CC - C479-2020

Sentencia C-479/20

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO

GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE-Exequible CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOSCompetencia de la Corte Constitucional/CONTROL DE

CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE

TRATADO-Características

TRATADO INTERNACIONAL-Adhesión

CONSULTA PREVIA COMO EXPRESION DEL PRINCIPIO DE

DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Reiteración de jurisprudencia CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Verificación de la realización de la consulta previa a las comunidades étnicas La Sala encuentra que en este caso no era obligatorio adelantar el proceso de consulta previa a los grupos étnicos porque, en primer lugar, se trata de una ley aprobatoria de un tratado cuyo objetivo principal es el establecimiento de un instituto con la asignación de sus funciones. Y, en segundo lugar, en las disposiciones del Acuerdo y de la Ley 1954 de 2019 no hay contenidos normativos que afecten de manera directa a las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras o al pueblo Rom, pues no pretenden redefinir o alterar su territorio, no se refieren a la explotación de recursos naturales en territorios donde habitan estas comunidades y tampoco se refieren a temas relacionados con las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos.

LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Control formal

LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS

INTERNACIONALES-Procedimiento de formación previsto para leyes ordinarias/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Trámite legislativo TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIACumplimiento de requisitos constitucionales y legales en su trámite legislativo TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control material CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANOProtección constitucional/MEDIO AMBIENTE SANO-Triple dimensión El contenido ecológico de la Constitución Política le otorga al ambiente sano una triple dimensión: (i) es un principio que irradia todo el orden jurídico; (ii) es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al imponer deberes calificados de protección. DESARROLLO SOSTENIBLE-Concepto/DESARROLLO SOSTENIBLE-Objetivo/DESARROLLO SOSTENIBLEJurisprudencia constitucional En ese sentido, el artículo 333 superior desataca la libertad económica -junto con sus componentes de libre iniciativa privada, de libertad de empresa y de libre competenciacomo la base del desarrollo, pero al mismo tiempo prevé limitaciones cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Por ello, este Tribunal ha reconocido que el modelo de desarrollo sostenible toca cuatro aristas: “(i) la sostenibilidad ecológica, que exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos biológicos, (ii) la sostenibilidad social, que pretende

que el desarrollo eleve el control que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad, (iii) la sostenibilidad cultural, que exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad económica, que pretende que el desarrollo sea económicamente eficiente y sea equitativo dentro y entre generaciones”. Esto “se hace más importante en países como los nuestros, donde la pobreza mayoritaria está unida a la escasez, pues no habrá desarrollo sostenible mientras casi la mitad de la población viva en niveles de extrema pobreza”. DESARROLLO SOSTENIBLE-Reconocimiento internacional

CRECIMIENTO VERDE-Noción

Referencia: Expediente LAT-458

Asunto: Control de constitucionalidad del Acuerdo para el Establecimiento del

Instituto Global para el Crecimiento Verde 2 suscrito en Río de Janeiro el 20 de junio de 2012, y de la Ley 1954 de 2019, que lo aprobó.

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de las atribuciones previstas en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política y cumplidos los trámites y requisitos establecidos en el Decreto Ley 2067 de 19911, decide sobre la constitucionalidad del Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, suscrito en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, el 20 de junio de 2012 (en adelante, el

“Acuerdo”) y de la Ley 1954 del 24 de mayo de 2019, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial Nro. 50.9632, que lo aprobó. Los textos del Acuerdo y de su ley aprobatoria se presentarán en el anexo de esta providencia.

I. INTERVENCIONES

3.1. Corporación Autónoma Regional de CundinamarcaCAR3 Solicitó declarar la exequibilidad del Acuerdo y de su ley aprobatoria. Manifestó que la finalidad del Acuerdo es la de establecer el Instituto Global de Crecimiento Verde (en adelante y por sus siglas en inglés, “GGGI”) destinado a impulsar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y emergentes, incluidos aquellos menos desarrollados. Y como el desarrollo sostenible es un concepto que reconcilia el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, el Acuerdo resulta exequible a la luz del artículo 80 superior en tanto “guarda relación con la conservación y sostenibilidad de la Diversidad Biológica, con las cuales se refuerza el mantenimiento de un medio ambiente sano y de igual forma se logra la protección de los recursos naturales renovables y de la salud humana”4. De igual manera, se articula con lo dispuesto en el artículo 8 superior, puesto que “fortalece la protección del ambiente y los recursos naturales, ya que esta 1 El 30 de mayo de 2019, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1954 de 2019, “[p]or medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde”,

