TA VAL - Sentencia 76001-33-33-015-2019-00076-01 (06-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE ORALIDAD

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

PROCESO 76001-33-33-015-2019-00076-01

M. DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO— OTROS—

DEMANDANTE TRANSPORTES MONTEBELLO S.A.

abogadodetransporte@hotmail.com

DEMANDADO DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 1

notificacionesjudiciales@cali.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO PROCURADURÍA 19 JUDICIAL PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

procjudadm19@procuraduria.gov.co

ASUNTO: INFORME DE INFRACC ION DE TRÁNSITO . DEBIDO

PROCESO ADMINISTRATIVO. INTERPRETACION

JURISPRUDENCIAL

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES

Santiago de Cali, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

1. La Sala decide la apelación presentada por la parte demandada contra la sentencia del 28 de julio de 2022, proferida por el Juzgado 15 Administrativo de Cali, que resolvió:

PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones nro. 4152.010.21.0.9045 del 11 de octubre de 2018, mediante la cual se sancionó a la empresa demandante y 4152.010.21.0.13475 del 7 de diciembre de 2018, por la cual se resolvió un recurso de reposición confirmando la primera, proferidas ambas por el secretario de movilidad del municipio de Santiago de Cali,

de diciembre de 2018, por la cual se resolvió un recurso de reposición confirmando la primera, proferidas ambas por el secretario de movilidad del municipio de Santiago de Cali, conforme a las explicaciones efectuadas a lo largo de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento automático del derecho, declarar que Transportes Montebello S. A. no está en la obligación de efectuar el pago de la multa ordenada en los actos administrativos antes enunciados y si

1 Para evitar confusiones en el texto de la sentencia y conforme la Ley 1933 de 2018, « por medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios». La Sala utilizará en todo momento la expresión «distrito». .Proceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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ya hubiere pagado la entidad demandada deberá devolver la suma correspondiente, debidamente indexada.

TERCERO: Declarar que la orden de embargo emitida por el juzgado tercero civil del circuito de ejecución de sentencias de Cali, no surte efectos en este proceso por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. Por secretaría, envíese la comunicación respectiva a la referida autoridad judicial, en la forma prevista por el inciso tercero, artículo 466 del

CGP.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones2

2. En ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la

a la referida autoridad judicial, en la forma prevista por el inciso tercero, artículo 466 del CGP.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones2

2. En ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la empresa Transporte Montebello S.A . solicitó la nulidad de las resoluciones nros. 4152.010.21.0.9045 del 11 de octubre y 4152.010.21.0.13745 del 7 de diciembre de 2018, que sancionaron a la demandante con multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la prestación de un servicio público de transporte no autorizado.

2. Hechos

3. Según la demanda, el 10 de noviembre de 2015, un agente tránsito del distrito Santiago de Cali elaboró un informe único de infracciones de tránsito, en contra de la empresa demandante, por haber permitido sin autorización la prestación de un servicio público de transporte, con el vehículo de placas VCA-977.

4. Por medio de la Resolución nro. 4152.010.21.2496 del 31 de octubre de 2017, la Secretaría de Tránsito del distrito Santiago de Cali inició una investigación administrativa en contra del conductor, la propietaria del vehículo y la empresa afiliada, por infringir el código 590 del artículo 1° de la Resolución 10800 de 2003 «Por la cual se reglamenta el formato para el Informe de Infracciones de Tra nsporte de que trata el artículo 54 del Decreto número 3366 del 21 de noviembre de 2003».

5. El 28 de noviembre de 2017, la demandante presentó los respectivos descargos. Sin

formato para el Informe de Infracciones de Tra nsporte de que trata el artículo 54 del Decreto número 3366 del 21 de noviembre de 2003».

