CCE - Concepto C-1526 de 2026

DECRETO 287 DE 2026 ‒ Antecedentes normativos ‒ Decreto 392 de 2018

En cumplimiento parcial de los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, se expidió el Decreto 392 de 2018. Sin embargo, como se reconoce en los considerandos del Decreto 0287 de 2026, dicha regulación presentó omisiones estructurales que frustraron la finalidad de la ley estatutaria, pues solo contempló el 1% de puntaje para empleadores de PcD, sin incluir a las empresas de PcD, redujo el "sistema de preferencias" a un único criterio de desempate y no previó medidas en planeación, criterios habilitantes diferenciales, condiciones especiales de ejecución ni abordó la contratación directa como escenario de inclusión. En consecuencia, desde el punto de vista sustantivo, el Decreto 392 de 2018 reglamentó el numeral 1 de manera parcial y el numeral 7, dejando sin reglamentación material el numeral 8, que era precisamente el que ordenaba el sistema de preferencias en favor de las propias PcD como contratistas.

Lo anterior fue ratificado por el Consejo de Estado que mediante una acción de cumplimiento, declaró el incumplimiento del deber de reglamentar integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y ordenó al Gobierno Nacional expedir la regulación necesaria para hacer efectivo el sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad, sus emprendimientos y empresas que las contratan. La Sala calificó la obligación como imperativa, expresa e inobjetable, señalando que el Gobierno Nacional no contaba con margen de discrecionalidad para decidir si reglamentaba o no el sistema de preferencias.

DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Sistema Integral de Preferencias ‒ Contratación pública inclusiva ‒ Personas con discapacidad

En cumplimiento de esa decisión fue expedido el Decreto 0287 de 2026, el cual establece un Sistema Integral de Preferencias compuesto por cinco medidas afirmativas que actúan en todas las fases del proceso contractual, planeación, selección, adjudicación y ejecución, y que benefician a dos sujetos diferenciados: los emprendimientos y empresas de PcD y los empleadores de PcD. Mediante la expedición del mencionado decreto, en aplicación directa de la Constitución Política y para que exista una igualdad material para las personas con discapacidad, se pretende subsanar la falta de acciones afirmativas del Decreto 392 de 2018, modificando los artículos 2.2.1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015.

DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Puntaje adicional del 2% ‒ Documentos ‒ Acreditación

Para efectos de la acreditación de la situación señalada en el numeral 2 del artículo 2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 287 de 2026 referente al empleador de PcD, el proponente deberá presentar: i) la certificación suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista, o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su planta de personal que deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad. Dicho documento además debe relacionar los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. Y ii) el certificado que para el efecto expide el Ministerio del Trabajo, cuya vigencia deberá ser verificada por la entidad estatal, conforme a la normativa aplicable

Bogotá D.C., 03 noviembre 2026

[image]Señor

Camilo Alexander Tobar Rosero

camtobar00@gmail.com

San Juan de Pasto, Nariño

Bogotá D.C., 03 noviembre 2026

[image]Señor

Camilo Alexander Tobar Rosero

camtobar00@gmail.com

San Juan de Pasto, Nariño

| | | | --- | --- | | | Concepto C-1526 de 2026 | | Temas: | DECRETO 287 DE 2026 ‒ Antecedentes normativos ‒ Decreto 392 de 2018 / DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Sistema Integral de Preferencias ‒ Contratación pública inclusiva ‒ Personas con discapacidad / DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Puntaje adicional del 2% ‒ Documentos ‒ Acreditación | | Radicación: | Respuesta a consulta con radicado No. 1\_2026\_09\_28\_013013 |

Estimado Señor Tobar:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta de fecha del 28 de septiembre de 2026, en la que realiza la siguiente consulta:

“[…] Cuando dos o más integrantes de un concurso o unión temporal comparten exactamente el mayor porcentaje de participación dentro del proponente plural, ¿Puede tenerse en cuenta la planta de personal de cualquiera de los integrantes que ostentan dicho porcentaje máximo, para efectos de la aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, siempre que la acreditación y evaluación se realice exclusivamente respecto de uno de ellos?” [sic] [Negrillas propias]

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con los problemas jurídicos de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, le informamos que la misma será atendida desde el siguiente interrogante:

¿Cómo debe aplicarse la regla prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, respecto de la acreditación de la planta de personal de los proponentes plurales, cuando dos o más de sus integrantes tienen el mismo porcentaje máximo de participación?

