CE - Auto interlocutorio 11001030600020250042600

Consejo de Estado

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Título
CE - Auto interlocutorio 11001030600020250042600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Número único: 11001-03-06-000-2025-00426-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Centro Zonal

Los Mártires (Regional Bogotá) y Comisaría de Familia Los Mártires (Bogotá).

Asunto: autoridad competente para estudiar la viabilidad de una multa por el incumplimiento de una amonestación dentro de un PARD , y si es del caso imponerla.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2.° y 19, de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas del asunto.

I. ANTECEDENTES.

1. El 27 de abril de 20241, a través de correo electrónico, el Centro Especializado Revivir del ICBF remitió a la Comisaría de Familia Los Mártires el caso del adolescente J. S. G. S.2, identificado bajo SIM 1764098926, en el que la señora

J. G. G.3 reportó la presunta vulneración de los derechos a la protección y a la

adolescente J. S. G. S.2, identificado bajo SIM 1764098926, en el que la señora

J. G. G.3 reportó la presunta vulneración de los derechos a la protección y a la integridad personal del adolescente por parte de su padre, el señor M. A. G. G.

2. El 7 de junio de 2024 , la Comisaría de Familia Los Mártires concluyó que se encuentra vulnerado el derecho a la integridad personal del adolescente J. S.

G. S. por presunta violencia en el contexto familiar por parte de su progenitor M.

A. G. G.4.

1 Samai, índice 8, documento 25RECIBEMEMORIAL_Scan_2025_09_25_16_0(.pdf), folios 9 al 12. 2 Por tratarse de un menor de 18 años, y con la finalidad de proteger sus derechos y salvaguardar su intimidad, se omitirá su nombre y el de sus familiares. 3 Es la tía paterna del adolescente. 4 Samai, índice 8, documento 25RECIBEMEMORIAL_Scan_2025_09_25_16_0(.pdf), folio 79.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 2 de 23

3. El 7 de junio de 20245, la Comisaría de Familia Los Mártires dio apertura al PARD con el núm. 013-2024, en favor de l adolescente J. S. G. S. , y ordenó

como medida provisional, la siguiente:

SEGUNDO: ORDENAR como medidas provisionales, al señor M. A. G. G.

ABSTENERSE de realizar conductas que están vulnerando o amenazando los

como medida provisional, la siguiente:

SEGUNDO: ORDENAR como medidas provisionales, al señor M. A. G. G.

ABSTENERSE de realizar conductas que están vulnerando o amenazando los derechos del adolescente J. S. G. S. como castigos físicos o psicológicos que atenten contra la integridad, evitando todo peligro físico, por negligencia y maltrato emocional. So pena de incurrir en las sanciones que establece la Ley 1098 de 2006. [Resaltado del texto].

4. El 24 de octubre de 20246, mediante audiencia, la Comisaría 14 de Familia Los Mártires declaró en situación de vulneración de derechos al adolescente J. S.

G. S., por la vulneración al derecho a la integridad personal por los hechos de violencia en el contexto familiar por parte de su progenitor M. A. G. G. Además,

decidió:

[…].

SEGUNDO: ADOPTAR COMO MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO de derechos

las siguientes:

a. AMONESTAR al señor M. A. G. G. para que se ABSTENGA de generar agresiones físicas, verbales, psicológicas o hechos que constituyan vulneración de derechos hacia el adolescente J. S. G. S., con el objeto que cese su comportamiento agresivo, o cualquier situación que comporte riesgo para su seguridad, integridad y bienestar.

b. PROHIBIR al señor M. A. G. G. el uso de correas, ganchos, cables, chanclas o cualquier objeto de manera contundente para amenazar, agredir, corregir o intimidar al adolescente J. S. G. S.

b. PROHIBIR al señor M. A. G. G. el uso de correas, ganchos, cables, chanclas o cualquier objeto de manera contundente para amenazar, agredir, corregir o intimidar al adolescente J. S. G. S.

c. ORDENAR al señor M. A. G. G. ABSTENERSE de exponer al adolescente J.

