TA VAL - Sentencia 76001-33-33-010-2020-00140-01 (14-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 015

Radicación: 76001333301020200014001

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho laboral

Demandante: Yenny González Quiñónez

Apoderado: Alexander Quintero Penagos

aqp323@yahoo.com;

Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ

Apoderado: Camilo Ernesto Villegas Arrubla

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio Público: Procuradora 136 Judicial II para Asuntos

Administrativos de Bogotá ochaves@procuraduria.gov.co; Asunto: Bonificación judicial – Decreto 383 de 2013

MAGISTRADO PONENTE: GONZALO PERDOMO CABRERA

1. OBJETO

Decide la Sala Transitoria el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 35 de 7 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cali, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

2. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la señora Yenny González Quiñónez , interpuso demanda1, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la señora Yenny González Quiñónez , interpuso demanda1, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

2.1.1.- Se inaplique la frase “Y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones” registrada en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y los demás decretos que le modifiquen.

2.1.2.- Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución No. DESAJCLR20-1519 del 10 de marzo de 2020 y; (ii) Acto administrativo ficto o presunto negativo producto del silencio administrativo del recurso de apelación presentado contra la anterior resolución.

2.1.3.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se condene (i) “a la NACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE LA RAMA JUDICIAL, reconocer que la bonificación judicial que percibe el actor constituye factor salarial, para liquidar todas las prestaciones sociales actualmente por el devengadas y las que se causen a futuro y como consecuencia se le pague a mi mandante el producto de la reliquidación de todas sus pr estaciones debidamente indexadas desde su vinculación y hasta que se haga efectivo el reconocimiento y

1 Archivo_02_Cuaderno_Principal2

pago total de la obligación.” (ii) pago de costas y agencias en derecho.

2.2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes hechos, en síntesis:

pago total de la obligación.” (ii) pago de costas y agencias en derecho.

2.2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes hechos, en síntesis:

2.2.1. La señora Yenny González Quiñónez se encuentra vinculada como empleada de la Rama Judicial.

2.2.2. El 28 de febrero de 2020, solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial reconocer la bonificación judicial creada en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 como factor salarial para todos los efectos y, en consecuencia, realizar el reajuste y pago debidamente indexado de todas las primas y prestaciones causadas y que se causen en el futuro.

2.2.3. Mediante Resolución No. DESAJCLR20-1519 del 10 de marzo de 2020 , la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Valle del Cauca, despachó de forma negativa la petición.

2.2.4. El 24 de abril de 2020 se interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión, sin que a la fecha de presentación de la demanda se haya recibido respuesta.

2.3. Contestación de la demanda

La parte demandada2 contestó la demanda3, oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos:

De conformidad con lo previsto en la Ley 4ª de 1992 , la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional.

Por expreso mandato legal, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de

estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional.

Por expreso mandato legal, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud.

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el legislador cuenta con libertad para definir si una parte del salario puede constituir o no factor salarial, por consiguiente, el ordenamiento q ue instituyó la bonificación judicial sin su carácter salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales no puede considerarse como inconstitucional o ilegal. Como ejemplo cita la sentencia C – 279 de 1996, C – 681 de 2003 y del 19 de junio de 2008 del Consejo de Estado.

El artículo 4º de la Constitución Política no determina cuáles son las autoridades facultadas para la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. A través de la Sentencia T – 006 de 1994, la Corte Constitucional precisó que la excepción de inconstitucionalidad puede ser conocida por tribunales ordinarios y que sus efectos son únicamente para quien la solicitó.

La parte demandada debe ser garante del principio de legalidad y, por ende, acatar las disposiciones legales realizando una interpretación literal de su contenido en armonía con la máxima legal “donde el legislador no distingue no le es dado al intérprete distinguir”.

La administración sólo puede apartarse de las normas cuando no es clara y abiertamente inconstitucional, situación que no concurre en el caso concreto, por cuanto la normatividad aplicada goza de la presunción de legalidad y

La administración sólo puede apartarse de las normas cuando no es clara y abiertamente inconstitucional, situación que no concurre en el caso concreto, por cuanto la normatividad aplicada goza de la presunción de legalidad y constitucionalidad.

2 Apoderada Nancy Magali Moreno Cabezas. 3 Archivo_08_Cuaderno_Principal3

La administración expidió los actos administrativos demandados con sujeción a lo previsto en el artículo 3º del Decreto 383 de 2013, porque de acceder a lo solicitado se desacata el ordenamiento jurídico vigente, lo que conlleva consecuencias penales, fiscales y disciplinarias.

Propuso los medios exceptivos denominados: “Inexistencia de causa para demandar” “Ausencia de causa petendi” – “Prescripción trienal de derechos laborales”.

3. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali en la sentencia No. 35 de 7 de marzo de 2024 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la falta de reconocimiento de la bonificación como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales está fundada en una norma contraria a la constitución y la ley, razón por lo cual, es procedente su inaplicación. Como fundamento de la decisión expuso el a-quo lo siguiente:

“Teniendo en cuenta todo lo anterior, para este Despacho dicha situación resulta violatoria de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales en materia del trabajo que prevalecen en el orden interno, que definen el alcance del concepto de remuneración y, del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que

violatoria de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales en materia del trabajo que prevalecen en el orden interno, que definen el alcance del concepto de remuneración y, del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que ordenó nivelar la remuneración de los servidores de la Rama Judicial.

Así las cosas, el Despacho ordenará inaplicar por inconstitucional la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cot ización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, la cual fue reiterada en los Decretos posteriores que lo modificaron, toda vez que se circunscribe a una actuación que contraría la ley, la jurisprudencia y demás normas de mayor fuerza vinculante, siendo una disposición que carece de legalidad al no ir de la mano con el preámbulo y los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio de la equidad.

(…)

En consecuencia, se considera pertinente que se realice la reliquidación y reajuste de las prestaciones sociales de la parte demandante con inclusión de la bonificación judicial a la que se refiere el artículo 1o de los Decretos 383 de 2013, como factor salarial en cuanto se trata de una remuneración habitual y periódica, percibida como contraprestación a los servicios prestados que forma parte del salario, descontando los aportes del sistema de seguridad social, si no se hubieren hecho, en la propor ción que corresponda al demandante, y cuyos efectos salariales no fueron excluidos en la Ley 4ª de 1992.”

salario, descontando los aportes del sistema de seguridad social, si no se hubieren hecho, en la propor ción que corresponda al demandante, y cuyos efectos salariales no fueron excluidos en la Ley 4ª de 1992.”

En cuanto a la prescripción del derecho el fallo en mención señaló:

“En el presente caso, se encuentra acreditado que la parte demandante registra como fecha de ingreso a la Rama Judicial el día 21 de marzo de 2017 y que elevó la reclamación ante la Administración el día 28 de febrero de 2020, por lo que se concluye que NO operó la prescripción de los derechos laborales, por cuanto entre ambas fechas, no transcurrieron más de tres (3) años.”

Finalmente, la primera instancia resolvió no conden ar en costas a la parte demandada al considerar que no se comprobó la configuración de temeridad o mala fe en el trámite.

4. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia la parte demandada4 interpuso recurso de apelación 5, bajo la exposición de los argumentos que se sintetizan a continuación:

4 Apoderado Camilo Ernesto Villegas Arrubla. 5 Archivo_031_Cuaderno_Principal4

Los actos administrativos se expidieron bajo la debida aplicación de lo previsto en el Decreto 383 de 2013, considerando que, por disposición expresa del Legislador, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y Sistema de Seguridad Social en Salud.

Asegura que, en el presente caso, no resulta procedente la aplicación de la

la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y Sistema de Seguridad Social en Salud.

Asegura que, en el presente caso, no resulta procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, por cuanto la parte demandante cuenta con el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad para cuestionar la constitucionalidad del Decreto 383 de 2013 , y adicional a ello, no se advierte una abierta contradicción entre la Constitución y la norma aplicable, y la presencia de un perjuicio irremediable. Adicionalmente, la excepción no prospera porque el aparte cuestionado del mencionado Decreto, se encuen tra vigente ante la falta de declaratoria de nulidad por parte d el Consejo de Estado , máxime que la situación de la parte demandante no envuelve una amenaza apremiante e irreparable frente a sus ingresos laborales.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 383 de 2013 porque contaba con la disponibilidad presupuestal para asumir el pago de la bonificación judicial sin carácter salarial, por tanto, debe apelarse al principio de la buena fe, pues de haberse considerado dicho emolumento con otra naturaleza su otorgamiento no se hubiera materializado.

El reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial desconoce el criterio de la sostenibilidad fiscal, toda vez que la ordenación del gasto no se ajustaría a los parámetros del artículo 71 de l Decreto 111 de 1996. Igualmente, trasgrediría la Ley 4ª de 1992 , desconociendo su prohibición de establecer regímenes prestacionales o salariales que la contravengan.

La concertación entre el Gobierno y el Sindicato ASONAL en torno a la bonificación

trasgrediría la Ley 4ª de 1992 , desconociendo su prohibición de establecer regímenes prestacionales o salariales que la contravengan.

La concertación entre el Gobierno y el Sindicato ASONAL en torno a la bonificación judicial se caracterizó por la delimitación de dos fronteras: la regla fiscal y el principio de legalidad, junto con la eficiencia como contraprestación del servicio público judicial.

