CC - T013-2020

Sentencia T-013/20

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia excepcional cuando se vulneran derechos de las personas de la tercera edad PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ADULTO MAYOR-Diferencia Conviene precisar que el término “persona de la tercera edad” y el concepto “adulto mayor”, que a menudo se usan indistintamente, no pueden ser empleados como sinónimos. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009. En ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en pensiones, con el fin de identificar la población destinataria de la atención integral en los centros vida. De cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor. PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Se considera que lo es a partir de 76 años, según actualización emitido por el DANE DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA PENSIONALFundamental El derecho a seguridad social tiene un carácter fundamental relacionado con el derecho al mínimo vital, más aún, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión y son sujetos de una especial protección constitucional.

PENSION DE VEJEZ-Evolución normativa HABEAS DATA-Posibilidad de ejercerlo cuando se presenta inexactitud en historia laboral para solicitar pensión de vejez HISTORIA LABORAL-Relevancia constitucional La historia laboral es un documento emitido por las administradoras de pensiones –sean públicas o privadasque se nutre a partir de la información sobre los aportes a pensiones de cada trabajador. En ella se relaciona el tiempo laborado, el empleador y el monto cotizado. También se consignan datos específicos sobre el salario, la fecha de pago de la cotización, los días reportados e igualmente se pueden hacer anotaciones sobre cada uno de los períodos de aportes. La Corte Constitucional ha considerado que este documento tiene relevancia constitucional porque involucra la protección de derechos fundamentales y permite el reconocimiento de prestaciones laborales. ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES-Deber de custodia, conservación y guarda de la información concerniente al Sistema de Seguridad Social Expediente T-7.311.733 2 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Deberes de las Administradoras de pensiones respecto de la información consignada en la historia laboral de sus afiliados La Sala advierte que la administradora de pensiones es la principal obligada a responder frente a las controversias que surjan a partir de los registros que aparecen en las historias laborales, pues es la entidad que tiene a su cargo el manejo de los datos laborales y su tratamiento. Además, la ley y la jurisprudencia le han exigido una especial diligencia en el manejo de dicha información en razón de su relevancia constitucional. Por lo tanto, la entidad deberá desplegar las actuaciones

que sean necesarias para garantizar la veracidad, claridad y precisión de las historias laborales. PENSION DE VEJEZ Y MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR-Afiliado o beneficiario no debe soportar la mora en el traslado de los aportes al sistema ni la inacción de Colpensiones o las administradoras de fondos de pensiones en el cobro Existe una regla jurisprudencial consolidada sobre la imposibilidad de trasladarles a los trabajadores las consecuencias negativas de la mora del empleador y de la falta de gestión de las administradoras en el cobro de los aportes. La Corte ha concluido que son las administradoras de pensiones las llamadas a asumir los efectos que puedan derivarse del retraso o de la falta de pago de los aportes. Es necesario que las administradoras de pensiones ejecuten los trámites tendientes a obtener las contribuciones pensionales y los aportes de la historia laboral de sus afiliados, ya que, así como no es atribuible al trabajador la mora del empleador en realizar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, tampoco lo es el actuar negligente de las administradoras, cajas o fondos de pensiones que no logran efectuar el traslado de los aportes de sus afiliados. DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ-Vulneración por Colpensiones, al no reconocer pensión de vejez, por incumplimiento de su deber legal de actualización de la historia laboral y de las semanas cotizadas

Referencia: expediente T-7.311.733

Acción de tutela presentada por Ramón Emilio Mejía Flórez contra COLPENSIONES

Procedencia: Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar) Asunto: Protección constitucional de los derechos fundamentales a la seguridad social y al habeas data de un adulto mayor.