2. Respuesta:

| El artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, establece que, tratándose de proponentes plurales, para efectos de la asignación del puntaje adicional por la vinculación laboral de personas con discapacidad, se tendrá en cuenta únicamente la planta de personal del integrante con mayor participación porcentual. En consecuencia, la disposición establece un criterio objetivo para determinar cuál de los integrantes del consorcio o unión temporal debe acreditar las condiciones de vinculación laboral exigidas, sin que resulte procedente sumar o acumular las plantas de personal de los diferentes miembros del proponente plural para efectos de obtener dicho puntaje. Ahora bien, la disposición citada no regula expresamente el supuesto en el cual dos o más integrantes del proponente plural tengan idéntico porcentaje máximo de participación. No obstante, a partir de una interpretación sistemática y finalista de la norma, es posible considerar que cualquiera de los integrantes que comparta dicho porcentaje máximo pueda acreditar las condiciones exigidas para acceder al puntaje adicional, siempre que la verificación se efectúe exclusivamente respecto de la planta de personal de uno de ellos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la disposición es identificar al integrante con mayor participación porcentual para verificar el cumplimiento de las condiciones de vinculación laboral de personas con discapacidad, sin permitir la acumulación de las plantas de personal de los diferentes integrantes del proponente plural. En ese sentido, cuando dos o más integrantes ostenten el mismo porcentaje máximo de participación, la acreditación podrá efectuarse respecto de uno de ellos,

sin que resulte procedente sumar, combinar o acumular los trabajadores vinculados por los distintos miembros para alcanzar el número mínimo de personas con discapacidad exigido por la regulación. En todo caso, la aplicación de este criterio deberá observar las condiciones y los medios de acreditación establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, así como los principios que orientan los procedimientos de selección de contratistas. Finalmente, debe advertirse que el análisis requerido para resolver problemas específicos en torno a la gestión contractual de las Entidades Estatales, debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta manera, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados de adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias. |

3. Razones de la respuesta

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

1. El fundamento del Sistema de Preferencias para Personas con Discapacidad (PcD) en la contratación pública es el principio de igualdad real y efectiva consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991[[1]](#footnote-1), que impone al Estado el deber positivo de adoptar acciones afirmativas en favor de grupos históricamente excluidos. La Corte Constitucional ha sostenido que tales medidas buscan contrarrestar los efectos de la discriminación y que el Estado puede establecer tratamientos diferenciales a favor de estos grupos en aras de lograr una igualdad real y efectiva. Los artículos 47 y 54 de la Carta Política refuerzan este mandato al ordenar políticas de integración social y ubicación laboral para las PcD[[2]](#footnote-2).

En el plano internacional, Colombia es Estado Parte de instrumentos que conforman el Bloque de Constitucionalidad en virtud del artículo 93 superior. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU[[3]](#footnote-3) reconoce el derecho de las PcD a trabajar en igualdad de condiciones y exige programas de acción afirmativa. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación[[4]](#footnote-4) ordena eliminar progresivamente la discriminación en la prestación de servicios, incluido el empleo. El Convenio 159 de la OIT[[5]](#footnote-5) exige medidas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades de todas las categorías de PcD en materia de empleo.

La Ley 361 de 1997 estableció los primeros mecanismos de integración social de las PcD. Su artículo 24 introdujo una preferencia en igualdad de condiciones en licitaciones y adjudicaciones de contratos para los empleadores que tuvieran al menos el 10% de su nómina compuesta por PcD[[6]](#footnote-6). Esta norma vinculó por primera vez la contratación pública con la inclusión laboral de las PcD, pero su alcance era limitado: una preferencia residual aplicable solo en caso de empate, que beneficiaba únicamente a los empleadores de PcD sin considerar a las propias PcD como proponentes directos.

