CC - A406-2020

Auto 406/20 NULIDAD DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales y materiales de procedencia SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por falta de carga argumentativa SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Negar por cuanto no existió vulneración del debido proceso y se pretende reabrir debate jurídico

Expediente: D-12329

Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia C-038 de 2020, proferida por la Sala Plena de la Corte

Constitucional

Solicitantes: Director Ejecutivo de la

Federación Colombiana de Municipios y Alcaldía de Medellín, actuando mediante apoderado judicial.

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 49 del Decreto 2067 de 1991 y 134 del Código General del Proceso, procede a pronunciarse respecto de las solicitudes de nulidad presentadas por el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y por el apoderado judicial de la Alcaldía de Medellín, en contra de la sentencia C-038 de 2020, proferida el 6 de febrero de 2020.

I. ANTECEDENTES

A. SENTENCIA C-038 DEL SEIS DE FEBRERO DE 2020

1. La Sala Plena de la Corte Constitucional, conoció de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el señor Héctor Guillermo Mantilla Rueda en contra del parágrafo 1º del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, “Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones”, por considerar que la norma trasgredía el artículo 29 de la

Constitución Política.

2. A juicio del ciudadano Héctor Guillermo Mantilla Rueda, la norma demandada establecía una responsabilidad solidaria del propietario, como consecuencia de las infracciones o contravenciones realizadas por el conductor del vehículo y, detectadas por medios tecnológicos sin que, en realidad, se exigiera demostrar, al momento de imponer la respectiva sanción, la culpabilidad del propietario del vehículo, de modo que, debía responder por una transgresión cometida por otra persona y sin acreditar que efectivamente la persona sancionada correspondía a la persona que cometió la infracción lo que, a su juicio, contrariaba la exigencia de culpabilidad propia del derecho fundamental al debido proceso.

3. Respaldaba su solicitud en las sentencias C-980 de 2010 y C-530 de 2003, mediante las cuales se excluyó la posibilidad de imputar responsabilidad sin culpa al propietario del vehículo y se reivindicó la necesidad de demostrar que, efectivamente, fue él quien cometió la

infracción. En atención a ello, consideraba el accionante que la responsabilidad solidaria que prevé la norma cuestionada desconocía el artículo 29 de la Constitución.

4. En el trámite de la acción de inconstitucionalidad, la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió once escritos con conceptos e intervenciones ciudadanas1. 1 (i) Humberto José Iglesias Gómez, en su calidad de Secretario de Movilidad de la Alcaldía de Medellín; (ii) Edgardo José Maya Villazón, entonces Contralor General de la República;

(iii) Carolina Pombo Rivera, en su calidad de Directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá; (iv) José Fernando Mestre Ordóñez, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, I.C.D.P.; (v) Luis Bernardo Díaz Gamboa, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, U.P.T.C.; (vi) Alberto Montaña Plata, Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia; (vii) los estudiantes Jonnathan Fabián Aguirre Tobón, Omar Alexander Castellanos y Andrés Felipe Chica Alzate y el docente Juan Felipe Orozco Ospina, de la Universidad de Caldas; (viii) Natalia Pérez Amaya, supervisora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario y Alfonso Lozano Valcárcel, María Paula Castro Fernández y Paulina Díaz Calle, pertenecientes al mismo grupo; (ix) Rodny Fabián Ortiz Chamorro; (x) Julio Freyne Sánchez, Director Jurídico de la Federación

Colombiana de Municipios; (xi) Oscar David Gómez Pineda. 2

5. Al estudiar los cargos planteados, la Corte Constitucional identificó el siguiente problema jurídico “¿Desconoce el artículo 29 de la Constitución, el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, al establecer una responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor, por las contravenciones de tránsito detectadas por el sistema de ayudas tecnológicas, sin exigir que en el proceso contravencional se establezca que el propietario del vehículo participó en la comisión de la infracción y que la realizó de manera culpable?”.

En ese sentido. analizó: (i) el alcance del principio de responsabilidad personal en materia sancionatoria y su relación con la responsabilidad subjetiva y objetiva; (ii) las condiciones para la constitucionalidad de la responsabilidad solidaria, a la luz de la jurisprudencia constitucional.