suscrito en Río de Janeiro, el 20 de junio de 2012”. Mediante Auto de 18 de junio de 2019, el magistrado sustanciador (i) asumió el conocimiento del proceso; (ii) dio traslado al procurador general de la Nación para lo de su competencia; (iii) decretó pruebas; (iv) comunicó el inicio del proceso al presidente del Congreso de la República y a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores; (v) a efectos de que rindieran concepto, invitó a diferentes entidades públicas y privadas, a organismos internacionales y a las facultades de derecho de varias universidades; y (vi) ordenó que, una vez surtido lo anterior, se fijara en lista el proceso. Mediante Auto de 18 de diciembre de 2019, el magistrado sustanciador, habiendo constatado el recibo de las pruebas decretadas, solicitó a la Secretaría General de esta Corporación continuar con el trámite previsto. 2 Folios 48 y ss. 3 Folios 16 y ss. Intervención radicada el 22 de enero de 2020 y suscrita por Remberto Quant González en calidad de apoderado especial 4 Folio 127. 3 figura lleva aparejada precisamente el equilibrio entre ambiente, lo social y lo económico”5, y con el artículo 9 siguiente, frente al cual encontró que “se enmarca dentro del respeto de la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios de derecho internacional”6. Finalmente, en relación con la ley aprobatoria, explicó que se ajusta al artículo 224 superior. 3.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible7

Solicitó declarar la exequibilidad del Acuerdo y de su ley aprobatoria. Frente al Acuerdo, concluyó que: (i) satisface el requisito de representación del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma establecidos en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena, incorporada al ordenamiento interno por vía de la Ley 32 de 1985; (ii) cumple con la Ley 424 de 1998, en la medida en que el GGGI “es una organización internacional dedicada a apoyar y promover el crecimiento económico incluyente y sostenible en los países en desarrollo dentro de los que se encuentra Colombia, así como las economías emergentes” 8 y, en tal extensión, “uno de sus rasgos sobresalientes es ser una organización interdisciplinaria, de múltiples partes interesadas, que creen que el crecimiento económico y la sostenibilidad del medio ambiente no solo son objetivos compatibles; sino que, además, su integración es esencial para el futuro de la humanidad.”9; y (iii) en lo atinente al derecho a la consulta previa, “en este caso no procede, toda vez que el instrumento internacional no produce una afectación directa a las comunidades [étnicas] y no involucra directamente una población étnica”, no obstante lo cual, “en los eventos en los que se requiera aplicar medidas, en desarrollo del presente instrumento internacional y que implique la afectación directa a una comunidad étnica, deberá ser objeto de consulta”. Agregó que el GGGI “viene trabajando desde hace más de cuatro años con el Gobierno de Colombia, para avanzar en el desarrollo de la agenda del Crecimiento Verde, la cual es de la mayor

importancia para el Gobierno y el futuro de este país”10. Frente al proyecto que se convirtió en la Ley 1954 de 2019, consideró que: (i) cuenta con “aprobación presidencial y orden de someterlo a consideración del Congreso de la República” en los términos del artículo 189.2 superior; (ii) fue presentado por el Gobierno ante el Senado de la República, de conformidad con el artículo 154 superior; (iii) fue publicado de manera oficial en cumplimiento del artículo 156 de la Ley 5ª de 1992; (iv) inició el trámite legislativo en la comisión correspondiente del Senado de la República, en virtud del artículo 154 superior; (v) la ponencia fue publicada para debate en comisión y plenaria, en cumplimiento del artículo 185 de la Ley 5a de 1992; 5 Folio 127. 6 Folio 127. 7 Folios 135 y ss. Intervención radicada el 24 de enero de 2020, suscrita por Myriam Amparo Andrade Hernández en calidad de jefe encargada de la Oficina Asesora Jurídica. 8 Folio 135. 9 Folio 135. 10 Folio 136. 4 (vi) hubo anuncio previo a la votación, conforme al artículo 160 superior; (vi) se cumplió con la votación y exigencias de quórum y mayorías en atención a los artículos 145 y 146 superiores; y (vii) se satisfizo el requisito temporal establecido en el artículo 160 superior. En esa medida, aseguró que el trámite cumplió con el principio democrático y con la condición de racionalidad mínima del trabajo legislativo y de transparencia en el proceso de creación