Los actos administrativos demandados se expidieron con fundamento en lo previsto en los artículos 1, 6, 10, 150 .19 literales e) y f) de la Constitución Política y en la sentencia del Consejo de Estado fechada 19 de julio de 2002.

Finalmente, adujo que, en diferentes sentencias proferidas por la Cort e Constitucional y el Consejo de Estado, se ratificó la potestad que tiene el legislador de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o incorrecto cumplimiento de los deberes y se ratificó en las excepciones propuestas en el curso del proceso y solicita se declare cualquier otra que resulte probada , ateniendo lo dispuesto en el artículo 187 inciso 2° del C.P.A.C.A.

5. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

5.1. Del trámite del recurso de apelación

A través de auto interlocutorio No. 167 de 4 de abril de 2024, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cali concedió el recurso de apelación propuesto por la demanda da contra la sentencia No. 3 5 de 7 de marzo de 2024. Medio de impugnación admitido con auto No. 228 de 11 de julio de 2024 ,

propuesto por la demanda da contra la sentencia No. 3 5 de 7 de marzo de 2024. Medio de impugnación admitido con auto No. 228 de 11 de julio de 2024 , informándole a las partes el derecho a intervenir durante el término de ejecutoria de la providencia, por su parte el Ministerio Público contó c on oportunidad para emitir concepto hasta el ingreso del proceso a despacho para fallo.

5.2. Intervención de las partes5

Dentro del término de ejecutoria la parte demandante guardó silencio6.

5.3. Intervención del Ministerio Público

La Procuradora Judicial delegada ante este Despacho emitió concepto7 solicitando se confirme el fallo de primera instancia a través del cual se accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad al artículo 1 del Decreto 383 de 2013, toda vez que la bonificación judicial debe constituir factor salarial para la liquidación y consecuente pago de las prestaciones sociales percibidas por la demandante.

6. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia y marco de análisis en segunda instancia

En los términos del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo PCSJA2512255 del 24 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proce so, la Corporación debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proce so, la Corporación debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.

No obstante, en el evento en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra facultado para resolver sin limitaciones.

6.2. Problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe determinar si debe inaplicar parcialmente el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, bajo la premisa de que la bonificación judicial creada para los servidores públicos de la Rama Judicial debe constituirse como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales, o si, por el contrario, tal y como lo sostiene la parte demandada, los actos administrativos acusados se expidieron con sujeción al principio de legalidad, en el entendido de que la bonificació n judicial y las prestaciones sociales de la parte demandante deben pagarse conforme con la interpretación exegética del precepto citado.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se abordará el estudio de los siguientes puntos: 6.3.- El control de constitucionalidad por vía de excepción; 6.4.- Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992; 6.5.- Creación y carácter de la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial; 6.6.- Pruebas relevantes; 6.7.- Análisis del caso concreto; 6.8.- Condena en costas.

6.3. El control de constitucionalidad por vía de excepción

relevantes; 6.7.- Análisis del caso concreto; 6.8.- Condena en costas.

6.3. El control de constitucionalidad por vía de excepción

En los términos del artículo 4 de la Constitución Política, el modelo de control de constitucionalidad colombiano es de carácter mixto, por cuanto armoniza dos tipos de control: concentrado y difuso o por vía de excepción.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”.

El control de constitucionalidad concentrado le compete a la Corte Constitucional, y en forma residual al Consejo de Estado. Esta Cor poración debe asumir el conocimiento de las demandas formuladas en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, respecto de los decretos dictados por el Gobierno

6 Constancia Secretarial (archivo 7carpeta TAV) 7 Archiv_6_6

Nacional, cuya competencia no le corresponda a la Corte Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política.

El control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier autoridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto.

La jurisprudencia constitucional ha definido que dicha herramienta jurídica comprende una facultad – deber para los autoridades y particulares, en el primer caso “…en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de

comprende una facultad – deber para los autoridades y particulares, en el primer caso “…en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales…”8.

El control mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad le permite a la autoridad o al particular inaplicar aquella norma o ley que se oponga de manera palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, para salvaguardar la supremacía de la Constitución. Los efectos que produce esta determinación son inter partes, respecto del caso concreto, mas no anulan o le restan valor jerárquico y validez de manera definitiva a la norma exceptuada por el hecho de ser contraría a la Constitución.

La Corte Constitucional mediante Sentencia T – 681 de 2016, precisó que la facultad enunciada puede ser ejercida cuando concurra cualquiera de los siguientes presupuestos:

“…(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad (…);

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento

inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de excepción está consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011. En virtud de este mecanismo, el juez goza de la prerrogativa discrecional para inaplicar actos administrativos que vulneren la Constitución Política o la ley. El funcionario judicial o las partes se encuentran legitimados para formular este medio exceptivo.