6. Concluyó la Corte Constitucional en la sentencia C-038 de 2020 que la norma demandada vulneraba los principios constitucionales de imputabilidad personal y de culpabilidad en materia sancionatoria, de modo que, declaró inexequible la responsabilidad solidaria que se establecía en materia sancionatoria, en la norma cuestionada, entre el propietario del vehículo y el conductor. Indicó la Corte que aunque la norma garantiza “nominalmente el derecho a la defensa, al prever la vinculación del propietario del vehículo al procedimiento administrativo, vulnera, en realidad, dicha garantía constitucional, porque omite de la defensa lo relativo a la imputabilidad y la culpabilidad, al hacer

directamente responsable al propietario del vehículo, por el solo hecho de ser el titular del mismo -imputación real, mas no personal-. (ii) Desconoce el principio de responsabilidad personal o imputabilidad personal, porque no exige que la comisión de la infracción le sea personalmente imputable al propietario del vehículo, quien podría ser una persona jurídica y (iii) vulnera la presunción de inocencia, porque aunque no establece expresamente que la responsabilidad es objetiva o que existe presunción de culpa, al no requerir imputabilidad personal de la infracción, tampoco exige que la autoridad de tránsito demuestre que la infracción se cometió de manera culpable”2.

B. SOLICITUDES DE NULIDAD

7. A través de dos informes secretariales del 8 de junio de 2020, la Secretaría General de la Corte Constitucional pasó al despacho los escritos del 5 y 8 de junio de 2020, suscritos por el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios3 y por el apoderado judicial de la Alcaldía de Medellín4, respectivamente, en los que solicitan la nulidad

2 Sentencia C-038/20. 3Gilberto Toro Giraldo. 4 Santiago Aicardo Vergara Cardona. 3 de la sentencia C-038 de 2020. Así mismo, la Secretaría comunicó que la referida sentencia, fue notificada por edicto 069 de 2020 fijado entre el 1 y 3 de junio de 2020. Primera solicitud formulada por el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios

8. Mediante escrito del 5 de junio de 2020, el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, solicitó la nulidad de la

sentencia C-038 de 2020. De manera preliminar, manifestó que su petición cumple con los presupuestos formales y materiales establecidos jurisprudencialmente para ser analizada. Sustenta su solicitud de nulidad en tres razones: La indebida divulgación y notificación de la sentencia

9. Asegura que la publicación de la sentencia C-038 de 2020 violó el debido proceso y, por lo tanto, incurre en una causal para su anulación, porque el Magistrado ponente, en rueda de prensa, divulgó la parte resolutiva de la sentencia, sin contar con los salvamentos de voto anunciados, ni las firmas de los Magistrados y de la Secretaria General de la Corte, lo que, a su juicio, genera inseguridad jurídica.

Por otra parte, solicitó rehacer el proceso de notificación de la sentencia ya que, en la publicación del edicto, solamente se adjuntó uno de los salvamentos de voto, a pesar de haber anunciado la existencia de cuatro salvamentos lo que, a su juicio, vulnera el debido proceso, puesto que señala que es necesario conocer todas las consideraciones derivadas del pronunciamiento. En razón de ello, considera que la sentencia debe ser anulada y, en su lugar, debe proferirse una sentencia de exequibilidad simple de la norma que fue estudiada en la sentencia C-038 de 2020. Sobre la “incongruencia frente a la parte motiva”

10. Sostiene que la sentencia C-038 de 2020 es incongruente, ya que, cuando se hace una valoración de la responsabilidad objetiva y los criterios de imputabilidad personal y culpabilidad, que condujeron a la inexequibilidad, se expone un supuesto vacío al

momento de interpretar la norma objeto de estudio, pero se deja de lado las facultades que tiene la Corte Constitucional en sus pronunciamientos para interpretar y, de alguna forma, modular las expresiones de orden legal, frente a las de rango constitucional. Asegura que en la parte motiva se indicó que la norma sería constitucional si permitiera el ejercicio del derecho de defensa, lo que, a su juicio, sí ocurría en la norma juzgada, pese a lo cual, declaró la inexequibilidad a pesar de que, como lo indica uno de los 4 salvamentos de voto, debió condicionarse su exequibilidad y, por ello, habría incongruencia entre la motivación y lo decidido. Asegura que aunque comparte los considerandos de la sentencia, respecto de la necesidad de que sea el Congreso quien precise los elementos de la responsabilidad, para ser compatible con el derecho al debido proceso, la inexequibilidad no soluciona el problema, porque deja el asunto en las manos de los jueces de tutela. Por lo tanto, considera que la Corte también hubiera podido diferir los efectos de la inexequibilidad, para dar un tiempo para que el Congreso legisle en la materia. Elusión arbitraria de análisis de asuntos de relevancia constitucional