5. El 28 de noviembre de 2017, la demandante presentó los respectivos descargos. Sin embargo, a través de la Resolución nro. 4152.010.21.0.9045 del 11 de octubre de 2018, el demandado sancionó a la empresa con multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2 Mediante auto del 12 de abril de 2019, el Juzgado 15 Administrativo de Cali inadmitió el presente asunto, porque no había claridad respecto del medio de control (nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho). Folios 1-2, archivo denominado expediente digital zip, pdf 3, ítem 3 del expediente digital colgado en Samai. En el escrito de subsanación, la demandante indicó que el medio de control es de nulidad simple. Folios 1-2, archivo denominado expediente digital zip, pdf 4, ítem 3 del expediente digital colgado en Samai. Sin embargo, mediante auto del 10 de junio de 2019, la primera instancia adujo que, al generarse un restablecimiento automático del derecho (si es el caso), el presente asunto debe tramitarse bajo las reglas de la nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 1-4, archivo denominado expediente digital zip, pdf 6, ítem 3 del expediente digital colgado en SamaiProceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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6. La parte actora interpuso recurso de reposición contra la Resolución nro. 4152.010.21.0.9045 del 11 de octubre de 2018 , pero a través de la Resolución 4152.010.21.0.13745 del 7 de diciembre de 2018, la demandada confirmó dicha decisión.

3. Normas violadas y concepto de la violación

7. La parte actora adujo que los actos administrativos demandados vulneraron las siguientes normas: artículos 29, 237 y 241 de la Constitución Política; artículo 51 de la Ley 336 de 1996, y los artículos 47, 137, 162 y 167 de la Ley 1437 de 2011 . Señaló que existe atipicidad de la conducta endilgada y que hubo falsa motivación.

8. En términos generales, la sociedad demandante dijo que la Secretaría de Tránsito y Transporte del distrito Santiago de Cali no le dio la oportunidad de presentar alegatos de conclusión en la investigación administrativa, conforme lo ordena la Ley 1437 de 2011 y el artículo 51 de la Ley 336 de 1996. Situación que, a su juicio, vulnera el debido proceso para imponer la sanción por infracción de la norma de tránsito.

9. Sostuvo que al permitirse solo la interposición del recurso de reposición se le vulneró el derecho fundamental de la doble instancia. Además, los fundamentos expuestos en la sanción debieron soportarse en un dictamen técnico, que evidencie que el transporte no

9. Sostuvo que al permitirse solo la interposición del recurso de reposición se le vulneró el derecho fundamental de la doble instancia. Además, los fundamentos expuestos en la sanción debieron soportarse en un dictamen técnico, que evidencie que el transporte no estaba autorizado, conforme lo ordena el artículo 54 del Decreto 3366 de 20033.

4. Contestación de la demanda

10. El distrito Santiago de Cali no contestó la demanda4.

5. Sentencia de primera instancia5

11. Mediante sentencia del 28 de julio de 2022, el Juzgado 15 Administrativo de Cali accedió a las pretensiones de la demanda y declaró que la empresa de Transportes Montebello S.A. no está en la obligación de pagar la multa ordenada en los actos acusados. Adicionalmente, consideró que la orden de embargo emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali no debe surtir efectos en este asunto.

12. Como sustento de su decisión, el juzgado indicó que en materia de transporte no es posible la aplicación de l informe único de infracción de las normas de transporte, ni la

3 «Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos» 4 Folios 1-2, archivo denominado expediente digital zip, pdf 16, ítem 3 del expediente digital colgado en Samai. 5 Folios 1-16, archivo denominado expediente digital zip, pdf 27, ítem 3 del expediente digital colgado en Samai.Proceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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5 Folios 1-16, archivo denominado expediente digital zip, pdf 27, ítem 3 del expediente digital colgado en Samai.Proceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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inmovilización de vehículos de servicio público , pues, las conductas contenidas en el Decreto 3366 de 2003 fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado (2016)6.

13. Explicó que, conforme a la jurisprudencia señalada7, las autoridades de transporte no podrán adelantar investigaciones administrativas que tengan como fundamento el informe único de infracciones, ya que las conductas ahí enunciadas no se encuentran tipificadas como infracciones en el ordenamiento jurídico.

14. En el caso concreto, sostuvo que, mediante la Resolución nro. 4152.010.21.010.21.0.9045 del 11 de octubre de 2018, la demandada sancionó a la empresa Transportes Montebello S.A. con la causal de infracción, código 590, contenido en la Resolución 10800 de 2003 y con el informe único de infracciones. Sin embargo, como ya lo anunció, dicho medio de prueba no resultaba válido para iniciar una investigación administrativa.

15. Señaló que, si bien prosperan los cargos endilgados (atipicidad de la conducta endilgada y de falta motivación), el restablecimiento automático del derecho debe estar enfocado a que la empresa no está obligada a pagar la sanción contenida en las resoluciones demandadas. En caso de que la demandante hubiere pagado esa sanción, el

endilgada y de falta motivación), el restablecimiento automático del derecho debe estar enfocado a que la empresa no está obligada a pagar la sanción contenida en las resoluciones demandadas. En caso de que la demandante hubiere pagado esa sanción, el distrito Santiago de Cali debe devolverla con la indexación correspondiente.