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Expediente T-7.311.733 3 Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de única instancia, dictado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar) el 5 de agosto de 2019, en el proceso de tutela promovido por Ramón Emilio Mejía Flórez contra la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES). Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia1. Posteriormente, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, a través del Auto 336 del 25 de junio de 20192, declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso en mención, desde el auto admisorio de la demanda, sin perjuicio de la

validez de las pruebas aportadas. En efecto, la Corte consideró que no se garantizaron los derechos fundamentales a la defensa y contradicción de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), pues no se le notificó la apertura de este trámite constitucional a pesar de que las decisiones eventualmente podrían afectar sus intereses. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente al juez de primera instancia, a saber, el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar). Igualmente, ordenó que una vez agotado el trámite de instancias, el expediente se devolviera a la Magistrada Sustanciadora para su revisión. El Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar) profirió sentencia el 5 de agosto de 2019, sin que se la providencia fuera apelada. El expediente fue remitido directamente al despacho de la Magistrada Sustanciadora, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto del Auto del 25 de junio de 2019, emitido por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional3.

I. ANTECEDENTES Ramón Emilio Mejía Flórez, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad 1 El expediente fue seleccionado y repartido a la Magistrada Sustanciadora por la Sala de Selección Cuatro de la Corte Constitucional en sesión del 30 de abril de 2019, de acuerdo con el criterio objetivo de selección denominado “posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional” y el criterio subjetivo denominado

“urgencia de proteger un derecho fundamental”. 2 Cuaderno de Revisión, folios 142 a 148. 3 En dicho numeral se dijo “CUARTO-. Una vez cumplida la orden contenida en numeral segundo, ORDENAR a la autoridad judicial que surta la única o la segunda instancia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional al despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado para su revisión”. Expediente T-7.311.733 4 social en pensiones, al mínimo vital o “subsistencia”, a la dignidad humana, a la vida digna y a la igualdad.

A. Hechos y pretensiones

1. El tutelante indicó que nació el 21 de agosto de 1945 y, para cuando interpuso la acción, tenía 74 años de edad. Inició labores como celador en el Centro Materno Infantil de El Paso (Cesar), adscrito al Hospital San Andrés de Chiriguaná, al que

estuvo “vinculado por carrera administrativa”4 desde el 1º de diciembre de 1987 hasta el 31 de enero de 1996, periodo en el que los aportes a pensión por parte del empleador fueron administrados por CAJANAL EICE.

2. Relata que el Concejo Municipal de El Paso (Cesar), mediante Acuerdo 008 del 15 de enero de 1996, transformó el Centro Materno Infantil adscrito al Hospital San Andrés de Chiriguaná en el Hospital Hernando Quintero Blanco ESE, entidad con la que continuó su relación laboral desde el 1º de marzo de 1996 hasta la presentación de la acción de tutela.

3. Afirma que en su historia laboral expedida por COLPENSIONES cuenta con un total de “5455 días, es decir 773 semanas”5 cotizadas en los siguientes periodos de

tiempo laborado, en el Hospital Hernando Quintero Blanco ESE6:

CAJA O

TIEMPO

EMPLEADOR ADMINISTRADORA PERIODO

COTIZADO

DE PENSIONES Hospital San 1° de diciembre Andrés de CAJANAL EICE 2940 días o de 1987 al 31 de Chiriguaná (hoy UGPP) 420 semanas enero de 1996 (Cesar) 1° al 10 de junio 10 días de 1998 1° de junio de 2009 al 31 de 510 días octubre de 2010 Hospital 1° de diciembre Hernando de 2010 al 30 de 150 días Quintero Blanco abril de 2011 ESE COLPENSIONES 1° de junio de 2011 al 8 de 1668 días agosto de 2016 1° al 8 de febrero 8 días de 2016 1° al 8 de marzo 8 días de 2016 1° al 8 de abril de 8 días 2016 4 Cuaderno No. 1, folio 2. 5 Cuaderno No. 1, folio 4. 6 Cuaderno No. 1, folios 3 y 4. Expediente T-7.311.733 5

4. Refiere que la entidad oficial Hospital Hernando Quintero Blanco ESE “omitió obligación legal de realizar los aportes de las cotizaciones por pensión” a

COLPENSIONES en los siguientes periodos:

