TA VAL - Sentencia 76001-33-33-012-2017-00218-01 (18-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA EXPEDIENTE: 76001-33-33-012-2017-00218-01

DEMANDANTES: ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ Y OTROS

luisalfonsolamos18@hotmail.com

DEMANDADOS: NACIÓNRAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

ASUNTO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Santiago de Cali, dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Procede esta Corporación en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia No. 18 del 27 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a LA RAMA JUDICIAL representada legalmente por la Directora Ejecutiva Nacional de la administración de justicia Dra. Celina Oroztegui de Jiménez o por quien haga sus veces y de LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por el señor Fiscal General de la Nación LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT , Domiciliados

y de LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por el señor Fiscal General de la Nación LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT , Domiciliados en Bogotá D.C., o quienes hagan sus veces de los perjuicios materiales, morales y daños en la vida de relación, ocasionados a mi poderdante ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ y su familia, por habérsele involucrado por má s de 6 años en un proceso penal, prevaricato por acción, el cual nunca cometió, según fallo de corte suprema de justicia sala de casación penal de agosto 19 de 2015, incurriendo LA RAMA JUDICIAL Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en una falla del servicio por error jurisdiccional en la administraci ón de justicia y por consiguiente de los daños y perjuicios ocasionados a todos y cada uno de los demandantes y como consecuencia de tal declaración se realice las siguientes:

CONDENAS

1. Condenar a LA RAMA JUD ICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a mis mandantes, el equivalente en pesos colombianos de las siguientes

cantidades:

PERJUICIOS MATERIALES

Daño Emergente2

A. Que se condene a pagar en la modalidad como perjuicio material a LA RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , en modalida d de daño emergente, la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA . Pago realizado al abogado ADOLFO MURILLO por Honorarios profesionales en el proceso penal.

Lucro cesante

emergente, la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA . Pago realizado al abogado ADOLFO MURILLO por Honorarios profesionales en el proceso penal.

Lucro cesante

A. Que se condene a pagar a LA RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el lucro cesante del capital de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA , Pago realizado al abogado ADOLFO MURILLO por Honorarios profesionales en el proceso p enal, equivalente al 2% mensual de dicho ca pital la suma de CINCO MILLONES DE PESOS MONERA CORRIENTE ($ 5.000.000) a la fecha de presentación de esta demanda.

PERJUICIOS MORALES

A. Que se condene a LA RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar al señor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ , la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 S.M.L.M.V) como perjuicios morales, equivalentes a SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL

SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 73.771.700).

B. Que se condene a LA RAMA JUDICIA L Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A pagar a mi mandante la Señora GLORIA LUCIA MUÑOZ DE VELASQUEZ la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100

S.M.L.M.V.) como perjuicios morales, en su c alidad de madre equivalente a SETENTA

Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

VELASQUEZ la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 S.M.L.M.V.) como perjuicios morales, en su c alidad de madre equivalente a SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 73.771.700).

C. Que se condene a LA RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A pagar a mi mandante el Señor JOSE VICENTE VELASQUEZ MUÑOZ la suma de cien salarios míni mos legales mensuales vigentes (100 S.M.L.M.V.) como perjuicios morales, en su calidad de hermano, equivalentes a SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 73.771.700).

D. Que se condene a LA RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A pagar a mi mandante el Señor DIEGO FERNANDO VELASQUEZ MUÑOZ la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100

S.M.L.M.V.) como perjuicios morales, en su calid ad de hermano, equivalentes a

SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS

PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 73.771.700).

D. (sic) Que se condene a LA RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A pagar a mi mandante el Señor CARLOS AL BERTO VELASQUEZ MUÑOZ la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100

S.M.L.M.V.) como perjuicios morales, en su calidad de hermano, equivalentes a

NACIÓN, A pagar a mi mandante el Señor CARLOS AL BERTO VELASQUEZ MUÑOZ la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 S.M.L.M.V.) como perjuicios morales, en su calidad de hermano, equivalentes a

SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS

PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 73.771.700).

D. (sic) Que se condene a LA RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A pagar a mi mandante el Señor OSCAR LEON VELASQUEZ MUÑOZ la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 S.M.L.M.V.) como perjuicios morales, e n su calidad de hermano, equivalentes a SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 73.771.700).