La doctrina enseña que, en la praxis, la excepción de ilegalidad o inconstitucionalidad tiene aplicación cuando la parte demandante interpone una demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 1 38 de la Ley 1437 de 2011, y pretende la declaración de nulidad de un acto administrativo particular expedido con fundamento en un acto administrativo gener al que contraviene la ley o la Carta Política y por ende resulta necesario inaplicarlo.

Así mismo, la doctrina precisa que al juez administrativo le corresponde pronunciarse en la sentencia sobre la excepción formulada, la cual también puede declarar de oficio si lo estima indispensable. En este caso, el estudio debe estar enfocado en constatar si se presenta una contradicción entre una norma superior e inferior sin que se requiera que se advierta en forma flagrante o evidente9.

declarar de oficio si lo estima indispensable. En este caso, el estudio debe estar enfocado en constatar si se presenta una contradicción entre una norma superior e inferior sin que se requiera que se advierta en forma flagrante o evidente9.

6.4. Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992

8 Sentencia SU-132 de 2013. 9 ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Editorial Legis. Segunda edición. Bogotá: 2012.7

El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política asignó al Congreso la función de dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efecto s de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

En desarrollo de la función citada, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992, cuya naturaleza es la de una norma Marco o Cuadro, con el objeto de que el Gobierno Nacional fijara, entre otros, el régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público.

‘La Corte Constitucional en Sentencia C – 312 de 1997 precisó que la Ley 4ª de 1992 “…constituye la ley marco necesaria para que el Gobierno cumpla con la misión que le fue confiada en los literales e) y f) d el numeral 19 del artículo 150 de la Carta. En efecto, como bien se expresa en su encabezamiento, la referida ley fue dictada con el objeto de cumplir con el mandato de la Constitución acerca de que el

la Carta. En efecto, como bien se expresa en su encabezamiento, la referida ley fue dictada con el objeto de cumplir con el mandato de la Constitución acerca de que el Congreso debe dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales…”.

De acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley citada, al Gobierno Nacional le corresponde diseñar y fijar, entre otros, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nació n, considerando los criterios de equidad, el respeto de los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar sus remuneraciones y prestaciones sociales.

Al tenor de lo previsto en el artículo 4º ibidem, los sistemas salariales y prestacionales de los em pleados referidos deben modificarse con base en los criterios indicados, determinándose el aumento de sus remuneraciones.

En consecuencia, el régimen salarial o prestacional que contravenga las disposiciones previstas en la Ley 4ª de 1992, o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, será a todas luces ineficaz, por cuanto carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos, conforme con lo establecido en su artículo 10.

Ahora bien, sobre el objetivo trazado por el Legis lador con la expedición de la Ley Cuadro, la Corte Constitucional en Sentencia C – 244 de 2013, -a través de la cual se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del

Cuadro, la Corte Constitucional en Sentencia C – 244 de 2013, -a través de la cual se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 15 de la mencionada ley -, señaló que está encaminado a lograr una nivelación salarial adecuada y más comprensiva de los salarios del sector judicial en sus artículos 14 y 15, en atención a incoherencias internas y externas advertidas:

“… en términos de coherencia externa con las otras ramas del poder público, los altos funcionarios judiciales recibían sueldos menores que los percibidos por los congresistas y por los altos cargos del ejecutivo; y, en segundo lugar, al interior de la rama, había falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial (conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cor tes) y, a fortiori, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país…”.

En línea con lo señalado, a través del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Legislador le ordenó al Gobierno Nacional revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

6.5. Creación y carácter de la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial

En desarrollo de las normas generales de la Ley 4ª de 1992, el Presidente de la

6.5. Creación y carácter de la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial

En desarrollo de las normas generales de la Ley 4ª de 1992, el Presidente de la República expidió el Decreto 0383 del 06 de marzo de 2013, por intermedio cual8

creó para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar una bonificación salarial, con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2013, en los siguientes términos:

“…ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

…ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen

anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mie ntras permanezcan vinculados al servicio…”.(Negrillas fuera del texto original)

En el artículo 3 del Decreto Reglamentario citado se reprodujo lo previsto en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 en el sentido que ninguna autoridad puede establecer o modificar el régimen salarial estatuido por el Ejecutivo.

La expedición del Decreto 383 de 2013 se originó a raíz del cese de actividades promovido por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, que tenía por objeto la materialización de la nivelación salarial ordenada por el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y culminó con la suscripción del Acta de Acuerdo calendada noviembre 06 de 2012, conforme con la cual el Gobierno Nacional y los representantes del sector judicial concertaron el compromiso que se cita a continuación:

“…1.- Reconocer el Derecho a los Funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nació