La Ley Estatutaria 1618 de 2013 representó un salto cualitativo en el marco jurídico de protección de las PcD, al definir a estas como "aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás"[[7]](#footnote-7). Su artículo 13, en los numerales 1, 7 y 8, ordenó al Gobierno Nacional reglamentar: una puntuación adicional en licitación pública, concurso de méritos y contratación directa para empresas que vinculen PcD y para empresas de PcD; un sistema de preferencias para empleadores de PcD en la adjudicación; y un sistema de preferencias en favor de las propias PcD como contratistas[[8]](#footnote-8). Este último mandato fue especialmente significativo porque introdujo el concepto de "sistema de preferencias", que por definición no puede reducirse a una sola medida sino que implica un conjunto estructurado de instrumentos que actúen en las distintas fases del proceso contractual.

En cumplimiento parcial de los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, se expidió el Decreto 392 de 2018. Sin embargo, como se reconoce en los considerandos del Decreto 0287 de 2026, dicha regulación presentó omisiones estructurales que frustraron la finalidad de la ley estatutaria, pues solo contempló el 1% de puntaje para empleadores de PcD, sin incluir a las empresas de PcD, redujo el "sistema de preferencias" a un único criterio de desempate y no previó medidas en planeación, criterios habilitantes diferenciales, condiciones especiales de ejecución ni abordó la contratación directa como escenario de inclusión. En consecuencia, desde el punto de vista sustantivo, el Decreto 392 de 2018 reglamentó el numeral 1 de manera parcial y el numeral 7, dejando sin reglamentación material el numeral 8, que era precisamente el que ordenaba el sistema de preferencias en favor de las propias PcD como contratistas.

Lo anterior fue ratificado por el Consejo de Estado[[9]](#footnote-9), que mediante una acción de cumplimiento, declaró el incumplimiento del deber de reglamentar integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y ordenó al Gobierno Nacional expedir la regulación necesaria para hacer efectivo el sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad, sus emprendimientos y empresas que las contratan. La Sala calificó la obligación como imperativa, expresa e inobjetable, señalando que el Gobierno Nacional no contaba con margen de discrecionalidad para decidir si reglamentaba o no el sistema de preferencias.

En cumplimiento de esa decisión fue expedido el Decreto 0287 de 2026, el cual establece un Sistema Integral de Preferencias compuesto por cinco medidas afirmativas que actúan en todas las fases del proceso contractual, planeación, selección, adjudicación y ejecución, y que benefician a dos sujetos diferenciados: los emprendimientos y empresas de PcD y los empleadores de PcD. Mediante la expedición del mencionado decreto, en aplicación directa de la Constitución Política y para que exista una igualdad material para las personas con discapacidad, se pretende subsanar la falta de acciones afirmativas del Decreto 392 de 2018, en el que se modificaron los artículos 2.2.1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015 de la siguiente manera:

1. El artículo 1, modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, incorporando la definición de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven las personas en condición de discapacidad en el sistema de compras y contratación pública.

1. El artículo 1, modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 1082 de 2015, estableciendo un Sistema de Preferencias en Favor de las Personas con Discapacidad en el Sistema de Compras y Contratación Pública, mediante medidas afirmativas, que deben adoptar las Entidades Estatales en sus Procesos de Contratación, para promover condiciones efectivas de igualdad para estas personas, corregir barreras estructurales de acceso y fomentar su participación como proponentes, contratistas o integrantes de la cadena de valor.

iii). El artículo 1, incluye el artículo 2.2.1.2.4.2.7.1. del Decreto 1082 de 2015, disponiendo que todas las entidades que manejen recursos públicos están obligadas a garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad en sus procesos de contratación.

1. El artículo 1, incluye el 2.2.1.2.4.2.7.2. del Decreto 1082 de 2015. De esta forma, se consagra que, en la planeación contractual, las Entidades Estatales deben implementar acciones concretas para promover la participación de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, asegurando igualdad de oportunidades en los procesos de contratación pública. Esto implica diseñar mecanismos que eliminen barreras de acceso y fomenten una participación más inclusiva desde las etapas iniciales del proceso.

