https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL,

link https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/ donde los sujetos procesales podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos, pedir CITA VIRTUAL y además deberán RADICAR  MEMORIALES Y ESCRITOS los cuales se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, economía, eficiencia, transparencia y publicidad, por tanto, es  el canal oficial para recibir memoriales desde el 16 de mayo de 2022.

Para el ACCESO A LOS EXPEDIENTES debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Acceso a expedientes” aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo, anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso.

Para radicar memoriales debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Memoriales y/o Escritos”, aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso y cargar los archivos con destino al proceso en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB. En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI VENTANILLA VIRTUAL

cargar los archivos con destino al proceso en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB. En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI VENTANILLA VIRTUAL Solo de manera subsidiara continuarán recibiéndose escritos y memoriales en el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co  identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00056-00 2

I. OBJETO

Surtido el trámite que impone la Ley, procede la Sala de Decisión conformada por los doctores Omar Edgar Borja Soto, magistrado ponente, Juan Pablo Dossman Cortez y Eduardo Antonio Lubo Barros, a decidir sobre la validez del artículo 24 del Acuerdo No. 016 del 25 de noviembre de 2024 “por medio del cual se expide el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025 para el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca ”, expedido por el Concejo municipal de Roldanillo - Valle del Cauca, por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad hechas por la Gobernadora del Valle del Cauca.

II. ANTECEDENTES.

1. La Demanda.

1.1. Petición.

ilegalidad e inconstitucionalidad hechas por la Gobernadora del Valle del Cauca.

II. ANTECEDENTES.

1. La Demanda.

1.1. Petición.

La señora Gobernadora del Valle del Cauca , por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de lo dispuesto en el numeral 10 del art. 305 de la Constitución Política, arts. 119 y 120 del Decreto 1333 de 1986, presentó la siguiente petición:

“Se solicita al Honorable Tribunal se decida sobre la validez del artículo 24 -parcial del Acuerdo No. 016 del 25 de noviembre de 2024 “por medio del cual se expide el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025 para el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca”.

1.2. Hechos.

Señaló como hechos los siguientes:

“PRIMERO: El Concejo Municipal de Roldanillo (Valle del Cauca), mediante el Acuerdo No.016 del 25 de noviembre de 2024, expide el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: El Acuerdo No.016 del 25 de noviembre de 2024, fue debatido en diferentes fechas así: Primer Debate el día 19 de noviembre de 2024 y Segundo Debate el día 25 de noviembre del mismo año.

TERCERO: El Acuerdo No.016 del 25 de noviembre de 2024, fue sancionado por el señor Alcalde el día 02 de diciembre de 2024.

Debate el día 25 de noviembre del mismo año.

TERCERO: El Acuerdo No.016 del 25 de noviembre de 2024, fue sancionado por el señor Alcalde el día 02 de diciembre de 2024.

CUARTO: El Acuerdo No.016 del 25 de noviembre de 2024, fue publicado durante los días del 2 al 16 de diciembre de 2024 en la cartelera del municipio según certificación expedida por el Personero del Municipio.

QUINTO: El Acuerdo No.016 del 25 de noviembre de 2024, fue recibido por el Departamento Administrativo Jurídico para la correspondiente revisión legal y constitucional el día 26 de diciembre de 2024, como consta en el sistema que para el efecto se lleva en esta oficina.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

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SEXTO: Revisado el acto administrativo de conformidad, se encontraron las siguientes razones jurídicas que hacen el artículo 24 -parcial-contrario a disposiciones constitucionales y legales...”.

1.3. Normas violadas.

Dice el escrito de observaciones que el Acuerdo en revisión es violatorio de la s siguientes normas para su formación:

• Ley 80 de 1993 - Decreto 111 de 1996, artículo 110 - Ley 136 de 1994, articulo 90 literal d) numeral 5°.

Sostiene la parte actora que el citado Acuerdo adolece de las siguientes falencias:

“UNICO CARGO: INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24-PARCIAL-DEL ACUERDO 016

Sostiene la parte actora que el citado Acuerdo adolece de las siguientes falencias:

“UNICO CARGO: INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24-PARCIAL-DEL ACUERDO 016

DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE ROLDANILLO POR FALTA DE

COMPETENCIA DEL CONCEJO PARA CONFERIR FACULTADES EN MATERIA

DE CONTRATACIÓN QUE SON PROPIAS DEL ALCALDE. (…) “es importante manifestar que como lo ha señalado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no en todos los casos el Alcalde necesita autorización para contratar .”.

