CE - Auto interlocutorio 05001233300020250050801

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 05001233300020250050801
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: HÁBEAS CORPUS Radicación: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Demandante: Carlos Manuel Freyle Sánchez en favor de Daniel Felipe

Pozuelo de León Demandados: Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Riohacha, Defensoría del Pueblo y Estación de Policía de la Candelaria de Medellín.

Vinculados: Juzgado Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín y Cárcel y Penitenciaría de Mediana

Seguridad de Riohacha - La Guajira

Tema: Privación ilegal de la libertad. /Libertad por vencimiento de términos/ Privación de la libertad por orden judicial/ Improcedencia de Hábeas Corpus. /CONFIRMA

AUTO INTERLOCUTORIO

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1095 de 2006, se decide la impugnación propuesta por el señor Carlos Manuel Freyle Sánchez contra la providencia del 28 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió negar la solicitud de habeas corpus.

ANTECEDENTES

El señor Carlos Manuel Freyle Sánchez , como agente oficioso del señor

providencia del 28 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió negar la solicitud de habeas corpus.

ANTECEDENTES

El señor Carlos Manuel Freyle Sánchez , como agente oficioso del señor Daniel Felipe Pozuelo De León ejerció acción constitucional de hábeas corpus con base en los siguientes

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera

Que mediante sentencia No. 0042 del 11 de octubre de 2022, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Riohacha con funciones de conocimiento condenó al señor DANIEL FELIPE POZUELO DE LEÓN a la pena de treinta y siete mesesRadicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de prisión por el delito de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales y que se encuentra actualmente privado de su libertad en los calabozos de la Estación de Policía La Candelaria de Medellín ; sin ser trasladado a un establecimiento carcelario administrado por el INPEC; conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 65 de 1993.

Que, pese a existir una sentencia condenatoria en contra del privado de la libertad, su permanencia en una Estación de Policía , lugar de detención transitoria, constituye una privación ilegal de la libertad y vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana y la legalidad de la ejecución de la pen a;

libertad, su permanencia en una Estación de Policía , lugar de detención transitoria, constituye una privación ilegal de la libertad y vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana y la legalidad de la ejecución de la pen a; resultando arbitraria, al no contar con las mínimas garantías de resocialización ni tratamiento penitenciario adecuados, según lo exigen los estándares nacionales e internacionales.

Con base en lo anterior, aduce que es procedente el hábeas corpus para decretar la libertad inmediata del señor Daniel Felipe Pozuelo De León por ser arbitraria e ilegal y subsidiariamente, para analizar si existe vencimiento del «término razonable para materializar el traslado y ejecución de la condena, lo cual podría habilitar una medida sustitutiva de libertad.»

PRETENSIONES

Solicitó como pretensión principal que se decrete la libertad inmediata del agenciado y, como pretensiones subsidiarias que i) se ordene el traslado inmediato a un establecimiento penitenciario de la ciudad de Riohacha – La Guajira o su área de influencia; ii) se garantice el cumplimiento de la condena del señor Daniel Felipe Pozuelo de León en un establecimiento carcelario habilitado y adecuado en Riohacha la Guajira, en condiciones dignas y conforme a los estándares nacionales e internacionales y (iii) se compulsen copias a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones administrativas y disciplinarias pertinentes.

Posteriormente, el 28 de abril de 2025 a las 12:44 p.m., el agente oficioso allegó memorial aduciendo que el señor Daniel Felipe Pozuelo de León presenta

y disciplinarias pertinentes.

Posteriormente, el 28 de abril de 2025 a las 12:44 p.m., el agente oficioso allegó memorial aduciendo que el señor Daniel Felipe Pozuelo de León presenta discapacidad mental, no sabe leer ni escribir y no comprende el contenido de los documentos que firma, sin embargo, el 25 de abril de 2025, una patrullera de la Estación de Policía lo indujo a suscribir un documento mediante presiones cuyo contenido es desconocido y sin que tuviera asistencia de abogado d efensor o garante de sus derechos.

