CE - Auto interlocutorio 11001030600020250018200
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001030600020250018200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez
Bogotá, D.C., 7 de mayo de 2025.
Número único: 11001-03-06-000-2025-00182-00.
Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas
Partes: Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Aburrá Norte, Regional Antioquia y la Comisaria de Familia 7 de Medellín (Antioquia).
Asunto: falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil.
Reiteración
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.
I. ANTECEDENTES
1. El 20 de enero de 2025 1, el Hospital Mental de Antioquia Homo - Sede Bello
(Antioquia) mediante correo electrónico puso en conocimiento del defensor de familia del Centro Zonal del Valle de Aburrá Norte, la presunta vulneración de los derechos a la protección y a la integridad personal del adolescente S.O.M.2, debido a que la señora D.M.M., madre del adolescente y su abuela materna, habían manifestado maltrato por parte del menor, por lo tanto, inició nuevamente el proceso por abandono.
debido a que la señora D.M.M., madre del adolescente y su abuela materna, habían manifestado maltrato por parte del menor, por lo tanto, inició nuevamente el proceso por abandono.
Mediante auto de trámite de la misma fecha la Defensoría de Familia del Centro Zonal del Valle de Aburrá Norte ordenó al equipo interdisciplinario de su despacho realizar la verificación de garantías del adolescente S.O.M.
1 Samai, indice 2, archivo 22 ED_23253203184001202400, documento 002. 2 Por tratarse de un menor de 18 años, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 2 de 12
2. El 3 de febrero de 2025 3, mediante Auto, la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Aburrá Norte, Regional Antioquia emitió Auto de Apertura de Investigación a favor del adolescente
S.O.M.
3. El 10 de febrero de 2025, la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Aburrá Norte, Regional Antioquia le asigna al adolescente S.O.M. cupo en la Institución «Ciudad Don Bos co» con boleta de ingreso del 11 de febrero de 2025.
4. Por medio de Auto de l 10 de febrero de 2025 la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Aburrá Norte, Regional Antioquia declaró la pérdida de competencia y remitió el expediente a
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Aburrá Norte, Regional Antioquia declaró la pérdida de competencia y remitió el expediente a la Comisaria 7 de Familia de Medellín (Antioquia) , según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2126 de 2021, que establece que las comisarías de familia serán competentes para conocer la violencia en el contexto familia.
5. El 3 de marzo de 2025, la Comisaría 7 de Familia de Medellín (Antioquia) propuso conflicto negativo de competencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín Sala de Familia (Reparto) , al considerar que correspondía a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Aburrá Norte continuar el PARD a favor del adolescente S.O.M. , según los dispuesto en el articulo 99 de la Ley 1098 de 2016.
6. El 10 de marzo de 2025 4, la Sala Unitaria de Decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín declaró su falta de competencia para dirimir el presunto conflicto negativo de competencias y, por lo tanto, ordenó la remisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el fin de que se determinara la autoridad competente para que dirimiese el asunto.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso 3º, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó el edicto núm. 168 del 28 de marzo de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por
competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó el edicto núm. 168 del 28 de marzo de 2025, en la Secretaría de esta Sala, por
3 Samai, indice 2, archivo 22 ED_23253203184001202400, documento 002. 4 Samai, índice 2, archivo 22 ED_23253203184001202400, documento 009.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 3 de 12
el término de cinco días (del 4 al 10 de abril de 2025), con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones5.
Consta que se informó sobre el presente conflicto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín Sala Unitaria de Familia, a la Comisar ía de Familia Siete - Robledo (Antioquia), a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Aburrá NorteRegional Antioquia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Personería Delegada en lo Penal y Familia de Bello (Antioquia), a la Ciudad Don Bosco, a la señora D.M.M. madre del adolescente S.O.M., al señor L.E.O padre del adolescente S.O.M.
Dentro del término de fijación, según informe secretarial del 11 de abril de 20246, la Defensoría de Familia del ICBF, Centro Zonal Aburrá Norte presentó alegatos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES
1. Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Aburrá NorteRegional
Antioquia
demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES
1. Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Aburrá NorteRegional
Antioquia
Mediante escrito del 3 de abril de 2025, esta autoridad manifiesta que carece de competencia para continuar con el PARD al perder la competencia territorial para ello, pues considera que la competencia en el asunto se puede determinar también por el lugar donde ocurrieron los hechos y la ubicación de la familia, además de la ubicación del menor de edad; todas estas relacionadas al barrio El Robledo en la ciudad de Medellín, por lo que, corresponde a la Comisaria Siete de Familia de Medellín conocer el PARD.