legal. 3.3. Ministerio de Relaciones Exteriores11 Solicitó declarar la exequibilidad del Acuerdo y de su ley aprobatoria. Explicó las finalidades que motivaron la creación del GGGI, y puntualizó que su objeto consiste en “brinda[r] servicios de asesoría técnica y estratégica según la demanda de sus contrapartes de Gobierno, apoya[r] el desarrollo e intercambio de conocimiento y trabaja[r] de manera conjunta con los Estados Miembros para encontrar soluciones que involucren al sector privado y promuevan el financiamiento y la estructuración de proyectos bancables”. Informó que “cuenta con 36 Estados miembros, tiene programas en más de 50 países. Está acreditado como observador ante la Asamblea de las Naciones Unidas y cuenta con elegibilidad para recibir fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE. En la realización de sus actividades, cuenta con una serie de socios estratégicos con quienes colabora en múltiples frentes: 3GP, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial, el Consejo Nacional para la Investigación Económica de Corea, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (…), el Foro Económico Mundial la Fundación Europea del Clima, entre otros”12. Manifestó que para hacer parte de dicha organización, “un Estado debe ratificar su instrumento fundacional”13, que no es otro que el Acuerdo, el cual “se limita a establecer la estructura orgánica (…), su mecanismo de financiamiento y sus lineamientos políticos” 14 , de manera que sus disposiciones “resultan similares a las de otros acuerdos constitutivos de

organizaciones internacionales ya declarados exequibles por la Corte Constitucional, tales como la “Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, hecha en París el 14 de diciembre de 1960, recientemente declarada exequible mediante Sentencia C-492 de 2019”15. Frente a la constitucionalidad de la Ley 1954 de 2019, indicó que Colombia no es un Estado signatario del Acuerdo y, “en consecuencia para hacerse 11 Folios 137 y ss. Intervención radicada el 27 de enero de 2020, suscrita por Alejandra Valencia Gärtner en calidad de directora de Asuntos Jurídicos Internacionales. 12 Folio 137. 13 Folio 138. 14 Folio 139. 15 Folio 139. 5 parte es preciso surtir el trámite de adhesión”16. A ese propósito, señaló que el 17 de octubre de 2017, el presidente de la República impartió la respectiva aprobación ejecutiva y, en el mismo acto ordenó someter el Acuerdo a consideración del Congreso de la República, donde se surtieron adecuadamente los respectivos debates, posterior a los cuales la ley aprobatoria fue sancionada y publicada en el Diario Oficial Nro. 50.963 el 24 de mayo de 2019. 3.4. Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la MagdalenaCORMAGDALENA17 Solicitó declarar la exequibilidad del Acuerdo y de su ley aprobatoria. En lo atinente al trámite de adhesión, señaló que “fue negociado y avalado por los funcionarios competentes”18 y, frente a la Ley 1954 de 2019, manifestó

que su expedición se sujetó a los requisitos formales establecidos en la Constitución Política y en la Ley 5a de 1992. En relación con el contenido sustancial, se remitió al artículo 331 superior que dispuso la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, y fijó, entre otros, la misión institucional de “gestión eficiente y sostenible del río Magdalena y de los recursos naturales asociados a éste”19. Afirmó que tal misión de rango constitucional, “es congruente con los objetivos del Instituto Global para el Crecimiento Verde”20, para lo cual hizo alusión a los planteados en los literales a, b y c del artículo 2 del Acuerdo. Agregó que dichos objetivos también son compatibles con la obligación estatal de garantizar el desarrollo sostenible establecida en el artículo 80 superior. Explicó que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (en adelante “OCDE”), “el crecimiento verde no se concibió como un reemplazo del desarrollo sostenible, sino que debe considerarse un complemento de éste. Su alcance es más estrecho e implica una agenda operativa de política que puede ayudar a obtener un avance concreto y mesurable en la interacción de la economía y el medio ambiente. Brinda una fuerte concentración en el fomento de las condiciones necesarias para la innovación, la inversión y la competencia que pueden hacer surgir nuevas fuentes de crecimiento económico, consistentes en los ecosistemas adaptables”21. Y, en ese sentido, concluyó que la adhesión en calidad de Estado miembro de Colombia al Acuerdo “hace parte de una estrategia de