CAJA O

TIEMPO

EMPLEADOR ADMINISTRADORA PERIODO

COTIZADO DE PENSIONES Hospital 1° de febrero de Hernando 1996 al 31 de 850 días Quintero Blanco mayo de 1998 ESE 11 de junio de 1998 al 31 de 4005 días

mayo de 2009 1° al 30 de noviembre de 30 días 2010 1° al 31 de mayo 31 días de 2011 COLPENSIONES 9 al 31 de enero 23 días de 2016 9 al 29 de febrero 20 días de 2016 9 al 31 de marzo 23 días de 2016 9 de abril hasta la fecha de 189 días interposición de la tutela.

TOTAL APROXIMADO PERIODO DEJADO DE COTIZAR = 5.171 DÍAS =

738,71 SEMANAS7

5. Sostuvo que si se suman las semanas registradas en su historia laboral y las dejadas de cotizar por esa entidad, da como resultado un total de “1511,71 semanas”8, tiempo que supera ampliamente el exigido por la ley para acceder a la pensión de vejez. Igualmente, reiteró que al tener 74 años de edad, cumple ambos requisitos para acceder a la prestación social reclamada.

6. El actor señaló que el 23 de octubre de 2015 solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. La entidad, mediante Resolución GNR 416997 del 24 de diciembre de ese año, notificada el 4 de marzo de 2016, negó dicha prestación social por no cumplir con el tiempo de cotización requerido, “puesto que solo acreditaba, según su historia laboral 5208 días, es decir, 744 semanas”9.

7 Cuaderno No. 1, folio 4. 8 Cuaderno No. 1, folio 4. 9 Cuaderno No. 1, folio 5. Expediente T-7.311.733 6

7. El 17 de marzo de 2016, a través de apoderado judicial, el accionante interpuso

recurso de reposición y en subsidio apelación, con el fin de que se revocara la Resolución GNR 416997 y así obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Para el actor, los periodos de mora o no cotizados, se deben a la omisión del Hospital Hernando Quintero Blanco y COLPENSIONES, en virtud de sus obligaciones de recaudo y cobro, es quien debe perseguir al empleador para lograr el pago de los periodos faltantes.

8. COLPENSIONES, mediante las Resoluciones GNR 137135 del 10 de mayo de 2016 y VPB 36856 del 22 de septiembre de la misma anualidad, resolvió negativamente los recursos de reposición y apelación. La entidad demandada reiteró que, de acuerdo a los reportes de semanas cotizadas, el actor no cumple con el requisito de tiempo para causar el derecho a la pensión de vejez, pues según los parámetros establecidos en el Decreto 758 de 1990, no cuenta con 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para acceder a la pensión, que en el presente caso van “desde el 21 agosto de 1985 hasta el 21 de agosto de 2005”10.

Igualmente, dicha administradora de pensiones adujo que el accionante no acreditó 1.000 semanas de cotización al 31 de julio de 2010, sino únicamente 485. Aunado a lo anterior, el actor refirió que COLPENSIONES estudió el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez a la luz del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, y concluyó que el

actor tampoco cumplía los requisitos de tiempo cotizado que esta norma estableció, pues para el año 2015 era necesario que tuviera 1.300 semanas cotizadas para obtener el reconocimiento pensional y, para ese entonces, “el peticionario solo contaba con 756 semanas”11.

9. Según el accionante COLPENSIONES tiene el deber y la obligación legal de realizar los trámites administrativos y procedimientos de conformidad con su competencia, para llevar a cabo la exigencia del cálculo actuarial o “cualesquiera requisición (sic) al hospital Hernando Quintero Blanco E.S.E.”12. De hecho, destacó que en el Manual de Cobro Administrativo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Resolución 0504 de 2013) se establecen sus facultades de cobro a empleadores que no pagan puntualmente los aportes a pensiones en el Sistema

General de Seguridad Social.