6. Apelación8

16. La parte demandada , inconforme con la decisión anterior , presentó recurso de apelación. Manifestó que , el 10 de noviembre de 2015, el agente de tránsito elaboró un comparendo al vehículo VCA 977, por cuanto prestaba servicio de transporte con la tarjeta de operación cancelada. Agregó que no puede considerase invalidó el informe realizado por el empleado, por la sola razón de que en su encabezado diga «informe único de infracciones de tránsito », pues el tratamiento dado al procedimiento fue el de informe por infracción al transporte, como lo permite la norma.

17. Mencionó que la sanción impuesta a la demandante se encuentra consagrada en la Ley 336 de 1996, que adoptó el Estatuto Nacional de Transp orte. Además, si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad de algunos artículos del Decreto 3366 de 2003, que pretendió sustituir el régimen de sanciones reglamentado en la Resolución 10800 de 2003, quedaron vigentes los artículos9 que señalan las sanciones que resultan procedentes por la infracción de la norma de tránsito.

6 Sección Primera, consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 19 de mayo de 2016. Rad. 11001-03-24-000-2008-00107-00 acumulado 11001 03 24 000 2008 00098 00

6 Sección Primera, consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 19 de mayo de 2016. Rad. 11001-03-24-000-2008-00107-00 acumulado 11001 03 24 000 2008 00098 00 7 Sentencia ibidem. 8 Folios 2-8, archivo denominado expediente digital zip, pdf 29, ítem 3 del expediente digital colgado en Samai. 9 Del 1 al 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 45, 56, 58 y 59,Proceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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18. Indicó que el fundamento jurídico expuesto en los actos demandados se encuentra acorde con la norma vigente, incluido los artículos que quedaron vigentes del Decreto 3366 de 2003 y la Resolución 10800 de 2003.

19. Insistió en que el Consejo de Estado declaró nulo parcialmente el Decreto 3366 de 2003, pero no se pronunció sobre la Resolución 10800 de 2003, que reglamenta el formato del informe de infracciones de tránsito de que trata el artículo 54 del Decreto 3366 de

2003.

20. Por último, indicó que la primera instancia realizó una interpretación inadecuada de la jurisprudencia que declaró la nulidad parcial del Decreto 3366 de 2003, por lo que debe mantenerse la validez y legalidad de los actos demandados.

7. Trámite de segunda instancia

la jurisprudencia que declaró la nulidad parcial del Decreto 3366 de 2003, por lo que debe mantenerse la validez y legalidad de los actos demandados.

7. Trámite de segunda instancia

21. El 5 de septiembre de 2022, el Juzgado 15 Administrativo de Cali concedió el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 28 de julio de

202210.

22. En proveído del 2 de noviembre de 2022 11, se admitió el recurso de apelación y se advirtió que durante la ejecutoria de esa providencia las partes podían pronunciarse sobre el recurso de apelación, mientras que el Ministerio Público podía emitir concepto hasta antes de que el proceso ingrese a despacho para fallo.

23. Según la constancia secretarial del 12 de diciembre 2022, una vez notificada y ejecutoriada la providencia del 2 de noviembre de ese año, los demandantes y el Ministerio Público guardaron silencio12.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

24. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado 15 Administrativo de Cali.

2. Problema jurídico

10 Folios 1-2, archivo denominado expediente digital zip, pdf 31, ítem 3 del expediente digital colgado en Samai 11 Folio1-2, archivo denominado auto admite recurso, ítem 6 del expediente digital de segunda instancia colgado en Samai

10 Folios 1-2, archivo denominado expediente digital zip, pdf 31, ítem 3 del expediente digital colgado en Samai 11 Folio1-2, archivo denominado auto admite recurso, ítem 6 del expediente digital de segunda instancia colgado en Samai 12 Folio 1, archivo denominado constancia secretarial, ítem 11 del expediente digital de segunda instancia colgado en SamaiProceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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25. De conformidad con lo expuesto, la Sala determinará el siguiente interrogante

jurídico:

¿Estuvo ajustada la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda, porque el informe de infracciones de transporte no sirve de sustento probatori o, pues las conductas ahí señaladas no se encuentran tipificadas como infracciones en el ordenamiento jurídico o, por el contrario, como lo dice la apelación, el fundamento jurídico aplicado fue el vigente al momento de aplicar la sanción y, por ende, los actos acusados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico y a la sentencia de unificación del 19 de mayo de 2016 emitida por el Consejo de Estado13?