1. El artículo 1, incluye el artículo 2.2.1.2.4.2.7.3. del Decreto 1082 de 2015, incorporando criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en la habilitación, como parte del sistema de preferencias para esta población en la contratación pública que impone reglamentar la Ley 1618 de 2013. Este aspecto considerando que “(…) es necesario flexibilizar los requisitos habilitantes de los procesos de contratación para facilitar la participación de las personas con discapacidad, debido a que sin esto el puntaje que también regula el presente Decreto (287 de 2026) se vuelve inocuo porque no se podría aplicar si las personas con discapacidad no superan el primer filtro, que resulta de la aplicación de los requisitos habilitantes que pueden resultar un impedimento para la posterior evaluación de su oferta y que pueda tener efectividad el puntaje”[[10]](#footnote-10).

1. El artículo 1, incluye el artículo 2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015. Así, se establece un puntaje adicional en favor de los empleadores de personas con discapacidad y de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad del dos por ciento (2%) del valor total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones o documentos equivalentes, para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en los procedimientos de licitación pública y concurso de méritos que adelanten las entidades estatales, cuando se configuren las situaciones previstas en ese artículo.

1. El artículo 1, incluye el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015, indicando condiciones especiales de sujeción en favor de personas con discapacidad, que deberán incluir las entidades estatales como obligación contractual en los documentos del proceso, previo análisis de oportunidad y conveniencia.

1. El artículo 1, incluye el artículo 2.2.1.2.4.2.7.6. del Decreto 1082 de 2015, contemplando que, las Entidades Estatales propenderán por la contratación de personas con discapacidad mediante la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo con su planeación contractual, disponibilidad presupuestal y las necesidades del servicio.

1. El artículo 1, incluye el artículo 2.2.1.2.4.2.7.7. del Decreto 1082 de 2015, que incorpora el seguimiento a la inclusión de personas con discapacidad a través de contratos de prestación de servicios profesionales y lo de apoyo a la gestión.

1. El artículo 1, modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.7.8 del Decreto 1082 de 2015 y dispone que, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente garantizará la adopción permanente de las acciones necesarias para que las medidas señaladas en favor de las Personas con Discapacidad se incorporen a los documentos e instrumentos que genera.

1. El artículo 1, incluye el artículo 2.2.1.2.4.2.7.9 del Decreto 1082 de 2015que establece lo referente alacceso y accesibilidad del sistema electrónico de contratación pública - SECOP.

1. Ahora bien, y de acuerdo con la inquietud planteada, resulta necesario realizar algunas precisiones en relación con el artículo 2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 287 de 2026, el cual contempla uno de los incentivos centrales en favor de los empleadores de personas con discapacidad y de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, referente al puntaje adicional del 2% del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documento equivalente.

De conformidad con la norma en mención, este puntaje puede obtenerse en los procesos de licitación pública y de concurso de méritos, acreditando cualquiera de las siguientes situaciones: i) ser emprendimiento o empresa de PcD, conforme a las categorías del artículo 2.2.1.2.4.2.6., o ser ii) empleador de PcD que supere los mínimos de vinculación exigidos por la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral) conforme a la tabla establecida.

En ese sentido, y de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando se trata de un empleador de PcD, el proponente debe acreditar dentro de su planta de personal la vinculación de personas con discapacidad mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, superando los mínimos que exige la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral). El número mínimo de PcD requerido varía según el tamaño de la planta de personal del proponente, conforme a la siguiente tabla:

| | | | --- | --- | | Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente | Número mínimo de trabajadores con discapacidad requerido | | Entre 1 y 30 | 2 | | Entre 31 y 100 | 3 | | Entre 101 y 150 | 4 | | Entre 151 y 200 | 5 | | Entre 201 y 300 | 7 | | Entre 301 y 400 | 10 | | Entre 401 y 500 | 12 | | Entre 501 y 600 | 14 | | Entre 601 y 700 | 16 |

Bajo este contexto, debe señalarse que el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, establece que, tratándose de proponentes plurales, para efectos de la asignación del puntaje adicional por la vinculación laboral de personas con discapacidad, se tendrá en cuenta únicamente la planta de personal del integrante con mayor participación porcentual. En consecuencia, la disposición establece un criterio objetivo para determinar cuál de los integrantes del consorcio o unión temporal debe acreditar las condiciones de vinculación laboral exigidas, sin que resulte procedente sumar o acumular las plantas de personal de los diferentes miembros del proponente plural para efectos de obtener dicho puntaje.

