CE - Auto interlocutorio 11001030600020250012500
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001030600020250012500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero ponente: María del Pilar Bahamón Falla
Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025.
Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00125-00.
Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.
Partes: ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca – Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l Departamento de Cundinamarca (UAEPC) y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional , por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública .
Reiteración.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1 modificados, respectivamente, por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.
I. ANTECEDENTES3
De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al conflicto:
1. La ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca), en calida d de entidad certificadora, expidió la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL núm. 201903899999147000340016 del 15 de marzo de 2019 , correspondiente a la señora Laura Victoria Ulloa Parra , en la que indicó que la mencionada ciudadana estuvo
201903899999147000340016 del 15 de marzo de 2019 , correspondiente a la señora Laura Victoria Ulloa Parra , en la que indicó que la mencionada ciudadana estuvo vinculada como profesional de servicio social de esa institución entre el 27 de junio de 1987 y el 26 de febrero de 19 92; que se efectuaron los respectivos descuentos por concepto de seguridad social , y que la entidad responsable por dicho período es el departamento de Cundinamarca.
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expedient e del conflicto 11001030600020250012500 que reposa en SAMAI.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 2 de 34
2. El 16 de febrero de 2024, la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir SA solicitó al departamento de Cundinamarca el reconocimiento y pago del bono pensional en favor de su afiliada, señora Laura Victoria Ulloa Parra.
3. De acuerdo con el reporte de fecha 4 de octubre de 2024, el departamento de Cundinamarca objetó el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Ulloa Parra, con fundamento en que no era beneficiaria del pasivo pensional del sector salud porque se encontraba registrada en el formulario núm ero 18 del cálculo actuarial del
Cundinamarca objetó el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Ulloa Parra, con fundamento en que no era beneficiaria del pasivo pensional del sector salud porque se encontraba registrada en el formulario núm ero 18 del cálculo actuarial del Ministerio de Salud (CAMISA), en el cual se encuentra listado el personal retirado a diciembre de 1993.
4. El 25 de febrero de 2025, Porvenir SA señaló que el departamento de Cundinamarca, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objetó el reconocimiento y pago del bono pensional por considerar que la entidad responsable es la empresa social del Estado por ser la empleadora. De igual forma, que la ESE Hospital el Salvador de Ubaté
(Cundinamarca) afirmó no ser responsable del reconocimiento y pago de la mencionada prestación, por lo anterior, concluyó que de manera simultánea las autoridades implicadas negaron conocer del asunto.
5. Por lo anterior, Porvenir SA solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre la ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de determinar la autoridad competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional al que tenga derecho la señora Laura Victoria Ulloa Parra, por el período laborado en la referida institución hospitalaria entre el 27 de junio de 1987 y el 26 de febrero de 1992.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado,
27 de junio de 1987 y el 26 de febrero de 1992.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 112 del 13 de marzo de 2025, por el término de cinco días en la Secretaría de la Sala, contados del 14 al 20 de marzo de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.
Según constancia del 14 de marzo de 2025 , la Secretaría de la Sala comunicó la presentación del presente conflicto de competencias administrativas a Porvenir SA, a la ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca, al Ministeri o de Hacienda y Crédito Público , a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) y a las señoras Laura Victoria Ulloa Parra (solicitante del bono pensional) y, Laura Gisell Banoy Becerra (apoderada de Porvenir SA ).Conflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 3 de 34
Según informe secretarial del 21 de marzo de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el departamento de Cundinamarca y la ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca) presentaron consideraciones . Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES
(Cundinamarca) presentaron consideraciones . Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES
1. ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca)
Señaló que la señora Laura Victoria Ulloa Parra prestó sus servicios en ese hospital, en el periodo comprendido entre junio de 1987 y febrero de 1992, época en la cual esta institución no estaba constituida como ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca). Indicó que solo hasta el 22 de marzo de 1996, mediante Ordenanza 024 de la Asamblea de Cundinamarca, dicho hospital se transformó en empresa social del Estado.