Por ello, solicita que (i) se tenga en cuenta la condición de discapacidad mental de Daniel Felipe Pozuelo de León; (ii) se declare la ineficacia o la carencia de validez jurídica de cualquier documento suscrito por é l; (iii) se ordene a las autoridades correspondientes que se abstengan de exigir o hacer val er documentos firmados por aquel sin el debido acompañamiento legal; (iv) se disponga que cualquier actuación en la que participe el señor Daniel cuente conRadicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asistencia jurídica obligatoria, y (v) se ordene la práctica de un examen psicológico a la citada persona.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN E INFORME RENDIDO POR LAS DEMANDADAS

El conocimiento de la presente solicitud correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia, quien dispuso su admisión y notificación a las autoridades accionadas y la vinculación de l Juzgado Once Penal Municipal

El conocimiento de la presente solicitud correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia, quien dispuso su admisión y notificación a las autoridades accionadas y la vinculación de l Juzgado Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín y la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha - La Guajira . Vinculó también al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha y solicitó los informes correspondientes.

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Riohacha, informó que dictó sentencia condenatoria en contra del recluso en el proceso con radicado 44001 -60-01371-2020-00006-00, ordenó su traslado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Riohacha y remitió la carpeta contentiva del proceso a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

El Juzgado de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha manifestó que se encontró proceso seguido en contra del señor «DANIEL FELIPE FREYLE DE LEON», quien fuera condenado dentro del: CUI: 44 -001-60-01371-2020-0000600 mediante sentencia de 19 de septiembre de 2024, como «coautora» del delito de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales , se le impuso la pena «sin concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria, se libró orden de captu ra No. 010 del 11/10/2022»

Que mediante auto de 28 de agosto de 2024, avocó el conocimiento y reiteró la

de la pena, ni prisión domiciliaria, se libró orden de captu ra No. 010 del 11/10/2022»

Que mediante auto de 28 de agosto de 2024, avocó el conocimiento y reiteró la orden de captura librada , con Oficio No. 1755 de la misma fecha; que el 17 de abril de 2025 se legalizó captura ante el Juzgado Once Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Medellín -Antioquia. Que ordenó cancelar la orden de captura expedida por el Juez Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Riohacha.

Que mediante auto de 22 de abril de 2025, se impartió legalidad a la captura del penado, se ordenó la incorporación de los documentos allegado s con el informe de captura al expediente, se ordenó expedición de boleta de encarcelación dirigida a la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Bello -Antioquia, para que recibieran en esa cárcel al señor DANIEL FELIPE POZUELO DE LEON, para reseña y permanencia. Concluyó que no ha violado derecho fundamental alguno al accionante.Radicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El comandante de Policía del CAI Parque San Antonio, manifestó que el señor Pozuelo de León fue capturado e ingres ó a esas instalaciones el 17 de abril de 2025, mediante orden de captura 010 , expediente CUI 440016001371202000006, expedida el 28 de agosto de 2024, ordenada por el Juzgado único de

2025, mediante orden de captura 010 , expediente CUI 440016001371202000006, expedida el 28 de agosto de 2024, ordenada por el Juzgado único de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha.

Seguidamente se refirió a la naturaleza jurídica y funciones de la Policía Nacional, al estado de cosas inconstitucional por hacinamiento en el sistema carcelario; a las obligaciones del INPEC respecto de l as personas PPL y expresó que los derechos del actor se encuentran incólumes por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.

El director de la Cárcel de Mediana Seguridad de Riohacha solicitó su desvinculación., considerando que no vulnera los derechos del privado de la libertad, puesto que no se encuentra recluido allí, sino en la Estación de policía La Candelaria de Medellín.

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia del 28 de abril de 2025, decidió negar la petición de hábeas corpus.

Para ello, se refirió a la naturaleza de esta acción constitucional y a los elementos de prueba aportados al expediente y expresó que este mecanismo es para proteger la libertad individual frente a las violaciones que se generen por fuera de un proceso penal, dado que, si ocurren dentro de esa instancia, las peticiones de libertad deben agotarse ante el juez de la causa a través de los mecanismos de defensa ordinarios.