gestión pública encaminada a promover el crecimiento económico con equidad a través de la cooperación internacional, la inversión privada y el intercambio de experiencias relacionas con el aprovechamiento de los recursos naturales con otros agentes públicos y particulares”22. 16 Folio 139. 17 Folios 147 y ss. Intervención radicada el 27 de enero de 2020, suscrita por Pedro Pablo Jurado Durán en calidad de director ejecutivo. 18 Folio 148. 19 Folio 148. 20 Folio 148. 21 Folio 149. 22 Folio 149. 6 3.5. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación23 Solicitó declarar la exequibilidad del Acuerdo y de su ley aprobatoria en tanto se ajustan a las exigencias de la Constitución Política y de la Ley 5a de 1992 sobre “Iniciativa, Unidad de Materia y Trámite Legislativo”24. 3.6. Intervenciones extemporáneas Vencido el término de fijación en lista, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA25 y el Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDPS26 radicaron sendas intervenciones.

II. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Mediante concepto Nro. 6712 del 21 de febrero de 202027, el Procurador General solicita declarar exequible el Acuerdo y su ley aprobatoria.

En lo relacionado con la etapa previa al trámite legislativo, indicó que el Estado colombiano se adhirió al Acuerdo con posterioridad a su negociación, “razón por la cual el mismo debe cumplir con el depósito de adhesión sin que sea necesario la suscripción por parte del Presidente o la presentación de

plenos poderes”28. En esa medida, “el 17 de octubre de 2017 se surtió aprobación ejecutiva por parte del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, acto en el que también se ordenó someter a consideración del Congreso de la República el Acuerdo”29, de manera que “las actuaciones previas al inicio de la fase legislativa en el proceso de incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico interno, se hicieron de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la Convención de Viena, ratificada por Colombia”30. En lo relativo a la etapa legislativa, constató el trámite surtido tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, y determinó que cumplió con los requisitos constitucionales y legales aplicables, para finalmente indicar que el presidente de la República sancionó el proyecto, convirtiéndose en la Ley 1954 de 2019, y la remitió a esta Corporación dentro de los seis días siguientes a la sanción, de conformidad con el artículo 241.10 superior. Así, “el trámite de adhesión al instrumento internacional y su 23 Folios 151 y ss. Intervención radicada el 27 de enero de 2020, suscrita por Oscar Jairo Fonseca Fonseca en calidad de secretario general. 24 Folio 152. 25 Folios 155 y ss. Intervención radicada el 28 de enero de 2020, suscrita por Daniel Ricardo Páez Delgado en calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 26 Folios 159 y ss. Intervención radicada el 14 de febrero de 2020, suscrita por Lucy Edrey Acevedo Meneses en calidad de jefe de la

Oficina Asesora Jurídica. 27 Folios 161 y ss. Concepto radicado el 21 de febrero de 2020, suscrito por el procurador general de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flórez. 28 Folio 161. 29 Folio 162. 30 Folio 162. 7 procedimiento de aprobación por parte del Congreso de la República se ciñeron a lo exigido y regulado por la Constitución Política”31. Sobre el análisis material, abordó los aspectos generales del Acuerdo de cara al contenido ecológico de la Constitución (artículos 8, 79 y 80). Al respecto, indicó que desde las conferencias de las Naciones Unidas de Johannesburgo de 2002 y Río de Janeiro de 2012, “se concibe el desarrollo sostenible y los derechos de las generaciones futuras como conceptos esenciales en la comprensión de la Constitución Ecológica y el derecho a un ambiente sano” 32 . Manifestó que los compromisos asumidos en tales eventos evidenciaron “la necesidad de establecer un organismo intergubernamental para el desarrollo sostenible”33, lo que dio lugar a la suscripción del Acuerdo y a la creación del GGGI. Dicho organismo “ha adelantado importantes labores con el Estado colombiano, dirigidas a formular una política propia de crecimiento verde que pende (sic) del nivel de desarrollo, recursos, situación económica y retos puntuales de desarrollo económico y social”34. Esto condujo a que el crecimiento verde se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y en el documento CONPES 3934 de 2018, “con el fin de llevar al país a una transición hacia un modelo económico más sostenible,

