CCE - Concepto C-1469 de 2026

ANCP - Colombia Compra Eficiente

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Detalles

Título
CCE - Concepto C-1469 de 2026
Autor
ANCP - Colombia Compra Eficiente
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CAPACIDAD RESIDUAL – Definición – Factores – Contratos de obra

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Capacidad Residual es la aptitud de los oferentes para cumplir de manera oportuna y a cabalidad el objeto de un contrato de obra pública, sin que los demás compromisos contractuales que han adquirido afecten su habilidad de cumplir el objeto del contrato que está en proceso de selección . Por su parte, el Consejo de Estado ha definido la Capacidad Residual como “la diferencia que existe entre el potencial de contratación que se tiene y los compromisos que haya adquirido y que se encuentren en ejecución, para la fecha de presentación de la oferta” .

De esta manera, la Capacidad Residual se refiere a la suficiencia que tiene el proponente para asumir nuevas obligaciones que se derivan del contrato objeto del Proceso de Contratación, en relación con las obligaciones que ya adquirió frente a otros contratos. Por su parte, el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la Capacidad Residual de los interesados en participar en procesos de selección para contratos de obra deberá ser igual o superior al que la entidad ha establecido en los pliegos de condiciones, en los siguientes términos: […]

CAPACIDAD RESIDUAL – Saldos de Contratos en Ejecución – SCE – Documentos Tipo – Cálculo

De este modo, para acreditar el factor saldos de los contratos en ejecución “SCE”, como lo establece la Guía, el proponente debe presentar la lista de contratos de obras civiles en ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, señalando: i) el valor del contrato; ii) el plazo de ejecución del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato (día, mes, año); iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión, además del saldo pendiente por ejecutar. Si el proponente no tiene contratos en ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

En concordancia con lo anterior, sobre la acreditación del factor “SCE” en los Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública para Infraestructura de Transporte, el literal E del numeral 3.11.2 “CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)” del Documento Base señala lo siguiente: […]

SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN – SCE – Alcance – Deber de reporte – Tipos de contratos

Son indicativos de una posibilidad de construcción aún no obligatoria:

  • Que el contrato prevea varias soluciones técnicas alternativas y admita cumplir el objeto sin ejecutar obra civil, de modo que el contratista podría satisfacer íntegramente su prestación mediante adquisición de equipos, suministro de insumos, arrendamiento de instalaciones existentes o contratación de servicios. - Que la selección de la alternativa dependa de un estudio de factibilidad cuyo resultado no está predeterminado. - Que la solución seleccionada quede sujeta a revisión y aprobación contractualmente previstas, sin las cuales no es exigible ejecutarla.

[…]

[…]

La sola inclusión de la construcción entre las alternativas posibles no genera, por sí misma, el deber de reportar el contrato desde su perfeccionamiento. Enumerar alternativas de cumplimiento es describir el campo de soluciones admisibles, no imponer una de ellas.

El deber de reporte depende del contenido obligacional y sigue esta regla temporal:

  • Si el contrato, desde su perfeccionamiento, obliga a construir, porque el objeto no puede cumplirse sin obra civil, o porque la obra es prestación debida aunque sus diseños se elaboren luego, el deber de inclusión existe desde entonces y se mantiene mientras el vínculo esté vigente a la fecha de presentación de la oferta. - Si el contrato admite cumplirse sin obra civil y la construcción es una de varias alternativas sujetas a selección, el deber de inclusión surge cuando se selecciona y aprueba, conforme a las reglas contractuales, una solución que comprende obra civil. A partir de ese momento el contrato obliga a ejecutar obras civiles y, si la oferta se presenta después, es reportable.

Los elementos que permiten establecer en cuál de los dos supuestos se está son: el objeto y las obligaciones del contratista tal como quedaron pactados; la existencia o no de alternativas contractualmente admisibles que excluyan la obra; la condición a la que está sometida la ejecución de la construcción; y la exigibilidad actual de esa prestación a la fecha de presentación de la oferta. Debe subrayarse que el momento relevante es únicamente la fecha de presentación de la oferta.