10. El señor Mejía afirmó que por su edad es un sujeto de especial protección constitucional, además sufre de hipertensión, problemas de rodilla y visión, y actualmente trabaja para el Hospital Hernando Quintero Blanco, a pesar de ello, porque tiene a su cargo el mantenimiento económico de su esposa y de su nieto menor de edad. Así pues, pretende que se ordene a COLPENSIONES reconocer y pagar: (i) la pensión de vejez y (ii) el retroactivo al que haya lugar.

B. Actuaciones en sede de tutela previas a la declaratoria de nulidad

10 Cuaderno No. 1, folio 5. 11 Cuaderno No. 1, folio 6. 12 Ibídem. Expediente T-7.311.733 7 Actuación procesal Mediante auto del 1º de noviembre de 2018, el Juzgado Promiscuo de Familia de

Chiriguaná (Cesar) admitió la acción de tutela y le solicitó a la parte demandada que se pronunciara respecto de los hechos y pretensiones formuladas por el accionante13. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) El 7 de noviembre de 2018, la entidad demandada solicitó declarar improcedente la acción de tutela por considerar que el actor no agotó los mecanismos de defensa judicial de la jurisdicción ordinaria laboral, ya que de acuerdo con el numeral 4º del artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral, toda controversia suscitada en el marco del Sistema General de Seguridad Social debe ser tramitada por esta vía. Sobre el particular, la Administradora de Fondos de Pensiones afirmó que esta Corporación ha sido reiterativa en cuanto a la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de derechos laborales, pues “por su naturaleza excepcional y subsidiaria, ésta no puede remplazar las acciones ordinarias creadas por el legislador para resolver asuntos de naturaleza litigiosa”14. Al respecto, citó las Sentencias T-528 de 1998 y T-344 de 2011. Concluyó que, en este caso, no es competencia del juez constitucional realizar un análisis de fondo frente a las pretensiones del accionante, porque la acción de tutela no cumplió el requisito de subsidiariedad, y aceptar su estudio de fondo, sería “desnaturalizar la acción (…) pretendiendo que por medio de un proceso caracterizado por la inmediatez y subsidiariedad, sean reconocidos derechos que son de conocimiento del juez ordinario competente a través de los mecanismos legales establecidos para ello”15.

Trámite de selección y actuaciones en sede de revisión previas al decreto de la nulidad El expediente fue remitido a esta Corporación mediante oficio número 1086 del 15 de marzo de 201916. La Sala de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional, mediante Auto del 30 de abril de 2019, resolvió seleccionar el asunto de la referencia para revisión. El 15 de mayo de 2019, en cumplimiento de las órdenes emitidas en el auto de selección, la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente al despacho de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. 13 Cuaderno No. 1. folio 69. 14 Cuaderno No. 1, folio 81. 15 Cuaderno No. 1, folio 82. 16 Cuaderno No. 1. folio 127. Expediente T-7.311.733 8 En el Auto del 31 de mayo de 201917, la Magistrada ponente solicitó varias pruebas, con el propósito de contar con elementos de juicio adicionales para resolver el asunto. En primer lugar, le solicitó al accionante, Ramón Emilio Mejía Flórez, informar a la Corte: (i) su condición laboral actual, específicamente si aún trabaja para el Hospital Hernando Quintero Blanco ESE; (ii) su situación familiar, económica y de salud para el momento de emisión del auto y desde el momento de la presentación de la acción de tutela18; y (iii) los hechos nuevos sobre el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. En segundo lugar, ofició a COLPENSIONES para que señalara los periodos de afiliación y cotización del accionante, así como las posibles modificaciones a su