S. G. S. a cualquier situación que comporte riesgo para su seguridad, integridad y bienestar, tales como el consumo de sustancias psicoactivas en presencia del adolescente.

d. ORDENAR al señor M. A. G. G., ABSTENERSE de utilizar redes sociales, Whatsapp, teléfono, correo electrónico, etc., con el fin de amenazar, agredir o intimidar al adolescente J. S. G. S.

e. EXHORTAR al señor M. A. G. G. y a la señora J. G. G. asumir la corresponsabilidad de la protección de los derechos del adolescente J. S. G.

5 Samai, índice 8, documento 25RECIBEMEMORIAL_Scan_2025_09_25_16_0(.pdf), folios 83 y 84. 6 Samai, índice 8, documento 25RECIBEMEMORIAL_Scan_2025_09_25_16_0(.pdf), folios 163 al 172.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 3 de 23

S., y poner en conocimiento de ésta (sic) autoridad cualquier circunstancia que contravenga las órdenes de protección y las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por esta Comisaría.

[…].

SÉPTIMO: INFORMAR a las partes que el incumplimiento a las obligaciones

contravenga las órdenes de protección y las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por esta Comisaría.

[…].

SÉPTIMO: INFORMAR a las partes que el incumplimiento a las obligaciones impuestas, acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a razón de un (1) día para cada salario diario mínimo legal vigente de multa.

Sanción que será impuesta por el Defensor de Familia.

5. En el mismo auto , la Comisaría 14 de Familia Los Mártires dispuso al equipo interdisciplinario realizar el seguimiento a las órdenes que fueron proferidas en dicha audiencia.

6. El 26 de marzo de 2025 7, la Comisaría 14 de Familia Los Mártires ordenó modificar el auto de l 24 de octubre de 2024 y realizar, nuevamente, la verificación de derechos del adolescente J. S. G. S . En el mencionado auto

ordenó:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero del auto de fecha 24 de octubre de 2024 dentro del PARD No. 013 -2024, mediante el cual se asignó el cuidado provisional del adolescente J. S. G. S. a la tía paterna, la señora J. G. G., qui en actualmente se encuentra en Estados Unidos y ENTREGAR de manera provisional, el cuidado de J. S. G. S., en cabeza de su abuela paterna, la señora

J. M. G. H., quien brindará protección, atención, cuidado y garantía de derechos.

SEGUNDO: Realizar verificación de derechos del adolescente J. S. G. S. por

J. M. G. H., quien brindará protección, atención, cuidado y garantía de derechos.

SEGUNDO: Realizar verificación de derechos del adolescente J. S. G. S. por parte del equipo psicosocial del Despacho, con el fin de realizar un acercamiento a las características específicas del caso.

[…].

CUARTO: Remitir el proceso administrativo de restablecimiento de derechos No. 013-2024 al defensor de familia del Centro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para lo correspondiente.

7. El 11 de abril de 2025 8, la Comisaría de Familia Los Mártires amplió el término de seguimiento del PARD 013-2024 por seis meses.

7 Samai, índice 8, documento 25RECIBEMEMORIAL_Scan_2025_09_25_16_0(.pdf), folio 221. 8 Samai, índice 8, documento 25RECIBEMEMORIAL_Scan_2025_09_25_16_0(.pdf), folio 263.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 4 de 23

8. El 22 de abril de 20259, de acuerdo con lo ordenado en el auto del 26 de marzo de 2025, la Comisaría de Familia Los Mártires remitió el PARD a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Los Mártires del ICBF para la imposición de multa al señor M. A. G. G. por el incumplimiento a la amonestación impuesta en la audiencia del 24 de octubre de 2024.

9. El 15 de mayo de 202510, a través de correo electrónico, la Comisaría de Familia

al señor M. A. G. G. por el incumplimiento a la amonestación impuesta en la audiencia del 24 de octubre de 2024.

9. El 15 de mayo de 202510, a través de correo electrónico, la Comisaría de Familia Los Mártires remitió, a la defensora de familia del Centro Zonal Los Mártires, el expediente por competencia para la imposición de la multa al señor M. A. G. G., y, adicionalmente, solicitó que «si considera que el ICBF no es la entidad competente para imponer una multa dentro de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos exhortamos a declarar (sic) el conflicto negativo de competencia y remitir al Consejo de Estado». [Negrilla original].

10. El 20 de agosto de 202511, el defensor de familia del Centro Zonal Los Mártires propuso ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conflicto negativo de competencias administrativas , suscitado entre esa defensoría de familia y la Comisaría de Familia Los Mártires, con el fin de que se determine la autoridad competente para imponer la multa por el incumplimiento de la amonestación impuesta dentro del PARD 013-2024.