Bogotá D.C., 27 Octubre 2026

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Señor

Jorge Escobar Buelvas

Montería, Córdoba

Bogotá D.C., 27 Octubre 2026

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Señor

Jorge Escobar Buelvas

Montería, Córdoba

| | | | --- | --- | | | Concepto C – 1469 de 2026 | | Temas: | CAPACIDAD RESIDUAL – Definición – Factores – Contratos de obra / CAPACIDAD RESIDUAL – Saldos de Contratos en Ejecución – SCE – Documentos Tipo – Cálculo / SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN – SCE – Alcance – Deber de reporte – Tipos de contratos | | Radicación: | Respuesta a consulta con radicado No. 1\_2026\_09\_16\_012409 |

Estimado señor Escobar Buelvas:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en la Resolución No. 469 del 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta de fecha 16 de septiembre de 2026, en la cual manifiesta lo siguiente:

“3.1. Criterio para determinar el deber de reporte

¿Qué criterios jurídicos permiten distinguir, para efectos del SCE, entre una obligación de obra civil determinable desde el perfeccionamiento del contrato y una posibilidad de construcción cuya selección depende de una factibilidad posterior, cuando también existen alternativas contractualmente admisibles sin obra?

3.2. Momento en que surge el deber de inclusión

En el supuesto descrito, ¿la sola inclusión de la construcción entre las alternativas posibles genera el deber de reportar el contrato en el Formato 5C desde su perfeccionamiento?

3.2. Momento en que surge el deber de inclusión

En el supuesto descrito, ¿la sola inclusión de la construcción entre las alternativas posibles genera el deber de reportar el contrato en el Formato 5C desde su perfeccionamiento?

Si la respuesta depende del contenido obligacional, ¿qué elementos permiten establecer si ese deber existe desde la firma o surge cuando se selecciona y aprueba una solución que comprende obra civil?

3.3. Alcance de la aprobación posterior

¿Qué relevancia tiene que la factibilidad, el plan de inversiones y el plan de compras estén sujetos a aprobación para distinguir entre la concreción de una obligación de obra ya adquirida y la selección posterior de una alternativa que puede comprender o excluir obra civil?

Se solicita precisar esta diferencia sin equiparar automáticamente la falta de aprobación con inexistencia de obligaciones contractuales.

3.4. Diferencia frente a contratos suspendidos o sin acta de inicio

¿Cómo debe diferenciarse el supuesto consultado de los contratos de obra suspendidos o sin acta de inicio que deben incluirse en el SCE?

En particular, ¿la regla que incluye contratos suspendidos o sin inicio presupone haber establecido previamente que el vínculo contractual obliga a ejecutar obras civiles?

3.5. Elementos suficientes para la clasificación

¿Las menciones a construcción, plantas, edificaciones, diseños o licencias dentro de actividades potenciales o rubros presupuestales son suficientes, por sí solas, para concluir que existe un contrato reportable en el SCE?

¿O deben interpretarse conjuntamente con las cláusulas que regulan las alternativas de cumplimiento, la factibilidad y la selección de las inversiones?

3.6. Contratos que combinan prestaciones

Cuando un contrato comprende servicios de estructuración, suministros y eventualmente obras civiles, ¿cuál es el criterio para determinar su inclusión en el SCE?

3.6. Contratos que combinan prestaciones

Cuando un contrato comprende servicios de estructuración, suministros y eventualmente obras civiles, ¿cuál es el criterio para determinar su inclusión en el SCE?

Si resulta reportable, ¿debe aplicarse la metodología sobre el valor total del contrato o sobre un componente de obra identificado? Solicito precisar el fundamento normativo y el tratamiento aplicable cuando ese componente todavía no ha sido definido o cuantificado, sin presumir que siempre sea jurídicamente posible separar valores.

3.7. Soporte de la decisión de la entidad evaluadora

¿Qué elementos debe verificar y explicar una entidad antes de concluir que un contrato con alternativas de ejecución debió reportarse como compromiso de obra civil?