11. Asegura que se incurrió en omisión de la consideración de aspectos de fondo que incidían notoriamente en la decisión, específicamente los mandatos contenidos en los artículos 1, 2, 24, 58 y 88 de la Constitución Política. Indica que “cualquier decisión que limite la actuación de las autoridades de tránsito, para efectos de que éstas puedan vincular a los propietarios de los vehículos al proceso

contravencional, dejaría sin la posibilidad de utilizar medios o ayudas tecnológicas en materia de tránsito, impidiendo los grandes logros que en materia de seguridad vial se han logrado en aquellas ciudades en las que se han implementado”. Sostiene que la Corte Constitucional ya había declarado exequible que el propietario vehículo responda por las infracciones cometidas con el bien de su propiedad. Asegura que se garantiza el debido proceso, en razón de la obligación legal del propietario de registrar las transferencias de la propiedad e indicar en el RUNT, la dirección donde será notificado de las infracciones cometidas por su vehículo y existen términos para que ejerza su defensa. Sostiene que la Corte debió declarar la exequibilidad de la norma demandada, porque “ya existen las normas legales necesarias para garantizar que la implementación de las ayudas tecnológicas en materia de tránsito sean un éxito, y sirvan para lograr su misión principal que no es otra que la seguridad vial, disminuyendo la accidentalidad en los puntos clave en cada jurisdicción”. Reitera que “no es cierto el planteamiento del demandante, quien confunde la violación de la norma de rango constitucional con la figura de la solidaridad, la cual en ningún caso es planteada como responsabilidad objetiva, ya que no opera de pleno derecho, y para que pueda ser aplicada, debe anteceder un proceso previo de notificación del propietario y permitir que el mismo acceda a los mecanismos de defensa que permite la ley” (negrillas originales). Indica que la Corte debió tener en cuenta la sentencia T051 de 2016 donde se explicó el procedimiento sancionatorio

contravencional en la materia. Expone que “la norma demandada debió ser declarada ajustada a la Constitución Política, máxime 5 teniendo en cuenta que la H. Corte Constitucional ya se había pronunciado en varias oportunidades sobre el tema en cuestión” y, por lo tanto, hubiera podido estarse a lo resuelto en la sentencia C-980 de 2010, posición que, asegura, habría sido cambiada irregularmente con el voto de tres conjueces. Por lo tanto, considera que la Corte debió declarar la exequibilidad de la norma o, en su defecto, la exequibilidad condicionada.

12. Para el solicitante, la Corte no tuvo en cuenta las finalidades del Código Nacional de Tránsito, como sistema, para la garantía del derecho o interés colectivo a gozar de seguridad, a través de límites al derecho a la circulación y desconoció que la conducción de automotores es una actividad peligrosa sometida a registro para ser notificadas de las infracciones cometidas con su vehículo y faculta a que se pueda identificar las infracciones, mediante medios tecnológicos. Indica que la propiedad obedece a una función social y, por lo tanto, el propietario del vehículo “debe responderle a la sociedad por su guardianía (sic) o custodia y no actuar negligentemente por la actividad peligrosa que con esta clase de bien inmueble se ejecuta”. Así, sostiene que en razón de la prevalencia del interés general, “resulta claramente constitucional el mandato legal que establece que la persona que aparezca registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito, en calidad de propietario de un vehículo automotor, sea llamado a responder solidariamente de manera

preliminar por el daño que tal vehículo infirió, por la conducta de quien lo conducía y que contraría el derecho e interés colectivo a la seguridad” y en el proceso podrá demostrar su inocencia. En este sentido, sostiene que, sin la solidaridad, el propietario no estará obligado a indicar quién cometió la falta y no existe un dispositivo que permita la identificación facial del conductor, por lo que, a su juicio, la Corte Constitucional habría incurrido en una elusión arbitraria de asuntos de relevancia constitucional porque, de haber tomado en cuenta los argumentos expuestos de orden constitucional y legal, la decisión hubiere sido otra. A continuación, la solicitud de nulidad controvierte las explicaciones dadas por el Magistrado ponente de la sentencia C-038 de 2020, en la rueda de prensa en la que se divulgó la decisión adoptada.