historia laboral19. Finalmente, vinculó y ofició al Hospital San Andrés de Chiriguaná20, al Hospital Hernando Quintero Blanco21, y a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP)22 para que informaran el tiempo laborado por el accionante en cada entidad y las semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. 17 Cuaderno de Revisión, folios 26 a 30. 18 Igualmente, se indagó la razón por la cual el nieto menor de edad depende económicamente del actor, las actividades económicas que realiza su familia a diario y su capacidad económica actual. 19 Las preguntas formuladas por la Magistrada sustanciadora fueron las siguientes: “a) ¿Cuál es el estado de la afiliación del señor Ramón Emilio Mejía Flórez? b) ¿En qué periodos y qué empleador lo ha afiliado? c) ¿Ha sido continua la afiliación del accionante? d) A la fecha, ¿cuántas semanas exactamente tiene cotizadas el señor Ramón Emilio Mejía Flórez a la fecha? e) ¿Qué empleadores hicieron dichos aportes? f) ¿Se ha modificado la historia laboral del señor Ramón Emilio Mejía Flórez? g) ¿Ha variado la información referente a los tiempos de cotización del señor Ramón Emilio Mejía Flórez? h) Indique si el Hospital Hernando Quintero Blanco ESE hizo cotizaciones a favor del señor Ramón Emilio Mejía Flórez durante 1996 a 2009. i) Indique al despacho ¿cuáles fueron las gestiones administrativas encaminadas al traslado de aportes de CAJANAL

EICE a COLPENSIONES?”. 20 Las preguntas formuladas por la Magistrada sustanciadora fueron las siguientes: “a) Si el señor Ramón Emilio Mejía Flórez prestó sus servicios a esa entidad, en caso afirmativo, indique ¿en qué periodo de tiempo? b) ¿A qué fondo de pensiones estuvo afiliado durante la vinculación laboral? ¿En qué periodos? c) ¿Cuántas semanas fueron cotizadas a ese fondo? En caso de que haya periodos no cotizados, explique la razón”. 21 Las preguntas formuladas por la Magistrada sustanciadora fueron las siguientes: “a) Si el señor Ramón Emilio Mejía Flórez prestó sus servicios a esa entidad, en caso afirmativo, indique ¿en qué periodo de tiempo? b) ¿A qué fondo de pensiones ha estado afiliado durante la vinculación laboral del señor Ramón Emilio Mejía Flórez? ¿en qué periodos? c) ¿Cuántas semanas le ha cotizado al señor Ramón Emilio Mejía Flórez a la fecha? En caso de que haya periodos no cotizados, explique la razón”. 22 Las preguntas formuladas por la Magistrada sustanciadora fueron las siguientes: “a) ¿Cuál es el estado de la afiliación del señor Ramón Emilio Mejía Flórez? b) ¿En qué periodos y qué empleador lo ha afiliado? c) ¿Ha sido continua la afiliación del accionante? d) A la fecha, ¿cuántas semanas exactamente tiene cotizadas el señor Ramón Emilio Mejía Flórez a la fecha? e) ¿Qué empleadores hicieron dichos aportes? f) ¿Se ha modificado la historia laboral del señor Ramón Emilio Mejía Flórez?

g) ¿Ha variado la información referente a los tiempos de cotización del señor Ramón Emilio Mejía Flórez? h) Indique si el Hospital Hernando Quintero Blanco ESE hizo cotizaciones a favor del señor Ramón Emilio Mejía Flórez durante 1996 a 2009. i) Indique al despacho ¿cuáles fueron las gestiones administrativas encaminadas al traslado de aportes de CAJANAL

EICE a COLPENSIONES?”

Expediente T-7.311.733 9 El señor Ramón Emilio Mejía Flórez, en cumplimiento de esa providencia, informó que posteriormente a la interposición de la acción de tutela y hasta la fecha de su respuesta, trabaja para el Hospital Hernando Quintero Blanco, sin variación alguna sobre el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. Sin embargo, precisó que “en la etapa inicial de la presente acción”23 COLPENSIONES ofició a su empleador para que allegara los documentos necesarios para dar trámite a la liquidación del cálculo actuarial. En lo que respecta a su situación familiar y económica, relató que actualmente presenta problemas de salud en las articulaciones, específicamente en las rodillas, junto con hipertensión arterial, problemas de visión, de colon irritable y gastritis. Además, afirmó que vive con su esposa de 61 años y su nieto de 5 años, quienes dependen económicamente de él, pues su cónyuge sufre de artritis y únicamente se dedica a las labores del hogar, mientras que la madre del menor de edad “es hija de la esposa (…), y aquella no tiene recursos para mantenerlo”24. Sumado a lo anterior, informó que tiene a su cargo el cuidado de una hermana de