2. Concepto del Ministerio Público.

El agente del ministerio público emitió concepto en los siguientes términos:

“Señala el Departamento del Valle que los alcaldes tienen competencia celebrar contratos en nombre del municipio, sin que se requiera autorización para tal efecto, excepción hecha de los contratos previstos en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, es decir, (a) empréstitos, (b) contratos que comprometan vigencias futuras, (c) enajenación y compraventa de bienes inmuebles, (d) Enajenación de activos, acciones y cuotas partes, (e) Concesiones y (f) Las demás que determine la ley. En este sentido, el acuerdo acusado adolece parcialmente de falta de competencia material. Como se dijo, esta se presenta c uando la materia u objeto del acto no está dentro de las facultades del ente administrativo.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política de 1991,

dijo, esta se presenta c uando la materia u objeto del acto no está dentro de las facultades del ente administrativo.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política de 1991, “Corresponde a los concejos: (…). 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo”

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 136 de 1994, corresponde al concejo municipal, “3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo”.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, son entidades estatales con autorización legal para contratar, entre otros, los municipios. Dice la norma lo siguiente:

“ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley:TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00056-00 4

1o. Se denominan entidades estatales:

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que

industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”.

Sin embargo, esa facultad de los alcaldes para celebrar contratos en nombre del respectivo municipio tiene sus limitaciones legales. En este sentido, señala el numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 lo siguiente:

“11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o., y 313, numeral 3o., de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de contratos”.

En el mismo sentido, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, señala como competencia de los concejos municipales autorizar a los alcaldes para la celebración de contratos. Dice la norma lo siguiente:

“3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo”.

En el mismo sentido, el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 , modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 señala los contratos que requieren expresa autorización del concejo. Dice la norma lo siguiente:

En el mismo sentido, el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 , modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 señala los contratos que requieren expresa autorización del concejo. Dice la norma lo siguiente:

“Parágrafo 4. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.

5. Concesiones.

6. Las demás que determine la ley.”

Es decir, no es la generalidad de los contratos los que requieren de la expresa autorización del concejo municipal sino únicamente aquellos señalados en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y en cuyo caso la autorización debe ser expresa.

Según el H Consejo de Estado, la autorización de los concejos para que los alcaldes celebren contratos en nombre de la entidad territorial se restringe a la tipología enunciada en el artículo 32, con las modificaciones introducidas por la Ley 1551 de 2012, es decir, los que se acaban de señalar. Dijo la corporación lo siguiente:

“Esta autorización de parte del Concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran reglamentados por el concejo municipal.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo

“Esta autorización de parte del Concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran reglamentados por el concejo municipal.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00056-00 5

Tal posición encontró eco posteriormente en la modificación de la Ley 136, en cuanto enumera los eventos en los que según el transcrito artículo 32, requieren de autorización por el concejo municipal. Esta lista se introdujo mediante la Ley 1551 de julio 6 de 2012, que modificó el citado el artículo 32 al adicionar el siguiente parágrafo que, prevé: (…)”.

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del H Consejo de Estado2 en una consulta sobre el alcance del parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1996 y las autorizaciones del concejo para contratar, dijo lo siguiente:

“En cuanto al parágrafo 4º (que es la parte novedosa de la norma), allí se establece, sin eliminar la regla general del numeral 3º, un listado de cinco (5) tipos contractuales para los cuales el alcalde debe obtener siempre, por disposición legal, autorización previa del concejo municipal para contratar. Se trata, según se observa, de contratos que por su naturaleza pueden afectar de manera importante la vida municipal, razón por la cual el propio legislador ordena su aprobación previa por el órgano de representación popular del respectivo territorio.

(…).

De conformidad con el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, requerirán autorización del concejo municipal: (i) los

representación popular del respectivo territorio.

(…).

De conformidad con el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, requerirán autorización del concejo municipal: (i) los contratos señalados expresamente en la ley (parágrafo 4º) y (ii) los demás que, en los tér minos y con los límites señalados en este concepto, determinen excepcionalmente los concejos municipales en ejercicio de sus propias competencias (numeral 3º).”. (Negrilla fuera de texto).

Conforme a lo anterior, no queda duda que no es la generalidad de los contratos los que requieren de la autorización expresa del concejo municipal sino únicamente aquellos enlistados en la norma. Dicho en otras palabras, le asiste razón al Departamento del Valle en su observación sobre la falta de competencia del concejo para otorgar la cuestionada autorización.

(…)

3.3.1. El caso concreto.

3.3.1.1. El artículo 24 parcial. El artículo 24 señala lo siguiente:

Facultades para Contratar: El Alcalde de Roldanillo está autorizado y facultado para celebrar los contratos y/o convenios y los diferentes Actos Administrativos que permitan ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos correspondientes a la vigencia fiscal 2025. De igual manera, el Alcalde queda autorizado y facultado para celebrar contratos y/o convenios con entidades o personas naturales, de derecho público o privado u organismos de cooperación nacional e internacional para el desarrollo y ejecución de programas y proyectos cofinanciados durante la vigencia fiscal 2025 y los demás que se requieran para cumplir con la función administrativa.

público o privado u organismos de cooperación nacional e internacional para el desarrollo y ejecución de programas y proyectos cofinanciados durante la vigencia fiscal 2025 y los demás que se requieran para cumplir con la función administrativa.