2. Comisaria 7 de Familia de Medellín (Antioquia)
Esa autoridad no presentó alegatos, sin embargo, sus argumentos se extrae n del escrito del 3 de marzo de 2025 en el que solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dirimir el presunto conflicto de competencias.
En primer lugar, manifestó que la competencia para conocer del PARD corresponde a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal Aburrá NorteRegional Antioquia en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.9.2.1 del Decreto 1069 de 20157.
5 Samai, índice 3, documento 028. 6 Samai, indice 6, documento 032. 7ARTÍCULO 2.2.4.9.2.1. Competencias del Defensor de Familia y del Comisario de
5 Samai, índice 3, documento 028. 6 Samai, indice 6, documento 032. 7ARTÍCULO 2.2.4.9.2.1. Competencias del Defensor de Familia y del Comisario de Familia. Cuando en un mismo municipio concurran Defensorías de Familia y Comisarías de Familia,Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 4 de 12
En este sentido, reforzó su manifestación de fata de competencia con lo estipulado en el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018 parágrafo 3, el cual manifiesta que en caso que haya conflicto de competencias entre autoridades administrativas, el PARD deberá ser tramitado por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Ley 1878 de 20188 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional.
El artículo 3.° de la citada ley modific ó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.
el criterio diferenciador de competencias para los efectos de restablecimiento de derechos, se regirá por lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, así:
restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.
el criterio diferenciador de competencias para los efectos de restablecimiento de derechos, se regirá por lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, así:
El Defensor de Familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato, amenaza o vulneración de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar.
El Comisario de Familia se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en e l contexto de la violencia intrafamiliar. Para ello aplicará las medidas de protección contenidas en la Ley 575 del 2000 que modificó la Ley 294 de 1996, las medidas de restablecimiento de derechos consagradas en la Ley 1098 de 2006 y, como consecuencia de ellas, promoverá las conciliaciones a que haya lugar en relación con la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas.
En virtud de los principios de corresponsabilidad y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando el Defensor de Familia o el Comisario de Familia conozca de casos diferentes a los de su competencia señalados en los incisos anteriores, los atenderá y remitirá a la autoridad competente, y en aquellos q ue ameriten medidas provisionales, de emergencia, protección o restablecimiento de derechos, las adoptará de inmediato y remitirá el expediente a más tardar el día hábil siguiente.
competente, y en aquellos q ue ameriten medidas provisionales, de emergencia, protección o restablecimiento de derechos, las adoptará de inmediato y remitirá el expediente a más tardar el día hábil siguiente. 8 «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 5 de 12
En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en la cual determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia conocer del conflicto planteado.
La enunciada revisión comprende:
a) La posición de la Sala con relación al artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);
b) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia;
a) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 1 6, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Reiteración
Dispone la norma en cita:
Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […]
16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.
de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […]
16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […] (Subraya la Sala).
De conformidad con esta disposición, el juez de familia es competente para conocer de los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, en asuntos de familia.
Al analizar esa disposición, la Sala concluyó que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas en el CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esa compet encia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos, en los artículos 39, 112 numeral 1 0, y 151 numeral 3º del CPACA.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implicó la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluyó que la Sala de Consulta y losRadicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 6 de 12
jueces de familia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se continuó ejerciendo.
jueces de familia tenían, en este campo, una competencia concurrente y a prevención, y así se continuó ejerciendo.
b) Alcance del parágrafo 3º del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, incorporado por el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia. Reiteración.
El artículo 44 de la Constitución Política establece el carácter prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistirlos y protegerlos, para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como a procurar el restablecimiento de sus derechos, cuando les sean vulnerados.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), modificada por la Ley 1878 de 2018. La exposición de motivos de esta última ley fue reiterativa en su propósito de reducir los tiempos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, bajo los principios de celeridad y eficacia (artículo 209 constituciona l), con el fin de lograr que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sea efectiva.
En particular, el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme al cual:
Parágrafo 3º. En caso de conflicto de competencia entre autoridades
1098 de 2006 y le adicionó tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme al cual:
Parágrafo 3º. En caso de conflicto de competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.
El juez de familia tendrá un término de quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala conducta.
En caso de declararse falta de competencia respecto de quién venía conociendo a prevención, lo actuado conservará plena validez, incluso la resolución que decida el fondo del proceso. (Subraya la Sala).
En su tenor literal, el parágrafo transcrito parte de la existencia de un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas que, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, están llamadas inicialmente a conocer de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, esto es, los defensores de familia,Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 7 de 12
los comisarios de familia o (a falta de los anteriores) los inspectores de policía (concordante con el CGP, artículo 21, numeral 16, ya analizado).