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN3

A. Que se condene a LA RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al señor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ, la suma de c uatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (400 S.M.L.M.V.) por concepto de daños a la vida de relación, equivalentes a DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

($295.086.800).

2. Condenar a las entidades demandadas al pago de las costas procesales.

3. La condena administrativa será actualizada aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fe cha de ocurrencia

2. Condenar a las entidades demandadas al pago de las costas procesales.

3. La condena administrativa será actualizada aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fe cha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

4. La sentencia después de su ejecutoria causara intereses comerciales en los primeros seis meses y luego de este término intereses moratorios de conformidad con el artículo 177 y 178 del código contencioso administrativo.”

2. HECHOS

Se indicó en la demanda que el señor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ se desempeñó como Juez Quinto de Ejecución de Penas de Cali y en ejercicio de su cargo le concedió detención domiciliaria al señor Juan Carlos Vacca Castillo de confor midad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que estaba vigente para el momento; que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento, en sede de apelación por recurso interpuesto por la Procuraduría 308 Judicial I Penal, revocó la decisión adoptada y compulsó copias en contra del hoy demandante ante la Fiscalía General de la Nación.

Que el Ente Acusador acusó al señor ANDRÉS VELÁSQUE Z MUÑOZ del punible de prevaricato por acción ante la Sala Penal del Tribuna l Superior de Cali, lo que causó escarnio público, la pérdida de su empleo como secretario del Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali y su salida del país por un tiempo mientras se resolvía su situación jurídica; igualmente que, la Autoridad Judicial en mención en sentencia de primera

escarnio público, la pérdida de su empleo como secretario del Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali y su salida del país por un tiempo mientras se resolvía su situación jurídica; igualmente que, la Autoridad Judicial en mención en sentencia de primera instancia fechada el 27 de febrero de 2015 profirió condena en su contra por el delito endilgado y ordenó su captura.

Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia me diante sentencia de segunda instancia del del 19 de agosto de 2015, M.P. Eugenio Fernández Carlier, revocó el fallo condenatorio de primera instancia, indicando que el entonces procesado no había cometido el delito que se le enrostraba y que su conducta ha bía sido atípica, disponiendo cancelar la orden de captura en su contra.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN1

Manifestó que no se había aportado prueba idónea que permitiera acreditar la causación de los perjuicios y que d e ser procedente su reconocimiento, se tuvieran en cuenta los derroteros establecidos por el Consejo de Estado en sentencia del 04 de septiembre de 2014; además, que el señor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ nunca estuvo privado de la libertad y que aquella Corporación sostiene la tesis que solo se tiene en cuenta dicho lapso y no el correspondiente a la vinculación a un proceso.

Detalló que, conforme al escrito de acusación, el 21 de agosto de 2009, ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ, quien en ese entonces fungía como Juez 5° de Ejecución de Penas y

Detalló que, conforme al escrito de acusación, el 21 de agosto de 2009, ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ, quien en ese entonces fungía como Juez 5° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali -en encargoprofirió el auto interlocutorio No. 1287 por

1 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 301 – 325.4

medio del cual concedió el beneficio de prisión domiciliaria para padres y madres cabeza de familia a Juan Carlos Vacca Castillo, quien había si do condenado por el Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado de Cali por el delito de fabricación, tráfico , porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas; y, que la contrariedad de dicha decisión con el ordenamiento jurídico llevó a que el Ministerio Público presentara recurso contra ella y el Juzgado de conocimiento la revocó, ordenando además compulsar copias a la Fiscalía al considerar que el procesado en esas diligencias carecía de la condición de padre cabeza de familia.

Que el 28 de octubre de 2013, ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, la Fi scalía imputó al señor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ el delito de prevaricato por acción, conforme al artículo 413 de la ley 599 de 2000 ; posteriormente, el 18 de marzo de 2014 se llevó a cabo audiencia de acusación, dentro de la cual, el Ente Instructor puntualizó que el entonces investigado al proferir el auto del 21 de agosto de 2009 desconoció lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 82 de 1993, comoq uiera que las

Instructor puntualizó que el entonces investigado al proferir el auto del 21 de agosto de 2009 desconoció lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 82 de 1993, comoq uiera que las pruebas aportadas como sustento de la solicitud de prisión domiciliaria no permitían sostener que Vacca Castillo tuviera la calidad de padre cabeza de familia . Que, la audiencia preparatoria se llevó a cabo el 21 de mayo de 2014; luego, el 23 de septiembre de 2014, en el marco de la audiencia de juicio oral, el Tribunal Penal de conocimiento profirió el sentido de fallo condenatorio en contra del hoy demandante; y, el 27 de febrero de 2015 fue proferida la sentencia respectiva.