Como lo señaló el H Consejo de Estado3, la autorización de los concejos para que los alcaldes celebren contratos en nombre de la entidad territorial se restringe a la tipología enunciada en el artículo 32, con las modificaciones introducidas por la Ley 1551 de 2012.

Por lo anterior, como bien lo señala el Departamento en sus observaciones, la autorización general al alcalde prevista en el artículo 24 parcial para celebrar contratos en nombre de la entidad es ilegal

CONCLUSIÓN.

Como conclusión, el artículo 24 parcial del acto acusado es ilegal porque otorga una autorización en materia de contratación cuando ello no es competencia del concejo sino del alcalde municipal.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00056-00 6

PETICIÓN EN SENTIDO ESTRICTO

Por las razones expuestas, la Procuraduría 166 Judicial II delegada ante esa Corporación, solicita de manera respetuosa,

DECLARAR la NULIDAD del artículo 24 parcial del Acuerdo No. 016 del 25 de noviembre de 2024 proferido por el Concejo Municipal de Roldanillo…”.

4. Trámite procesal.

Mediante providencia No. 017 del 28 de enero de 20 25, se dispuso avocar el conocimiento y se procedió a fijar en lista por diez días conforme lo prevé el numeral

4. Trámite procesal.

Mediante providencia No. 017 del 28 de enero de 20 25, se dispuso avocar el conocimiento y se procedió a fijar en lista por diez días conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986.

Agotado todo el trámite previsto en el art. 121 del Decreto 1333 de 1986, habida cuenta que no existe ninguna prueba por decretar y encontrándose dentro de la oportunidad legal para ello, se procede a dictar la presente providencia, bajo las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

1. Es competente este Tribunal para resolver en única instancia el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 151 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, por tratarse de observaciones formuladas por la señora Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, acerca de la constitucionalidad y legalidad de un acuerdo o Decreto, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 119 del Decreto 1333 de 1986.

2. Problema jurídico.

2. Se contrae a establecer, si el artículo 24 del Acuerdo No. 016 del 25 de noviembre de 2024 “por medio del cual se expide el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025 para el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca”, expedido por el Concejo municipal de Roldanillo - Valle del Cauca , es válido o no, teniendo en cuenta el cargo formulado por el Departamento del Valle del Cauca, o si por el contrario se encuentra ajustado a lo

de Roldanillo, Valle del Cauca”, expedido por el Concejo municipal de Roldanillo - Valle del Cauca , es válido o no, teniendo en cuenta el cargo formulado por el Departamento del Valle del Cauca, o si por el contrario se encuentra ajustado a lo establecido por la Ley.

1Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, en adelante por sus siglas, CPACA.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00056-00 7

3. Acto acusado.

3. Se solicita en este proceso la nulidad del artículo 24 del Acuerdo No. 016 del 25 de noviembre de 2024 “por medio del cual se expide el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025 para el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca”, el cual establece:

4. Antecedentes normativos de la revisión constitucional, legal y reglamentario de las ordenanzas y los acuerdos territoriales.

4. La constitución política de 1991 estableció como facultad de los gobernadores la objeción por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia a los proyectos de ordenanza.

5. Asimismo, les atribuyó la revisión de los actos de los concejos y los alcaldes por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad ordenándole la remisión de los mismos al tribunal administrativo para que este decida sobre su validez. Los numerales 9 y

10 del art. 305 constitucional prescriben:

motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad ordenándole la remisión de los mismos al tribunal administrativo para que este decida sobre su validez. Los numerales 9 y 10 del art. 305 constitucional prescriben:

ARTICULO 305. Son atribuciones del gobernador:

9. Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.

10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00056-00 8

6. A su vez el art. 315 constitucional faculta al alcalde para objetar por inconveniente o contrario al ordenamiento jurídico los acuerdos aprobados por el concejo, según

se lee en dicho precepto:

ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.

7. De otra parte, el Decreto Ley 1333 de 1986 (Código De Régimen Municipal), Título V, De Los Acuerdos , regula la objeción de los proyectos de acuerdo por inconveniencia o por contrariar la constitución, la Ley o las ordenanzas, al prescribir

en los artículos 112, 113 y 114, lo siguiente:

ARTICULO 112. Los alcaldes pueden objetar los proyectos de acuerdo aprobados

inconveniencia o por contrariar la constitución, la Ley o las ordenanzas, al prescribir en los artículos 112, 113 y 114, lo siguiente:

ARTICULO 112. Los alcaldes pueden objetar los proyectos de acuerdo aprobados por los Concejos, por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley o las ordenanzas, dentro de los términos que señala el artículo siguiente.