Por tanto, «impuesta la medida de aseguramiento o proferida la sentencia de condena con pena privativa de la libertad, todas las peticiones relacionadas con la libertad del encartado deben elevarse al interior del proceso penal, en tanto la

de defensa ordinarios.

Por tanto, «impuesta la medida de aseguramiento o proferida la sentencia de condena con pena privativa de la libertad, todas las peticiones relacionadas con la libertad del encartado deben elevarse al interior del proceso penal, en tanto la acción constitucional analizada no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario».

Concluyó que la restricción de la libertad en que se encuentra el señor Daniel Felipe Pozuelo de León resulta legal , pues estuvo precedida de una orden judicial; que los jueces naturales resolvieron en múltiples oportunidades sobre la situación particular del citado señor ; que la situación planteada no está referida a alguno de los eventos que contempla el ordenamiento jurídico para la procedencia de la acción de hábeas corpus y que lo pre tendido por el actor mediante esta acción constitucional es una instancia adicional.

Que en el fondo, lo que se pretende es lograr el traslado del señor Daniel Felipe Pozuelo de León de la Estación de Policía de La Candelaria de Medellín – Antioquia a la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha, paraRadicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumplir con la condena privativa de la libertad en los términos de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Riohacha y que el mecanismo es improcedente para obtener el traslado de una persona del sitio de reclusión , siendo este una mutación del

proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Riohacha y que el mecanismo es improcedente para obtener el traslado de una persona del sitio de reclusión , siendo este una mutación del lugar de reclusión y no la libertad de la person a; pues se trata decisiones administrativas ajenas a la propia libertad del interesado.

En cuanto a las demás solicitudes del agente oficioso, expresó que escapan del ámbito de protección del presente mecanismo judicial ya que deberían ser tratadas y debatidas ante el juez natural, que no es otro que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

LA IMPUGNACIÓN

El agente oficioso del señor Daniel Felipe Pozuelo de León impugnó la providencia expresando que no se configura una nueva instancia penal, pues no busca controvertir la sentencia, sino verificar la legalidad material y constitucional de la detención actual ; que la prolongación de la reclusión en una estación de policía incumple esta obligación y vulnera derechos fundamentales como la salud, la integridad personal y el debido proceso de ejecución penal.

Como argumento adicional dijo que el señor Daniel Felipe Pozuelo de León ha venido cumpliendo medida de detención domiciliaria desde el año 2020, según consta en los antecedentes procesales; lo que implica que , a la fecha, ha purgado una pena efectiva de privación de la libertad equivalente o superior a los treinta y siete (37) meses de prisión impuestos mediante sentencia condenatoria del 11 de octubre de 2022.

Que ese tiempo debe reconocerse como pena cumplida , al ser la detención domiciliaria una forma de ejecución de la sanción penal legalmente autorizada y

condenatoria del 11 de octubre de 2022.

Que ese tiempo debe reconocerse como pena cumplida , al ser la detención domiciliaria una forma de ejecución de la sanción penal legalmente autorizada y que no debe mantenerse privado de la libertad, bajo ninguna modalidad. Reiteró en términos generales, los argumentos expuestos inicialmente como fundamento de su solicitud y pidió:

«1. Conceda la acción de hábeas corpus en favor del señor Daniel Felipe Pozuelo de León.

2. Ordene su traslado inmediato a un establecimiento penitenciario legalmente habilitado en la ciudad de Riohacha la Guajira por el arraigo familiar.

3. Prevenga a las autoridades responsables para que se abstengan de incurrir nuevamente en la omisión que dio lugar a la vulneración de derechos fundamentales en este caso»

CONSIDERACIONES

Se trata de establecer si se amenaza o vulnera el derecho a la libertad del señor Daniel Felipe Pozuelo De León al encontrarse privado de la libertad en laRadicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estación de policía de La Candelaria de Medellín , lugar que es de detención transitoria, pese a estar condenado penalmente. El artículo 30 de la Constitución Política, que consagra la acción de hábeas corpus, prevé:

«… Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por

corpus, prevé:

«… Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas».