“aproximadamente 80 años, desamparada”25. Finalmente, sostuvo que no tiene vivienda propia y sus gastos mensuales son “los ordinarios de un hogar, gastos de pago de servicios públicos domiciliarios, alimentación, medicinas, transporte, etc.”26 La Directora de Acciones Constitucionales de COLPENSIONES en escrito enviado el 14 de junio de 2019, solicitó ampliar el término para responder el auto de pruebas del 31 de mayo de 201927. El 25 de junio de 2019 allegó la información requerida por esta Corporación e informó que el accionante figura como cotizante activo de la entidad con afiliación continua y “fecha de ingreso desde el 1 de junio de 2009”28 a pesar de que en sus bases de datos figura una cotización previa por 1.43 semanas (10 días) para el periodo del 1° al 30 de junio de 1998, cuando no existía vínculo alguno con la administradora de pensiones. Agregó que, validado el historial de pagos del señor Mejía Flórez, al 25 de junio de 2019 registra “408,71 semanas cotizadas al Régimen de Prima Media y 425,42 semanas reportadas correspondientes a tiempos públicos, para un total de 834,13 semanas”29, sin que figure reporte alguno de semanas cotizadas entre 1996 a 2009. Así mismo, expuso que COLPENSIONES no ha gestionado el traslado de aportes con CAJANAL (hoy UGPP), “como quiera que no ha reconocido pensión alguna”30 al actor y que, en el evento de que esta se reconozca, se le solicitará a la UGPP la

23 Cuaderno de Revisión, folio 64. 24 Ibídem. 25 Ibídem. 26 Ibídem. 27 Cuaderno de Revisión, folio 72. 28 Cuaderno de Revisión, folio 100. 29 Cuaderno de Revisión, folio 101. 30 Cuaderno de Revisión, folio 102. Expediente T-7.311.733 10 respectiva cuota parte. No obstante, mencionó que “mediante oficio anexo de fecha 26 de octubre de 2015 solicitó la confirmación de los tiempos públicos 01/12/1987 hasta 31/06/1996 a CAJANAL EICE, ante el Hospital San Andrés, bajo el No. de Guía GN0357010537293”31, periodos de tiempo que el anterior empleador del señor Mejía Flórez confirmó. Por último, esta administradora de pensiones manifestó que, al tener en cuenta la información allegada con la acción de tutela y evidenciarse que el actor no registra afiliación ni aportes entre el 1° de marzo de 1996 al 31 de mayo de 1998 y del 1° de julio de 1998 al 31 de mayo de 2009 por parte del Hospital Hernando Quintero Blanco, COLPENSIONES requirió al Hospital para que enviara los documentos necesarios para proceder con el estudio y/o elaboración del cálculo actuarial por omisión, mediante el Oficio GA87022382803 del 19 de noviembre de 201832. COLPENSIONES indicó que el Hospital Hernando Quintero Blanco dio respuesta a dicho requerimiento, tal como consta en el radicado No. 2019_6501430 del 17 de