II. ACTUACIÓN PROCESAL.

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso 3 .º, modificado por el artículo 2.º de la Ley 2080 de 2021, el 18 de septiembre de 2025, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó el edicto núm. 395, en la Secretaría de esta Sala,

la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó el edicto núm. 395, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días (del 19 al 25 de septiembre de 2025), con el fin de que presentaran sus alegatos o consideraciones12.

Consta que se informó 13 sobre el presente conflicto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Mártires (Bogotá), a la Comisaría de Familia Los Mártires (Bogotá), a la Secretar ía de Integración Social de Bogotá, a la señora J. G. G., tía paterna del adolescente J. S.

G. S. y a los padres del adolescente J. S. G. S., la señora L. S.14y el señor M. A. G.

G.15

9 Samai, índice 8, documento 25RECIBEMEMORIAL_Scan_2025_09_25_16_0(.pdf), folios 277 y 278. 10 Samai, índice 8, documento 25RECIBEMEMORIAL_Scan_2025_09_25_16_0(.pdf), folio 283. 11 Samai, índice 2, documento 1_DemandaWeb__DEMANDAJUZGADOSPORYE(.pdf). 12 Samai, índice 4, documento 10POREDICTO_08Edicto(.pdf). 13 Samai, índice 3, documento 9ED_11Informedecomunicac(.pdf). 14 A través del Oficio Núm. 345 publicado en la web del Consejo de Estado.

13 Samai, índice 3, documento 9ED_11Informedecomunicac(.pdf). 14 A través del Oficio Núm. 345 publicado en la web del Consejo de Estado. 15 A través del Oficio núm. 344 publicado en la web del Consejo de Estado.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 5 de 23

Dentro del término de fijación del edicto , según informe secretarial del 26 de septiembre de 202516, la Comisaría de Familia Los Mártires presentó alegatos. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

A través de auto de mejor proveer del 6 de noviembre de 2025 17, el despacho ponente dispuso vincular a la señora J. M. G. H., abuela paterna del adolescente J.

S. G. S., para que presentara sus consideraciones, toda vez que es la persona que tiene provisionalmente su cuidado.

En informe secretarial del 14 de noviembre de 202518, se informó al despacho que, una vez vencido el término concedido en el auto de mejor proveer, la señora J. M.

G. H. guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES.

1. Defensoría de Familia Centro Zonal Los Mártires (Bogotá)19

Esta autoridad no presentó consideraciones. No obstante, sus argumentos se extraen de la solicitud para dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas del 20 de agosto de 2025, en el cual manifestó que las Leyes 575 de 2000 y 2197 de 2022 establecen que el titular del cobro de multas por el

extraen de la solicitud para dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas del 20 de agosto de 2025, en el cual manifestó que las Leyes 575 de 2000 y 2197 de 2022 establecen que el titular del cobro de multas por el incumplimiento de las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar es la autoridad que impuso la medida, es decir, la Comisaría de Familia.

Además, argumenta que dentro del PARD 013 -2024, la Comisaría de Familia Los Mártires incurrió en yerros por la omisión de no hacer efectiva la amonestación, ya que no hay constancia de una diligencia ni de una medida de protección en contra del progenitor, así como tampoco un seguimiento al agresor frente a las que si fueron tomadas.

2. Comisaría de Familia Los Mártires (Bogotá)20

Mediante escrito del 25 de septiembre de 2025, esta autoridad manifestó que no comparte los criterios del defensor de familia del Centro Zonal Los Mártires, con los que fundamenta los presuntos yerros para no hacer efectiva la imposición de la multa y para declarar el conflicto de competencia.

16 Samai, índices 6, 7 y 8. 17 Samai, índice 10. 18 Samai, índice 13. 19 Samai, índice 2, documento 1_DemandaWeb__DEMANDAJUZGADOSPORYE(.pdf). 20 Samai, índice 5 y 6.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 6 de 23

Argumentó que no es cierto que la Comisaría de Familia no amonestó al señor M.

A. G. G. en lo referente a la multa por el incumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos, por cuanto , en la audiencia del 24 de octubre de 2024 realizó varias amonestaciones , y en el numeral séptimo hizo la advertencia legal en caso de su incumplimiento.