La Ley 1095 de 2 de noviembre de 2006, por la cual se reglamentó el artículo 30 de la Constitución Política, estableció en su artículo 1º:

«ARTICULO 1o. DEFINICION. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolon gue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine».

«El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción».

Así pues, la acción de hábeas corpus consagrada en el artículo 30 superior y desarrollada en la Ley 1095 de 2006, tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata el derecho fundamental a la libertad cuando quiera que i) la persona es capturada con violación de las garantías constitu cionales o legales, o ii) se produce una prolongación ilícita de la privación de la libertad.

En relación con la figura del hábeas corpus la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2006, precisó:

«…

“8.1.3. Procedencia del hábeas corpus

“El texto que se examina prevé que el hábeas corpus procede como medio

sentencia C-187 de 2006, precisó:

«…

“8.1.3. Procedencia del hábeas corpus

“El texto que se examina prevé que el hábeas corpus procede como medio para proteger la libertad personal en dos eventos:

“1. Cuando la persona es privada de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y

“2 Cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

“Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.

“Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar losRadicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.

“También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la

realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.

“También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la que al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley. “En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona (C.P. art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competen te dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.

“En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el hábeas corpu s”. (Subrayas y negrillas intencionales)».

Por ello, la inviolabilidad de la libertad individual se ha erigido como derecho fundamental, pudiendo sólo ser restringida en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con la observancia de las

intencionales)».

Por ello, la inviolabilidad de la libertad individual se ha erigido como derecho fundamental, pudiendo sólo ser restringida en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con la observancia de las formalidades establecidas en la ley y por un motivo previamente señalado en la misma, convirtiéndose en el instrumento más idóneo para asegurarla, y por ende, para impedir los actos de captura o detención contrarios al ordenamiento jurídico pues procede frente a las limitaciones arbi trarias de dicho derecho, más no, cuando la libertad ha sido legalmente restringida en virtud de una orden de autoridad judicial.

Significa lo anterior, que el juez que conoce del hábeas corpus carece de competencia para examinar los elementos propios de la conducta punible, la responsabilidad de los procesados, la validez o valor de persuasión de los medios de convicción, o la labor procesal que desarrolle el funcionario judicial, pues el ejercicio de esta acción sólo permite el examen de los e lementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad 1 , esto significa, que la competencia para decidir el hábeas corpus está ligada a decidir si la privación de libertad de una persona se produjo de manera ilegal o si existe una prolongación ilícita o indebida de la misma.

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en auto de 27 de noviembre de 2006, radicado 26503 y en la sentencia de 11 de diciembre de 2003, radicado 15955.Radicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto

El señor Daniel Felipe Pozuelo de León se encuentra privado de la libertad mediante orden del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha; luego de que fuera capturado en la ciudad de Medellín el 17 de abril del presente año; por orden expedida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Riohacha.

Lo anterior, debido a que mediante sentencia del 11 de octubre de 2022 el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Riohacha lo condenó a la pena de treinta y siete (37) meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales, dispuso su reclusión en centro carcelario y ordenó su captura para tal fin.

En la misma sentencia, la autoridad judicial observó que el señor Pozuelo de León había sido capturado en flagrancia y se le había dictado medida de aseguramiento en su lugar de residencia ; sin embargo, no pudo determinar que hubiera estado cumpliendo tal detención, por lo que ordenó su captura.

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha, mediante auto de 28 de agosto de 2024, avocó el conocimiento y reiteró la orden de captura librada en contra del condenado Pozuelo De León, con Oficio No. 1755 de la misma fecha ; una vez capturado en la ciudad de Medellín, se legalizó la captura ante el Juzgado Once Penal Municipal con

reiteró la orden de captura librada en contra del condenado Pozuelo De León, con Oficio No. 1755 de la misma fecha ; una vez capturado en la ciudad de Medellín, se legalizó la captura ante el Juzgado Once Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Medellín.