Que la entida d obró conforme a sus obligaciones y funciones establecidas en el artículo 250 Constitucional y el Estatuto Org ánico de la Fiscalía General de la Nación y demás disposiciones sustantivas y procedimentales vigentes para la época de los hechos.

Propuso como excepciones “ falta de legitimación por pasiva ”, enfatizando en que fue el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal, quien. en fallo condenatorio del 27 de febrero de 2015, privó de la libertad al demandante , aclarando que, no es competente para proferir providencias judiciales sino a los Jueces de control de garantías y de conocimiento, por lo cual no es predicable error judicial a su cargo.

3.2. NACIÓN – RAMA JUDICIAL2

Enfatizó que el error jurisdiccional únicamente se presenta cuando las decisiones judiciales carecen de justificación o argumentación jurídica, sin respaldo normativo o jurisprudencial sino con base en el capricho del agente judicial, lo cual asegura, no se presentó en el caso

carecen de justificación o argumentación jurídica, sin respaldo normativo o jurisprudencial sino con base en el capricho del agente judicial, lo cual asegura, no se presentó en el caso analizado; por ello sostiene que, la actuación de los funcionarios judiciales en el proceso por prevaricato que se adelantó contra el demandante, se adelantó conforme con la legislación y que no existió una falla del servicio, motivo por el cual, el entonces procesado estaba en la obligación de soportar la carga consi stente en la investigación y el proceso penal que se siguió en su contra porque como funcionario judicial dotado de unas investiduras especiales, también tenía unas obligaciones y responsabilidades distintas a las de cualquier ciudadano.

Manifestó que el señor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ contó con medios de defensa y que las decisiones judiciales que se adoptaron en su contra en las instancias del proceso penal no adolecen de vicios o errores ya que, se adoptaron conforme a la interpretación de las normas y l a faculta d discrecional de quienes las profirieron ; aduce además, q ue en la demanda no se particularizó el origen del daño, es decir, la existencia de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y no se indicó el fundamento de la acusación sobre la conducta de los funcionarios que actuaron de manera arbitraria o injusta.

2 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 353 – 360.5

Planteó como excepciones “ obligación de soportarlo ”, que el demandante al estar investido de unos poderes, tenía unos deberes y cargas distintos a los de la gente normal; “inexistencia de perjuicios ocasionados ”, que como no causó daño no se le pueden

Planteó como excepciones “ obligación de soportarlo ”, que el demandante al estar investido de unos poderes, tenía unos deberes y cargas distintos a los de la gente normal; “inexistencia de perjuicios ocasionados ”, que como no causó daño no se le pueden imputar perjuicios, que como fue absuelto no se puede predicar error judicial por cuanto no existió sentencia ejecutoriada en su contra; “ no se probó el perjuicio y la causa de este”, que no manifiesta cuál es la causa del error; “innominada”.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El A quo negó las pretensiones de la demanda; para ello, analizó el contexto fáctico de la demanda a la luz de los tí tulos de imputación de error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ; encontró acreditado el daño sobre el cual se cimentaron las pretensiones indemnizatorias de la parte actora, esto es, que el demandante ANDRÉS VELÁSQU EZ MUÑOZ por más de 5 años tuvo que enfrentar un proceso penal por el delito de prevaricato por acción, por hechos ocurridos cuando fungió como Juez 5° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, siendo condenado por la Sala Penal del Tribunal Su perior del Distrito Judicial de Cali, decisión revocada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, habiendo tenido que incurrir en erogaciones económicas para su defensa a través de abogado en el marco del proceso penal.

Concluyó que en el caso analizado no se podía predicar el acaecimiento del título de imputación de error jurisdiccional porque , en el marco del proceso penal adelantado en

marco del proceso penal.