ARTICULO 113. El alcalde dispone del término de cinco días para devolver con objeciones un proyecto que no conste de más de veinte artículos, y de ocho días cuando el proyecto pase de ese número de artículos.

Si el alcalde una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto objetado, deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si el Concejo se pusiere en receso dentro de esos términos, el alcalde está en la obligación de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de los seis días siguientes a aquel en que el Concejo haya cerrado sus sesiones.

ARTICULO 114. El alcalde sancionará sin poder presentar nuevas objeciones el proyecto que reconsiderado por el Concejo fuere aprobado. Sin embargo, si el Concejo rechaza las objeciones por violación a la Constitución, la ley o la ordenanza, el proyecto será enviado por el alcalde al Tribunal Administrativo, dentro de los diez (10) días siguientes , acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), para que éste decida conforme al trámite señalado en el artículo 121 de este Código.

los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), para que éste decida conforme al trámite señalado en el artículo 121 de este Código.

8. Para la interpretación de estos artículos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley 136 de 1994 , "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el fun cionamiento de los municipios",

veamos:

"ARTÍCULO 78. OBJECIONES. El alcalde puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas.

El Alcalde dispone de cinco días para devolver con objeciones un proyecto de no más de veinte artículos, de diez días cuando el proyecto sea de veintiuno a cincuenta artículos y hasta de veinte días cuando el proyecto exceda cincuenta artículos.

Si el Concejo no estuviere reunido, el alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las objeciones. Este período de sesiones no podrá ser superior a cinco días.".TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Revisión Acuerdo Rad. 76001-23-33-000-2025-00056-00 9

"ARTÍCULO 79. OBJECIONES POR INCONVENIENCIA. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 177 de 1994. Si la plenaria del Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el Alcalde deberá sancionar el proyecto en un término no mayor

artículo 4o. de la Ley 177 de 1994. Si la plenaria del Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el Alcalde deberá sancionar el proyecto en un término no mayor de ocho (8) días. Si no lo sanciona, el Presidente de la Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo.

ARTÍCULO 80. OBJECIONES DE DERECHO. Si las objeciones jurídicas no fueren acogidas, el alcalde enviará dentro de los diez días siguientes, el proyecto acompañado de una exposición de motivos de las objeciones al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el municipio. Si el Tribunal las considera fundadas, el proyecto se archivará. Si decidiere que son infundadas, el alcalde sancionará el proyecto dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Si el tribunal considera parcialmente viciado el proyecto, así lo indicará al Concejo para que se reconsidere.

Cumplido este trámite, el proyecto se remitirá de nuevo al Tribunal para fallo definitivo.".

9. El mismo código -D.L. 1333 DE 1986regula lo relacionado con el trámite de los acuerdos sancionados para revisión por parte del Gobernador y del PROCEDIMIENTO a observar por parte del Tribunal Administrativo, según se lee en los artículos 117 a 121 de dicho estatuto, como se examinará a continuación:

ARTICULO 117. Dentro de los tres (3) días siguientes al de la sanción , el alcalde enviará copia del acuerdo al Gobernador del Departamento para su revisión jurídica. La revisión aquí ordenada no suspende los efectos de los acuerdos.

enviará copia del acuerdo al Gobernador del Departamento para su revisión jurídica. La revisión aquí ordenada no suspende los efectos de los acuerdos.

10. Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 136 de 1994, el cual dispone:

"ARTÍCULO 82. REVISIÓN POR PARTE DEL GOBERNADOR. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del departamento para que cumpla con la atribución del numeral diez (10) del artículo 305 de la Constitución. La revisión no suspende los efectos de los acuerdos. ".

ARTICULO 118. Son atribuciones del Gobernador: (…) 8a. Revisar los actos de los Concejos Municipales y de los alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez (Artículo 194, ordinal 8o., de la Constitución Política).

ARTICULO 119. Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido , al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.

&$ARTICULO 120. El Gobernador enviará al Tribunal copia del acuerdo acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137605 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). El mismo día en que el Gobernador remita el acuerdo al Tribunal, enviará copia de su escrito a los

137605 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). El mismo día en que el Gobernador remita el acuerdo al Tribunal, enviará copia de su escrito a los respectivos alcaldes, personero y Presidente del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso.

11. En otrora, e l artículo 137 del C.C.A ., sobre el contenido de la demanda requería: lo que se demanda, hechos y omisiones, fundamentos de derecho, cuando se impugne un acto administrativo, normas violadas y concepto de violaciónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

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y pruebas. Actualmente la remisión es al art. 162 de la Ley 1437 de 2011 del CPACA, que estableció lo siguiente:

Artículo 162. Contenido de la demanda . Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones . Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso,

impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.

6. La estimación razonada de la cuantía, c