Mediante auto de 22 de abril de 2025 el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordenó la incorporación de los documentos allegados con el informe de captura al expediente y la expedición de boleta de encarcelación dirigida a la cárcel y penitenciaria de media na seguridad de Bello -Antioquia, para reseña y permanencia allí del condenado.

De lo expuesto, no se observa que la privación de la libertad impuesta al señor Daniel Felipe Pozuelo De León resulte ilegal, pues se realizó por orden judicial expedida por autoridad competente y con el cumplimiento de todas las garantías y ritualidades del caso.

El recurrente alega que el hecho de contar con una sentencia condenatoria no hace improcedente el hábeas corpus, pues el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la pena en condiciones dignas y que laRadicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prolongación de la reclusión en una estación de policía incumple esta obligación y vulnera derechos fundamentales como la salud, la integridad personal y el debido proceso de ejecución penal , porque las estacione s de policía están diseñadas como sitios de paso.

prolongación de la reclusión en una estación de policía incumple esta obligación y vulnera derechos fundamentales como la salud, la integridad personal y el debido proceso de ejecución penal , porque las estacione s de policía están diseñadas como sitios de paso.

Al respecto, se observa que el señor Daniel Felipe Pozuelo De León fue capturado el 17 de abril de 2025 y llevado a la Estación de Policía de la Candelaria, desde donde se han surtido todos los trámites para su legalización de captura y el 22 de abril fue expedida la boleta para la reclusión en centro carcelario; de manera que, no es posible determinar la arbitrariedad que señala el actor y tampoco puede afirmarse que se trate de una prolongación ilegal ; pues esta se da cuando, una vez cumplido el término p or el que fue privado del derecho, este se prolonga, ya sin fundamento.

El agente oficioso trae como argumento adicional en la apelación, que el señor Pozuelo De León tenía medida de aseguramiento desde el año 2020 en su residencia, con lo que a la fecha ya habría cumplido el tiempo de la condena y hasta excedido dicho término. En primer lugar, no puede entenderse que eso es así, cuando su lugar de residencia se encontraba en Riohacha y fue capturado en la ciudad de Medellín por orden reiterada. En segundo lugar, la libertad por pena cumplida debe ser solicitada ante el Juez de Ejecución encargado de vigilarla y solo ante una decisión arbitraria del juez competente, se habilita la procedencia del hábeas Corpus.2

Tampoco es procedente por este medio, ordenar el traslado del condenado a «un establecimiento penitenciario legalmente habilitado en la ciudad de

se habilita la procedencia del hábeas Corpus.2

Tampoco es procedente por este medio, ordenar el traslado del condenado a «un establecimiento penitenciario legalmente habilitado en la ciudad de Riohacha la Guajira por el arraigo familiar» c omo lo solicita su agente oficioso; pues este tipo de solicitudes debe elevarse a los jueces penale s, en este caso ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad , tal como se ha establecido jurisprudencialmente.

En conclusión, no se encuentra acreditada la privación ilegal de la libertad del señor Daniel Felipe Pozuelo De León , toda vez que su captura obedeció a orden de autoridad judici al. Igualmente, su captura es reciente, se realizó la legalización con todas las ritualidades del caso y se ordenó su reclusión en centro carcelario; de manera que las demoras en la asignación de cupo por parte del INPEC, no hacen procedente el otorgamiento de la libertad mediante este mecanismo constitucional.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C. Providencia del 16 de julio de 2019. Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales. Radicación No. 54001-23-33-000-201900195-01.Radicado: 05001-23-33-000-2025-00508-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sean las anteriores razones suficientes, para que el despacho confirme la providencia del 28 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

www.consejodeestado.gov.co Sean las anteriores razones suficientes, para que el despacho confirme la providencia del 28 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, Sala Unitaria de decisión,

RESUELVE

PRIMERO. CONFÍRMASE, la providencia 28 de abril de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la solicitud de hábeas corpus formulada a favor del señor Daniel Felipe Pozuelo De León.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE esta decisión, de forma inmediata y por el medio más expedito a las partes.

TERCERO. En firme esta providencia, REMÍTASE al Tribunal de Origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

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