¿Qué valor pueden tener, para esa verificación, las certificaciones de la entidad contratante y de la interventoría sobre el estado de la estructuración, las alternativas aprobadas y las obligaciones de construcción existentes a la fecha de presentación de la oferta?

3.8. Aplicación de la causal de rechazo

Para aplicar el literal X del numeral 1.15 del Documento Tipo, ¿debe establecerse previamente que el contrato no informado pertenece al universo de contratos de obras civiles reportables conforme al numeral 3.11?

¿Cómo debe diferenciarse esa determinación previa de la comprobación posterior de que la omisión modifica el cálculo, aun cuando el proponente conserve capacidad residual suficiente?

Esta pregunta no pretende sostener que superar el mínimo exigido dispense del deber de informar contratos reportables.

3.9. Alcance de los conceptos C-836 y C-1101 de 2026

¿Cómo se articulan los criterios de esos conceptos sobre objeto material, obligación de ejecutar obras civiles y omisión de contratos con el supuesto de alternativas técnicas aquí planteado?

Solicito precisar si permiten equiparar la mera posibilidad contractual de construir con una obligación de obra reportable, o qué análisis adicional exige esa conclusión”.

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compras públicas. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme a lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico sobre documentos tipo: ¿cuál es el alcance respecto al reporte de Saldos de Contratos en Ejecución (SCE) en los documentos tipo de infraestructura de transporte?

1. Respuesta:

| Para acreditar el factor saldos de los contratos en ejecución “SCE”, como lo establece la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública”, el proponente debe presentar la lista de contratos de obras civiles en ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, señalando: i) el valor del contrato; ii) el plazo de ejecución del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato (día, mes, año); iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión, además del saldo pendiente por ejecutar. Si el proponente no tiene contratos en ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. Ahora bien, teniendo en cuenta sus consultas, conviene señalar lo siguiente: i. Criterio para determinar el deber de reporte. La definición de Contrato en Ejecución contiene dos (2) elementos que deben concurrir, y el deber de reporte no nace si falta alguno: 1. Que el vínculo esté vigente a la fecha de presentación de la oferta, sin estar en etapa de liquidación ni liquidado, y que el contrato exista en algún momento anterior o posterior a esa fecha. 2. Que el contrato obligue al proponente a ejecutar obras civiles y que el contrato permita, faculte o contemple la construcción entre varias alternativas. ii. Momento en que surge el deber de inclusión. La sola inclusión de la construcción entre las alternativas posibles no genera, por sí misma, el deber de reportar el contrato desde su perfeccionamiento. Enumerar alternativas de cumplimiento es describir el campo de soluciones admisibles, no imponer una de ellas. El deber de reporte depende del contenido obligacional y sigue esta regla temporal: - Si el contrato, desde su

por sí misma, el deber de reportar el contrato desde su perfeccionamiento. Enumerar alternativas de cumplimiento es describir el campo de soluciones admisibles, no imponer una de ellas. El deber de reporte depende del contenido obligacional y sigue esta regla temporal: - Si el contrato, desde su perfeccionamiento, obliga a construir, porque el objeto no puede cumplirse sin obra civil, o porque la obra es prestación debida aunque sus diseños se elaboren luego, el deber de inclusión existe desde entonces y se mantiene mientras el vínculo esté vigente a la fecha de presentación de la oferta. - Si el contrato admite cumplirse sin obra civil y la construcción es una de varias alternativas sujetas a selección, el deber de inclusión surge cuando se selecciona y aprueba, conforme a las reglas contractuales, una solución que comprende obra civil. A partir de ese momento el contrato obliga a ejecutar obras civiles y, si la oferta se presenta después, es reportable. iii. Alcance de la aprobación posterior. La sujeción de la factibilidad, el plan de inversiones y el plan de compras a aprobación no equivale a inexistencia de obligaciones contractuales, y así debe precisarse. Desde el perfeccionamiento el contratista está obligado a elaborar los estudios, a proponer la solución, a someterla a revisión, a ejecutar lo que se apruebe. Lo que la aprobación pendiente determina no es si hay obligaciones, sino cuál es su contenido en materia de obra civil. La distinción pertinente es entre dos funciones que puede cumplir una aprobación posterior: 1. Aprobación que concreta una obligación de obra ya adquirida. El contrato ya obliga a construir y la aprobación