13. Indica que el artículo 2355 del Código Civil sí permite la responsabilidad por el hecho de las cosas, como excepción al artículo 2356 del Código Civil y cita jurisprudencia civil y de lo contencioso administrativo, donde se explica el alcance de la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y concluye que la norma demandada sí “incorpora una especie de responsabilidad objetiva sobre el propietario del vehículo automotor”, en ejercicio de la potestad sancionadora estatal, que es conforme al artículo 29 de la

6 Constitución porque “no constituye un juicio propiamente dicho, sino en (sic) una medida para educar y prevenir daños a los derechos e intereses colectivos y acatamiento a los límites de circulación impuestos por el legislador”. Para concluir, en varias páginas, la

solicitud reitera y repite las ideas anteriormente expuestas. Segunda solicitud formulada por el apoderado judicial de la Alcaldía de Medellín

14. El 8 de junio de 2020 el apoderado judicial de la Alcaldía de Medellín remitió un escrito en el que solicita la nulidad de la sentencia C-038 de 2020. Indica que su solicitud cumple los requisitos formales y materiales propios de la solicitud de nulidad. En cuanto al fondo, solicitó la expedición de una nueva sentencia que, a su juicio, garantice mayores beneficios o ganancias constitucionales en materia de justicia material, al tiempo que minimice el costo en seguridad jurídica. Funda su solicitud de nulidad en los siguientes presuntos vicios en los que habría incurrido la sentencia C-038 de 2020: Elusión arbitraria de análisis de asuntos de relevancia constitucional

15. Señaló que de acuerdo con el artículo 22 del Decreto Ley 2067 de 1991, la Corte eludió, sin justificación objetiva y razonable, confrontar el parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 con la totalidad de las disposiciones que conforman la Constitución, especialmente las que hacen referencia al derecho a la vida, integridad personal, a la dignidad humana, propiedad de los actores viales y a la conservación de la infraestructura de transporte. En ese sentido, explicó que el legislador estableció una regulación de intervención estatal que permite garantizar estos derechos y que se organiza en cuatro elementos que conforman ese sistema. A saber: a) el reconocimiento que la conducción es una actividad objetivamente peligrosa y por ello al expedir la Ley 769 de 2002

consagró como fines del estado la seguridad de los usuarios; b) los infractores representan un peligro abstracto, en el entendido de que para su comisión no es necesario generar una afectación material en contra de la vida e integridad de las personas; c) la vinculación formal del propietario del vehículo permite inferir que el propietario, es el conductor habitual al ejercer facultades de dominio. Cita la jurisprudencia relativa a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas; d) al propietario del vehículo se le vincula formalmente porque la foto detección es un elemento probatorio que permite inferir que el propietario es probablemente el responsable infractor, porque se presume que es conductor habitual y, en todo caso, las autoridades de tránsito a través de un juicio de reproche deben demostrar la responsabilidad personal y culpabilidad el propietario por incumplir el deber de diligencia establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, en 7 concordancia con el artículo 63 del Código Civil. En este sentido, afirma que la Corte Constitucional incurrió en el error de no confrontar la norma juzgada con la finalidad, elementos esenciales y principios del sistema de tránsito, como concreción del derecho a la libre locomoción. Considera que la Corte se equivocó al no tener en cuenta los “principios constitucionales de responsabilidad jurídica, buena fe, prohibición del abuso del derecho y función social de la propiedad”.

16. Sostiene que el reproche hecho por la Corte al Legislador, consistente en no prever los elementos de imputabilidad personal y culpabilidad, materializa la elusión arbitraria de un asunto de relevancia constitucional, porque la Corte debió tramitarla como una omisión

legislativa relativa y evitar así la inexequibilidad de la norma. Igualmente, sostiene que la Corte debió “integrar de manera completa la unidad normativa del sistema de tránsito terrestre”, lo que, a su juicio, hubiera conducido a declarar la exequibilidad de la norma demandada y permitió que se desconociera que, actualmente, las cámaras de fotodetección no tienen la capacidad de identificar al infractor. Desconocimiento del precedente constitucional