3. Solución del caso

26. La tesis de la Sala es que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, pero por las razones aquí expuestas, pues la sentencia recurrida consideró que en este caso sí se configuró la pérdida de ejecutoria del código de infracción nro. 590 del artículo 1 de la Resolución nro. 010800 de 2003, por cuanto el Consejo de Estado lo declaró nulo. Sin

se configuró la pérdida de ejecutoria del código de infracción nro. 590 del artículo 1 de la Resolución nro. 010800 de 2003, por cuanto el Consejo de Estado lo declaró nulo. Sin embargo, del análisis normativo y jurisprudencial aplicable, se advierte que la infracción en comento no hace parte del articulado que fue declarado nulo.

27. De esta manera, pese a que la infracción aplicada se encuentra tipificada en la norma vigente (código 509, 48 del Decreto 3366 de 2003) a la fecha de su comisión, las conductas allí contempladas tienen como medida preventiva la inmovilización del vehículo y no la aplicación de la multa contemplada en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

28. Para dar solución al problema jurídico planteado, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: i) el debido proceso administrativo; ii) el régimen sancionatorio en transporte.

Procedimiento aplicable; iii) el alcance de la nulidad declarada por el Consejo de Estado14 sobre el Decreto Reglamentario 3366 de 2003, y iv) el caso concreto.

3.1. Debido proceso administrativo

29. El debido proceso es un derecho constitucional fundamental, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En sujeción al debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la norma superior y la ley, con plena observ ancia de los derechos de representación, defensa y contradicción.

adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la norma superior y la ley, con plena observ ancia de los derechos de representación, defensa y contradicción.

13 Sección Primera, consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 19 de mayo de 2016, expediente 11001 -03-24-000-200800107-00 acumulado 11001 03 24 000 2008 00098 00 14 expediente 11001-03-24-000-2008-00107-00 acumulado 11001 03 24 000 2008 00098 00Proceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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30. Por su parte, l a Corte Constitucional en la sentencia T -010 de 2017 15 reiteró que el debido proceso se extiende a todas las actuaciones administrativas y se define esencialmente como: (i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está pr eviamente determinado de manera constitucional y legal. Ha precisado al respecto que con dicha garantía se busca «(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados».

31. En la misma providencia, la Corte dispuso que existen unas garantías mínimas en

administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados».

31. En la misma providencia, la Corte dispuso que existen unas garantías mínimas en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos: «(i) ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley,

(iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se ade lante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso».

32. Así las cosas, el desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo no s olo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia.

3.2. Régimen sancionatorio en transporte. Procedimiento aplicable

33. El numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política establece que es atribución del alcalde conservar el orden público del municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República o del gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio.

del alcalde conservar el orden público del municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República o del gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio.

34. Sobre el transporte público, la Ley 105 de 199316 determinó que este debe garantizar la movilización de personas o cosas, por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica (artículo 3).

15 Expediente T-5.733.392 16 «Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y l as Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones».Proceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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35. En concordancia con lo expuesto, el artículo 9º definió los sujetos que podrían ser objeto de sanción por violación a las normas reguladoras del transporte. De igual manera

clasificó las sanciones a imponer, veamos:

Artículo 9o. Sujetos de las sanciones. Las autoridades que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte.

Podrán ser sujetos de sanción:

1. Los operadores del servicio público de transporte y los de los servicios especiales.

2. Las personas que conduzcan vehículos.

las disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte.

Podrán ser sujetos de sanción:

1. Los operadores del servicio público de transporte y los de los servicios especiales.

2. Las personas que conduzcan vehículos.

3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte.

4. Las personas que violen o faciliten la violación de las normas.

5. Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte.

6. Las empresas de servicio público.

Las sanciones de que trata el presente artículo consistirán en:

1. Amonestación.

2. Multas.

3. Suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de operación.

4. Cancelación de matrículas, licencias, registros o permisos de operación.

5. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa transportadora.