mayo de 2019, en el cual este último solicitó “se realice el estudio y/o calculo (sic) actuarial por omisión de pago de los aportes del empleador RAMÓN EMILIO MEJÍA FLÓREZ (…) durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1996 a 31 de mayo de 1998 y del 1 de julio de 1998 a 31 de mayo de 2019”33. La Gerente del Hospital Hernando Quintero Blanco, por su parte, precisó que34: (i) el señor Ramón Emilio Mejía Flórez se desempeña como celador en la institución desde el 1° de marzo de 1996 hasta la fecha de respuesta; (ii) su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en pensiones ha sido variada, pues en un primer momento estuvo afiliado a CAJANAL, desde el 1° de marzo de 1996 hasta junio de 2009, luego “al SEGURO SOCIAL”, desde abril de 2012 hasta junio de 2016 “cuando el señor solicitó que se suspendiera su pago a pensión porque había cumplido con el número de semanas necesaria (sic) para su pensión”35; y (iii) COLPENSIONES mediante oficio 2018-14116277 le informó a la entidad que existían unos periodos sin cotizar desde el 2 de marzo de 1996 hasta el 31 de mayo de 1998 y del 1° de julio de 1998 al 31 de mayo de 2009, razón por la que el Hospital le solicitó a esa administradora el cálculo actuarial por dichos periodos. La UGPP en su respuesta solicitó la nulidad de todo lo actuado en primera y segunda instancia, con fundamento en el artículo 133 numeral 8º del Código General

del Proceso, que establece como causal, la indebida notificación del auto admisorio de la demanda que, en este caso, se profirió el 1° de noviembre de 2018 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar). Para la entidad, la falta de vinculación previa al proceso trae como consecuencia la imposibilidad de ejercer sus derechos a la defensa y contradicción, garantías propias del debido proceso judicial. 31 Ibídem. 32 Ibídem. 33 Cuaderno de Revisión, folio 102. En el expediente, reposa copia de dicha respuesta en el Cuaderno de Revisión, folio 113. 34 El Hospital Hernando Quintero Blanco remitió su respuesta mediante escrito presentado el 28 de junio de 2019, tal como consta a folios 131 a 141 del Cuaderno de Revisión. 35 Cuaderno de Revisión, folio 132. Expediente T-7.311.733 11 Por ende, con el fin de probar la necesidad de su vinculación en el proceso, allegó información relevante para el caso objeto de estudio. Informó que, verificadas sus bases internas de datos, el señor Ramón Emilio Mejía Flórez cuenta con “aproximadamente 540 semanas”36 cotizadas, que corresponden a aportes “realizados a CAJANAL por parte del HOSPITAL HERNANDO QUINTERO BLANCO”37, del año 1997 al 2009. Declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda La Sala Sexta de Revisión, por medio del Auto 336 de 201938, accedió a la solicitud de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y declaró la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de tutela de la referencia, a partir del auto admisorio del 1° de noviembre de 2018, proferido por Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar). Al margen de lo anterior, determinó que las pruebas allegadas en el curso del proceso de tutela no perderían su valor probatorio y que, una vez surtidas las instancias correspondientes, el expediente debería regresar al despacho de la Magistrada Sustanciadora. Adecuación del trámite constitucional de instancia tras la emisión del Auto 336 de 2019 En cumplimiento de la orden dada por este Tribunal, el 22 de julio de 2019, el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná admitió nuevamente la acción de tutela39, corrió traslado al accionante, a su apoderado y a COLPENSIONES y vinculó a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), al Hospital San Andrés de Chiriguaná y al Hospital Hernando Quintero Blanco de El Paso (Cesar). Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) Mediante Auto del 12 de julio de 2019, la Sala remitió al Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná un escrito adicional a la respuesta dada por COLPENSIONES el 25 de junio de 2019, en el que la entidad agregó nuevos argumentos de defensa40. En dicho escrito, el Gerente Asignado de Defensa Judicial de COLPENSIONES

reiteró los argumentos esgrimidos en la respuesta dada el 7 de noviembre de 2018, y adicionó que COLPENSIONES no tiene la obligación de cobrar los aportes a pensiones cuando el empleador omite la afiliación de sus empleados, de acuerdo con lo decidido por esta Corporación en la Sentencia T-079 de 201641. 36 Cuaderno de Revisión, folio 45. 37 Cuaderno de Revisión, folio 45. 38 Cuaderno de Revisión, folios 142 a 148. 39 Cuaderno No. 1, folio 128. 40 Cuaderno No. 1, folios 130 y 131. 41 Sentencia T-079 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Expediente T-7.311.733 12 COLPENSIONES concluyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, pues oportunamente