17. Sostiene el solicitante que la sentencia cuestionada no estudió las sentencias C-530 de 2003, C-980 de 2010 y C-089 de 2011 que, como fuente formal del derecho, representan un elemento del sistema de regulación del tránsito terrestre. A su juicio, en dichas sentencias “es constitucional establecer mecanismos de responsabilidad entre el propietario y el conductor de los vehículos, sin necesidad de que la norma señale expresamente que en el trámite contravencional se establezca que el propietario del vehículo participó en la comisión de la infracción de manera culpable”. Por ello, en su opinión, resulta arbitrario e injustificado que la sentencia C-038 de 2020 cambie el precedente jurisprudencial en el sentido que expresa como causal de vulneración al debido proceso establecer responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor para efectos del procedimiento contravencional de tránsito, a pesar de que en el desarrollo normativo no se exige que sea deber del Estado indagar que el propietario del vehículo participó de manera personal en la comisión de la infracción, exigencias que supone contrarias a la Constitución Política, especialmente en lo que

respecta a valores, principios y derechos fundamentales. Sostiene que la sentencia C-038 de 2020 no cumplió las cargas exigidas para realizar el cambio de jurisprudencia y, por el contrario, al no explicar las razones que motivaron el cambio de jurisprudencia, genera inseguridad jurídica porque permitirá que los administrados interpongan acciones de tutela y eviten la imposición de la sanción. 8

C. ACTUACIONES REALIZADAS ANTE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

18. Mediante auto del 8 de julio de 2020, el Magistrado sustanciador ordenó que se comunicara a los interesados las solicitudes de nulidad presentadas por el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y el apoderado judicial de la Alcaldía de Medellín, al dar aplicación al artículo 106 del Acuerdo 02 de 2015, con el propósito de permitir la participación de los terceros con interés, dentro del trámite incidental.

19. La Secretaría de la Corte Constitucional informó el 16 de julio de 2020, que al dar cumplimiento al auto del 8 de julio de 2020 recibió tres escritos que corresponden al: (i) Ministerio de Transporte; (ii) la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y (iii) la Secretaría de Movilidad de Medellín. Sin embargo, el escrito del Ministerio de Transporte no puede ser considerado5, teniendo en cuenta que esta entidad pública no se encuentra legitimada para intervenir en el trámite de la nulidad de la sentencia C-038 de 2020, ya que aunque conceptuó en dicho proceso, por invitación realizada en el auto admisorio de la

demanda, del 6 de octubre de 2017, su escrito fue allegado de manera extemporánea y, por lo tanto, no fue considerado en la sentencia en cuestión. Al respecto, reitera la Sala Plena de la Corte Constitucional que únicamente se encuentran legitimados para solicitar la nulidad de las sentencias proferidas en el control abstracto de constitucionalidad y para intervenir en el incidente correspondiente, (i) quien fungió como demandante, (ii) los intervinientes y (iii) el Ministerio Público6. Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

20. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá allegó escrito en el que coadyuva la solicitud presentada por la Federación de Municipios

5Manifestó que respetaba las decisiones de la Corte Constitucional pero, en su opinión, la norma debía ser declarada exequible de manera condicionada, dado que de la redacción permitía fácilmente interpretar que la voluntad del legislador no desconocía los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa ya que le garantizaba la presencia del propietario del vehículo, al dar explicaciones respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la infracción, con el propósito de establecer el grado de participación. Adicionalmente, presentó varias hipótesis o casos en los cuales el propietario del vehículo podría ser corresponsable o responsable directo de una infracción de tránsito cometida por otra persona de modo que, la norma demandada garantizaba de manera suficiente el principio de la personalidad de la sanción. 6Auto 055/16. “(…) los “terceros afectados directamente por una decisión” cuentan con

legitimidad activa para presentar solicitudes exclusivamente frente a decisiones de tutela, no así en el caso de procesos de constitucionalidad. Debido al carácter abstracto del control de constitucionalidad, las decisiones que de este derivan no se basan en la evaluación de afectaciones concretas o de derechos subjetivos de personas determinadas, sino que se basan en la contrastación entre la norma examinada y la Constitución”: auto 068/19. 9 y la Alcaldía de Medellín. Asegura que la sentencia desconoce el debido proceso, por dos razones: (i) elusión arbitraria de un asunto de relevancia constitucional, al omitir el estudio de los artículos 1, 2, 6, 24, 58 y 88 de la Constitución Política que “facultan al legislador para que sea este quien establezca las limitaciones al derecho de circulación y defina los casos de responsabilidad objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos, así como habilitan en el ámbito del derecho público la aplicación del deber de todo propietario de un vehículo automotor de responder objetivamente por los diversos daños que cause el vehículo que se encuentra registrado a su nombre en el Registro Nacional Automotor, independientemente de si fue él o no el causante de la lesión al derecho a la seguridad de la colectividad”7, al tiempo que, al propietario se le garantiza la oportunidad y los medios, para demostrar dentro del trámite, su diligencia y el deber de cuidado que tuvo respecto del vehículo; (ii) incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia, puesto que en la parte considerativa indicó que las ayudas tecnológicas son legales y cumplen con los