Señaló que efectuó el correspondiente seguimiento a las medidas adoptadas en la audiencia del 24 de octubre de 2024, y que se debía tener en cuenta que el PARD núm. 013 -2024 no se ha bía cerrado, toda vez que aún se encontraba en seguimiento de cumplimiento de las medidas adoptadas para el restablecimiento de derechos del adolescente J. S. G. S.

Así las cosas, esta autoridad solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil:

[…] declarar improcedente y/o negar el conflicto de competencias, declarado por el Defensor de Familia del Centro Zonal del ICBF, toda vez, que la ley es muy clara y no da lugar a duda alguna, que el trámite del incumplimiento, y como consecuencia de la imposición de la multa al señor M. A. G. G., por haber incumplido las ordenes (sic) del proveído del 24 de octubre de 2024, para restablecer los derEchos (sic) del adolescente J. S. G. S., radican única y exclusivamente en el Defensor de Familia de Los Mártires del ICBF.

IV. CONSIDERACIONES.

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y

de Los Mártires del ICBF.

IV. CONSIDERACIONES.

1. Competencia

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentos constitucionales y desarrollo legal. Reiteración21

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 22. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia23.

21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencia administrativa núm. 2025-00102, decisión del 28 de mayo de 2025, reiterado en decisiones del 11 de junio de 2025 con radicados 2025-00108 y 2025-00112. 22 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 23 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991).Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 7 de 23

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As imismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

En el libro primero del citado código se regulan un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de esos derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con

restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales las autoridades administrativas deben hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

  • La Ley 1878 de 2018 24 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006

(Código de la Infancia y la Adolescencia), de las cuales se destacan:

El artículo 1. ° modificó el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, «en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

Esta modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente , fija un plazo máximo de 10 días para la

24 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 8 de 23

verificación, cuando el niño, niña o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3. ° de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por

adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6. ° modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, para precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma Ley 1098, con sus modificaciones, y para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

  • La Ley 1955 de 201925 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6. ° de la Ley 1878 de 2018. De esta norma, destaca la Sala: El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial, como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

respectivos expedientes, así como, la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones que están comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, a las personas con discapacidad (mayores y menores de edad). La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera pueda prolongarse hasta que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice dicho servicio.

25 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 9 de 23

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3 .º de la Ley 1878 de 2018, ni las previstas en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

  1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados

administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas:

  1. la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1º de Ley 1878); ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3 .º y 4 .º de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y iii) el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección. 1.2 Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas. Reiteración26 1.2.1 Competencia de la Sala La Ley 1878 de 201827 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional28.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se

26 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencia administrativa núm. 110010306000-2025-00102, decisión del 28 de mayo de 2025, reiterado en

decisiones del 11 de junio de 2025 con radicados 110010306000-2025-00108 y 1100103060002025-00112. 27 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones». 28 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913 ). Si bien la Ley 1878 de 2018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación, esto es, el 9 de enero de 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 10 de 23

susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es

restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión de las normas legales pertinentes, con base en las cuales determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia;

d) Trámite al que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006, modificados por la Ley 1878 de 2018 y,

e) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando:

  1. Una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencias administrativas sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén

Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando:

  1. Una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencias administrativas sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.
  1. Simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.
  1. Se trate de una actuación de carácter particular y concreto en ejercicio de una función de naturaleza administrativa.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00426-00 Página 11 de 23

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 son de conocimiento de la Sala.

b. La posición de la Sala en relación con el artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Reiteración29.

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […] (Subraya la Sala).

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el competente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía,

De conformidad con la norma transcrita, el juez de familia es el competente para conocer los conflictos de competencias que se susciten, específicamente, entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía, siempre que las autoridades en conflicto se encuentren bajo su jurisdicción por el factor territorial.

Ante esta disposición, la Sala ha concluido que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas en el CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esta competencia no resulta opuesta o incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consu lta y Servicio Civil y los tribunales administrativos, en los artículos 39, 112, numeral 10, y 151, numeral 3, del CPACA.

De esta manera, los jueces de familia y la Sala de Consulta tienen una competencia a prevención para resolver los conflictos de competencias administrativas que se susciten en materia de familia, conforme a las normas enu

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