De igual forma, el parágrafo 3º transcrito guarda armonía con el propósito de la Ley 1878 de 2018 de agilizar y reducir los tiempos de los procedimientos, tanto para proteger a los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados, como para definir su derecho fundamental a tener una familia.
1878 de 2018 de agilizar y reducir los tiempos de los procedimientos, tanto para proteger a los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados, como para definir su derecho fundamental a tener una familia.
En efecto, asignar al juez de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en la etapa inicial9 del PARD permite que se defina una de las garantías del debido proceso, esto es, la autoridad legalmente habilitada para conocer y decidir una determinada actuación (con la intervención de una autoridad judicial), a la vez que propicia la aproximación material y formal al motivo del conflicto y su pronta solución.
Reitera la Sala que la Ley 1878 de 2018, en el parágrafo 3º del artículo 3, al igual que el Código General del Proceso, consagran esa intervención del juez de familia, en la actuación administrativa de protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, solamente cuando el conflicto se plantea entre las autoridades administrativas de familia reguladas en el Código de la Infancia y la Adolescencia10
Por consiguiente, como en esta materia hay norma especial 11, la Sala debe remitir los conflictos que le sean presentados al juez de familia que corresponda al lugar donde se encuentra el niño, niña o adolescente, en el entendido de que esta autoridad operará con celeridad, dentro del citado espíritu de la Ley 1878 de 2018.
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, es importante precisar lo siguiente: cuando la autoridad administrativa incumple los términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el Código de la Infancia y la Adolescencia12 dispone,
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, es importante precisar lo siguiente: cuando la autoridad administrativa incumple los términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el Código de la Infancia y la Adolescencia12 dispone, como consecuencia, la pérdida de competencia y el deber de trasladar el proceso
9 El artículo 99 del Código de la Infancia y la Adolescencia regula la «iniciación de la actuación administrativa», cuyo trámite se consagra, de forma inicial, en este artículo y continúa desarrollándose en el artículo 100 de la misma normativa, por lo que d ebe entenderse que el parágrafo 3° del artículo 3 de la Ley 1878 cobija ambos artículos 10 Téngase presente que el Código General del Proceso también incluye los asuntos de familia que conocen los notarios, pero estos no son autoridades de familia en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Cfr. Arts. 79 a 98 de la Ley 1098 de 2006. 11 El procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos es una actuación administrativa regulada en ley especial -Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006 - y, por consiguiente, las normas del procedimiento administrativo general estatuido en el CPACA se aplican para suplir sus vacíos. Confrontar con el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011. 12 Ley 1098 de 2006 con las modificaciones de la Ley 1878 de 2018, artículos 100 y 103.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 8 de 12
al juez de familia, para que este, actuando en reemplazo de la autoridad administrativa13, defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente.
al juez de familia, para que este, actuando en reemplazo de la autoridad administrativa13, defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente.
La Sala ha reiterado que, en estos casos, la naturaleza de la función que ejerce el juez de familia es administrativa14, y no judicial.
Como se indicó atrás, el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código General del Proceso se refieren a los conflictos de competencias entre las autoridades administrativas inicialmente llamadas a conocer del PARD, y prevén que los resuelva una autoridad judicial, esto es, el juez de familia.
Pues bien, cuando un juez de familia debe reemplazar a una de las autoridades administrativas señaladas que haya perdido la competencia, por dejar vencer los términos para adelantar y concluir el PARD, puede entrar en conflicto de competencias con un defensor de familia o con un comisario de familia, e, incluso, con un inspector de policía (en los casos en que esta autoridad ejerza la competencia supletoria que le asigna el Código de la Infancia y la Adolescencia).
Esta hipótesis particular (conflicto de competencias entre un funcionario administrativo y un juez de familia) no está prevista ni en el Código General del Proceso ni en el Código de la Infancia y la Adolescencia. En consecuencia, dicha situación queda com prendida por la regulación contenida en la Ley 1437 de 2011(CPACA), porque esta es la normativa que contiene las reglas del procedimiento administrativo general que, por mandato de su artículo 2, inciso final, debe ser aplicado ante la inexistencia de procedimientos especiales15
Por lo tanto, los conflictos de competencias que se susciten entre un juez de familia
procedimiento administrativo general que, por mandato de su artículo 2, inciso final, debe ser aplicado ante la inexistencia de procedimientos especiales15
Por lo tanto, los conflictos de competencias que se susciten entre un juez de familia y una autoridad administrativa, dentro del marco de las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia, siguen siendo competencia
13 En concordancia, el numeral 4º del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia le atribuye al juez de familia la competencia en única instancia para «resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia». Y, a su vez, el artículo 120 del mismo Código otorga competencia al juez civil o promiscuo municipal para conocer de los asuntos «que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este» 14 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001030600020160000600 del 10 de octubre de 2016. Reiterada en el radicado núm. 11001030600020190013000, del 12 de noviembre de 2019, entre otras 15 L.1437/11 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». Artículo 2º, inciso final: «Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de lo s procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 9 de 12
leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 9 de 12
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con sujeción al trámite establecido en el artículo 39 del CPACA.