postulados de rango constitucional para su funcionamiento, no obstante, se realizó un reproche al legislador, “en el entendido de que en dicho parágrafo no delimitó expresamente que la solidaridad del propietario debía ser patrimonial relacionada al pago de la multa y porque no le exige expresamente a la autoridad de tránsito el deber normativo de realizar un juicio de reproche al propietario demostrando su responsabilidad personal y culposa en la comisión de la infracción de tránsito detectada por medio de sistemas tecnológicos”8. Por ello, consideró que el análisis no se realizó sobre su texto literal, sino sobre los elementos normativos que dejó de consagrar el legislador, es decir, que propuso una omisión legislativa relativa, en la que debía realizar una interpretación de la norma conforme a los postulados constitucionales y sin declarar la inexequibilidad de la norma. La Secretaria de Movilidad de Medellín

21. El Secretario encargado de Movilidad de Medellín, intervino para coadyuvar la solicitud de nulidad de la sentencia C-038 de 2020 allegada por la Alcaldía de Medellín y la Federación Colombiana de Municipios, al considerar necesario que se reanude el debate constitucional, acorde con las exigencias normativas expuestas en los escritos de nulidad. Indicó que las solicitudes de nulidad cumplen los requisitos formales y materiales. En el fondo del asunto señaló: (i) un cambio de precedente, dado que las sentencias de constitucionalidad C530 de 2003, C-980 de 2010 y C-089 de 2011 contienen una regla de decisión ajustada a la Constitución, la cual fue desconocida a su vez por

7 Expediente digital, intervención de la Secretaría de Movilidad de Bogotá del 15 de julio de 2020. 8 Ibidem. 10 la sentencia C-038 de 2020, puesto que en materia sancionatoria era constitucional establecer el mecanismo de responsabilidad del propietario, sin necesidad de que la norma señale expresamente los elementos de dicha responsabilidad, pues dichos presupuestos se pueden integrar por vía de interpretación sistemática; (ii) indicó la elusión arbitraria un asunto de relevancia constitucional, como consecuencia del desconocimiento del precedente, ya que, de haber abordado el análisis antes referido, habría tomado una determinación de exequibilidad, puesto que “(…) se hubiese aproximado al problema bajo el estándar del precedente correcto, aplicable para los procedimientos sancionatorios de tránsito, habría llegado a una solución diferente a la inexequibilidad. Ciertamente, es justo por la ponderación del derecho a la vida y la seguridad vial que la responsabilidad solidaria de los propietarios de los vehículos tiene cabida en el ordenamiento jurídico, en tanto es razonable exigir mayor atención en el cumplimiento de las reglas de tránsito a los diferentes agentes involucrados si de por medio está en juego un valor de hondo calado constitucional como la vida. Pero, la sentencia censurada asumió el caso bajo el estándar de las infracciones pesqueras, que tienen como fin la sostenibilidad de recursos naturales, cuya ponderación constitucional es a todas luces diferente a la que impone el la vida y la integridad de las personas”9.

II. CONSIDERACIONES

22. COMPETENCIA

23. El inciso primero del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 establece que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”. En criterio de esta corporación, esta medida resulta razonable, dado que mediante estas decisiones se resuelven de manera definitiva los asuntos que ante ella se plantean, ya sea en el campo del control abstracto de constitucionalidad o en materia de tutela10. En consecuencia, la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente solicitud de nulidad, formulada contra la sentencia C-038 de 2020.

D. LA NULIDAD DE SENTENCIAS PROFERIDAS POR LA

CORTE CONSTITUCIONAL. REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

24. De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la declaratoria de nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional es un mecanismo excepcional y riguroso, que no está

9Expediente digital, intervención del Secretario de Movilidad de Medellín del 15 de julio de 2020. 10 Corte Constitucional. Auto 218/09. 11 diseñado para que quienes se encuentren inconformes con la decisión adoptada por este tribunal, utilicen tal procedimiento para reabrir los debates ya agotados en el seno de la corporación, a tal punto que cuestionen los fundamentos de una sentencia que adquirió la fuerza jurídica de la cosa juzgada constitucional, incluso si la inconformidad frente a lo decidido, se encuentra fundamentad