Agregó que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, en el artículo 61 de la Ley 715 de 2001, y en el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, la Nación relevó a las empresas sociales del Estado del sector salud de la responsabilidad de reconocer y pagar los pasivos prestacionales. Al respecto señaló que, «como bien se indica las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO a diciembre de 1993 no tenían vida jurídica, por tanto nunca hicieron descuentos para abonar a estas prestaciones y por supuesto, en esa época, los recursos por prestaciones del sector salud los administraban los Departamentos o la Nación».
Concluyó que los responsables de hacer efectivo el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Laura Victoria Ulloa Parra son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Cundinamarca.
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
pensional de la señora Laura Victoria Ulloa Parra son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Cundinamarca.
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Señaló que a la situación de la señora Laura Victoria Ulloa Parra , quien se encuentra inscrita como beneficiaria retirada, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, según el cual, no se calculará una reserva pensional para las personas en esta categoría, lo que significa que el pasivo prestacional solo sería exigible una vez que se cumplieran los requisitos legales para acceder a una pensión.
Precisó que bajo este contexto, las entidades de salud ten ían la obligación de seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones hasta la formalización de un contrato de concurrencia que defina las responsabilidades financieras entre la Nación y las entidades territoriales.
Mencionó que la Sección Segunda del Consejo de Estado dijo que, en ausencia de un acuerdo de concurrencia, las instituciones de salud son responsables del pago de los bonos pensionales a los empleados retirados. Esto implica que, aunque los hospitales no estén obligados a compartir la carga financiera del pasivo pensional deben cumplir susConflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 4 de 34
obligaciones como empleadores hasta que se firme un contrato que clarifique la distribución de responsabilidades. Conforme a ello, considera que en el caso específico de la señora Ulloa Parra, la ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca) debe emitir y pagar el bono pensional correspondiente.
Aclaró que los recursos provenientes de los contratos de concurrencia están destinados,
de la señora Ulloa Parra, la ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca) debe emitir y pagar el bono pensional correspondiente.
Aclaró que los recursos provenientes de los contratos de concurrencia están destinados, únicamente, al pago de las mesadas pensionales de los jubilados y bonos pensionales de los empleados activos, de modo que, al considerarse a la señora Ulloa Parra como beneficiaria retirada, no es posible destinar esos recursos al pago de su bono pensional.
Agregó que, entre la Nación y el sector salud del departamento de Cundinamarca se suscribió el contrato de concurrencia 204 del 24 de diciembre de 2001, en virtud del cual, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público giró los recursos de acuerdo con los parámetros de concurrencia, para colaborar en la financiación del pasivo de los beneficiarios activos y jubilados, sin que tales recursos se puedan destinar a pagos de personal retirado.
3. Departamento de Cundinamarca
Mediante oficio del 18 de marzo de 2025, allegado a este despacho el 21 de marzo de 2025, precisó que, una vez revisado el formulario 18 de l Cálculo Actuarial Ministerio de Salud (CAMISA) se encontró registrada a la señora Ulloa Parra en calidad de retirada a 31 de diciembre de 1993, razón por la cual, la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda , en cumplimiento de lo establ ecido en el Decreto 3061 de 1997, no avaló valor alguno por concepto de reserva pensional en su favor.
Con fundamento en lo anterior, concluy ó que el pasivo prestacional de la señora Ulloa
1997, no avaló valor alguno por concepto de reserva pensional en su favor.
Con fundamento en lo anterior, concluy ó que el pasivo prestacional de la señora Ulloa Parra, por el tiempo laborado en el Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca) , es competencia de esa entidad hospitalaria.
4. Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de
Cundinamarca (UAEPC)
Esta entidad no hizo pronunciamiento alguno dentro del término de fijación del edicto, pese a que le fue comunicado el presente conflicto de competencias.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa
La Sala de Consulta y Servicio Civil tiene competencia para decidir el presente conflicto negativo de competencias, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 5 de 34
La Sala en decisión de fecha 13 de marzo de 2024, con radicación núm. 11001-03-06000-2024-00007-00 (entre otras reiteraciones4) analizó los presupuestos legales que la habilitan para conocer de los conflictos de competencia: i) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, ambas autoridades no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de
todo caso, ambas autoridades no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación, y iii) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.
A partir de lo anterior, y al constatarse que se encuentran reunidos dichos requisitos, se concluye que la Sala es competente para conocer y resolver el presente conflicto de competencia.
2. Suspensión de términos legales
El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva5.
3. Aclaración previa
La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.
Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.
4. Problema jurídico y síntesis del conflicto
declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.
4. Problema jurídico y síntesis del conflicto
De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, la Sala determinará cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Laura Victoria Ulloa Parra por el
4 La Sala en decisiones precedentes, radicación 11001-03-06-000-2024-00587-00 del 9 de abril de 2025), radicación 11001-03-06-000-2024-00036-00 del 20 de marzo de 2024), radicación 11001-03-06-000-202400179-00 del 3 de julio de 2024) entre otras. 5 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 6 de 34
tiempo que laboró para el Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca), hoy ESE, esto es, entre el 27 de junio de 1987 y el 26 de febrero de 1992.
La ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca) considera no ser competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional reclamado, debido a que para la época en que la señora Ulloa Parra laboró en dicha institución hospitalaria no existía la ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca). Indica que
debido a que para la época en que la señora Ulloa Parra laboró en dicha institución hospitalaria no existía la ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca). Indica que solo hasta el 22 de marzo de 1996, mediante Ordenanza 024 de la Asamblea de Cundinamarca, dicho hospital se transformó en empresa social del Estado.
Agrega que, a diciembre de 1993, los hospitales no tenían vida jurídica, por tanto, nunca hicieron descuentos para abonar a estas prestaciones y en esa época los recursos por prestaciones del sect or salud los administraban los departamentos o la Nación. En atención a lo anterior , considera que, los responsables de hacer efectivo el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Laura Victoria Ulloa Parra son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Cundinamarca.
Por su parte, el departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consideran que la ESE Hospital el Salvador de Ubaté (Cundinamarca) debe asumir las obligaciones pensionales no reportadas correspondientes a la señora Ulloa Parra, dado que quedó inscrit a como beneficiaria retirada en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
- Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración.
- Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.
5. Consideraciones de fondo
5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración6
Decreto Ley 2470 de 19687
6 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 12 de abril de 2023, radicación 1100103-06-000-2022-00282-0; Decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación 11001-03-06-000-2022-0009800; Decisión del 27 de agosto de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00041-00 y Decisión del 21 de abril de 2020, radicación 11001-03-06-000-2019-00213-00. 7 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 7 de 34
Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y local (artículo 2°).
Al definir los niveles del sistema8, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente
Al definir los niveles del sistema8, el legislador extraordinario dejó la dirección del mismo, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.
Ley 9ª de 19739
Otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:
- adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;
- suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;
- dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;
- determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y
- elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.
- elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.
8 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuá les compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 9 «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 8 de 34
De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:
Decreto Ley 056 de 197510
El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad
Decreto Ley 056 de 197510
El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».
Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).
Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).
Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».
También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las
También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).
Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).
A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les
10 «Por el cual se sustituye el Decreto-ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 9 de 34
delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).
Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.
Decreto Ley 350 de 197511
acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.
Decreto Ley 350 de 197511
Mediante este decreto se definió l a organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.
Decreto Ley 356 de 197512
Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.
Estableció que l as entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la si tuación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).
Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).
Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al sistema nacional de salud en el
nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).
Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al sistema nacional de salud en el respectivo nivel las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).
11 «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». 12 «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00125-00 Página 10 de 34
De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al sistema nacional de salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).
Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con
respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).
Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente y a la dirección del sistema nacional de salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organismos del sistema los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad recibiera aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del Jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).
Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguirían
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.