recae sobre el cómo: diseños, cantidades, especificaciones, cronograma. Aquí la obligación de obra preexiste a la aprobación y el contrato es reportable desde el perfeccionamiento. Es el mismo supuesto del contrato de obra cuyos diseños de detalle se elaboran durante la ejecución, que su consulta distingue correctamente. 2. Aprobación que selecciona entre alternativas que pueden comprender o excluir obra. El contrato no obliga aún a construir, y la aprobación decide si la obra se incorpora o no al contenido obligacional. Aquí la obligación de obra no preexiste: nace, si nace, con la aprobación. iv. Diferencia frente a contratos suspendidos o sin acta de inicio. Sí la regla que incluye contratos suspendidos o sin acta de inicio presupone haber establecido previamente que el vínculo obliga a ejecutar obras civiles. No es una regla de calificación, sino de no exclusión. La estructura de la definición lo muestra. Primero fija el supuesto de hecho, es decir contratos que obligan a ejecutar obras civiles y solo después aclara que dentro de ese universo se incluyen los suspendidos y los que no tienen acta de inicio. La mención cumple la función de impedir que circunstancias de la ejecución material saquen del cómputo a un contrato que sí obliga a construir. La Guía es expresa al explicar por qué el acta de inicio es irrelevante en este caso, en su numeral 9.5 que determina: ¿Cómo calcular el Saldo de Contratos en Ejecución? El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador

Público o auditor independiente, para lo cual se sugiere el formato establecido en el Anexo 3 de la presente Guía. (...) Teniendo en cuenta que los contratos en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente, se aclara que deben tenerse en cuenta los contratos sin acta de inicio, pues el criterio determinante para establecer si un contrato se encuentra en ejecución no lo determina el acta de inicio, sino que el mismo obligue al proponente. v. Elementos suficientes para la clasificación. Las menciones a construcción, plantas, edificaciones, diseños o licencias dentro de actividades potenciales o rubros presupuestales no son suficientes, por sí solas, para concluir que existe un contrato reportable en el SCE. Deben interpretarse conjuntamente con las cláusulas que regulan las alternativas de cumplimiento, la factibilidad y la selección de las inversiones. La razón es que esas menciones pueden cumplir funciones distintas de la de imponer una obligación: - Un rubro presupuestal puede ser una previsión de disponibilidad para el caso en que la alternativa se seleccione, no la orden de ejecutarla. Su existencia prueba que la construcción es financiable, no que sea debida. - Una actividad potencial enumerada en un anexo describe el menú de soluciones admisibles. - Una mención a diseños o licencias puede corresponder a la fase de estructuración –identificar qué permisos requeriría cada alternativa– y no a una obligación de construir. vi. Contratos que combinan prestaciones. El criterio de inclusión es el mismo: si el contrato, a la fecha de presentación de la oferta, obliga a ejecutar obras civiles, aunque junto a servicios y suministros, es reportable; si no obliga a ello, no lo es. La combinación de prestaciones no crea un régimen intermedio. Sobre la base de cálculo, la metodología opera sobre el valor total del contrato y su plazo total, no sobre un componente de obra desagregado, de conformidad a lo