6. Inmovilización o retención de vehículos.

36. Posteriormente, la Ley 336 de 199617 definió la actividad transportadora de personas o cosas, de un lugar a otro, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes (artículo 6) 18.

37. En lo que tiene que ver con la prestación del servicio público, el artículo 16 de la ley citada señaló que debe habilitarse un permiso o celebrarse un contrato de concesión u operación, dependiendo de rutas, horarios, frecuencia de despacho, áreas de operación y de servicios especiales de transporte (escolar, asalariados, turismo y ocasional).

38. En ese orden , quienes infrinjan las disposiciones consagradas en el Estatuto de Transporte (Ley 336 de 1996) están sujetos a las sanciones y procedimientos previstos en los artículos 4419 a 49, del capítulo 9 de ese estatuto. En estas disposiciones se encuentran

Transporte (Ley 336 de 1996) están sujetos a las sanciones y procedimientos previstos en los artículos 4419 a 49, del capítulo 9 de ese estatuto. En estas disposiciones se encuentran

17 «Estatuto General de Transporte» 18 Debe distinguirse la actividad de transporte regulada en la Ley 336 de 1996 y la normatividad de control y vigilancia del tránsito que regula la libre circulación de vehículos definida en la Ley 769 de 2002 «Código Nacional de Tránsito» 19 Artículo 44. De conformidad con lo establecido por el Artículo 9o. de la Ley 105 de 1993, y para efectos de determinar los sujetos y las sanciones a imponer, se tendrá en cuenta los criterios que se señalan en las normas siguientes. Artículo 45. La amonestación será escrita y consistirá en la exigencia perentoria al sujeto para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio que ha generado su conducta. (…) Artículo 47. La suspensión de Licencia, Registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte, se establecerá hasta por el término de tres meses y procederá en los siguientes casos: a) Cuando el sujeto haya sido multado, a lo menos tres veces, dentro del mismo año calendario en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la adopción de la medida. b) Cuand o dentro de la oportunidad señalada no se acrediten las condiciones exigidas para mejorar la seguridad en la prestaci ón del servicio o en la actividad de que se trate.Proceso: 76001-33-33-015-2019-00076-01

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las multas y los parámetros para su aplicación en relación con cada modo de transporte, los casos en que proceden las sanciones de amonestación, suspensión o cancelación de licencias, registros, habilitaciones o permisos de operación a empresas de transporte y la inmovilización de vehículos.

39. En lo que se refiere a la graduación de las multas con respecto a la infracción, el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 dispuso literalmente lo siguiente:

Artículo 46. Con base en la graduación que se establece en el presente artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos: a) Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación. b) En caso de suspensión o alteración parcial del servicio. c) En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la entidad solicitante. d) <Literal modificado por el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011. En los casos de incremento o disminución de las tarifas de prestación de servicios no autorizada, o cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso y carga. e) En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan violación a las normas del transporte.

Artículo 48. La cancelación de las Licencias, Registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte ,

constituyan violación a las normas del transporte.

Artículo 48. La cancelación de las Licencias, Registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte , procederá en los siguientes casos: a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la realidad, una v ez vencido el término, no inferior a tres meses que se le conceda para super ar las deficiencias presentadas. b) Cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados por parte de la empresa transportadora. c) Cuando en la persona jurídica titular de la empresa de transporte concurra cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley o en sus estatutos. d) Cuando la alteración del servicio se produzca como elemento componente de los procesos relacionados con el establecimiento de tarifas, o como factor perturbador del Orden Público, siempre que las causas mencionadas sean atribuibles al beneficiario de la habilitación. e) En los casos de reiteración o reincidencia en el incremento o disminución de las tarifas establecidas, o en la prestación de servicios no autorizados, después de qu e se haya impuesto la multa a que se refiere el literal d), del artículo 49 de esta ley. f) Cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la medida, se ha ya decretado la suspensión a lo menos en dos oportunidades. g) En todos los demás casos en que se considere motivante, que la infracción presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, teniendo en cuent a los

decretado la suspensión a lo menos en dos oportunidades. g) En todos los demás casos en que se considere motivante, que la infracción presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, teniendo en cuent a los efectos nocivos ocasionados a los usuarios y a la comunidad. h) <Literal INEXEQUIBLE>.i) <Literal INEXEQUIBLE>. Artículo 49. La inmovilización o retención de los equipos procederá en los siguientes eventos: a) Cuando se compruebe qu