competitivo e inclusivo”35. Lo anterior, precisó, se encuentra alineado con los compromisos internacionales consignados en el Acuerdo de París sobre cambio climático y demás instrumentos de la OCDE, así como con las políticas sectoriales en materia ambiental. Y, con respecto al articulado, sostuvo que “no es inconstitucional y, por el contrario, desarrolla el mandato de la internacionalización de las relaciones y el respeto a la autodeterminación, sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (arts. 226 y 227, C.P.), incluye disposiciones que despliegan los fines constitucionales (art. 2, C.P.), acata la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales de la Nación y de garantizar su desarrollo sostenible (art8 y 80, C.P.) y guarda entera armonía con los preceptos superiores”36. Se remitió a las actividades que desarrolla el GGGI para indicar que materializan las obligaciones que tiene el Estado colombiano respecto “del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y, por lo tanto, su conservación, restauración y sustitución” 37 , lo cual “adquiere relevancia dadas las particularidades del paisaje colombiano y que lo convierten en un escenario perfecto por estar generosamente dotado de bosques, aguas y recursos minerales para albergar riquezas naturales y biodiversidad de reconocida importancia mundial”38. Finalmente indicó que ni el Acuerdo ni su ley 31 Folio 164. 32 Folio 165. 33 Folio 165. 34 Folio 165. 35 Folio 165. 36 Folio 166.

37 Folio 166. 38 Folio 166. 8 aprobatoria implican partida presupuestal alguna a cargo del Estado, ni ponen en riesgo la soberanía nacional39.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3.1. Competencia y plan de la decisión El numeral 10 del artículo 241 de la Constitución le atribuye a la Corte Constitucional competencia para decidir definitivamente sobre la exequibilidad e los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias. De acuerdo con lo expresado en reiterada jurisprudencia, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado por el presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que este Tribunal debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos contra todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente tratado, y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano40.

La Corte, en el marco del control antes descrito, declarará la exequibilidad del Acuerdo y de su ley aprobatoria. Con el fin de motivar la decisión, analizará el trámite de adhesión al Acuerdo (3.2); la ausencia de necesidad de realizar consulta previa en el caso concreto (3.3.); el trámite legislativo del

correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República (3.4.); y el contenido material de las disposiciones del Acuerdo y de su ley aprobatoria (3.5.). 3.2. El trámite de adhesión al Acuerdo41 De conformidad con lo expresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en escrito radicado ante la Corte Constitucional el 28 de junio de 2019, revisado el archivo de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se constató que la República de Colombia no suscribió el Acuerdo, por lo cual no se requirió la expedición de plenos poderes o de confirmación de acto alguno42. En efecto, para hacerse parte del instrumento internacional, procedía la adhesión de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo, los artículos 15 y 16 de la Convención de Viena, y el artículo 189.2 de la Constitución Política. Al respecto, el Ministerio de 39 Folio 166. 40 Corte Constitucional, Sentencias C-378 de 1996, C-682 de 1996, C-468 de 1997, C-400 de 1998, C-924 de 2000, C-206 de 2005, C176 de 2006, C-958 de 2007, C-927 de 2007, C-859 de 2007, C-464 de 2008, C-387 de 2008, C-383 de 2008, C-189 de 2008, C-121 de 2008, C-032 de 2009, C-031 de 2009, C-094 de 2009, C-150 de 2009, C-195 de 2009, C-285 de 2009, C-378 de 2009, C-685 de 2009, C011 de 2010, C-305 de 2010, C-982 de 2010 y C-099 de 2019. 41 Corte Constitucional, Sentencias C-157 de 2016, C-184 de 2016, C-214 de 2017 y C-099 de 2019. 42 Folio 138 del cuaderno de pruebas. 9 Relaciones Exteriores señaló que el entonces presidente de la República, señor Juan Manuel Santos Calderón, impartió la respectiva aprobación ejecutiva el 17 de octubre de 2017 y, en ese mismo acto, ordenó someter el Acuerdo a consideración del Congreso de la República43. Para tal fin, los entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaron a consideración del Congreso el Acuerdo y el proyecto de ley aprobatoria del mismo44 cumpliendo con ello los requisitos exigidos para continuar con el trámite respectivo. 3.3. Ausencia de necesidad de realizar consulta previa en el caso concreto El artículo 1º superior define al Estado colombiano como democrático, participativo y pluralista. Por su parte, los artículos 7 y 70 superiores establecen la protección de la diversidad étnica y cultural como uno de sus principios fundamentales45. Y sobre la consulta previa, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado las siguientes reglas: “(i) la diversidad de identidades étnicas y culturales es materia de especial protección y reconocimiento constitucional; (ii) estas cláusulas protegen tanto a comunidades indígenas como afrodescendientes; (iii) una de las formas de materializar dicha protección se da con el derecho a la participación que les asiste a los pueblos interesados,