es reportable; si no obliga a ello, no lo es. La combinación de prestaciones no crea un régimen intermedio. Sobre la base de cálculo, la metodología opera sobre el valor total del contrato y su plazo total, no sobre un componente de obra desagregado, de conformidad a lo dispuesto en la Guía que lo establece en su numeral 9.5. Las variables son, entonces, valor del contrato, plazo, fecha de inicio, días por ejecutar –con tope de 360– y porcentaje de participación. Lo confirma el propio aplicativo de la ANCP–CCE, en el formulario de contratos vigentes que debe capturar únicamente Valor (COP), Fecha de inicio, Plazo (meses), Oferente plural, Participación (%), si está suspendido y Fecha de suspensión. No existe campo para un componente de obra ni para un valor parcial, y el saldo diario se obtiene dividiendo el valor registrado entre el plazo registrado. La Certificación del Anexo 3 de la Guía sigue la misma estructura: columna (K) “Valor del contrato (incluir adicionales)”, no valor del componente. vii. Soporte de la decisión de la entidad evaluadora. Antes de concluir que un contrato con alternativas de ejecución debía reportarse como compromiso de obra civil, la entidad debe verificar y dejar expuesto en el informe de evaluación: 1. Que el vínculo estaba vigente a la fecha de presentación de la oferta y no se encontraba en etapa de liquidación ni liquidado. 2. Cuál es la cláusula, obligación o estipulación concreta de la que surge el deber de ejecutar obras civiles, identificada de forma específica y no por remisión genérica al contrato o a sus anexos. 3. Que el contrato no admitía, conforme a su propio texto, cumplirse mediante una alternativa sin obra civil; o, si la admitía, que la alternativa con obra ya había sido seleccionada y aprobada antes de la fecha de presentación de la oferta. 4. Por qué las menciones a construcción, plantas, diseños,

Que el contrato no admitía, conforme a su propio texto, cumplirse mediante una alternativa sin obra civil; o, si la admitía, que la alternativa con obra ya había sido seleccionada y aprobada antes de la fecha de presentación de la oferta. 4. Por qué las menciones a construcción, plantas, diseños, licencias o rubros en que se apoya constituyen obligación y no previsión de una alternativa posible. 5. El valor y el plazo del contrato y, con ellos, el efecto cuantitativo de la omisión sobre el SCE y sobre la capacidad residual del proponente. viii. Aplicación de la causal de rechazo. Para aplicar la causal del numeral 1.15 del Documento Base referida a la omisión de contratos en el Formato 5C, debe establecerse previamente que el contrato no informado pertenece al universo de contratos de obras civiles reportables conforme al numeral 3.11. La causal sanciona la omisión de un contrato reportable; si el contrato no lo era, no hay omisión que sancionar. La precisión que usted formula de superar el mínimo de capacidad residual exigido no dispensa del deber de informar los contratos reportables. El Formato 5C es una declaración cuya integridad se exige con independencia del resultado del cálculo, porque de ella depende que la entidad pueda verificar el requisito habilitante. Conservar capacidad residual suficiente después de incorporar el contrato omitido no convierte la omisión en irrelevante. En consecuencia, el alcance preciso de la causal, su literal y sus condiciones de aplicación son los del Documento Base vigente para el respectivo proceso, cuya aplicación corresponde a la entidad contratante. ix. Articulación con los conceptos C-836 y C-1101 de 2026. Los criterios de los conceptos C-836 y C-1101 de 2026 sobre objeto material, obligación de ejecutar obras civiles y omisión de contratos se articulan con el supuesto consultado del siguiente modo: El criterio del objeto material significa que la calificación de un contrato para efectos del