Ahora bien, la disposición citada no regula expresamente el supuesto en el cual dos o más integrantes del proponente plural tengan idéntico porcentaje máximo de participación. No obstante, a partir de una interpretación sistemática y finalista de la norma, es posible considerar que cualquiera de los integrantes que comparta dicho porcentaje máximo pueda acreditar las condiciones exigidas para acceder al puntaje adicional, siempre que la verificación se efectúe exclusivamente respecto de la planta de personal de uno de ellos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la disposición es identificar al integrante con mayor participación porcentual para verificar el cumplimiento de las condiciones de vinculación laboral de personas con discapacidad, sin permitir la acumulación de las plantas de personal de los diferentes integrantes del proponente plural.

En ese sentido, cuando dos o más integrantes ostenten el mismo porcentaje máximo de participación, la acreditación podrá efectuarse respecto de uno de ellos, sin que resulte procedente sumar, combinar o acumular los trabajadores vinculados por los distintos miembros para alcanzar el número mínimo de personas con discapacidad exigido por la regulación. En todo caso, la aplicación de este criterio deberá observar las condiciones y los medios de acreditación establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, así como los principios que orientan los procedimientos de selección de contratistas.

Por su parte, y para efectos de la acreditación de la condición establecida en el numeral 2 ibidem, se dispone que la verificación de estas condiciones se realizará por parte de las Entidades Estatales con base en los siguientes documentosque el proponente deberá aportar junta con su oferta, de manera física o digital:

“- Certificación expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario respecto a la fecha de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su planta de personal. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad.

-Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social.

• También, esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable”.

Como se evidencia, el proponente deberá presentar: i) la certificación suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista, o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su planta de personal que deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad. Dicho documento además debe relacionar los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. Y ii) el certificado que para el efecto expide el Ministerio del Trabajo, cuya vigencia deberá ser verificada por la entidad estatal, conforme a la normativa aplicable.

En consecuencia, para acceder al puntaje adicional del 2% el proponente deberá aportar de manera conjunta, el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo y los demás documentos previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 287 de 2026. De esta manera, la omisión en la presentación de cualquiera de dichos documentos para el cierre del proceso da lugar a que el proponente no sea acreedor del puntaje adicional previsto en la norma.

De otra parte, resulta a bien indicar que el pasado 12 de mayo de 2026, esta Agencia emitió la Circular Externa No. 003 de 2026, esto, con el fin de orientar a las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, sobre la debida aplicación del Decreto 287 de 2026 que incorpora al Sistema de Compras y Contrataciones públicas, el Sistema Integral de Preferencias en la contratación pública en favor de personas con discapacidad. Dicho documento se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace:

<https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/circular/circular-externa-003-de-2026>

Finalmente debe advertirse que el análisis requerido para resolver problemas específicos en torno a la gestión contractual de las Entidades Estatales, debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta manera, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados de adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.

Dentro de este marco, la entidad contratante definirá en cada caso concreto lo relacionado con el tema objeto de consulta. Al tratarse de un análisis que debe realizarse a un asunto particular y concreto, esta Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así, cada Entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.

4. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

| | | --- | | - Ley 1618 de 2013 - Decreto 287 de 2026: Artículo 1 y artículo 2. - Agencia Nacional de Contratación Pública. Circular 003 del 12 de mayo de 2026 - Consejo de Estado, Sección Quinta, del 12 de diciembre de 2024 (Rad. 05001-23-33-000-2024-00847-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez) - ABC del Decreto 0287 de 2026 “Contratación pública inclusiva para personas con discapacidad” disponible en: <https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/04/ABC-Decreto-0287-de-2026-1.pdf> |

5. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

La Agencia Nacional