Concluyó que en el caso analizado no se podía predicar el acaecimiento del título de imputación de error jurisdiccional porque , en el marco del proceso penal adelantado en contra del hoy demandante ANDRÉS VELÁSQUE Z MUÑOZ, no se materializó el req uisito consistente en que la providencia contentiva del error se encontrara en firme, comoquiera que en contra de la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se presentó recurso de apelación y la Sala de Casac ión Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia procedió a revocarla y a absolver al mencionado.

En cuanto al título de imputación de defectuoso funcion amiento de la administración de justicia, tampoco encontró que se hubiera materializado, al considerar que en el marco del proceso que se siguió en contra del demandante, le fueron respetadas sus garantías procesales, entre ellas la doble instancia , tan es así que, finalmente, fue absuelto . Que, ocurrido en las instancias del proceso penal, fue una diferencia de criterios de los funcionarios que conocieron cada una lo que no implica una falla del servicio de la administración de justicia y para que ésta se hubiera presentado, se habría precisado que las actuaciones y decisiones de los jueces penales no se sustentaran o no fueran razonadas o coherentes, con carencia de argumentación jurídica que le diera soporte a lo resuelto.

5. RECURSO DE APELACIÓN4

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia solicitando su revocatoria, para lo cual, hace un recuento de los hechos y argumentos de la demanda , enfatizando

resuelto.

5. RECURSO DE APELACIÓN4

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia solicitando su revocatoria, para lo cual, hace un recuento de los hechos y argumentos de la demanda , enfatizando que con la condena absolutoria proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en favor del hoy demandante se prueba el error jurisdiccional en que incurrieron tanto la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Cali como la Sala Penal de esta última Corporación al participar en la concreción de la condena por prevaricato por acción , así como también, aduce que, al señor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ se le cuestionó la inobservancia de requisitos jurisprudenciales posteriores al año 2011 para el reconocimiento del instituto domiciliario por padre cabeza de familia , pero la

3 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 456 – 464. 4 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 469 – 477.6

decisión que había adoptado se remontaba al año 2009 y que por esa razón, a di ferencia de lo concluido por el Juzgado de instancia en este proceso, las decisiones de las autoridades judiciales penales no obedecieron solo a diferencias de criterios.

Reitera que, la sentencia de condena, proferida en primera instancia, en el proceso penal seguido en contra del hoy demandante, desconoció e inobservó las exigencias del artículo 381 de la ley 906 de 2004, en tanto que solo es posible proferir fallo c ondenatorio cuando se está ante el conocimiento más allá de toda duda, fundado en prueba s practicadas y debatidas en juicio sobre la materialidad del punible objeto de juzgamiento y la

se está ante el conocimiento más allá de toda duda, fundado en prueba s practicadas y debatidas en juicio sobre la materialidad del punible objeto de juzgamiento y la responsabilidad del procesado en su comisión; además, se adentró en el análisis de la figura del mecanismo de prisión domiciliaria para padres y madres cabeza de familia; que para la época de los hechos se consideraba suficiente la acreditación de la condición de padre o madre cabeza de familia sin necesidad de valorar los an tecedentes del interesado ni la naturaleza del delito objeto de condena, criterio que fu e recogido posteriormente en sentencia del 22 de junio de 2011 en el radicado 35.943 en el cual se estableció que la figura solo procedía ante el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley 750 de 2002, posición posterior a los hechos. Además, hizo un recuento de los argument os de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contenidos en la providencia a través de la cual se absolvió al señor ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ.

II. CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde en esta instancia establecer si como se afirmó en la demanda y se insistió en el recurso de apelación, la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, son responsables a título de error jurisdiccional y /o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la condena que en primera instancia del proceso penal por el punible de prevaricato por acción, fue proferida en contra del demandante ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ y por su vinculación al proceso penal

instancia del proceso penal por el punible de prevaricato por acción, fue proferida en contra del demandante ANDRÉS VELÁSQUEZ MUÑOZ y por su vinculación al proceso penal por más de cinco años o si la decisión del Juzgado de instancia fue certe ra y debe confirmarse.

2. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE AL CASO CONCRETO

2.1. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL

La ley 270 de 1996 –estatutaria de la administraci ón de justicia -, establece la posibilidad de derivar responsabilidad patrimonial al Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales, en concreto por tres situaciones: por defectuoso funci onamiento de la administración de justicia, por el error Jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Para efectos del presente caso, se estudiará el régimen de responsabilidad por error jurisdiccional. Al respecto, los artículos 66 y 67 del citado estatuto prevén:

“ARTÍCULO. 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”

“ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL . El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.7

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.7

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”

La Corte Constitucional en la sentencia C -037 de 1996, al revisar la exequibilid ad de las referidas nor mas, manifestó que el error jurisdiccional se configura bajo una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, el cual debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos exigidos para que se configure una vía de hecho y que no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia, pues la aplicabilidad del error jurisdiccional debe partir de l respeto hacía la autonomía funcional del operador jurídico.

El Consejo de Estado 5 ha sostenido que el error jurisdiccional como escenario de responsabilidad está previsto en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 65 que establece que quien haya sido víctima de un error de esta naturaleza podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. El artículo 66 de esa norma definió el error jurisdiccional como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, que se materializa a través de una providencia contraria a la ley.

Por su parte, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional exige que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos

de una providencia contraria a la ley.

Por su parte, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional exige que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Los «recursos de ley» deben entenderse como los recursos ordinarios de impugnación de providencias, que pueden interponerse sin su jeción a las rígidas ca usales que operan para los extraordinarios y que no requieren de la presentación de una demanda adicional6.

Precisó dicha Corporación7que, dentro de los presupuestos exigidos por la referida ley, en cuanto a los recursos judiciales que se debían interpon er, aclara que se trataban de los recursos ordinarios, sin que se asigne la carga al usuario de la administración de justicia de hacer uso de recursos extraordinarios27.

Ahora bien, en lo que respecta al alcance de la expresión «contraria a la ley» –a efecto de las decisiones susceptibles de un error jurisdiccional –, la jurisprudencia aclaró que tiene cabida en 2 hipótesis: i) una primera, al configurarse un error fáctico en la decisión, por incurrir en una equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial8; o ii) un error normativo, por residir en una aplicación distorsionada del derecho.

Al respecto, si bien resulta claro que las autoridades judiciales están sometidas al imperio de la ley (art. 230 C.P.), la apreciación de dicho deber no puede desconocer el margen de discrecionalidad que concede el principio de autonomía judicial (art. 228 C. Política y art.

de la ley (art. 230 C.P.), la apreciación de dicho deber no puede desconocer el margen de discrecionalidad que concede el principio de autonomía judicial (art. 228 C. Política y art. 5 L. 270 de 1996) a las autoridades jurisdiccionales, para valorar las pruebas e interpretar

5 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia 3 febrero de 2025. Proceso No. 25000 -23-36000-2020-0211-01 (71303). MP: William Barrera Muñoz. Actor: Diego Alberto Mendez Guayana. Demandado: Superintendencia de Sociedades. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad. 33733. 7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 3 de febrero de 2025. Proceso No. 7600123-33-000-2013-00825-01 (69972). MP: William Barrera Muñoz. A ctor: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro.

Demandado: Rama Judicial. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 19 de noviembre de 2021, C.P. Nicolás Yepes Corrales, rad: 2008-003091-02 (42.018)[ Fundamento de derecho 6.2] (…) A título de ilustración puede ser los escenarios donde: (…)i) no valoró un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii) no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que era falso(…)8

fundamental, cuando realmente no lo era; iii) no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que era falso(…)8

el alcance de las disposiciones jurídic as aplicables a los casos que conocen. De allí que, con el objetivo de conciliar estos conceptos, la jurisprudencia de dicha corporación, con apoyo en precedente de la Corte Constitucional, valore que la decisión judicial susceptible de calificarse como un error jurisdiccional debe ser fruto de una actuación subjetiva, o caprichosa arbitraria, o flagrantemente violatoria del debido proceso, sin que jamás pueda corresponder a una simple equivocación o desacierto que parta de la libre interpretación jurídica. Por otro lado, como en todo proceso de responsabilidad patrimonial del Estado, además de los anteriores presupuestos el demandante deberá acreditar que la decisión causó un daño cierto y, además, antijurídico9.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar.”10. Es por ello por lo que la decisión que se reputa errada puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”11

Entonces, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el amparo de una

Entonces, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que aqu ella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren acreditados en el proc eso todos los demás elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo, debe significar la vulneración de