2026. Los criterios de los conceptos C-836 y C-1101 de 2026 sobre objeto material, obligación de ejecutar obras civiles y omisión de contratos se articulan con el supuesto consultado del siguiente modo: El criterio del objeto material significa que la calificación de un contrato para efectos del SCE no depende de su denominación ni de la tipología que le haya asignado la entidad contratante, sino de las prestaciones realmente pactadas. Ese criterio opera en ambas direcciones, en atención a que impide que un contrato que materialmente obliga a construir se excluya del reporte por llamarse de otro modo, e impide igualmente que un contrato que materialmente no obliga a construir se incluya por contener vocabulario de obra. Aplicado al supuesto de alternativas técnicas, obliga a examinar si el contratista está constreñido a ejecutar obra civil, no si el contrato habla de ella. Lo que esos conceptos exigen acreditar es una obligación, con el contenido que el derecho de las obligaciones atribuye a ese término: una prestación debida y exigible, no una facultad ni una previsión eventual. En conclusión, corresponde al oferente aportar la documentación de correcta manera, y a la entidad contratante, en cada procedimiento, calificar si un contrato determinado obliga a ejecutar obras civiles a la fecha de presentación de la oferta y, en consecuencia, si debe reportarse en el Formato 5C. Al tratarse de un análisis que depende del contenido obligacional de cada contrato, esta Agencia no puede definir por vía consultiva un criterio universal y absoluto, sino brindar elementos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Las afirmaciones aquí realizadas no pueden interpretarse como juicios de valor sobre circunstancias concretas. La solución de situaciones particulares corresponde a los interesados, previo concepto de sus asesores, y en caso de conflicto a las autoridades judiciales, fiscales

con el principio de juridicidad. Las afirmaciones aquí realizadas no pueden interpretarse como juicios de valor sobre circunstancias concretas. La solución de situaciones particulares corresponde a los interesados, previo concepto de sus asesores, y en caso de conflicto a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias. |

1. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Capacidad Residual es la aptitud de los oferentes para cumplir de manera oportuna y a cabalidad el objeto de un contrato de obra pública, sin que los demás compromisos contractuales que han adquirido afecten su habilidad de cumplir el objeto del contrato que está en proceso de selección[[1]](#footnote-1). Por su parte, el Consejo de Estado ha definido la Capacidad Residual como “la diferencia que existe entre el potencial de contratación que se tiene y los compromisos que haya adquirido y que se encuentren en ejecución, para la fecha de presentación de la oferta”[[2]](#footnote-2).

De esta manera, la Capacidad Residual se refiere a la suficiencia que tiene el proponente para asumir nuevas obligaciones que se derivan del contrato objeto del Proceso de Contratación, en relación con las obligaciones que ya adquirió frente a otros contratos. Por su parte, el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la Capacidad Residual de los interesados en participar en procesos de selección para contratos de obra deberá ser igual o superior al que la entidad ha establecido en los pliegos de condiciones, en los siguientes términos:

“Parágrafo 1°. Para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra y demás que señale el reglamento, la capacidad residual del proponente o K de contratación deberá ser igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá dar lugar a que los valores que sean cancelados al contratista se consideren para establecer el real K de contratación, en cada oportunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013, la “capacidad residual de contratación cuando se realicen contratos de obra pública se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en ejecución”. La “capacidad de contratación”, según se desprende de la misma disposición, “[…] se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO)”.

Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 dispone que las Entidades Estatales deberán calcular la Capacidad Residual conforme a la metodología definida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Para tales fines, resulta necesario tener en cuenta los factores de: i) Experiencia –E–, ii) Capacidad Financiera –CF–, iii) Capacidad Técnica –CT–, iv) Capacidad de Organización y v) los Saldos de los Contratos en Ejecución –SCE–.

De igual manera, establece que el interesado en celebrar contratos de obra pública acreditará su Capacidad Residual con los siguientes documentos: i) la lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas; ii) la lista de contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas; y finalmente iii) el balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años[[3]](#footnote-3).

De conformidad con lo expuesto, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente expidió la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública”. Este documento establece, entre otras cuestiones, que a la entidad contratante le corresponde, primero, establecer la Capacidad Residual del Proceso de Contratación “CRPC” y, segundo, determinar si los proponentes cumplen con la Capacidad Residual del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta la información mencionada en el párrafo precedente.

En relación con el primer aspecto, sobre la determinación de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación “CRPC”, debe determinarse si el plazo del contrato es superior a doce (12) meses. Si no lo es, la CRPC equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar. Si lo es, equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado.

En cuanto al segundo aspecto, sobre la validación de que cada proponente cumpla con la CRPC,

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