cuando se va a tomar una medida legislativa o administrativa que los pueda afectar de forma directa, incluidas las leyes aprobatorias de tratados internacionales; (iv) algunos criterios generales para determinar la afectación directa pueden encontrarse en las materias concernientes a la confirmación de la entidad de dichas comunidades, por ejemplo: la definición o alteración de su territorio, la explotación de recursos naturales y los temas relacionados con las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos; (v) en el caso de tratados internacionales en los que sea obligatorio adelantar la consulta previa, la ley aprobatoria debe someterse al proceso antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República; 43 Folio 138 del cuaderno de pruebas. 44 Folio 139 del cuaderno de pruebas 45Corte Constitucional, Sentencias C-208 de 2007 y C-196 de 2012. En dichos fallos este Tribunal expresó que el pluralismo debe ser objeto de especial protección y reconocimiento constitucional, toda vez que en Colombia existe una diversidad de identidades étnicas y culturales, a quienes debe garantizarse el mismo respeto que a la colectividad mayoritaria y los mismos derechos de reproducirse y perpetuarse en el territorio nacional durante el paso del tiempo. 10 (vi) cuando se trate de medidas legislativas o administrativas que se adopten como consecuencia de la aprobación de un tratado internacional, la pertinencia de la consulta previa deberá analizarse en cada ocasión y, si reúne las características que la hagan obligatoria, deberá llevarse a cabo antes de la aprobación de la medida legislativa

o administrativa” 46. La Sala encuentra que en este caso no era obligatorio adelantar el proceso de consulta previa a los grupos étnicos porque, en primer lugar, se trata de una ley aprobatoria de un tratado cuyo objetivo principal es el establecimiento de un instituto con la asignación de sus funciones. Y, en segundo lugar, en las disposiciones del Acuerdo y de la Ley 1954 de 2019 no hay contenidos normativos que afecten de manera directa a las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras o al pueblo Rom, pues no pretenden redefinir o alterar su territorio, no se refieren a la explotación de recursos naturales en territorios donde habitan estas comunidades y tampoco se refieren a temas relacionados con las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos47. Advierte la Corte que, en todo caso, el análisis que ahora se realiza no se extiende a las medidas legislativas o administrativas que se profieran para la implementación del Acuerdo, en las cuales el cumplimiento de la consulta previa deberá ser estudiado en su oportunidad y en cada caso concreto. 3.4. El trámite legislativo de la ley aprobatoria del Acuerdo Las leyes aprobatorias de tratados internacionales no disponen de un procedimiento legislativo especial, por lo que el trámite que debe seguirse es el de las leyes ordinarias, regulado en los artículos 150 a 169 superiores y en la Ley 5a de 199248, salvo por dos especiales requisitos: (i) el debate debe iniciarse en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a las relaciones internacionales en los términos del artículo 154 superior; y (ii) una

vez ha sido sancionada la ley por el presidente de la República, éste deberá remitirla a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes para efectos de la revisión de constitucionalidad según el artículo 241.10 superior49. De acuerdo con las disposiciones señaladas, corresponde a la Corte verificar los siguientes aspectos: 46 Corte Constitucional, Sentencias C-157 de 2016, C-184 de 2016 y C-214 de 2017. 47 La Corte Constitucional se ha referido a la manera en que debe garantizarse el derecho de los grupos étnicos a la consulta previa en relación con tratados internacionales, sean estos de carácter bilateral o multilateral. Las reglas jurisprudenciales en materia de consulta previa de tratados bilaterales han sido desarrolladas, entre otras, en las Sentencias C-615 de 2009, C-608 de 2010 y C-941 de 2010, donde ha quedado establecido que: (i) se debe consultar a las minorías ét