Por el contrario, como antes se mencionó, aquellos conflictos que surjan entre las autoridades administrativas (comisarios de familia, defensores de familia e inspectores de policía), en la etapa inicial del PARD (artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia), deben ser conocidos y resueltos, en forma exclusiva, por los jueces de familia que sean competentes, por el factor territorial.
2. Términos legales
El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «[m]ientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»16.
En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la terminación de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.
El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el
sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.
El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.
Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.
3. Caso concreto y decisión de la Sala.
Como se explicó anteriormente, a la luz de lo previsto en el parágrafo 3.° del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 3.° de la Ley 1878 de 2018, los jueces de familia tienen la función de dirimir los conflictos de competencia que se presenten en la etapa inicial del PARD.
16 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 10 de 12
Esta Sala al analizar dicha norma, ha reiterado que17: [l]os conflictos de competencia que se susciten desde el «conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos», hasta la definición de la situación jurídica «declarando en situación de vulneración de derechos o adoptabilidad al
[l]os conflictos de competencia que se susciten desde el «conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos», hasta la definición de la situación jurídica «declarando en situación de vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña o a dolescente», regulado en los artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia, son competencia del juez de familia, si las actuaciones se surten con posterioridad al 9 de enero de 2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley 1878 de 2018. [...] El caso específico, conforme obra en los documentos allegados, recae sobre el PARD iniciado en favor del adolescente S.O.M. Al respecto, es importante indicar que el 20 de enero de 2025 , la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Aburrá Norte, Regional Antioquia tuvo conocimiento de la presunta vulneración de los derechos del adolescente S.O.M. y, mediante auto del 3 de febrero de 2025 abrió el PARD, sin que se evidencie en el expediente, otra actuación18. Por lo anterior, corresponde al juez de familia dirimir el presente conflicto de competencias por las razones que a continuación se exponen: i) El proceso inició con posterioridad al 9 de enero de 2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley 1878. ii) No se ha llevado a cabo la audiencia, mediante la cual, se define la situación jurídica del adolescente y, los 6 meses con los cuales cuenta la autoridad administrativa para emitir esta decisión no han vencido, lo que permiten concluir que el PARD está en etapa inicial. iii) El conflicto está planteado entre «las autoridades administrativas que originalmente están llamadas a conocer del PARD», esto es, una
autoridad administrativa para emitir esta decisión no han vencido, lo que permiten concluir que el PARD está en etapa inicial. iii) El conflicto está planteado entre «las autoridades administrativas que originalmente están llamadas a conocer del PARD», esto es, una defensoría de familia y una comisaría de familia. Adicionalmente, como antes se expuso corresponde dirimir el conflicto al juez de familia del lugar donde se encuentren los niños, niñas y adolescentes. Como se indicó en los antecedentes, el PARD adelantado en favor del adolescente S.O.M. fue abierto por la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Aburrá Norte, Regional Antioquia, a partir
17 Entre otros, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación núm. 11001030600020210003100 del 20 de abril de 2021; 11001 -03-06-000-2024-00100-00 del 14 de junio de 2024 y 11001-03-06-000-202400476-00 del 4 de septiembre de 2024 18 Con ocasión al auto de mejor proveer, la Comisaría de Familia de Ambalema (Tolima) validó que la única actuación hasta ahora adelantada dentro del PARD es la apertura del mismo. Carpeta de “Recibe memoriales por correo electrónico”.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00182-00 Página 11 de 12
de un correo electrónico que recibió por parte del Hospital Mental de Antioquia Homo - Sede Bello (Antioquia). Dicha Defensoría de Familia, con ocasión al auto de mejor proveer, informó que el adolescente S.O.M. se encuentra actualmente en la Institución Centro Don Bosco
Homo - Sede Bello (Antioquia). Dicha Defensoría de Familia, con ocasión al auto de mejor proveer, informó que el adolescente S.O.M. se encuentra actualmente en la Institución Centro Don Bosco de Medellín ubicado en el barrio El Robledo de la ciudad de Medellín. Por tal motivo, corresponderá al juez de familia de Medellín (reparto) dirimir el presente conflicto19. Así las cosas, la Sala no tiene competencia para definir el conflicto de competencias prop
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